Militares sabotean seguridad por medio de la extorsión

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Redacción: Wendy Funes | Revisión: Melissa Hernández | Edición: José Manuel Serén

La extorsión ha sido una arma política que no solo sirvió para sembrar en la opinión pública percepción de mayor inseguridad sino que ha generado corrupción y una serie de falsos positivos.

Según un informe de WOLA, en 2015 unos 24 militares se encontraban a disposición de la justicia por cargos de homicidio y varios más estaban siendo investigados por denuncias de torturas, violación, extorsión, robo y rapto, entre otras.

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación

Los problemas de seguridad del país se recrudecieron en medio de una guerra sutil de baja intensidad, diseñada con estrategia militar. 

En los últimos meses en Honduras ha habido una oculta tirantez entre militares y policías. 

Una tirantez que los funcionarios del gobierno intentan esconder con silencios o palabras diplomáticas.

El gobierno de Juan Orlando Hernández  empoderó aún más a los militares mientras intentaba desaparecer la Policía Nacional de Honduras.

De esta forma, el autoritarismo del poder militar se fue extendiendo como células cancerígenas en dependencias estratégicas y de seguridad nacional.

La llegada del nuevo gobierno significó el inicio de la desmilitarización de la seguridad pública. 

Con la idea de avanzar hacia una estrategia de seguridad ciudadana, en su toma de posesión, la presidenta Xiomara Castro ordenó el 27 de enero de 2022, fortalecer la policía comunitaria.

Antes de eso, Castro había determinado que serían los policías, por primera vez en la historia, y no los militares, los que dirigirían todo el dispositivo de seguridad del Traspaso de Mando. 

Su primera decisión al respecto, había sido que por primera vez un policía de carrera dirige la Secretaría de Seguridad.

Eso no le gustó a las cúpulas militares. Como sucesos coincidentes, en los primeros días de gobierno hubo un súbito incremento del delito de extorsión contra el sector transporte e imágenes de buses quemados a través de la televisión. Al mismo tiempo entre el 7 de abril y el 9 de mayo, los empresarios del transporte realizaron varias protestas que paralizaron las actividades económicas del país.

Al mismo tiempo, a RI llegaron desde febrero mensajes anónimos de supuestas fuentes internas de Fuerzas Armadas que hablaban de una estrategia para el rebrote de la criminalidad, una forma de comunicación muy parecida a estrategias de desinformación. Ante eso, desde ese tiempo se empezó a seguir el rastro de la extorsión para conocer quiénes manejan este negocio.  

Luego de tres meses de observación, de revisar documentos, más de 20 entrevistas, incluido un mes de cobertura de un juicio del supuesto administrador de la Mara Salvatrucha, Carlos Alberto Álvarez Cruz, se descubrió el ejercicio de poder en las sombras para desprestigiar a la policía.

La vida de Álvarez Cruz ha quedado en medio de este conflicto y la manera en que se ha ido manejando su proceso judicial es una evidencia concreta de las diferencias que ha generado colocar a las dos instituciones en labores de investigación criminal.

Esta tensión fue en aumento luego de la decisión del gobierno para que sean los policías, como lo establecen las leyes nacionales y las recomendaciones en el ámbito internacional de derechos humanos, que manejen los centros penales, la investigación criminal, las extradiciones y el combate a maras y pandillas. Es decir, las políticas públicas de seguridad.

Mientras tanto, las Fuerzas Armadas se deben encargar de labores de defensa, como lo establece la Constitución de la República de Honduras.

El artículo 272 Constitucional manda que las Fuerzas Armadas de Honduras se constituyen para defender la integridad territorial y la soberanía de la Republica, mantener la paz, el orden
público y el imperio de la Constitución, los principios de libre sufragio y la alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la Republica. Cooperarán con la Policía Nacional en la conservación del orden público.

Ha habido una estrategia militar para aumentar la inseguridad subjetiva, es decir, la inseguridad percibida y al mismo tiempo demeritar a las actuales cabezas de la Secretaría de Seguridad y de la Policía Nacional. Los militares quieren manejar la seguridad y la mayor parte de la institucionalidad pública, como lo hacían desde la década de los setenta, pese a que ellos no son especialistas en los ramos que pretenden conducir.

«Es posible argumentar que si el criterio utilizado para delegar a los militares la conducción de las instituciones o programas es que las entidades destinadas a hacerlo no funcionan, entonces se corre el riesgo de que las FF. AA. terminen asumiendo la totalidad de las funciones institucionales del estado hondureño. Ese camino sólo conduce a un lugar, a una dictadura militar, lo que se conoció como Estados burocráticos-autoritarios-militares», advirtió en 2020 el estudio Una institución para todo: la función política de las FF. AA. en Honduras.

Fabricaciones

El ex jefe de investigación criminal, comisionado de policía en retiro Leandro Osorio, dijo a Reporteros de Investigación que a través del pacto político con la Mara Salvatrucha (MS) en el país se creaba crisis de inseguridad pública. 

Una crisis que entraba a solucionar las Fuerzas Armadas. Entre 2013 y 2020 hubo 350 cuerpos encostalados (personas víctimas de ejecución sumaria cuyo cadáver es metido en un costal o en bolsas plásticas). 

Son operaciones sicológicas que se explican por el vínculo entre Juan Antonio Hernández y la MS, durante el gobierno anterior, dijo Osorio. 

Desde el gobierno anterior había operaciones psicológicas; los Hernández eliminaron bajo el argumento de la depuración a gente con experiencia; hubo una campaña para posicionar a la Policía Militar del Orden Público. El Ministerio Público (MP) trabajaba con militares y con la FNAMP, entonces controlada por el cuerpo castrense, dijo Osorio como parte de esta investigación.

Osorio señaló que investigar ejecuciones sumarias cometidas por militares, fue uno de los motivos para la separación de su cargo. Lo que decía Leandro Osorio desde 2020 parece una profecía. Dos años después, en 2022, con la llegada de un nuevo gobierno, de manera súbita, la extorsión pareció crecer en los primeros días después del traspaso de mando.

Sabotaje perceptivo

El comisario en situación de retiro y licenciado en investigación criminal, Reynaldo Rubio Peña, trabaja en este momento para una empresa de seguridad privada de la Costa Norte.

Como persona dedicada a la profesión de seguridad, su análisis respecto a esta situación es que el súbito repunte de casos de extorsión es una operación de sabotaje perceptivo a través de hechos fabricados por los militares, coludidos con el mundo criminal.

“Un sabotaje perceptivo es aquel que explota o hace explotar mediante comunicaciones o mediante hechos aislados un brote de seguridad puede ser, por ejemplo, un hecho determinado, por ejemplo, el caso de los encostalados”.

Es perceptivo porque aunque es un hecho real, es fabricado a través de medios de comunicación al ser dramatizado o magnificado con el fin de conducir a pensar que la institución policial no está haciendo nada y que los militares son necesarios en las calles.

Es una táctica operativa de parte de uniformados que por muchos años la han implementado de manera oculta para justificar su existencia para que la percepción de inseguridad incremente y que esto cause ante el gobierno, ante los políticos, la necesidad de sacar los militares a la calle. Esto lo hacen con el objetivo de tener poder y asignaciones presupuestarias.

“Lo que hay es una campaña militar contra la policía. Qué es lo que hay en este momento, la verdad, que la flecha siempre ha sido de los uniformados militares, hacia la policía”.

A las Escuchas, los militares no le han dado el uso adecuado como tal para combatir las extorsiones, sino más bien para perseguir a periodistas, funcionarios que estaban en contra de la narco dictadura, dijo el comisario de policía.

PBI Honduras publicó en 2021, un documento sobre vulneraciones a derechos humanos en el marco de la remilitarización. Destacó que «a finales de 2019, el Gobierno de Honduras anunciaba la asignación a las Fuerzas Armadas de más de 1.000 millones de lempiras (casi 42 millones de dólares) para el manejo del Programa de Desarrollo Agrícola de Honduras (PCM 52-2019), desarrollándose el programa al margen de la institucionalidad agraria en el país. La respuesta de las organizaciones campesinas no se hizo esperar: “El Gobierno le está pagando favores a los militares”, denunciaban desde la Central Nacional de Trabajadores del Campo (CNTC)».

La tensión por el paso de centros penales a la policía

En marzo de 2022, se consultó al viceministro de Seguridad Hugo Suazo. En aquel momento de esta entrevista Suazo trabajaba en la transición para administrar los centros penales. Los centros pasaron del mando militar, dependiente de la Secretaría de Defensa, a la administración de la Policía Nacional, adscrita a la Secretaría de Seguridad.

Suazo reconoció que las instrucciones de la presidencia son: que sea la policía que tome las riendas de la seguridad en el país.

¿Tengo información oficial, pero no documento que ha habido reuniones movimientos y que hay resquemor de los militares y que están reacios, a que esto se dé en el país?, se le pregunto.

Suazo respondió que “se ha tenido reuniones tanto con la Fuerzas Armadas y con miembros de la Policía Nacional se está trabajando arduamente”. “Y de ninguna manera hemos tenido problemas con Fuerzas Armadas, ellos están dispuestos a cumplir la misión que la Constitución les ordena a ellos no, no, no se han un opuesto a este traslado y a desmilitarizar la seguridad; recuerde que la Constitución de la República a quien le da facultades es a la Policía Nacional de que es la encargada de velar por la integridad física, la protección de los bienes y las personas en el interior del país”.

¿Dicen que hubo un conflicto por el tema de Centros Penales con los militares que no quieren ceder a que sea la policía, que estaba marginada en el gobierno anterior, la que tome el control?, se le consultó.

«No. Desmiento categóricamente –respondió Suazo– su servidor por instrucciones del ministro me ha responsabilizado para que yo esté de enlace con Fuerzas Armadas y hemos tenido las reuniones, lo estamos haciendo por fases. No ha habido ningún problema entre Fuerzas Armadas y Policía”.

¿Dicen que hubo una reunión incluso con el expresidente de la República, Manuel Zelaya, donde los militares le pidieron amnistía para los delitos que han cometido en el país, sabe algo de esto ministro?, se le preguntó a Suazo.

«Desconozco esa información, sería mentiroso, si yo dijera eso», respondió.

¿Puede desmentir o confirmar que militares tienen una estrategia para matar, aumentar extorsión con el fin de aumentar la percepción de inseguridad, con el fin de afectar la imagen policial?
«Desconozco esa situación, si bien es cierto Policía y Fuerzas Armadas están preparados para cualquier evento, pero desconozco que las Fuerzas Armadas esté actuando de esa manera, por ahora», replicó.

“La Policía Nacional tiene que velar para que no haya violación a los derechos humanos por instrucciones de la presidenta Xiomara Castro. Ella ha dado instrucciones que no se vuelva a lanzar una granada, lacrimógena al pueblo hondureño. Eso es parte de la violación que se daba anteriormente, pero sí, en nosotros vamos a actuar de una manera correcta con el estricto respeto a los derechos humanos”, dijo Suazo.

No querían entregar la FNAMP

El nuevo jefe de la FNAMP es el comisionado de policía Willy Núñez. Tiene 29 años como policía y 17 años en unidades de investigación e inteligencia.

Habrían de pasar dos meses desde que el gobierno anunció que la FNAMP pasaría del mando militar al policial. Mientras eso ocurría, la tensión entre la policía y militares se sentía en el ambiente, pues era la única institución de seguridad que quedaba en poder del cuerpo castrense.

Desde que entró el nuevo gobierno, todas las instituciones ligadas a la seguridad pública y nacional fueron pasando de manera paulatina del mando castrense a las manos de la policía. 

Primero en la Secretaría de Seguridad fue nombrado un policía y ya no un militar como ocurría en las últimas cuatro décadas. Después las cárceles y los órganos de investigación pasaron a la policía y por último la FNAMP.

El comisionado Núñez utilizó justificaciones diplomáticas para la tardanza en la transición, dijo que era comprensible porque había trámites administrativos que resolver por el cambio de gobierno como pago de proveedores y otros problemas.

Núñez indicó que llega con un equipo de trabajo para tener mejores resultados.

Respecto al pacto de la MS con el gobierno anterior y a la infiltración de maras y pandillas en la FNAMP, respondió que van a certificar al personal.

“Para una unidad tan sensible como esta seleccionamos de una manera muy efectiva y tratando de que el personal que esté en una unidad como esta sea el personal idóneo, capacitado, pero sobre todo certificado para que dé una buena respuesta al combate de este ilícito y todos los delitos conexos”.

El día del traspaso de mando de la FNAMP, ocurrido el 16 de mayo de 2022, el viceministro de Seguridad encargado de prevención y derechos humanos, Hugo Suazo, aseguró que desde dos meses antes las Fuerzas Armadas y la Secretaría de Seguridad estaban trabajando para el cambio en la FNAMP.

«No es que no querían, nadie se estaba negando, lo que pasa que había ajustes que hacer», fue la versión oficial de Suazo.

El inspector Yester Yafeth Fernández, el nuevo portavoz de la FNAMP, viene de la policía de Ocotepeque ha participado en la detención de mareros en la zona fronteriza.

De ahora en adelante, esta oficina depende de la Secretaría de Seguridad, se respetará el debido proceso de las personas detenidas, los derechos humanos, no se exhibirá el rostro, pero sí la evidencia, garantizó.

Se intentó conocer una versión de las Fuerzas Armadas con el portavoz, el teniente José Antonio Cuello, respondió que no tenía nada para decir y que lo correcto sería citar a quien hace los señalamientos con pruebas de convicción.

La policía ahora investiga extorsión

 

Para el comisionado Turcios Andrade, la extorsión se podría llegar a combatir como se combatió en su momento el delito de secuestro.

El delito de extorsión fue perseguido en la administración anterior bajo el mando de militares que controlaban la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP) incluso con un aparato de justicia especial. 

A pesar de eso, la extorsión siguió siendo un problema de seguridad. 

«Gran parte de los delitos han presentado decrementos durante el periodo 2013-2017: homicidio, lesiones, extorsiones y secuestro… Las denuncias por extorsión disminuyeron a casi la mitad (48.2%) en 2017 respecto a 2013. Se distinguen en la serie 2 periodos: una baja considerable durante 2013-2015 (-61%), y un incremento de 33% durante 2015-2017», revela el informe Situación del delito de extorsión en Honduras de Infosegura.

Con relación al tema de extorsión, se estima que en 2015 el delito generó pago de hasta por $200 millones de dólares, cita el informe FNAMP Estudios de caso sobre la lucha antiextorsión en Honduras, realizado por Gustavo Mauricio Bastién Olvera. Este estudio de 2020 fue llevado a cabo por Iniciativa Global Contra el Crimen Organizado Internacional.

El mismo estudio observa que el fenómeno se expandió en Honduras «pese a esfuerzos limitados para tratar de contenerlo».

Este análisis pone como ejemplo que «entre enero de 2014 y julio 2019, la Fuerza Nacional Anti Maras y Pandillas (FNAMP) recibió 6926 denuncias por extorsión a nivel nacional, mientras que el Consejo Hondureño de la Empresa Privada estima que al menos 80 mil empresas fueron víctimas de este delito».

Consultado al respecto, el jefe de la Unidad de Comunicación Estratégica de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), subcomisario Cristian Manuel Nolasco, explicó que tanto el secuestro como la extorsión tienen en su esencia una práctica de chantaje para llegar a un fin, el secuestro utiliza técnicas extorsivas. 

En ese sentido, se comparó la estadística de extorsión con la cantidad de secuestros denunciados. Se buscó información para conocer cómo el secuestro pasó de 92 casos reportados en 2012 a 13 suscitados en 2021.

El secuestro ha disminuido en el país por la tecnificación de los especialistas en el tema, según el subcomisario Nolasco. Mientras el bien jurídico que se protege al castigar el secuestro es la libertad, en la extorsión el bien jurídico es la propiedad.

“La disminución del secuestro desde 2013 para acá ocurre por la metodología que la Unidad Antisecuestros (UNAS) ha venido trabajando”. La UNAS trabaja con inteligencia criminal, operan desde lugares estratégicos, están sometidos a permanente revisión para evitar infiltraciones. Los oficiales son sometidos a pruebas de polígrafos, toxicológicas y a revisión de su patrimonio.

El antiguo Grupo Especial Antisecuestros (GEAS), también dependiente de la policía, carecía de capacitaciones, equipo, de una dirección técnica y jurídica mientras que la UNAS tiene capacitación constante y con cooperación internacional, sobre todo de Estados Unidos.

Los agentes de la UNAS cuentan con nuevas técnicas de investigación científica desde 2015 para llevar prueba legal ante los juzgados e investigan con respeto a los derechos humanos, dijo Nolasco.

En los casos de secuestros, las personas piden ayuda de la policía. En la extorsión hay menos denuncias, apuntó el oficial. Además, las bandas de extorsión van modificando su modo de operar.

El citado informe de Bastién Olvera describió que la FNAMP (cuando era comandada por militares) había tenido diversos logros en el combate contra las maras y pandillas, como el incremento de denuncias en 13% de 2013 a 2019.

Historia de la militarización de la policía

La Policía Nacional desde los años setenta estuvo bajo el mando militar, en los noventa fue separada de la Secretaría de Defensa, sin embargo, la influencia castrense persistió en la cultura institucional.

En 2009, con el Golpe de Estado contra el ex mandatario Manuel Zelaya, las Fuerzas Armadas tomaron el mando de instituciones estratégicas incluida la Seguridad. En 2011, el ex presidente Porfirio Lobo Sosa, las sacó a las calles a labores de seguridad pública, mediante Decreto Ejecutivo de Emergencia en Materia de Seguridad PCM-075-2011.

Desde 2013, el presidente Juan Orlando Hernández creó la Policía Militar de Orden Público (PMOP) mediante decreto 168-2013 con el fin de elevarla a rango constitucional.  Ante un creciente desprestigio de la policía, planificado por el gobierno de Hernández, los militares dirigían la política criminal del Estado. 

«Esta unidad (PMOP) forma parte de los Comandos Especiales de las Fuerzas Armadas, junto al Comando de Doctrina Conjunta y Educación Militar, Comando de Reservas Militares, Comando Logístico y otros que establezca la Secretaría de Defensa Nacional…La PMOP fue creada “de conformidad a la jerarquía y mando establecidos en la Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas de Honduras», dice el informe El Papel de las Fuerzas Armadas en la Seguridad Pública en Honduras, publicado en 2020, por WOLA y la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).

«Entre 2014 y 2017, el presupuesto de la Secretaría de Defensa Nacional aumentó considerablemente. En estos cuatro años, sus fondos se incrementaron 55.6%, significando el 2.9% del presupuesto nacional. Si se suman los recursos distribuidos entre los subsectores de seguridad, defensa y justicia, 41.4% de los fondos se dirigieron a las Fuerzas Armadas», revela este estudio.

En esta etapa, las Fuerzas Armadas de Honduras cometieron cruentas violaciones a derechos humanos mandando a policías y a sus soldados a reprimir a la población. Especialmente, durante el proceso electoral de 2017. 

«La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) había concluido que para controlar y dispersar las protestas los elementos de las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía Militar del Orden Público y el Ejército, usaron la fuerza excesiva, incluida fuerza letal, lo que también resultó en muertes… La OACNUDH había documentado que al menos 23 personas murieron, incluido un oficial de policía», cita el reporte de OACNUDH.

Según WOLA, «a pesar de los señalamientos en su contra, la participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública es respaldada por un segmento de la población. Las encuestas de percepción realizadas en 2014 y 2016 señalan que unidades como la PMOP y la FUSINA son las instancias dentro del sector de seguridad y justicia con mayor confianza por parte de la ciudadanía».

En conclusión, hay una nueva etapa en la historia de la seguridad para tener una policía nacional que respete los derechos humanos y elimine de sus filas la influencia militar signada por la narco política, encabezada por el expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández.

Hernández, dice la acusación de la Fiscalía de Nueva York, traficó drogas con militares, policías y con las mafias más peligrosas del mundo. No es extraño que mientras se llevaba a cabo el proceso de su extradición a Nueva York, la extorsión parecía aumentar súbitamente aunque este delito nunca se fue. Siempre estuvo aquí. 

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