FNAMP: Horror, torturas militares, prueba ilícita, testigos falsos, siembra de evidencia

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Las estructuras militares fueron utilizadas para la fabricación de casos (falsos positivos), siembra de pruebas, torturas y ejecución arbitraria sobre todo de la pandilla rival: “pelaban dieciochos”.

 

Prueba falsa y testigos falsos

La abogada ha colaborado en la investigación criminal de 20 agentes de la FNAMP que están siendo investigados por allanamiento de morada, detención ilegal, entre otros ilícitos.

Testimonios contradictorios

Un supuesto líder de la 18 fue dejado en libertad por testimonios contradictorios de los testigos.

Supuesto MS libre por prueba ilícita

Su defensa alegó allanamiento ilegal, mentiras en su detención y una falsa acusación contra una persona que ligaban falsamente a alias Cholo Houston, demostró su defensa ante el Tribunal de Sentencia.

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de InvestigaciónEl director de la Policía Nacional confirmó en la radiodifusora Televicentro las primeras investigaciones sobre falsos positivos y fabricación de casos, descubiertos por Reporteros de Investigación. Nuestra investigación periodística ha ido más allá. 

Descubrimos que otra forma de operar de la FNAMP, bajo control militar, por muchos años, fue seleccionar desde la bases de datos de los antecedentes penales a personas porque eso las hacía más vulnerables y las acusaciones más creíbles.

De esta forma, era más fácil imputarles delitos porque al tener antecedentes eran personas sin credibilidad. Las víctimas más recurrentes era la pandilla rival de la MS ya que por muchos años ellos trabajaron de la mano con esta mara. Eso no quiere decir que los integrantes de la MS no hayan sido acusados falsamente cuando se necesitaba cubrir una cuota.

Reporteros de Investigación tiene recopilados expedientes, además tiene la copia de la causa contra un joven detenido dos veces en menos de cinco años. La primera vez le imputaron un delito relacionado con drogas, la segunda vez su crimen fue vivir en una colonia de la 18. 

Con un antecedente judicial previo, fue muy difícil demostrar su inocencia. El joven está por salir luego de cumplir una condena de varios años en Ilama, Santa Bárbara.

El sufrimiento de su madre, María Osorio (nombre modificado) se notaba en las libras que perdió en los primeros días del cautiverio de su hijo y en su cara triste. La madre ha contado las torturas que recibió todos estos años, la desnudaban, la trataban mal. Su hijo no estaba en la pandilla. Su crimen fue vivir cerca de la colonia El Pedregal, pero ahora lleva varios años en el módulo de la 18, le tiraban gas lacrimógeno de manera excesiva, le decían que su comida podía estar envenenada, durante la pandemia de Covid 19 permaneció largos meses sin saber nada de su hijo. Ha sufrido su calvario en silencio para evitar perder su trabajo y relaciones comerciales.

En el norte del país

Una abogada de personas de las pandilla 18 en San Pedro Sula, que ha acudido a organizaciones de derechos humanos y dice que saldrá del país por temor, proporcionó vídeos, imágenes, fotos de víctimas ejecutadas, evidencia documental de supuesta siembra de evidencia y de intimidación en su contra de parte de la FNAMP. Pidió omitir vídeos donde aparece su identificación.

Contó que hubo episodios en los que detenían a las personas cuando iban saliendo de la cárcel para armarles un caso más. En otras ocasiones, la FNAMP cobraba extorsión a la pandilla dieciocho para no acusarlos, pero sí dejaban de pagar la cuota, los capturaban con evidencia sembrada. “Era un grupo que cobraba extorsión, detenían a las personas si eran de la zona dieciocho, pero era porque ellos (los agentes de la FNAMP) trabajaban para la MS”, dijo la fuente.

Howin Alexis Romero, un supuesto líder de la pandilla 18 fue recientemente condenado, a pesar de que los agentes que participaron en su detención no llegaron a testificar. “Todos los agentes que participaron en este operativo de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas ninguno llegó a testificar porque no se sabe el paradero de ellos, oiga bien, vino el tribunal, que el tribunal sigue siendo de la misma línea de Juan Orlando Hernández porque no los han quitado, y sabiendo que hacía falta evidencias, por ejemplo, a él le había puesto una bomba, una pistola de esa lanzagranadas”.

“Físicamente esa arma no existe, no existía, ahí no llevaron custodia y aun así, condenaron ese muchacho alegando la defensa que puede existir un medio de prueba, tiene que ponerla en disposición del Ministerio Público pero el Ministerio Público y lo que sale diciendo es que no está en disposición de ellos, entonces cómo hacen requerimientos ellos si no tienen físicamente el arma. Resulta que no aparece esa arma lanzagranadas, no aparece toda la marihuana que supuestamente mencionan en el requerimiento fiscal, por eso se le quita tráfico de drogas porque esa droga no apareció y tampoco unas alhajas que solo el costo de las alhajas que este muchacho andaba era como de unos 500,000 lempiras resulta de que no están porque los agentes jamás lo pusieron en disposición del Ministerio Público, pero ellos aseguraron en esa audiencia, que sí se lo había puesto al Ministerio Público; entonces el Ministerio Público para curarse en salud, me hicieron llegar una hoja a mí donde me dijeron: mire abogada esto jamás entró en depósito al Ministerio Público entonces quién me va a entregar a mí las alhajas si yo estoy acreditando que estas alhajas no son robadas”.

Romero, exhibido ante los medios como alias El Ratón, esta interno en la Penitenciaría Nacional de Támara. No duró ni tres meses libre. La primera vez salió de Ilama, Santa Bárbara y montaron un operativo el mismo día para intimidarlo, lo volvieron a agarrar y le pusieron (sembraron) municiones prohibidas, cuestionó su defensora privada.

La denuncia es por robo de evidencia decomisada.

El horror que operó en la FNAMP

A Jesús lo detuvo una patrulla de la Policía Nacional, bajo el mando de la Policía Militar del Orden Público. Lo llevaron al área donde hacía ejercicio la FNAMP, le colocaron bolsas negras en el rostro, le colocaron una cinta adhesiva gris en el rostro, le metieron la cabeza varias veces en una pila de agua para obligarlo a dar información y a confesar, luego lo obligaron a firmar un documento, después lo presentaron ante los noticiarios de Honduras.

Juan (nombre modificado) estaba en su casa cuando llegaron agentes de la FNAMP, se lo llevaron, lo lanzaron en un terreno baldío en Las Cañeras, lo golpearon, le colocaron una bolsa en la cara, le colocaron una varilla caliente en el cuerpo hasta desmayarlo, le martillaban un arma de fuego y lo amenazaban con cortarle los dedos. Luego lo presentaron en las noticias.

Un operador judicial que estuvo asignado al circuito Antiextorsión de Tegucigalpa cuenta cómo los detenidos llegaban a las celdas judiciales torturados, con golpes en la cara, moretones, fracturas sin que ninguna autoridad hiciera nada. En una ocasión un joven había soportado más dolor de la que una persona puede soportar y «se lo reporté al juez antiextorsión, al verlo entrar a la audiencia se asustó». A la segunda audiencia, el imputado llegó enyesado. Generalmente las torturas ocurrían antes de la primera vez que el detenido era llevado ante el juez. El testimonio no revela nada nuevo, solo reafirma una realidad repetida en varios informes. 

Torturas: Informes reiterativos sin respuesta

Las ejecuciones arbitrarias ocurrieron en un contexto amplio de represión policial y militar que vivió en los últimos 12 años el pueblo hondureño. El 5 de julio de 2019, Aministía Internacional reveló que “El equipo de crisis para las Américas de Amnistía Internacional realizó una misión de respuesta rápida durante la primera semana de julio, tras el repunte de violencia durante las manifestaciones de las últimas semanas, que dejaron un saldo de seis personas fallecidas y casi 80 heridas. La organización documentó un total de ocho casos, de los cuales dos tratan de personas fallecidas a manos del ejército y policía militar y seis de personas heridas, cuatro de ellos por arma de fuego”.

El informe de las Observaciones Preliminares sobre la Visita Oficial a Honduras por el Relator Especial sobre las Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, del 23 al 27 de Mayo de 2016, retomó el Reporte Mundial de 2016 de Human Right Watch.

Este reporte reveló, “El uso de la fuerza letal por parte de la policía nacional es un problema crónico…La policía militar fue acusada de participar en al menos nueve asesinatos, más de 20 casos de tortura y unas 30 detenciones ilegales entre 2012 y 2014”. 

El Informe Situación de los Derechos Humanos en Honduras de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) retomó en 2019 que El Relator Especial sobre las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias de Naciones Unidas reportó, en 2017, casos de muertes violentas, en los cuales los cadáveres presentaron signos de tortura, como una situación reiterada.  “Asimismo, indicó que recibió informes preocupantes sobre la existencia de escuadrones de exterminio de niños, aparentemente motivados por consideraciones de “limpieza social”, dice el reporte.

“Durante y con posterioridad a su visita, la CIDH recibió con preocupación información respecto del involucramiento de agentes militares en asesinatos, ejecuciones, secuestros y detenciones arbitrarias en contra de civiles”.

El informe sobre la Situación de Derechos Humanos de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas (Oacnudh2021 reveló que “en 2021, OACNUDH ha documentado nueve posibles casos de tortura o malos tratos por miembros de la Fuerza Nacional Anti-Maras y Pandillas (FNAMP) durante interrogatorios realizados antes del registro formal de la detención. Según las alegaciones recibidas, los detenidos fueron amenazados, golpeados o asfixiados. Estas prácticas habrían ocurrido en diferentes partes del país y estuvieron precedidas de detenciones en las que habrían participado agentes de fuerzas especiales con el rostro cubierto y sin portar indumentaria que los identifique”.

Torturas contra personas defensoras

No solo los jóvenes han sido blancos también los defensores de derechos humanos. El contexto en que esta fuerza estatal fue usada para acabar con la vida de líderes campesinos que nada tenían que ver con maras, se entiende mejor con los hallazgos del Centro de Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de las Víctimas de la Tortura y sus Familiares (CPTRT): El aparato de tortura militar no solo se dirigió a la gente privada libertad, sino también a los luchadores sociales de Honduras en Marcovia, sur de Honduras; Reitoca, La Paz, en el centro y Bajo Aguán, al oriente, entre otros.

“Por eso nuestro proyecto atiende a sobrevivientes de la tortura en lugares abiertos y en lugares cerrados”, respondió la coordinadora del Proyecto de Atención Médica y Psicológica a Sobrevivientes de la Tortura en Lugares Abiertos y Cerrados, Elena Flores.

 “Quienes más han sufrido han sido las mujeres porque han sido les han quitado sus bienes. Las han golpeado dentro de los centros penitenciarios, no en todos, por supuesto, pero si en aquellos donde estaba principalmente la Fusina. Los Policías Penitenciarios son un poco diferentes, entienden un poco más sobre el trato para los privados de libertad”, describió Flores.

En el caso de los lugares abiertos, por ejemplo, los luchadores por la tierra han sido las principales víctimas de tortura. El dirigente indígena Lenca, Félix Vázquez, fue asesinado en su casa, llegaron encapuchados. Definitivamente para ellos, fueron los militares principalmente y eso los terratenientes se han coludido directamente con los militares, explicó la defensora de derechos humanos.

A los indígenas además los han acusado criminalmente por el delito de desplazamiento interno y las víctimas son los empresarios.

Las torturas documentadas por CPTRT son cometidas por policías y principalmente por militares. “El problema es que los militares lanzan balas sean de goma o no sean de goma” –advierte Flores–.

Cuando los suben a la patrulla a los muchachos jóvenes los llevan bajo hostigamiento, les echan gas en la cara, les dan golpes, los llevan a lugares solos, les dicen que los van a matar, les ponen una capucha o plástico y cerrajean las armas o disparan alrededor para que la persona detenida tenga incertidumbre o no sepa si es que mataron a alguien cerca de ellos. Cuando hay sospechosos de que mataron un policía, entonces llegan y los llegan a traer detenidos, los golpean y después a media noche lo sueltan los liberan en calles o barrios al grupo rival, de acuerdo con los casos documentados por el CPTRT.

En el período de los gobiernos anteriores ha habido casos de tortura, durante este gobierno, ha habido uno que otro caso, pero un poco más débiles no, no tan fuertes como se dieron en el período pasado, dijo Flores.

“En Marcovia, incluso, hubo una muchacha una campesina que fue asesinada ahí mismo en el lugar. Aquí vino una persona del Nuevo Amanecer y pusieron la denuncia el señor explicó cómo habían asesinado al hijo de él. Hubo un caso hace como dos o tres años que también acá por el lado del Norte llegaron y había un asesinato y un muchacho estaba ahí con el cuerpo de su padre y llegaron los militares y el papá todavía estaba vivo y le dispararon y lo mataron y a él se lo llevaron preso”, reveló la defensora de derechos humanos.

–Nos han dicho que había una estructura de al menos 200 agentes de la Policía Militar que cometían sicariato desde dentro de la Policía Militar se quitaban el uniforme y luego llegaban a la instalación para brindar, seguridad. ¿Sabe algo de esto? –, se le consultó.

–Nos han dicho, pero no nos consta. No tenemos constancia de eso. No conocemos– respondió.

– ¿Pero ya habían recibido información de esta índole o es la primera vez que usted la escucha?

–Se ha recibido así de la gente que viene y comenta, pero no, pero no, ¿cómo le dijera? No podríamos decir. Sí, sí pasa eso porque no tenemos ninguna prueba real original legítima de que eso ha pasado.

“Con el nuevo gobierno existen más posibilidades de que estas situaciones mejoren de que no se siga dando la tortura, aunque eso depende mucho de las autoridades tanto policiales como militares y del mismo sistema penitenciario lo que sí creemos, es que en el sistema penitenciario no deben de estar los militares”, concluyó.

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