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El sector energético ha representado en los últimos 30 años un espacio de oportunidad para las actividades ilícitas entre las organizaciones gubernamentales que la han manejado y grupos empresariales que han invertido en el sector.

Una reforma energética para enfrentar corrupción y rescatar la economía

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El Estado de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y del Subsector Eléctrico, es actualmente uno de los principales retos financieros, ambientales y de transparencia para el país.

En 2021, la situación de la empresa constituyó unos dos millones de dólares diarios de impacto financiero negativo, aproximadamente setecientos treinta millones de dólares al finalizar el año. Si se hace el cambio en lempiras, son dieciocho mil millones, eso representa todo el presupuesto anual de Gasto de la Administración Pública que en 2022 le fue asignado a la Secretaría de Estado en el Despacho de Energía (SEN).

Estas graves pérdidas dificultan la mejora de la calidad y el acceso a la electricidad, y disminuyen los niveles de inversión y crecimiento económico. A esta situación se suma a juicio del diputado de Libre, Jari Dixon, el “chantaje” de querer provocar apagones en el suministro eléctrico, por lo que empresas térmicas deben ser nacionalizadas.

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. La trama de corrupción que se orquestó desde hace 30 años entre el sector público y privado en Honduras —por el control del segmento energético, y que ha salido a la luz en los últimos años— le costó al país, no solo retraso en sus grandes obras de inversión pública sino, ver a algunos de sus mayores líderes políticos y empresariales caer en una oscura telaraña.

Es la primera vez en tres décadas que el gobierno habla de una reforma energética para contrarrestar el fortalecimiento de monopolios, alejados de la lógica de mercado competitivo. Esa ineficaz lógica que inició en los noventa.

Todo indica que el meollo de la acción estatal iniciada en los noventa no fue orientado hacia el cambio de la matriz energética y la eficiencia del sector eléctrico sino al reparto irregular de contratos onerosos de largo plazo.

El control del sector energético ha generado en Honduras una lucha por los enormes beneficios que representa, un enfrentamiento campal entre los grupos involucrados cuyos protagonistas visibles son: ocho funcionarios públicos directamente implicados, cinco familias empresariales, organismos internacionales de financiamiento, tres grupos de crimen organizado, proveedores del Estado y del lado contrario, grupos de lucha ambiental y defensores de la tierra.

Como consecuencia hay al menos ocho conflictos sociales en siete de los 18 departamentos de Honduras por recursos naturales –los más conocidos–-. La conflictividad es entre empresas y defensores ambientales. Entre 2010 y 2017, en el contexto de transformación de la matriz energética hubo más de 120 ambientalistas asesinados.

5 claves para reformar, rescatar estatal eléctrica

01.

Energía: derecho humano

Ante una situación tan adversa en el sector, el Congreso Nacional conoció y aprobó el proyecto de la «Ley Especial para Garantizar el Servicio de la energía eléctrica como un bien público de seguridad nacional y un derecho humano de naturaleza económica y social». La iniciativa fue enviada por la presidenta de Honduras, Xiomara Castro. El ambientalista Juan Mejía dice que en la reforma energética se debe garantizar el derecho que tienen las comunidades de ser consultadas ante la instalación de proyectos de generación de energía.

02.

Nueva Política Energética

La secretaria de la Comisión Legislativa de Energía, la diputada Ligia Ramos, explicó que hay una nueva política energética para fortalecer la empresa estatal. Ha habido avances con las reformas de la Ley de Energía. El ministro de Energía y Gerente de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, ENEE, Erick Tejada, señala que, “la ley tiene tres capítulos, divididos en dos partes fundamentales; la primera destinada a declarar la energía como un derecho humano, económico y social para atacar los problemas urgentes, críticos y dramáticos de la estatal eléctrica. En la segunda parte, se ataca el problema del contrato con la empresa Energía Honduras, y se habla de la renegociación de contratos. También de una auditoria integral que transparente la economía de la estatal eléctrica”.

03.

Reducir pérdidas, invertir

El Poder Ejecutivo lanzó un programa para reducir las pérdidas técnicas y no técnicas de la ENEE.
a) El funcionario de la ENEE anunció que se invertirá a nivel de distribución unos tres mil cuatro cientos millones de lempiras en los primeros 12 meses del programa para reducir pérdidas: "1800 millones serán en las líneas de transmisión y el resto en distribución donde hay pérdidas no técnicas", explicó la congresista Ramos.
b) Más de 600 cuadrillas irán de casa en casa para supervisar que no naya robo de energía.
c) Van a revisar y normalizar los 33 circuitos para alcanzar hasta 4.18 por ciento de reducción de pérdidas.
d) Instalar 454,060 medidores
e) Revisión de ocho mil instalaciones de medianos y altos consumidores que facturan novecientos cincuenta millones de lempiras mensuales y 179,130 megavatios por hora.
f) Instalar 3.5 millones de focos ahorradores que representará un ahorro de cuarenta y cinco millones lempiras mensuales.

04.

Renegociar contratos

El Poder Ejecutivo dio un informe de los contratos que se están revisando con los generadores de eólicas, térmicas y las hidroeléctricas. Hay buena respuesta. Los más renuentes en negociar con el Estado son las empresas que producen energía solar, explicó Ramos. Los diputados recibieron además un reporte sobre la renegociación de deuda histórica de setenta y cinco mil millones de lempiras, de eso se deben unos quince mil millones a las generadoras de energía y la Comisión Legislativa de Energía hará la veeduría de este proceso. El gerente de la ENEE informó, además, que la deuda de la ENEE representa el 10 % del producto interno bruto (PIB) de Honduras.

05.

Precios justos

La nueva Ley Especial de Energía busca reducir pérdidas, revisar y renegociar contratos energéticos, inversiones públicas, declaración de emergencia y reestructuración organizativa de la Ley General de la Industria Eléctrica aprobada en 2014. Esta normativa también pretende que el país tenga un servicio de energía eléctrica "con precios justos" y resolver la crisis de la estatal eléctrica, que tiene una deuda acumulada de 75.600 millones de lempiras (3.102 millones de dólares).

rescatar ENEE

Desde hace más de 30 años, la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) se adentró en un camino que apunta a su desaparición, solo esperanzado por la reforma recién aprobada.

 

Una reforma que frenaría la desaparición de la ENEE

Múltiples sectores, en defensa de los intereses del pueblo, han unido sus voces de denuncia, y apoyo a la reforma, pues estos acuerdos legales amparan en todo momento a los proveedores, existen canonjías, como la exoneración de pago de impuestos y costos fijos. El estado asume toda la carga. La solución para Tejada, dicho de manera simple, parece fácil, pues a su juicio, “para sacar a la ENEE de la crisis bastaría con revisar los contratos privados y fortalecer la energía estatal”, “recordemos que las hidroeléctricas de la ENEE producen la energía más barata, que anda en 2 centavos de dólar por kilovatio generado, mientras que a nivel privado se paga a 12 centavos. Eso nos sirve para balancear la tarifa alta de las generadoras privadas y ayudar a que baje para el usuario final”.

Sin embargo, la realidad cruda y dura en el sector radica justamente en que la recomendación, mil veces manifestada, no es tan simple como parece, pues son muchos los involucrados que con esta acción verán disminuidos o eliminados sus enormes beneficios económicos y políticos y por ende perderían un alto porcentaje del control estatal y a su vez su empoderamiento económico se verá mermado, impidiendo asegurar los beneficios y privilegios para sus próximas generaciones.

Un derecho humano

Para el experto en temas de energía, ingeniero Mario Zelaya, lo más rescatable del proceso es declarar la electricidad como derecho humano porque abre el abanico de posibilidades para realizar verdaderas reformas.

Zelaya dice que “debemos de entender que hay una responsabilidad colectiva de lograr que el kilowatt hora, que la energía eléctrica cumpla con condiciones de calidad y continuidad del servicio, pero es muy importante que sea al menor costo posible”.

Opina además que, las reformas deben llevar a un modelo de gestión más eficiente. Los procesos de contratación de energía y potencia también deben estar en el marco de la eficiencia económica, la transparencia y la rendición de cuentas y, por supuesto, todo lo que viene de inversiones en transmisión y distribución.

Al presentar la propuesta de reforma energética la presidenta Xiomara Castro, dijo que tendría mucho componente social y humano. El ambientalista Juan Mejía, representante del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia, MADJ, señala que las comunidades organizadas se han reunido con la comisión especial de energía del Congreso Nacional, para plantear sus miedos y recomendaciones. “Estas comunidades se han caracterizado porque empresarios hidroeléctricos han querido imponer proyectos sin consultar a la población”.

Agrega que los diputados y diputadas deben tener claridad que una verdadera reforma energética es uno de los pasos principales para refundar el país. “Se ha logrado sacar al Partido Nacional del control del Estado, pero las estructuras económicas que han generado violencia contra el pueblo siguen intactas”, dice Juan Mejía.

El gerente de la ENEE consideró que la aprobación de la nueva ley «era impostergable» y afirmó que la anterior Ley General de la Industria Eléctrica escondía un “fin perverso” de desmembrar la estatal eléctrica en tres partes y privatizarlos. Detalló que el índice de cobertura eléctrica de Honduras es de 85,13 %, el más bajo de Centroamérica, y comentó que 300.000 personas en el país no tienen acceso a electricidad.

Plan de Reducción de pérdidas de energía

En la misma línea de la reforma al sector, la Secretaría de Energía lanzó un programa nacional para la reducción de pérdidas en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) de Honduras. En relación con el plan, el ministro de Energía, Erick Tejada, indicó que las pérdidas técnicas y no técnicas tuvieron un comportamiento creciente desde la crisis política de 2009.

Tejeda Carbajal precisó que cada punto porcentual de energía perdido representa una pérdida de diez y siete millones de dólares. «Para esto es el programa nacional de reducción de pérdidas, es para atacar agresivamente las pérdidas tanto técnicas como no técnicas, nos hemos planteado metas agresivas y ambiciosas», señaló.

La meta del primer año de planificación es reducir un 8.2 por ciento la pérdida que representa un flujo de tres mil trescientos millones de lempiras.

 

FMI y el problema energético

El Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó, en 2018, y sigue sosteniendo a la fecha, que se debían revisar los contratos con empresas privadas como condición ineludible para el rescate financiero de la ENEE. Esa revisión no tuvo éxito, porque las empresas no aceptaron bajar los costos de generación. Se ha iniciado un nuevo proceso que se espera surta los efectos esperados.

Luego de las recomendaciones del FMI, Juan Orlando Hernández, quien ostentaba de manera cuestionada la presidencia, creó una comisión interventora, dirigida en primera instancia por la ministra del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Miriam Guzmán. La funcionaria informó que en la actualidad hay 98 contratos de alto costo que están ahogando financieramente a la ENEE. 

En la actualidad, se han conformado nuevas comisiones integradas por varios sectores, al amparo de una nueva legislación.

Asimismo, se ha indicado por el organismo internacional de financiamiento, que para salvar a la empresa del déficit financiero habría que recuperar las pérdidas técnicas y no técnicas, y renegociar los contratos con las generadoras: “el costo de la generación es altísimo, Honduras necesita volverse competitiva”. Solo a las empresas térmicas, la ENEE paga al año más de $495 millones. A la fecha se han lanzado programas enfocados en esta tarea, cuyos resultados serán responsabilidad directa de la actual administración gubernamental, encabezados desde la Secretaría de Energía.

La pretensión no es solamente revisar la legalidad de esos contratos, se debe verificar si el modelo de generación energética de Honduras, se ajusta a la realidad. Y disminuir las pérdidas al mínimo en el corto plazo.

 

Crisis

La crisis energética suscitada en Honduras, a inicios de los años noventa, es parte del detonante de la descomposición social que vive el país, efecto que se agrava cada instante, al punto que ha dejado pérdidas humanas y económicas que será imposible recuperar, la capacidad productiva se ha ralentizado, disminuyendo a niveles impensables, poniendo al descubierto, que en Honduras prevalecen los intereses personales y de grupo, antes que los del colectivo.

Crisis energética para el país, oportunidad para algunos

La comercialización de energía al Estado, por parte de privados no se constituye en delito, pues se han normado los procesos, mediante leyes, que en gran medida han sido altamente cuestionadas, sumado a ello, la institucionalidad es altamente influenciable por los múltiples beneficios que representan los negocios amañados, entre los sectores empresariales, políticos y en los últimos años se ha incorporado al crimen organizado.

Los efectos de estos procesos son hasta la fecha negativos para el país, pues las obligaciones son siempre mayores en costos y obligaciones para el Estado, se adquiere más de lo que se necesita y se paga un servicio a precios no competitivos en el mercado energético, pues las empresas reciben más ganancias, comprometiendo las finanzas de la ENEE y que cada día, la orillan al precipicio de la quiebra económica.

La energía eléctrica se considera como un derecho humano y un bien público, el ser humano pasó a ser tal cuando, hace miles de años, aprendió a dominar el fuego y otro tipo de energías. La energía no es, por ello, cualquier derecho humano más, sino que es la clave para el desarrollo económico y social desde el mismo origen de la especie humana.  Así como todos tenemos derecho a la educación y a la salud, también todos tenemos derecho a disponer de energía eléctrica que nos permita satisfacer otros derechos fundamentales.

El servicio de electricidad es una necesidad básica insustituible y forma parte de los derechos humanos de tipo económico y social. El Estado tiene la obligación de asegurar la entrega del servicio eléctrico como parte de un piso de derechos mínimos que tiene que garantizar a toda la población. Es una contradicción que una de las necesidades básicas insatisfechas del país sea la disponibilidad de energía eléctrica.

Así como los ingresos están mal distribuidos en todo el mundo, también el consumo de la energía, en general, y de la energía eléctrica, en particular, está mal distribuido, poseído por una red de corrupción. Caso puntual, el de Honduras.

La red de corrupción de energía eléctrica en su integración, también incluye a parte de la oficialidad, pues sin excepción, los contratos energéticos se someten al Congreso Nacional, donde operaba una estructura muy bien montada de funcionarios, entre ellos, ex directivos, es una responsabilidad compartida, ya que antes fueron suscritos por la gerencia de la ENEE, revisados y dictaminados por la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE) y ratificados por el Poder Ejecutivo.

Los vicios de nulidad son fuertes, conforme lo señalan los sectores que los han investigado y denunciado, entre ellos el Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH), otras organizaciones de la Sociedad Civil, analistas independientes, miembros de colegios profesionales del sector, quienes han asegurado que la mayoría de contratos para la adquisición de servicios de energía eléctrica, que se aprueban en el Congreso Nacional,  se hacen del conocimiento público, no se discuten y analizan y se desconoce la forma en que fueron negociados.

Esta serie de anomalías, según las autoridades de la Secretaría de Finanzas,  ha generado un círculo vicioso que cada día compromete severamente las finanzas públicas, pues ante la falta de producción y mejoramiento de los ingresos, los gobiernos de turno, se ven sometidos a endeudarse aún más, pues se deben pagar los millonarios compromisos de compras irregulares de energía eléctrica, ante la amenaza de los generadores de suspender el servicio y someter aún más al país a situaciones negativas.

El experto en materia energética, ingeniero Mario Zelaya, señala que se debe reconocer que en 28 años de apertura del mercado en el sector electricidad, y de, supuesta competencia para poder alcanzar objetivos tener un menor costo posible del kilowatt hora para los usuarios finales, esto no se logró, ni cercanamente.

Este proceso precisamente se abre con la aprobación de la Ley Marco del Sector Eléctrico, y es consonante con lo que sucede a principio de la década de los noventa con la modernización del Estado.

El sector energético ha representado en los últimos 30 años un espacio de oportunidad para las actividades ilícitas entre las organizaciones gubernamentales que la han manejado y grupos empresariales que han invertido en el sector.

Un millón sin luz eléctrica en siglo XXI

Después de 28 años no ha tenido los resultados que hubiésemos esperado. De hecho, hoy la sociedad hondureña cuenta con un índice de electrificación de apenas el 85%. Es decir, 1.3 millones de hondureños y hondureñas carecen del servicio de electricidad.

El entramado de corrupción, de acuerdo a las autoridades gubernamentales actuales, se fundamentaba en la anterior ley del sector energético, la cual fue derogada por el Congreso Nacional en la primera quincena de mayo del presente año, la anterior ley tenía “un fin perverso” y su propósito no era más que desmembrar la estatal para consumar su privatización, señaló en ese momento el Erick Tejada, titular de la Secretaría de Energía y gerente interino de la ENEE.

En la misma fecha, Víctor Fernández, del Bufete Estudios para la Dignidad y coordinador del Movimiento Amplio por la Dignidad y la Justicia (MADJ), expresó a los medios de comunicación, que la reforma energética aprobada por el Congreso Nacional “es un importante paso para interrumpir la ruta privatizadora del sector y recuperar lo saqueado”.

La crisis energética, se puede definir como un desajuste temporal entre la oferta y la demanda energética que se salda, de forma habitual, con fuertes incrementos de los precios de las distintas energías. Esto último se da, obviamente, en el caso de que la oferta sea superada por la demanda, desencadenante de la crisis desde la perspectiva de una nación importadora, como es el caso de los países del mundo occidental, en general, y de Honduras en particular.

El ajuste, vía precios, entre una demanda desbordante y una oferta incapaz de satisfacerla en cantidad y calidad constituye un mecanismo de reequilibrio, pues los altos precios precipitan una nueva oleada de inversiones en busca de nuevos yacimientos, nuevas fuentes de energía o nuevas técnicas de uso que, finalmente, restablecerán el equilibrio entre la oferta y la demanda.

Como ha ocurrido en otros sectores vitales para el país, el Estado hondureño, desde la década de los años noventa, inició un declive en la capacidad para generar la energía eléctrica que el país necesita, “disminución de producción, promovida a propósito”, pues los gobiernos dejaron de invertir en el sector, para dar paso a la inversión privada, quien visualizó el negocio como altamente rentable, esa situación provocó a los gobernantes a contratar servicios de generación eléctrica privada a precios que no se ajustan a los fijados por el mercado del sector.

Lo anterior, se respalda en lo manifestado por Juan Carlos Rodríguez, coordinador de la Coalición Patriótica de los Combustibles, quien ha indicado que el problema radica en las condiciones en que se contrata este servicio ya que no se rige por los valores del mercado y, además, porque las administraciones gubernamentales nunca han visto el fortalecimiento de la generación estatal como un mecanismo de desarrollo estratégico.

Derechos económicos

Así tejieron la crisis

990 millones anuales

Los delitos de corrupción han llegado al extremo de orillar a la quiebra a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), al pagar un servicio de generación privada que supera los precios del mercado regional.

Esta situación se genera a raíz de que la ENEE se compromete a pagar anualmente US$990 millones a generadoras privadas. Ese monto podría superar el 70 por ciento de su presupuesto operativo. La estatal eléctrica adicionalmente arrastra un déficit en sus obligaciones de US$2,300 millones

 

12 centavos el kilovatio

El escenario es contradictorio, pues a nivel gubernamental se genera cada Kilovatio a 2 centavos de dólar, pero a nivel privado lo paga arriba de 12 centavos, controvertida situación, que ha puesto de manifiesto en los últimos años, los altos niveles de corrupción sobre las negociaciones de los contratos con los proveedores.

Todo ese panorama convirtió a Honduras en el segundo país que paga la energía eléctrica más costosa y de mala calidad de América Central, superado únicamente por Panamá y Nicaragua, según lo que expresado públicamente en los últimos meses por funcionarios y especialistas en el tema. https://tiempo.hn/honduras-energia-mas-cara-centroamerica/

Precio más alto de C.A.

Desde inicios de la década de los noventa, el Estado ha dejado de efectuar inversiones en el rubro y concentró la administración eléctrica en la adquisición de generación energética por parte de privados, según lo reportan las propias autoridades de la ENEE. De acuerdo con auditorías del Tribunal Superior de Cuentas (TSC), la firma de los contratos de generación violentó la ley. El ente contralor señaló que los acuerdos fotovoltaicos se suscribieron al precio más alto de América Central, $15 centavos por kilovatio generado, más incentivos de $3 centavos, cuando en Panamá en ese entonces, se adquiría por la mitad.

Trampas

El problema radica en las condiciones en que se contrata este servicio ya que no se rige por los valores del mercado y, además, porque las administraciones gubernamentales nunca han visto el fortalecimiento de la generación estatal como un mecanismo de desarrollo estratégico, ha asegurado el coordinador de la Coalición Patriótica de los Combustibles, Juan Carlos Rodríguez.

1. Creación de grupos privilegiados

Solo 4 familias

La producción privada de energía eléctrica se concentra en tres conjuntos empresariales: Grupo Terra, propiedad del empresario Fredy Nasser; Grupo Iresa y Lufussa, vinculado a empresas de miembros de la familia Larach y Kafie; y sociedades mercantiles en las que tienen participaciones integrantes de la familia Canahuati. La empresa estatal debe pagar anualmente solo a estos tres grupos de empresas privadas una suma que alcanza US$642.1 millones en total, según lo que ha reportado las cifras operativas de la ENEE.

Ilegalidad

Las relaciones de poder y las formas de apropiación de recursos no siempre ocurren en el marco legal establecido. Es más, se realizan recurrentemente en forma de complejas redes –es decir, interacciones entre múltiples actores–, adoptando indistintamente en su modus operandi lo legal y lo ilegal, lo formal y lo informal, así como lo transparente y lo secreto. Estas dualidades se entretejen en la realización indebida de poder, asumida como ciclos de (re)producción de asimetrías y desigualdades sociales en las distintas variaciones entre los campos de lo lícito (formal, legal, transparente) y lo ilícito (informal, ilegal y secreto), conforme a lo que señala la pericia, Análisis de la posición de poder de Roberto David Castillo Mejía en el entorno empresarial–institucional y su vinculación con la planificación, coordinación y ejecución del asesinato de Berta Cáceres Flores.

Narcotraficantes: proveedores de energía

Pese a ello, esos beneficios han sido otorgados a empresarios, políticos y personas vinculadas al narcotráfico, como ejecutivos de confianza de los narcotraficantes “Los Cachiros”, que también se convirtieron en proveedores de energía, según lo revelan las investigaciones realizadas por varios sectores. Fue el noveno caso presentado por MACCIH-OEA (https://www.oas.org/es/sap/dsdme/maccih/new/docs/MCH-004.MACCIH-OEA-y-UFECIC-MP-presentan-noveno-caso-de-investigacion-penal-integrada-Fraude-sobre-elGualcarque.pdf?sCodigo=MCH-004/19).

A estos grupos pretendía sumarse Castillo y sus socios, entre ellos, Jacobo Nicolás Atala Zablah, Jorge Corea Lobo, José Eduardo Atala Zablah, Roberto Pacheco Reyes, Tanya Romero Baca, Pedro Atala Zablah, entre otros.

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Decreto 70-2007

Es valioso mencionar que, para cierto grupo de analistas, el Decreto 70-2007 se considera inconstitucional ya que crea las condiciones para que se formen grupos privilegiados en el país, lo cual es prohibido por la Constitución de la República de Honduras. […] El Decreto 70-2007 permite que se realicen grandes inversiones en generación de energía basada en recursos naturales renovables, pero aún no es suficiente para ciertos inversionistas, sobre todo para los inversionistas relacionados con la tecnología fotovoltaica.

Exoneraciones

De esta manera es que se realiza una reforma al Decreto No. 70-2007, mediante la publicación del Decreto No. 138-2013 con el cual se aumentan los incentivos a la generación de energía eléctrica con recursos renovables, por lo que además de recibir los beneficios fiscales del Decreto No. 70-2007 y otras exoneraciones, recibirán tres centavos de dólar (0.03 US$) adicionales si son de origen fotovoltaico [...].

Destrucción ambiental

También esa reforma abrió la posibilidad ejecutar proyectos de generación dentro de la zona de amortiguamiento de un parque nacional, reserva nacional, área protegida o dentro de una cuenca hidrográfica de abastecimiento de agua potable o riego..., conforme lo establece el dictamen en cuestión. Además, el sector energético de Honduras sufrió cambios sustanciales a partir de la Ley de la Industria Eléctrica (Decreto No. 404-2013). Esta ley “...liberaliza el subsector electricidad en Honduras, siendo uno de sus objetivos regular la importación y exportación de energía eléctrica, en forma complementaria a lo establecido en los tratados internacionales sobre la materia celebrados por el Gobierno, así́ como regular la operación del sistema eléctrico nacional y su relación con los sistemas eléctricos de los países vecinos y el Mercado Eléctrico Regional Centroamericano, MER.

Contratos de energía a grupos empresariales.

Familia

Rubro

Nasser

Energético-Terra

Larach

Energético-Iresa y Lufussa

Canahuati

Energético-Varias empresas

Roshental

Energético

Atala

Energético, financiero

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Radio Progreso.

Fuente: Elaboración propia a partir de información de Radio Progreso.

Contratos con el crimen organizado

Grupo

Delito

Los Cachiros

Narcotráfico

Mata Waldurraga

Narcotráfico

Sergio Neftalí Mejía

Narcotráfico

  Fuente: Elaboración propia a partir de información de Radio Progreso. 

Contratos con funcionarios

Grupo

cargo

Elsa Palou

Osman Aguilar

Ex ministra de salud

Ex diputado, político, empleado municipal.

Francisco Sibrían

Elvin Santos

 

Marco Paguada

Ex funcionario

Ex diputado, político y empresario de la construcción

Ex funcionario

 

Familiares Lena Gutiérrez

Norman Noriega

Gladys Aurora López

 

Ex diputada

Ex diputado

Ex diputada

  Fuente: Elaboración propia a partir de información de Radio Progreso. 

2. Deudas y costos más caros al liberar el mercado

Hace 32 años

Honduras a través de la ENEE inicia el proceso de compra de energía privada desde hace 32 años, sin embargo, a partir del año 2007, los costos de contratación se encarecieron debido a reformas que incentivaron el cambio de matriz hacia la producción energética con recursos renovables, legislación que tipifica incentivos al sector como: exoneraciones fiscales, pago de bonos, precios de generación, que sobrepasan la capacidad del este estatal responsable del sector y del propio Estado.

Pérdidas

Las pérdidas de electricidad del país en 2021 son comparables a secciones enteras del presupuesto del gobierno hondureño para 2021: 40% de educación, 70% de salud y aproximadamente 180% de seguridad.

Las pérdidas de electricidad representan hasta cinco veces la ayuda financiera anual del gobierno de los Estados Unidos a Honduras, según lo reporta una investigación de la organización de la Sociedad Civil, ASJ.

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Deuda

A juicio de Mauricio Díaz Burdett, coordinador del Foro Social para la Deuda Externa de Honduras (FOSDEH), estos contratos implican exoneración de pago de impuestos, entre otros beneficios. Ante un escenario de tal naturaleza, analistas han indicado que, ante la insolvencia de la ENEE para pagar la energía privada que contrata, el Estado tiene que “pedir préstamos para pagarle a las generadoras. Esos créditos los cancelará el pueblo a través de impuestos y tarifas energéticas altas”.

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Sobreprecio

La transformación de la matriz energética avanzó mediante la Ley de Incentivos a la Generación de Energía Eléctrica (Decreto 70-2007): con esta ley “…los generadores que utilizan recurso renovable reciben un sobreprecio de la energía (10% sobre el costo marginal de corto plazo), más los beneficios fiscales.

Honduras pierde más del 30% de la electricidad que entra en el sistema; en los últimos años, estas pérdidas equivalían a más del doble de los promedios regionales.

Involucra varios gobiernos: La liberalización del mercado energético en Honduras

La Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) fue creada en 1957 (Decreto No. 48-57) con el objetivo de promover el desarrollo de la electrificación en Honduras, bajo un esquema vertical de los mercados de generación, transmisión y distribución.

Para principios de la década de 1980, en Honduras funcionaban dos sistemas: “…el Sistema Central Interconectado, cuya infraestructura de generación era de 208 MW de los cuales un 52% era de tipo hidráulico; y los sistemas aislados que tenían una capacidad de 13.6 MW de los cuales solamente un 2% era de tipo hidráulico”, según Fundación Red de Energía- BUN-CA, una organización no gubernamental (ONG), legalmente constituida en 1991 con sede en San José Costa Rica. Define su agenda de trabajo en respuesta a las necesidades y problemas ambientales de la región.

Dada la creciente demanda energética, la producción instalada resultó insuficiente a mediados de la década de 1990. El proceso de liberalización del mercado de la electricidad remonta precisamente a estos “…prolongados racionamientos de energía acontecidos a principios de la década de los noventa…”, cuando se elaboró la Ley Marco del Subsector Electricidad (Decreto No. 158-1994). En adelante, la matriz de generación de electricidad era predominantemente privada y dependiente de combustibles fósiles.

Para el año 2001, la capacidad instalada del Sistema Interconectado Nacional era “…de 913.4  MW, de los cuales el 47.5% corresponde a generación hidráulica y el 52.5% a generación térmica. La generación privada por medio de plantas térmicas corresponde al 45% del total del sistema”, según BUN-CA.

Producción hidroeléctrica (1964 – 1998)

Central

Propietario

Generación (MWh)

Cañaveral

ENEE (1964)

5,649,936.10

Río Lindo

ENEE (1971)

13,199,337.84

El Níspero

ENEE (1982)

881,447.72

El Cajón Francisco Morazán

ENEE (1985)

16,467,992,05

Santa María del Rea

ENEE (1994)

13,141.16

Zacapa

Privado (1993)

6,584.61

TOTAL

36,263,439.48

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de BUN-CA, 2002-Dictamen.

 

 

Número de contratos suscritos entre ENEE y empresas privadas (por año)

Año

No. De empresas que suscribieron

contratos con ENEE

MW contratados

2010

59

789.8

2011

13

103.3

2012

13

193.2

2014

100

2,043.5

Elaboración propia a partir de datos de TSC, 2018, contenidos en el dictamen. 

Secuelas del Golpe de Estado en el sector

No es sino hasta finales de la primera década del siglo XXI que este equilibrio sufrió una ruptura: el golpe de Estado de junio de 2009.

El período post-golpe se caracteriza por el predominio político del Partido Nacional: primero, durante la presidencia de Porfirio Lobo (2010 – 2014) y los 12 años siguientes con Juan Orlando Hernández (2014 – 2021), habiendo presidido también el Congreso Nacional entre 2010 y 2014.

En todos estos años se produjo –a criterio del Centro de Documentación de Honduras (CEDOH)– un “…proceso de acumulación y concentración de poder en manos del Presidente de la República”, y para ello, “…era necesario distorsionar el debido equilibrio entre los tres poderes del Estado, subordinando las instituciones y órganos del Estado de derecho a la voluntad intolerante y cada vez más autoritaria del Poder Ejecutivo”. Ello constituye un continuum en relación a la disfuncionalidad de la institucionalidad tras el golpe de Estado.

Esta disfuncionalidad institucional conlleva a irregularidades y corrupción en el ejercicio concreto del poder.

El Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) afirma que “entre los años 2014 al 2017, se han presentado sesenta y siete (67) líneas de investigación ante los órganos persecutores del delito, […] identificando un perjuicio en contra de las finanzas de la República de Honduras por un monto de CIENTO NOVENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL CIENTO SETENTA Y OCHO LEMPIRAS CON NOVENTA Y SIETE CENTAVOS (L195,299,178.97). De un total de sesenta y siete (67) líneas de investigación presentadas, las instituciones encargadas de perseguir los delitos de corrupción solamente han judicializado diez (10) casos”.

En buena parte, las motivaciones del golpe de Estado fueron económicas. La Comisión de Verdad relata una serie de situaciones conflictivas con actores económicos que “defendieron” posiciones de ventaja y privilegio. También resalta:

“…la libertad de acción que otorgan los golpes de Estado…” (CVR, 2012: 47) para reafirmar y ensanchar posiciones, privilegios e impunidad. El poder victorioso retribuye –en lo económico y político– a los suyos y, al mismo tiempo, relega a los otros. Esta intervención estatal extraordinaria, selectiva e interdependiente es contraria a postulados del liberalismo económico y distorsiona la competitividad económica. La Comisión de Verdad lo describe así: “Hay un elemento que ha sido constante en el marco de los golpes de Estado en Latinoamérica, y ello lo constituye la absoluta impunidad que caracteriza, no solo la toma fraudulenta del poder político –que ya de por si es mucho– sino la ausencia punitiva a las violaciones a los derechos humanos y otras infracciones, así como la negación a las libertades esenciales de la sociedad en su conjunto. Los actores responsables, lejos de ser juzgados por delitos del orden público, son en el mejor de los casos recompensados con mayores cuotas de poder y de beneficios económicos” (CVR, 2012: 47).

Aplicado a la realidad hondureña, las circunstancias nacionales del post-golpe influyen también en la organización y gestión empresarial, correspondiendo a una composición compleja de poderes económicos, políticos y militares que interactúan en un entorno de competencia reducida y politizada, e incluso, ilícita.

Es un ciclo inverso al descrito por Porter, quien considera que la competencia abierta preservaría la honradez en la actuación de los propios actores económicos y que sería menos probable que las empresas queden atrapadas en el sopor de los contratos oficiales o en el progresivo proteccionismo económico. “Por el contrario, cada sector buscará y aprovechará formas más constructivas de apoyo oficial, como la ayuda para entrar en mercados extranjeros y la inversión en instituciones educativas especializadas o en otros factores especializados”.

3. Contratos irregulares en época post Golpe de Estado

En 2018, el Tribunal Supremo de Cuentas (TSC) presentó un balance: de los contratos otorgados en 2010, 26 empresas incumplieron cláusulas contractuales, y pese a ello, estos PPAs no fueron rescindidos por parte de la ENEE. 

“Al revisar los contratos de generación de energía proporcionados por la Unidad de Administración de Contratos de Generación, se encontró que la ENEE suscribió contratos con 26 empresas de energía renovables, las cuales incumplieron con la presentación de su financista” (TSC, 2018: 101).

En el año 2010, la ENEE también otorgó el contrato 043-2010 del proyecto Agua Zarca a la empresa Desarrollos Energéticos (DESA). 

En 2019, se integró un caso de investigación penal que se denomina ‘Fraude sobre el Gualcarque’: MACCIH-OEA y UFECIC-MP presentaron “…ante el Juzgado de Letras de Circuito Anticorrupción un requerimiento fiscal contra 16 personas por los presuntos delitos de fraude, abuso de autoridad, violación de los deberes de los funcionarios, de negaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas y falsificación de documentos…».

”Se presume que las personas acusadas habrían cometido acciones ilegales para beneficiar a la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) con “el Contrato de Operación y la Contrata de Aguas sobre el río Gualcarque, con la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y un Contrato de Suministro de Potencia y Energía con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), así como con el Contrato de Operación para la Generación, Transmisión y Comercialización de Energía Eléctrica entre la SERNA y DESA S.A. (Central Hidroeléctrica Agua Zarca) y el Contrato No. 043- 2010 de Suministro de Potencia y Energía Eléctrica firmado el 3 de junio de 2010 entre la ENEE y DESA.”

Por aparte, el Tribunal Supremo de Cuentas, “…comprobó que la ENEE en fecha 16 de enero de 2014, suscribió contratos con veintitrés (23) empresas de las cuales veintiuno (21) no cumplen con los requisitos establecidos en la Ley de Contrataciones del Estado, para ser proveedores del Estado como ser: la no presentación de la idoneidad técnica y financiera, lo anterior cotejado con la escritura de constitución de sociedad, ya que la mayoría son de reciente creación y no están inscritas en la Oficina Nacional de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (ONCAE)…” (TSC, 2018: 40). Entre las empresas señaladas se encuentra PRODERSSA, que fue fundada el 28 de marzo de 2013 y suscribió el contrato con ENEE el 16 de enero de 2014.

De acuerdo con el informe del TSC, la ENEE suscribió contratos para la compra de energía eléctrica mediante generación de energía fotovoltaica (solar) sin efectuar el proceso de licitación. Ello no solamente incumple con la Ley de Contrataciones del Estado, sino también “…puede ocasionar que se adjudiquen contratos onerosos o que la ENEE pague precios más altos de facturas por la compra de energía fotovoltaica, por no realizar procesos de contratación competitivos” (TSC, 2018: 25).

En términos generales, el impulso de la energía renovable se distorsionó bajo la influencia indebida de intereses económicos en el contexto post-golpe. En Honduras se produjo una paradoja: “Unas cien compañías proveedoras de energía entregaron a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), más de ), de energía para suplir las necesidades de los usuarios en 2018. […] Paradójicamente, la energía más económica que compra la ENEE es la térmica, esta la suplen 22 proyectos.

 

Es una tendencia sostenida, pues, las “…cifras proporcionadas por la ENEE […] señalan que la compra de energía renovable significó la erogación de 10,431.6 millones de lempiras de enero a octubre de 2018, superior que los 7,043.4 millones reportados en igual periodo del año pasado [2017]. El incremento interanual es de 3,387.6 millones de lempiras, o sea, 48.1%.”

Esta paradoja provoca –entre otras causales– una situación financiera crítica de la propia ENEE: “Al cierre del año 2017 la ENEE tuvo una pérdida de 4,548.8 millones de Lempiras, mayor en 17.46% a la pérdida del año 2016 que ascendió a 3,872.5 millones de Lempiras. Al analizar la estructura económica, financiera y patrimonial […] estas revelaron que la empresa tiene situación financiera débil puesto que, aún y cuando la empresa lograr mejorar la captación de ingresos, sus gastos se ven incrementados por la compra …” (TSC, 2018b: 15), según lo indica el Dictamen de peritaje–“Análisis de la posición de poder de Roberto David Castillo Mejía en el entorno empresarial–institucional y su vinculación con la planificación, coordinación y ejecución del asesinato de Berta Cáceres Flores”.

Sin duda, las empresas generadoras podrían considerarse las principales beneficiarias económicas de estos contratos suscritos. En este sentido, es plausible asumir que la red céntrica de la élite económica se ha beneficiado de manera extraordinaria de un alto número de contratos eléctricos desde 2009. Para ello, se apropiaron –pese a múltiples conflictos– de porciones importantes de la naturaleza y, por ende, también de excedentes extraordinarios.

 

Bajo investigación criminal

Contratos desventajosos

A la fecha todo indica que, desde los primeros contratos para la compra de energía al sector privado por parte del gobierno, para abastecer la demanda insatisfecha, se han negociado bajo condiciones financieras y técnicas, que no benefician al país, pues los precios no son competitivos, no se ajustan a los de mercado, las obligaciones que se tipifican en los contratos apuntan además a que todos los riesgos los asuma el estado hondureño, entre otras anomalías.

amañados

Esta situación, la dejó de manifiesto, el actual diputado del Partido Nacional, Rolando Barahona, quien ha publicado a través de sus redes sociales “29 contratos amañados hemos encontrado en la ENEE. ¡Es inaudito!

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Investigación

Barahona es parte de la Comisión Legislativa para la Revisión de Contratos de Energía Eléctrica, funcionarios legislativos que están acompañados por la Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO) y a la Procuraduría General de la República (PGR), para deducir responsabilidades a quienes los firmaron.

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"Leoninos"

Los contratos a los que hace referencia el funcionario, quien ha sido objeto de múltiples represiones por parte de su partido, por amenazar con denunciar la corrupción de sus propios correligionarios en este y otros casos, son acuerdos legales a largo plazo (leoninos), que comprometen las finanzas del país y sumergen en una crisis casi imposible de sortear a la empresa estatal de energía, la ENEE.

Un caso de supuesta corrupción

El entretejido de corrupción, creado y fortalecido en el campo de la generación de energía eléctrica en Honduras, que Reporteros de Investigación, expone a la opinión pública en esta entrega, se fundamenta principalmente en el Dictamen de peritaje–“Análisis de la posición de poder de Roberto David Castillo Mejía en el entorno
empresarial–institucional y su vinculación con la planificación, coordinación y ejecución del asesinato de Berta Cáceres Flores”. 

Este peritaje aparece en el Expediente TS/JN-2-48-2020, evacuado como medio de prueba de la parte acusadora en el juicio por el asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres.

El asesinato de la ambientalista ocurrió en este contexto de crisis energética y cometido por militares bajo el mando de empresarios.

En tal sentido, el Dictamen de peritaje citado indica que en las investigaciones, el fenómeno se torna aún más complejo cuando co-participan actores estatales en estas redes ilícitas. La desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) formuló el concepto de redes político-económicas ilícitas (RPEI) para describir estos entramados como “…una onfluencia de individuos y/o agrupamientos de individuos que se autoorganizan y cooperan, comunican e informan, y que poseen intereses comunes y/o finalidades compartidas para la realización de actividades y tareas de carácter político, económico y/o mixtas principalmente ilícitas, aunque colateralmente lícitas.” (CICIG, 2015: 19).

El peritaje muestra la posición y las relaciones de poder de Roberto David Castillo Mejía en su entorno empresarial–institucional, que motivaron e hicieron posible la materialización del asesinato de Berta Cáceres Flores, ocurrido en marzo de 2016.

Esta prueba hace una relación de hechos especialmente alrededor de la hidroeléctrica Agua Zarca que condicionaron la motivación del crimen. Además analiza los recursos de poder al alcance de Castillo que posibilitaron la planificación, coordinación y ejecución del crimen con miras a consolidar su entramado de corrupción en el proyecto hidroeléctrico.

Como la cara visible de la sociedad, Castillo ejecutó el propósito de sumarse al grupo de empresas que controlan el sector energético hondureño. 

Un ejemplo: Trama privada para ganar licitación

Roberto David Castillo Mejía, sub teniente de inteligencia militar, “…se encontraba laborando en la Dirección de Inteligencia de la Secretaría de Defensa, cuando ingresó a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en junio del 2007, como parte de la junta interventora de la ENEE. Desde su ingreso laboró con Carolina Lizeth Castillo Argueta, [quien] …fue presidenta del Sindicato de Trabajadores de la ENEE que le permitió tener conocimiento del Estudio de factibilidad para el Proyecto Hidroeléctrico Gualcarque…”

En 2009, la ENEE convocó la Licitación Pública Internacional No.100-1293-2009 “Compra de Potencia y su Energía Asociada Generada con Recursos Renovables” para la adquisición de 250 MW.

Este proceso quedó atravesado por el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Posteriormente, el acta de apertura de ofertas de la licitación No. 100-1293-2009 de ENEE –con fecha de 18 de diciembre de 2009– da constancia de 50 ofertas recibidas. Durante este tiempo, el señor Roberto David Castillo Mejía laboraba en la ENEE.

El informe final (oficio CE-100/I/2010, ENEE) del proceso de licitación fue remitido a la Gerencia General de la ENEE el día 25 de enero de 2009 y recomienda –por distintas razones– la inadmisibilidad de 11 empresas.

  1. Corporación Patuca S.A. de C.V.
  2. Río Power S.A. de C.V.
  3. ENERGISA S.A. de C.V
  4. Hidro Power S.A.
  5. Sociedad Eléctrica Mesoamericana S.A. de C.V. (SEMSA)
  6. Hidroeléctrica Centrales El Progreso S.A. (HIDROCEP)
  7. Energía Renovable S.A. (ENERSA)
  8. Luz y Fuerza de San Lorenzo S.A. de C.V. (LUFUSSA)
  9. Inversiones de Generación Eléctrica S.A. de C.V. (INGELSA)
  10. Yodeco Pith Pine
  11. Caracol Knits S.A. de C.V

Desarrollos Energéticos S.A. entregó una oferta inicial para participar en la licitación, pero ya no figura en el acta de apertura del 18 de diciembre de 2009. La empresa fue descalificada de acuerdo a la información del oficio AI-No.0214-2010 (de fecha 27 de mayo de 2010) de la auditora interna de ENEE, Gloria Isabel Rivera.

Simultáneamente, –al menos desde principios de 2010–, Roberto David Castillo Mejía –siendo asistente técnico de la gerencia de la ENEE– ha intervenido para crear un “modelo estándar” de PPA, paralelo al proceso de licitación No. 100-1293-200939. Ello se refleja en el memorando A.L. 397-2010 (ENEE) –con fecha de 21 de mayo de 2010– del abogado Alfredo Cruz Lanza (asesor legal) al ingeniero David Castillo (asistente técnico de gerencia): “En atención a su memorando ATG-014-01-2010 de fecha 15 de enero del 2010, contraído a que se emita dictamen legal sobre el Borrador de contrato de Suministro de Energía Eléctrica a suscribirse entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y DESARROLLOS ENERGÉTICOS, S.A. (DESA), mismo que servirá posteriormente como Base Estándar para otros proyectos…”

El borrador de contrato entre ENEE y DESA también fue analizado por el Auditor Interno de ENEE, Carlos H. Moreno, en enero de 2010. En el oficio AI-No.0030-2010 (del 18 de enero de 2010) se manifiestan varias observaciones relacionadas con la cantidad y el precio de la energía comprometida, con la capacidad demostrada por parte de la empresa y el registro de facturación, entre otros.

En todo caso, la suscripción de los contratos ya no se dio durante la gestión interina de Roberto Micheletti Bain, sino durante la presidencia de Porfirio Lobo Sosa (Partido Nacional), quién fue juramentado como presidente de Honduras el 27 de enero de 2010.

La formalización de las adjudicaciones se produjo en las sesiones JD-1076-2010 (23/04/2010), JD- 1078-2010 (21/05/2010) y JD-1079-2010 (02/06/2010) de ENEE: la Junta Directiva autoriza al Gerente General de la ENEE para que “…suscriba los Contratos de Suministro de Energía Eléctrica adjudicados mediante las Resoluciones No. 08-JD-1076-2010 y No. 01-JD-1077-2010 de la Licitación Pública Internacional No. 100-1293-2009 “Compra de Potencia y su Energía Asociada Generada con Recursos Renovables”

Los socios de Castillo

Un informe de Gerencia Ambiental Internacional S.A. (GAI) afirmó que los propietarios de DESA son dos familias: los Castillo (34%) y los Atala Zablah (66%). Además, en la asamblea de noviembre de 2011 se modificaron los estatutos de la sociedad anónima.

De acuerdo al artículo 31, la administración quedaría a cargo de un consejo de administración que “…se integrará por un Presidente, un Vice-Presidente, dos Consejeros Propietarios, un Secretario y dos Consejeros Suplentes…” (Escritura Pública No. 31, 08 de noviembre de 2011). Este consejo de administración se integró de la siguiente manera:

– Roberto David Castillo Mejía (Presidente)

– Jacobo Nicolás Atala Zablah (vice-presidente)

– Jorge Corea Lobo (vocal primero)

– José Eduardo Atala Zablah (vocal segundo)

– Roberto Pacheco Reyes (secretario)

– Tanya Romero Baca (vocal suplente)

– Pedro Atala Zablah (vocal suplente)

– Karla López Matamoros (comisario)

A partir de este momento, este consejo de administración no ha cambiado, y es, como tal, el órgano ejecutivo de máxima responsabilidad de DESA y del proceso de implementación de PHAZ entre noviembre de 2011 y finales de 2017.

El 01 de diciembre de 2011, el consejo de administración emitió dos poderes generales de administración a favor de Roberto David Castillo Mejía (presidente) y Jacobo Nicolás Atala Zablah (vice-presidente). Asimismo, el 24 de mayo de 2012 se amplió el mandato legal de Carolina Lizeth Castillo Argueta, a quien fue otorgado un poder especial de representación procesal por parte de DESA.

El 17 de noviembre de 2011, DESA solicita a SERNA una ampliación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca a una capacidad nominal de 21.7 MW. La solicitud se basa en el “Hydrology review study Agua Zarca hidroelectric Project”, elaborado por AQUAENERGIELLC. Desde luego, es fundamental tomar en cuenta las implicaciones de dicha solicitud para la Licencia Ambiental otorgada (No. 139-2010), pues, ésta contempla que “…para cualquier ampliación, el Proponente presentará dentro del mismo expediente una solicitud de ampliación de la respectiva Licencia” (Resolución 0919-2011-SERNA; 24 de marzo de 2011)

El 27 de diciembre de 2011, la alcaldía municipal de Intibucá otorga el “Permiso de Construcción N. 111 Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca” a DESA por el plazo de un año. El 17 de enero de 2012, se acuerda la modificación del “Contrato de Operación para la Generación de Potencia y Energía Eléctrica para la Instalación del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca” entre SERNA y DESA. Dicha modificación contempla y autoriza el aumento de potencia de 14.4 MW a 21.7 MW. La modificación fue firmada por Darío Roberto Cardona Valle, en calidad de Secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Energía, y Carolina Castillo Argueta, representante legal de Desarrollos Energéticos S.A., y fue publicado en La Gaceta No. 32,729 con fecha de 24 de enero de 2012.

El 06 de marzo de 2012, SERNA y DESA firman el “Adendum a la Contrata de Aprovechamiento de Aguas Nacionales para el Desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca”,

En el caso concreto, Castillo Mejía ocupó una posición de poder en un entramado empresarial institucional que le permitió tener acceso a diversos recursos y relaciones de poder: influencia política, información, nexos militares, estrategias comunicacionales y capital financiero, entre otros.

Estos recursos de poder hicieron posible la materialización del asesinato de Berta Cáceres. En resumen, el análisis de las relaciones y del flujo de recursos de poder es fundamental para establecer la vinculación de Castillo Mejía a la planificación, coordinación y ejecución del crimen.

Los recursos financieros fueron un elemento importante en la ejecución del asesinato de Berta Cáceres Flores: “La motivación que tuvieron los imputados para cometer el delito fue efectivamente la promesa de pago ofrecida por parte de miembros de la empresa DESA, específicamente Roberto David Castillo.” (Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, 2019: 13-14).

Las transformaciones político-económicas de las últimas décadas han desencadenado dinámicas complejas, -e incluso contradictorias-, de reacomodo de los poderes económicos; y el poder indebido y el enriquecimiento indebido parecen haberse convertido en elementos ineludibles de la competitividad económica contemporánea y de la visión sobre el carácter subsidiario del Estado, concluye el peritaje.

Sector empresarial espera que reforma energética sea de mutuo acuerdo
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Sector empresarial espera que reforma energética sea de mutuo acuerdo: La sombra de la estatización en el sector energético genera una fisura entre empresarios y el Gobierno en Honduras ante la revisión de los contratos de energía.

 
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