El entretejido de corrupción, creado y fortalecido en el campo de la generación de energía eléctrica en Honduras, que Reporteros de Investigación, expone a la opinión pública en esta entrega, se fundamenta principalmente en el Dictamen de peritaje–“Análisis de la posición de poder de Roberto David Castillo Mejía en el entorno
empresarial–institucional y su vinculación con la planificación, coordinación y ejecución del asesinato de Berta Cáceres Flores”.
Este peritaje aparece en el Expediente TS/JN-2-48-2020, evacuado como medio de prueba de la parte acusadora en el juicio por el asesinato de la líder ambientalista Berta Cáceres.
El asesinato de la ambientalista ocurrió en este contexto de crisis energética y cometido por militares bajo el mando de empresarios.
En tal sentido, el Dictamen de peritaje citado indica que en las investigaciones, el fenómeno se torna aún más complejo cuando co-participan actores estatales en estas redes ilícitas. La desaparecida Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) formuló el concepto de redes político-económicas ilícitas (RPEI) para describir estos entramados como “…una onfluencia de individuos y/o agrupamientos de individuos que se autoorganizan y cooperan, comunican e informan, y que poseen intereses comunes y/o finalidades compartidas para la realización de actividades y tareas de carácter político, económico y/o mixtas principalmente ilícitas, aunque colateralmente lícitas.” (CICIG, 2015: 19).
El peritaje muestra la posición y las relaciones de poder de Roberto David Castillo Mejía en su entorno empresarial–institucional, que motivaron e hicieron posible la materialización del asesinato de Berta Cáceres Flores, ocurrido en marzo de 2016.
Esta prueba hace una relación de hechos especialmente alrededor de la hidroeléctrica Agua Zarca que condicionaron la motivación del crimen. Además analiza los recursos de poder al alcance de Castillo que posibilitaron la planificación, coordinación y ejecución del crimen con miras a consolidar su entramado de corrupción en el proyecto hidroeléctrico.
Como la cara visible de la sociedad, Castillo ejecutó el propósito de sumarse al grupo de empresas que controlan el sector energético hondureño.
Un ejemplo: Trama privada para ganar licitación
Roberto David Castillo Mejía, sub teniente de inteligencia militar, “…se encontraba laborando en la Dirección de Inteligencia de la Secretaría de Defensa, cuando ingresó a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica en junio del 2007, como parte de la junta interventora de la ENEE. Desde su ingreso laboró con Carolina Lizeth Castillo Argueta, [quien] …fue presidenta del Sindicato de Trabajadores de la ENEE que le permitió tener conocimiento del Estudio de factibilidad para el Proyecto Hidroeléctrico Gualcarque…”
En 2009, la ENEE convocó la Licitación Pública Internacional No.100-1293-2009 “Compra de Potencia y su Energía Asociada Generada con Recursos Renovables” para la adquisición de 250 MW.
Este proceso quedó atravesado por el golpe de Estado del 28 de junio de 2009. Posteriormente, el acta de apertura de ofertas de la licitación No. 100-1293-2009 de ENEE –con fecha de 18 de diciembre de 2009– da constancia de 50 ofertas recibidas. Durante este tiempo, el señor Roberto David Castillo Mejía laboraba en la ENEE.
El informe final (oficio CE-100/I/2010, ENEE) del proceso de licitación fue remitido a la Gerencia General de la ENEE el día 25 de enero de 2009 y recomienda –por distintas razones– la inadmisibilidad de 11 empresas.
- Corporación Patuca S.A. de C.V.
- Río Power S.A. de C.V.
- ENERGISA S.A. de C.V
- Hidro Power S.A.
- Sociedad Eléctrica Mesoamericana S.A. de C.V. (SEMSA)
- Hidroeléctrica Centrales El Progreso S.A. (HIDROCEP)
- Energía Renovable S.A. (ENERSA)
- Luz y Fuerza de San Lorenzo S.A. de C.V. (LUFUSSA)
- Inversiones de Generación Eléctrica S.A. de C.V. (INGELSA)
- Yodeco Pith Pine
- Caracol Knits S.A. de C.V
Desarrollos Energéticos S.A. entregó una oferta inicial para participar en la licitación, pero ya no figura en el acta de apertura del 18 de diciembre de 2009. La empresa fue descalificada de acuerdo a la información del oficio AI-No.0214-2010 (de fecha 27 de mayo de 2010) de la auditora interna de ENEE, Gloria Isabel Rivera.
Simultáneamente, –al menos desde principios de 2010–, Roberto David Castillo Mejía –siendo asistente técnico de la gerencia de la ENEE– ha intervenido para crear un “modelo estándar” de PPA, paralelo al proceso de licitación No. 100-1293-200939. Ello se refleja en el memorando A.L. 397-2010 (ENEE) –con fecha de 21 de mayo de 2010– del abogado Alfredo Cruz Lanza (asesor legal) al ingeniero David Castillo (asistente técnico de gerencia): “En atención a su memorando ATG-014-01-2010 de fecha 15 de enero del 2010, contraído a que se emita dictamen legal sobre el Borrador de contrato de Suministro de Energía Eléctrica a suscribirse entre la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE) y DESARROLLOS ENERGÉTICOS, S.A. (DESA), mismo que servirá posteriormente como Base Estándar para otros proyectos…”
El borrador de contrato entre ENEE y DESA también fue analizado por el Auditor Interno de ENEE, Carlos H. Moreno, en enero de 2010. En el oficio AI-No.0030-2010 (del 18 de enero de 2010) se manifiestan varias observaciones relacionadas con la cantidad y el precio de la energía comprometida, con la capacidad demostrada por parte de la empresa y el registro de facturación, entre otros.
En todo caso, la suscripción de los contratos ya no se dio durante la gestión interina de Roberto Micheletti Bain, sino durante la presidencia de Porfirio Lobo Sosa (Partido Nacional), quién fue juramentado como presidente de Honduras el 27 de enero de 2010.
La formalización de las adjudicaciones se produjo en las sesiones JD-1076-2010 (23/04/2010), JD- 1078-2010 (21/05/2010) y JD-1079-2010 (02/06/2010) de ENEE: la Junta Directiva autoriza al Gerente General de la ENEE para que “…suscriba los Contratos de Suministro de Energía Eléctrica adjudicados mediante las Resoluciones No. 08-JD-1076-2010 y No. 01-JD-1077-2010 de la Licitación Pública Internacional No. 100-1293-2009 “Compra de Potencia y su Energía Asociada Generada con Recursos Renovables”
Los socios de Castillo
Un informe de Gerencia Ambiental Internacional S.A. (GAI) afirmó que los propietarios de DESA son dos familias: los Castillo (34%) y los Atala Zablah (66%). Además, en la asamblea de noviembre de 2011 se modificaron los estatutos de la sociedad anónima.
De acuerdo al artículo 31, la administración quedaría a cargo de un consejo de administración que “…se integrará por un Presidente, un Vice-Presidente, dos Consejeros Propietarios, un Secretario y dos Consejeros Suplentes…” (Escritura Pública No. 31, 08 de noviembre de 2011). Este consejo de administración se integró de la siguiente manera:
– Roberto David Castillo Mejía (Presidente)
– Jacobo Nicolás Atala Zablah (vice-presidente)
– Jorge Corea Lobo (vocal primero)
– José Eduardo Atala Zablah (vocal segundo)
– Roberto Pacheco Reyes (secretario)
– Tanya Romero Baca (vocal suplente)
– Pedro Atala Zablah (vocal suplente)
– Karla López Matamoros (comisario)
A partir de este momento, este consejo de administración no ha cambiado, y es, como tal, el órgano ejecutivo de máxima responsabilidad de DESA y del proceso de implementación de PHAZ entre noviembre de 2011 y finales de 2017.
El 01 de diciembre de 2011, el consejo de administración emitió dos poderes generales de administración a favor de Roberto David Castillo Mejía (presidente) y Jacobo Nicolás Atala Zablah (vice-presidente). Asimismo, el 24 de mayo de 2012 se amplió el mandato legal de Carolina Lizeth Castillo Argueta, a quien fue otorgado un poder especial de representación procesal por parte de DESA.
El 17 de noviembre de 2011, DESA solicita a SERNA una ampliación del proyecto hidroeléctrico Agua Zarca a una capacidad nominal de 21.7 MW. La solicitud se basa en el “Hydrology review study Agua Zarca hidroelectric Project”, elaborado por AQUAENERGIELLC. Desde luego, es fundamental tomar en cuenta las implicaciones de dicha solicitud para la Licencia Ambiental otorgada (No. 139-2010), pues, ésta contempla que “…para cualquier ampliación, el Proponente presentará dentro del mismo expediente una solicitud de ampliación de la respectiva Licencia” (Resolución 0919-2011-SERNA; 24 de marzo de 2011)
El 27 de diciembre de 2011, la alcaldía municipal de Intibucá otorga el “Permiso de Construcción N. 111 Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca” a DESA por el plazo de un año. El 17 de enero de 2012, se acuerda la modificación del “Contrato de Operación para la Generación de Potencia y Energía Eléctrica para la Instalación del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca” entre SERNA y DESA. Dicha modificación contempla y autoriza el aumento de potencia de 14.4 MW a 21.7 MW. La modificación fue firmada por Darío Roberto Cardona Valle, en calidad de Secretario de Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Energía, y Carolina Castillo Argueta, representante legal de Desarrollos Energéticos S.A., y fue publicado en La Gaceta No. 32,729 con fecha de 24 de enero de 2012.
El 06 de marzo de 2012, SERNA y DESA firman el “Adendum a la Contrata de Aprovechamiento de Aguas Nacionales para el Desarrollo del Proyecto Hidroeléctrico Agua Zarca”,
En el caso concreto, Castillo Mejía ocupó una posición de poder en un entramado empresarial institucional que le permitió tener acceso a diversos recursos y relaciones de poder: influencia política, información, nexos militares, estrategias comunicacionales y capital financiero, entre otros.
Estos recursos de poder hicieron posible la materialización del asesinato de Berta Cáceres. En resumen, el análisis de las relaciones y del flujo de recursos de poder es fundamental para establecer la vinculación de Castillo Mejía a la planificación, coordinación y ejecución del crimen.
Los recursos financieros fueron un elemento importante en la ejecución del asesinato de Berta Cáceres Flores: “La motivación que tuvieron los imputados para cometer el delito fue efectivamente la promesa de pago ofrecida por parte de miembros de la empresa DESA, específicamente Roberto David Castillo.” (Tribunal de Sentencia con Competencia Territorial Nacional en Materia Penal, 2019: 13-14).
Las transformaciones político-económicas de las últimas décadas han desencadenado dinámicas complejas, -e incluso contradictorias-, de reacomodo de los poderes económicos; y el poder indebido y el enriquecimiento indebido parecen haberse convertido en elementos ineludibles de la competitividad económica contemporánea y de la visión sobre el carácter subsidiario del Estado, concluye el peritaje.