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“El problema energético en Honduras no es un tema de leyes”

Sector empresarial espera diálogo

Sector empresarial espera que reforma energética sea de mutuo acuerdo: La sombra de la estatización en el sector energético genera una fisura entre empresarios y el Gobierno en Honduras ante la revisión de los contratos de energía.

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La Ley especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público y un derecho humano de naturaleza económica y social, establece la figura del justiprecio ante una falta de acuerdo en la revisión de los contratos, acción que es considerada como un ultimátum para los inversionistas porque el concepto etimológicamente se entiende como la expropiación.
Esta ley fue aprobada por el Congreso Nacional el 11 de mayo de 2022, en un proceso legislativo acelerado, con dispensa de un debate, con mayoría simple, únicamente 76 diputados votaron a favor, de un total de 128.
La empresa privada se une a diferentes sectores que coinciden en que se necesitan cambios para salvar a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), con una deuda histórica que sobrepasa los 75,600 millones de lempiras, es decir aproximadamente 3,100millones de dólares; a lo que se suman pérdidas del 38 por ciento, un valor en lempiras de 8,000 millones, unos 328 millones de dólares; constituyéndose en impedimento para el desarrollo del país, asimismo, es un obstáculo para un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que garantiza el acceso a fuentes de recursos externos. Sin embargo, no todos están de acuerdo con la nueva ley.

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. La nueva ley cambia varias disposiciones de la actual Ley General de la Industria Eléctrica, aprobada en 2014, entre ellas: desaparece al Operador del Sistema (ODS); determina las inversiones de la empresa privada, a ser inferiores a las del Estado; se apropia de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica; promueve la renegociación de contratos con los generadores de energía, y en caso de no ser posible, “se autoriza plantear la terminación de la relación contractual y la adquisición por parte del Estado previo el justiprecio”.

Reporteros de Investigación, consultó con Kevin Rodríguez, experto en el tema energético y actualmente director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), y directivo de la Asociación de Productores de energía (AHPEE), sobre esta nueva legislación para el sector que ha estado vinculado, asimismo sobre la crisis financiera de la ENEE.

Director ejecutivo de CCIC, Kevin Rodríguez.

Reporteros de Investigación (RI): ¿Cuál es su posición respecto a la aprobación y puesta en marcha de la Ley especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público y un derecho humano de naturaleza económica y social?

Kevin Rodríguez (KR): Los problemas a nivel nacional pasan por un tema administrativo. No es un tema de leyes, el problema ha sido que no se ha manejado de manera correcta, de manera gerencial la ENEE, así como los problemas de campo, por no haber realizado las inversiones en el sector en el área de generación, transmisión y distribución. Existe carencia de aplicación de las leyes, no se han implementado. Pasa por serias fallas administrativas y no es un tema de leyes.

Otro factor de afectación financiera son las pérdidas técnicas y no técnicas. Las pérdidas técnicas hacen referencia a toda aquella energía que no llega a los usuarios a causa de equipos obsoletos, pero que se debe pagar al generador; y la y no técnicas, son las producidas por hurto de los consumidores. La comisión reguladora de energía CREE, fue nombrada hasta un año después de haberse aprobado la anterior ley. No se cumplió con la creación del operador independiente como práctica aplicada en todo el mundo.

También existe una corrupción histórica al asignar contratos de emergencia, que son entregados a empresas para que produzcan energía en un corto tiempo, lo que genera cobros excesivos que se justifican en la falta de espacio para negociar mejores precios con sus proveedores de materiales.

Esos problemas pueden superarse con buenas prácticas, como ejecutar licitaciones internacionales anticipadas; con el respeto a la independencia de las instituciones más allá del periodo de Gobierno; con la contratación de personal técnico y no político; y con el mantenimiento a los equipos, lo que tiene que ver con millonarias inversiones que no se están haciendo.

RI: La nueva Ley de energía establece en sus artículos 4 y 5 la renegociación de los contratos de energía eléctrica en sus tecnologías térmicas, solar y eólica. Se especifica que de no llegar a un acuerdo en los precios del kilovatio/hora lo siguiente es la terminación contractual y “la adquisición por parte del Estado (de las plantas de energía) previo el justiprecio” ¿Qué opina de la Ley especial para garantizar el servicio de la energía eléctrica como un bien público y un derecho humano de naturaleza económica y social?

KR: Las decisiones deben ser de mutuo acuerdo. Respetando la buena fe. Los esfuerzos deben concentrarse en reducir las pérdidas técnicas y no técnicas que pesan sobre las finanzas de la empresa en casi un millón de dólares diario. Esto provoca que la SEFIN tenga que salir al finalizar cada año al rescate.  Cada lempira que se paga en el rescate se deja de invertirse en salud y educación, infraestructura pública. Esto provoca que no se pueda invertir en infraestructura de la ENEE, lo que ocasiona los apagones constantes.

RI: ¿Qué está dispuesto el sector privado a ceder?

KR: Todos los cambios que se generen deben ser de mutuo acuerdo. No de manera arbitraría, haciendo ajustes o terminando el contrato, que todo beneficie a la población. El sector privado está anuente a negociar. Garantizar la Seguridad Jurídica y el debido proceso para evitar más daño a la ENEE.

RI: ¿Los precios que cobran los generadores y al que lo vende el gobierno es justo?

KR: Actualmente ya existe a través de la CREE la posibilidad de ver la estructura de precios, el hondureño paga actualmente 5.50 lempiras por kilovatio hora. Adicional considerar los otros cargos. 65% de esos cinco lempiras componente generación el resto es por otros cargos. Los procesos de licitación deben hacerse mediante mecanismos de vanguardia competitivos y transparentes. Esos serán los precios justos, sin contratos directos ni de emergencia. problemas pueden superarse con buenas prácticas, como ejecutar licitaciones internacionales anticipadas; con el respeto a la independencia de las instituciones más allá del periodo de Gobierno; con la contratación de personal técnico y no político; y con el mantenimiento a los equipos, lo que tiene que ver con millonarias inversiones que no se están haciendo.

RI: ¿Cuál es la perspectiva a corto plazo? ¿Habrá acuerdo?

KR: Como sector esperamos que cualquier decisión que se tome sea de mutuo acuerdo. Que prevalezca el diálogo, bajo los principios de buena fe. Está en riesgo el futuro del sector eléctrico, pero también de la economía nacional, es importante indicar que solo el sector norte consume el 50% de la generación actual en la producción económica. Como CCIC, exigimos que las reformas se realicen con tres objetivos, suministro continuo, sin apagones, de calidad es decir sin bajones y a precios competitivos, mediante procesos de licitación transparentes.

Una reforma energética para enfrentar la corrupción y rescatar la economía

El sector energético ha representado en los últimos 30 años un espacio de oportunidad para las actividades ilícitas entre las organizaciones gubernamentales que la han manejado y grupos empresariales que han invertido en el sector.

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