Capítulo 1

Oprimidos con impunidad

Parte 10

Mujeres, derroche de vehículos, miles de proyectiles perdidos, descontrol de armas y “esclavitud” en la Corte Suprema.

En uno de los audios, la pariente de un magistrado manda al motorista del Poder Judicial a traer tortillas. El audio no se revela para proteger la vida del denunciante.

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. La Dirección Policial de Investigaciones (DPI), la Unidad Fiscal Especializada contra Redes de Corrupción (Uferco) y una organización no estatal de derechos humanos que trabaja temas de desplazamiento forzado y crisis de movilidad humana han escuchado el clamor de empleados de diversas instancias del Poder Judicial. Cada día, RI ha ido recibiendo información diversa sobre la actual situación del Poder Judicial. Una parte de esta información se ha dado a conocer en 10 entregas de este primer capítulo.

Esta última entrega del primer capítulo de la serie revela algunas de las denuncias solo del ámbito administrativo, sin que hayamos entrado aún a la forma en que se impartió justicia selectiva o en las oportunidades de negocio de la «justicia». Por ahora en la última entrega de este capítulo, las denuncias más recientes son sobre supuesto descontrol de la flota vehicular del Poder Judicial.

En la foto, los denunciantes han resaltado el nombre de una ex integrante de la Policía Nacional de Honduras, salió de ese ente mediante el denominado proceso de “depuración”. La oficial en retiro ahora encargada de vehículos y otras labores de seguridad, según documentos recibidos.

Los denunciantes hablan sobre descontrol en el uso de armas y de que un magistrado de la Corte Suprema de Justicia capta, transporta y traslada mediante coacción a empleados públicos para llevarlos a trabajar sin sueldo a su finca de café en Belén, Lempira.

RI tiene documentos, grabaciones, fotografías que evidencian la situación. Los denunciantes dicen estar amedrentados y no quieren que sus casos sean publicados mientras no tengan una verdadera respuesta de la institucionalidad.

Son las autoridades de Seguridad y de la Uferco las que deben mostrar diligencia e investigar la forma en que se ha administrado el sistema de justicia en Honduras. 

En estos últimos años la Corte Suprema de Justicia, dicen las denuncias, se ha convertido en una especie de pasarela. Un nido de íntimas relaciones que van dejando dolor en derredor y el uso inadecuado de recursos estatales.  Por un lado, los recursos estatales son desviados para amigas muy cercanas de los funcionarios y, por otro, para llevar y traer a sus familiares a las discotecas, bares o a actividades que nada tienen que ver con el acceso a la justicia.

Desde junio, el equipo ha recibido imágenes, audios en donde se giran instrucciones alejadas del quehacer judicial, testimonios, nombres y fotografías de varias mujeres y documentos que dan cuenta de una serie de hechos que tienen que ver con la vida privada de los funcionarios y así seguiría siendo sino fuera porque han usado recursos del Poder Judicial para alcanzar el clímax.

La ex jueza de sentencia Gracia María Bertrand dijo en mayo de este año que el presidente del Poder Judicial tenía concubinas y “sus parejas como juezas de sentencia de jurisdicción nacional, magistradas, ex alumnas de Santa Rosa de Copán como asistentes de Recursos Humanos” y con camionetas blindadas. Tenía un clan de mujeres, señaló Bertrand y que ellas sí podían optar a ascensos.

Su correligionario y hermano del mandatario extraditado a Nueva York, Juan Antonio Hernández Alvarado, declaró a la DEA que en las reuniones el tema de las mujeres no les faltaba y era Cebolla el encargado del tema.

A este panorama se suma, la denuncia de escalofriantes hechos que dan idea del peligro de cubrir estos temas. La información es reservada por ley y ha sido dada al más alto nivel tanto a la UFERCO como a la Dirección Policial de Investigación (DPI) por diferentes empleados afectados.

Descontrol de automóviles y de armas de fuego
La versión pública que este equipo de investigación periodística puede sacar hoy a luz es que hay represalias para empleados que se negaron a trasladar amigas de los familiares de Argueta que gobiernan este poder del Estado. Está documentado que tanto el tema de los automóviles como las alteraciones relacionadas con la portación de las armas de fuego, fueron desde 2007 motivo de recomendaciones del Tribunal Superior de Cuentas (TSC). Es decir desde la administración judicial anterior.

“Al realizar la inspección física de las armas propiedad del Poder Judicial asignadas a los Funcionarios y Empleados para su defensa personal, se comprobó que algunos no la portaban…lo anterior incumple el Marco de Control Interno Institucional de los Recursos Públicos TSC-NOGECI V-09”. “Algunos vehículos no portan la bandera, leyenda propiedad del Estado de Honduras, logotipos de la institución y/o número de registro correspondiente”, dice el Informe No. 001/2017-FBN del TSC.

En la actualidad, respecto a la flota vehículo una parte de los automóviles son alquilados por la Corte Suprema de Justica.

Y en relación con las armas, en la Secretaría de Seguridad hay una solicitud para la impresión de los carnés de permisos de portación de armas del Poder Judicial porque las y los funcionarios portan las armas sin que se les haya dado el respectivo plástico, de acuerdo con documentos que tuvo a la vista el equipo de Investigación. El Poder Judicial solicitó en la administración anterior exoneración de pagos para la portación de armas.

Miles de proyectiles perdidos
Al exjefe de Seguridad, Ciro Izaguirre, le atribuyeron un faltante de 19,000 proyectiles. Izaguirre denunció que parte de ese faltante tiene que ver con el jefe de Servicios Generales, Evelio Hernández y su primo y a la vez, cuñado del presidente Argueta, Henry Lara Trejo, le pedían cajas de munición para llevar a Gracias Lempira. Luego de un recuento que entregó a las autoridades, Izaguirre proporcionó documentos que sustentan que utilizó 13000 de esos 19,000 proyectiles por lo que habría una pérdida de seis mil proyectiles en este poder del Estado.

Desde antes que esta denuncia saliera publicada y al menos en cinco ocasiones más se ha solicitado de manera insistente una entrevista con las autoridades mencionadas para que ellas también puedan dar su versión de los hechos. Se escribió al portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte a su WhatsApp y a su correo, además a un correo institucional que proporcionó.

Izaguirre a través de denuncias ha evidenciado como la Supervisión de Poder Judicial se ensaña con los subalternos que interponen denuncias, pero no prosperan las denuncias contra las autoridades. También respecto a los vehículos se recibieron denuncias de automóviles sacados de los predios en horas inhábiles o que son utilizados para fines diferentes a los quehaceres del Poder Judicial o que han sufrido daños sin la debida reparación.

Otra denuncia del ex jefe de Seguridad, Ciro Izaguirre, en la que se defiende de imputaciones por supuestas irregularidades que investiga Supervisión Nacional del Poder Judicial, indica que habría ocurrido sobrevaloración en la reparación de un vehículo.

Un motorista que estuvo asignado por muchos años a la abogada Any Ochoa cuando ella laboró en el Juzgado de la Niñez y aún no había llegado a ser Supervisora, reveló que siente mucho temor. Contó cómo, Ochoa le habría ordenado de manera reiterada ir a traer a su hijo a la escuela y a su hija a la universidad en los automóviles costeados con recursos del Estado. “Después en la tarde se lo llevaba la Academia de Fútbol»

Las denuncias sugieren además que quien se haya negado a trasladar a una «amiga» del Jefe de Servicios Generales, por ejemplo, recibe represalias. Varios motoristas, según la denuncia grabada por RI, están recibiendo coacción y represalias. Pidieron omitir su identidad.

Traslado forzado en el Poder Judicial

Otro testimonio sugiere que un magistrado, primo de los del clan Hernàndez Alvarado, extraditados a Nueva York, por narcotráfico, ha venido captando, trasladando y llevando a trabajar sin sueldo y sin horario, a personas empleadas en el Poder Judicial, a civiles y a veces a militares. La coacción se ejercer bajo la amenaza de despedirles de la Corte.

La denuncia interpuesta por un empleado ha sido puesta en conocimiento de organismos de derechos humanos que trabajan a nivel nacional e internacional temas de movilidad humana.

Esta denuncia indica que el magistrado los traslada a trabajar, permanecen ahí. Si usted es motorista o es militar de él, lo lleva a trabajar a la finca del café. El lugar se llama Belén, Lempira, dijeron los denunciantes a RI.

Ademàs, RI recibió copia de facturas que indican como bajo coacción esta persona ha sido trasladada, transportada, sin sueldo y sin horarios para trabajar con parientes del magistrado, viajan con recursos del Estado sin estar contratados como empleados. La coacción para el traslado y el trabajo forzardo sin pago ni horarios ocurre bajo amenaza de despido.

«Vas a ir a la casa…llevas las tortillas»

En los audios enviados a través del uso de tecnología celular se puede escuchar como una  de las parientes del magistrado habla de viajes particulares. «Vas a ir a la casa, recoges eso, llevas las tortillas (un alimento de la dieta básica de los hondureños). Después vas a dejar eso allá a Comayagüela, me mandas el recibo de que lo fuiste a dejar y después venís a las 12 en punto por favor», exige la persona al empleado judicial. La pariente no tiene ninguna relación con el sistema de justicia.


De acuerdo con los testimonios, durante la campaña electoral se utilizaron vehículos del Poder Judicial para hacer proselitismo político en todo el territorio y tuvieron que trabajar por el mismo sueldo. Al consultarles en qué tipo de carros se hizo esta actividad respondieron que eran carros de alquiler sin placas.

Se sigue esperando una entrevista con los altos funcionarios del Poder Judicial. 

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