En septiembre de 2019, la cantidad de privados de libertad por 100,000 habitantes en Honduras era de 237, frente a los 154, que había en 2010, revela el prefacio de este estudio.
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. ¿Si encarcelamos a todos los consumidores de droga, no solo a los que viven en villas miserables, se acabaría el consumo y el tráfico de drogas? ¿Las mujeres acusadas por transporte de drogas son víctimas de relaciones de poder con los hombres?
Esas son algunas reflexiones sobre la política criminal que surgen luego de leer el libro: Tráfico y Consumo de Drogas en Honduras ¿Y Los Derechos Humanos? Análisis de su construcción típica desde una visión crítica.
La idea central del libro es cómo un problema de salud pública es enfrentado con la cárcel. Como consecuencia, en las penumbras de la prisión hay hacinamiento.
Esta obra está basada en la teoría del Derecho Penal del Enemigo. Fue presentada el 31 de octubre pasado en el Colegio de Abogados de Honduras. Su autor es el pasante del doctorado en Criminología de la Universidad de Cádiz, maestro en derechos humanos, abogado y ex defensor público del Poder Judicial, Enrique Flores.
Es un académico estudioso, crítico y humanista que entra en la lista de la “fuga de cerebros” de la Corte Suprema de Justicia pese a su talento y capacidades de investigación.
Una Corte controlada por el narcotráfico y que contrata mujeres a cambio de sexo, difícilmente estará interesada en el análisis, con visión de género, que ofrece esta obra desde un paradigma crítico. Un análisis que puede ayudar a transformar el acceso a la justicia penal.
Consumidores presos, capos libres
«Resulta irónico ver que la persecución penal representa un elemento disuasivo para los consumidores de drogas, pero para los grandes “capos” de la droga no representa ninguna amenaza, siendo estos los enemigos declarados, pero los menos afectados. Resulta así que el sistema penal se encuentra saturado de “delincuentes” de origen miserable, como definía en su momento Gustavo Duncan, mientras que para dar captura o privar de su libertad a un narcotraficante se necesita la presión de los Estados Unidos», concluye Flores.
En relación con los delitos atribuidos a las mujeres por el sistema de justicia penal, Flores revela su sensibilidad para un análisis criminológico desde diversas interseccionalidades que vulneran a la persona.
“Tomando en consideración el perfil de las mujeres procesadas por estos ilícitos, debe obligarse a los actores estatales a realizar un análisis interseccional para detectar los cruces de opresión que pueden estar siendo víctimas las personas por razón de género, pensando a quien va dirigido y bajo que contexto son empujadas a la comisión del delito”.
El prólogo del libro fue escrito por el investigador de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y que se ha desempeñado como Maestro en Derechos Humanos, Democracia y Estado de Derecho por la Universidad de Alcalá de Henares, el penalista José Luis Eloy Morales Brand.
“Primeramente, Enrique nos muestra como el pretexto de la protección de la salud pública a través del sistema penal, se ha sustentado en la discriminación del consumidor al tratarlo como delincuente, a pesar de ser víctima del sistema por la propia estigmatización social de su desarrollo personal. Con el segundo apartado corrobora que la criminología de la intolerancia, y una de sus ramas que es el derecho penal del enemigo, es la política criminal más empleada en el sistema latinoamericano para hacer creer a la sociedad que se combate realmente la problemática del tráfico de drogas”.
“En el último apartado, Flores Rodríguez nos muestra como el nuevo Código Penal en Honduras modifica la situación de los consumidores, pero no de manera progresiva a favor de sus derechos, sino en una regresión autoritaria en la que prácticamente cualquier conducta del consumidor se vuelve un acto criminalizado por el Estado, y reflexiona entonces sobre cada uno de los elementos de esa regulación de hechos delictivos”, escribió Morales Brand.
Sobre la motivación de este libro, Flores explicó que trata de repensar la tipificación de todos los delitos relacionados con el tráfico de drogas a raíz de un nuevo Código Penal.
“Empieza a elaborarse un tipo penal único, lo cual es contrario a los principios propios del Derecho Penal porque deja de tipificar de forma individual todas las conductas sucesivas, además hay una corriente muy criminalizadora por parte de los entes de persecución penal y por parte general del sistema de visualizar a los consumidores, únicamente dentro de la esfera penal y no como sujetos de derechos”.
La ley –según este planteamiento– trata con el mismo rigor punitivo al consumidor y al traficante de drogas lo cual es contrario totalmente al derecho, al libre desarrollo de la personalidad, al derecho de la presunción de inocencia y atenta contra la seguridad jurídica.
La idea de escribir este libro y de estudiar el tema, surgió a medida que en su oficio cotidiano como estudiante y defensor público fue poniendo atención a los casos que conocía. En vez de tratarlo como un caso más, como haría un burócrata promedio, Flores empezó a estudiar casos para descubrir el fenómeno.
Todo empezó una tarde de 2014 que estaba de turno en uno de los juzgados del país, le fue asignado el caso de un señor de más de 70 años que tenía padecimientos de reumas y fumaba marihuana.
“Además él me admitió que le gustaba fumar marihuana y tuve unas personas que traían en una paila de un carro kilos de cocaína y el requerimiento fiscal era exactamente igual”. En ambos casos, la acusación fue por tráfico de drogas.
En ese instante de un hecho rutinario en su agenda surgió su pregunta de investigación ¿Por qué el sistema penal recibe al consumidor y traficante de la misma manera, por qué el trato punitivo tiene que ser igual?
Así fue descubriendo que había consumidores que no son adictos sino que son consumidores lúdicos dentro de países como México, por ejemplo, o aquí mismo en Honduras. Y tienen que esconderse del sistema porque los va a tratar de la misma manera que a un narcotraficante lo cual es contraproducente y genera falsos positivos.
Son falsos positivos porque en las estadísticas y en las bases de datos, la Fiscalía y el Poder Judicial van a registrar que hubo miles de requerimientos en cuestión de tráfico de drogas.
“Pero no es cierto. Detrás de eso hay consumidores y realmente en tráfico de drogas la política estatal ha sido un fracaso”.
