Columna de Opinión

No hay abusos policiales que la ciudadanía deba tolerar, desde este medio de comunicación vamos  denunciar cada vez que sea necesario: el abuso o la muerte descarada por venganza como la sufrida por el barrista después de patear a una mujer policía. Además a quién no le va a indignar ver que sostiene, paga y financia con sus impuestos a su policía para que vaya a golpear a los hermanos garífunas. Claro a los grupos de poder que han saqueado Honduras ni les importa la policía, a quienes ven como su ejército particular, y mucho menos el dolor de las y los garífunas.

Por Wendy Funes 

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Pero denunciar los abusos es una cosa y mantener una campaña sostenida, con mala intención, viralizar denuncias viejas y proyectar la fabricación del delito para desprestigiar la seguridad, es colaborar, sin saberlo aunque sea con buena intención, con las élites criminales que han gobernado Honduras mediante la bota militar que aplasta cualquier disidencia.

¿Cada vez que aumentan las campañas de la inaguantable extorsión o la aparición de personas ejecutadas dentro de costales? Me pregunto ¿qué querrán esta vez los militares y quienes los patrocinan?

La Policía Nacional de Honduras tiene un camino cuesta arriba, un peregrinaje que hacer para recuperar la confianza ciudadana, pero la ciudadanía debe aprovechar este momento para exigir que la policía sea una institución que se transforme y todas y todos debemos trabajar para una verdadera reforma policial con miras a tener una policía que respete los derechos humanos sin ninguna influencia militar.

El golpe de Estado de 2009 comandado por las Fuerzas Armadas, las humillaciones que los militares le hicieron a los policías en los últimos 12 años. Como esa vez en que tuvieron a la tropa policial todo el día mientras Julián Pacheco condecoraba en las instalaciones de la Secretaría de Seguridad a coroneles y a su cúpula castrense —me lo contó un policía— o las humillaciones de ser figuras decorativas mientras quienes ejercían el poder eran los militares, la permanente campaña sutil para que la policía apareciera como la más corrupta y la Policía Militar con el arquetipo de la salvadora. Son episodios de la historia que las actuales generaciones de la Policía no pueden olvidar.

La sociedad civil debería aprovechar la oportunidad que ofrece este distanciamiento sin precedentes para exigir una policía que de verdad trabaje por su pueblo ya no para proteger a las élites criminales que han saqueado y gobernado con una visión de Estado delincuente y violento contra su ciudadanía.

Hay que decir también que acá la embajada de Estados Unidos y las agencias que nunca dan la cara, y que se meten en Defensa y Seguridad, también tienen un rol decisivo así que la exigencia ciudadana debe ir hacia ellos.

La policía merece una oportunidad y que la población trabaje por su policía y por primera vez en la historia lograr un verdadero cuerpo civilizado capaz de enfrentar el crimen de manera científica no con táctica de dinosaurios y sin resquicios de la oscura etapa militar. Es ahora o nunca. Si no es ahora, tendremos en los próximos años una superestructura policial controlada nuevamente por un aparato militar al servicio de la peor ultraderecha de Honduras.

Si no me creen veamos como la ultraderecha manejó la cúpula castrense. Honduras ha sido un país con militares asesinos que introdujeron el tráfico de cocaína en los setenta, la operación Irán-Contras en los ochenta y prestó el territorio para matar a nuestros hermanos de Nicaragua, un país que sirvió de territorio para la invasión a Cayos Cochinos, un país que prestó su tierra para preparar el golpe de Estado contra Jacobo Árbenz en Guatemala. No lo digo yo, hay suficiente respaldo documental y literario.

Lideraron la horrorosa desaparición forzada en los ochenta, en los noventa violaron y asesinaron, ellos creyeron que también impunemente a Riccy Mabel Martínez y que apenas tuvieron una mínima pérdida de su influencia y poder a partir de ese hecho, continuaron y continúan con sus escuadrones de limpieza de jóvenes “delincuentes” desde los 2000 y se recuperaron en 2009 con el Golpe de Estado y a medida se enraizó la dictadura traficaron armas y drogas con las mafias más peligrosas de mundo.

Es muy peligroso atreverse a decir lo que digo. Pero alguien tiene que decirlo, el cuerpo castrense es un animal herido porque al menos hasta octubre se les había relegado de todas las tareas de seguridad pública por primera vez en Honduras.

Tuvieron una leve victoria y bajaron la campaña de extorsión cuando la presidenta Xiomara Castro dijo que la Policía Militar iba a seguir en las calles.

Nos ha costado caro denunciarlo, han parado a varias personas de nuestro equipo en retenes para los que no están facultados porque no son policías de tránsito y nos registran, quizás sea casualidad, nada más, pero no es casualidad la campaña con call center y bots en nuestras redes sociales por atrevernos a denunciar.

Los militares acogieron en su cultura y en su seno a los asesinos de Berta Cáceres y el juicio por el asesinato de la líder ambiental demostró cómo un militar de inteligencia se infiltró en el Estado para ganar una licitación a favor de una empresa, luego les armó un combo de sicarios militares de élite para garantizar el negocio de millones de dólares. ¡Qué les importaba una simple comunidad indígena! Sicarios de banqueros y del gran capital del país para amedrentar a las comunidades que luchan por su territorios.

Lo peor que pueda hacer la policía si quiere recuperar la confianza ciudadana es seguir con esa lógica militar de ser fuerzas de ocupación en el territorio de su propio pueblo, como decía, allá por 2017,  Manuel Zelaya Rosales antes de estar en el poder en una protesta frente al Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas. Y no es verdad porque lo haya dicho Mel es solo que en pocas palabras supo condensar la realidad de lo que el ejército ha sido para Honduras: una especie de grupo de mercenarios invasores al servicio del gobierno extranjero que decide el destino de Honduras o a merced de las élites con ascendencia árabe-palestinas, que se proclaman orgullosamente catrachos, para aprovechar con ansias extractivistas la riqueza catracha.

Militares y empresas con límites difusos con el narcotráfico y el lavado de activos que aplastan a quien se les pone por delante en su afán de enriquecerse a costa de las y los hondureños.