
Trabajo de campo: Melissa Hernández, José Manuel Serén | Redacción: Wendy Funes
- La muerte de diputados, el sicariato y la muerte de jóvenes en colegios parecieran como enredadas por el mismo hilo invisible.
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación
Este camino es parecido a una culebra de concreto que sube a las entrañas de las reglas no escritas y fronteras invisibles entre el barrio 18 y la Mara Salvatrucha (MS-13).
Antes de subir a la montaña, huele a gasolina y polvo mezclados con el bullicio de las tienditas de frutas y verduras. Las “mototaxis”, alineadas a la par, esparcen un sonido lejano de reggaetón confundido entre el ruido de las rastras y automóviles que pasan sin cesar por la carretera principal.
La calle de entrada a la colonia está a la izquierda de la carretera. Es una senda secundaria inclinada hacia arriba, tan estrecha que parece que los automóviles van a chocar en cualquier momento.
Los “mototaxis” con luces rojas de neón parecen luciérnagas subiendo por una serpiente. Desde abajo se ve donde antes hubo pino y ahora, tierra propensa a deslizamientos con amontonadas casas de concreto. Desafían las leyes de la gravedad, aferradas al abismo.
Al llegar a la cima de la colonia Villanueva, “todo mundo” sabe de qué se trata cuando se pregunta por el estudiante del colegio Millaselva. Conocían a la víctima, Richard Ávila, y al joven acusado por su muerte, Aron Absavet Flores García.
Los dos vivían en esta colonia. Richard recorría a diario tres kilómetros para ir desde la Villanueva a la colonia Kennedy y llegar a su colegio público España Jesús Millaselva.
Al final de la vida de Richard que duró 14 años, su destino se uniría al de Aron Absavet Flores García, de 24.
La existencia de ambos cambió la tarde del 20 de junio de 2024. Este hecho no solo deja dos familias rotas, sino que desnuda cómo los cuerpos de los jóvenes de Honduras caen como moscas en una red tejida con complicidad, corrupción de funcionarios y sicariato en derredor del microtráfico de drogas.
La familia de Richard Ávila se fue del sector 8 de la colonia Villanueva, en cambio Aron y sus padres aún habitan en el sector dos.
El crimen contra Richard conmocionó a la opinión pública, el escándalo duró una semana, después se apagó y la realidad no se reveló hasta hoy.
Los ojos de Aron se abren más de la cuenta, habla poco. Titubea al recordar el día de la captura, desde el 5 de julio de 2024 que el juzgado lo dejó libre, está preso en su casa. Tiene miedo que lo maten si sale de ahí.
A mitad del camino, al preguntarle a un hombre si conoce al joven que fue enjuiciado por el crimen, responde que trabajó junto al muchacho y que siempre lo han visto como un buen joven en la comunidad, que quizás en la cancha donde la policía lo había presentado como sospechoso habría más información.
La cancha fue remodelada por el gobierno de Honduras para que los jóvenes hagan deporte, ahora es un lindo sitio con grama, antes era un pedazo de tierra desnuda para jugar a la pelota. Acá está una de las primeras fronteras entre la 13 y la 18, cruzar de una esquina a otra puede ser una sentencia de muerte.
La vida cotidiana transcurre bajo la sombra de la mara y la pandilla, aunque ahora la colonia es más pacífica porque la policía estuvo acá más de un año con presencia permanente. Como resultado, los índices de homicidio bajaron, aun así, siempre hay que ir con cautela en cada paso.
En la cancha informaron que el joven sospechoso vivía en el sector dos. Bajando uno de los laberintos de calles estrechas y escaleras empinadas, estaba el padre del joven, Job Flores.
La casa de Arón se ubica en el corazón del sector 2, es modesta. La sala tiene muebles que hablan del paso del tiempo, una televisión encendida y la imagen de la Virgen de Guadalupe en el dintel de la puerta que separa la sala de otra pieza.

Don Job se sentó en frente, detrás de él estaba su esposa. En frente de su padre se sentó Aron, llevaba el pelo más largo en comparación con la foto que tiene en sus archivos la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) y que presentó en el reconocimiento en rueda.
Lo primero que Job Flores hizo esta tarde fue encerrar a su perro de la raza pitbull, Zeus. Un cachorro de siete meses. Zeus llegó a la familia días después de que a su hijo lo acusaran del homicidio de Richard Ávila.
“Cuando me lo capturaron, tenía un cachorro y murió, también murió la gata, La Negra y a esta mujer por poco me la matan de un infarto”, cuenta el padre de familia.
Es apasionado al hablar, toca el suelo, se lleva las manos a la cabeza, las mueve de manera constante y hace ademanes para enfatizar lo que platica. Actúa recordando cómo hizo cuando acusaron a su hijo —según sostiene — injustamente.
Para él es mentira, la versión que circula en los alrededores del colegio: que su hijo estaba siendo presionado por la Mara Salvatrucha para cometer el crimen. Porque aunque la autoridad dijo que era de la MS, a su hijo lo recluyeron durante, seis días que estuvo en detención judicial, en el módulo de Diagnóstico de la Penitenciaría Nacional (PN). En la PN, la MS tiene sus propios módulos.
Según el Código Procesal Penal, la detención judicial dura seis días, después, las personas imputadas son llevadas al juzgado para revisar si hay indicio racional. En el caso de Aron el juzgado resolvió que no había indicio racional que ligara al joven con la muerte violenta.
Lo mató un joven de 14, años no mi hijo
— “Aquel que agarró los quince mil para entregar a mi hijo se va a podrir él solo”. “El que mató vive en la Kennedy. Él estudia. Es un menor. Ese niño es un menor, tiene 16 a 14 años y vive cerca en la cancha de la killer”.
En el momento del crimen su hijo jugaba “play” en su casa y más bien, ellos vieron la noticia de la muerte por el canal HCH, asegura don Job.
Él habla sin cesar de la tragedia familiar que les dejó la detención de su hijo. Se toca la cabeza, clama, junta las manos. Están destruyendo a una familia, repite y cuestiona el espectáculo que hizo la policía.
“Desde ese día fue lo más horrible que pudo haber pasado en esta casa. Lo más horrible es la impotencia de no poder hacer nada y sabiendo que el hijo de uno, no hizo eso”.
A don Job le han dicho que mande su hijo al extranjero, pero él dice que el caso está abierto por cinco años y que su hijo no va a huir porque no hizo nada.
La madre de familia permanece callada y ahí está Aron con los ojos atónitos.
Diez días después del crimen contra el estudiante. El 30 de junio de 2024, agentes de la Dirección Policial contra la Maras, Pandillas y Crimen Organizado (Dipampco) entraron a esta vivienda.
Habían llegado la tarde anterior y le dijeron al padre de familia que era una revisión de rutina. Pero esa madrugada llegaron cuando faltaban 15 minutos para las 6 de la mañana, la hora legal de allanamientos.
Entraron al cuarto donde dormía Aron, en calzoncillos. Un policía lo agarró de la mano y cuando Aron vio que era una persona con tenis, se asustó y pensó que lo “iban a joder”.
Escuchó cuando le dijeron “somos policías, ponete pantalón”, como estaba dormido, su cerebro tardó unos segundos en comprender lo que pasaba. Los vio como militares, con tenis.
Se vistió con un pantalón gris y entonces les preguntó por qué lo llevaban, no dejó de sentir miedo a que se tratara de una ejecución hasta que vio el carro policial y constató que eran policías reales.
La familia tenía terror porque unos días antes, hombres vestidos como policías y con tenis habían ejecutado a un joven de la zona, con la diferencia que aquellos iban en motocicleta.
Esa mañana, Aron fue trasladado a la posta policial de Villa Vieja, unos cuatro kilómetros más arriba, le dieron de comer y le decían: «te vas a hacer más famoso que El Chapo».
Luego lo transportaron a otro lugar, le tomaron fotografías y después lo llevan a la cancha para presentarlo a los medios de comunicación como el sospechoso de matar a Richard Ávila.
Mientras todo eso pasaba, su padre vivía una odisea, lo buscaba en diferentes puntos de la ciudad a donde le habían dicho que habían llevado a su hijo, cuando supo que estaba en la cancha de fútbol, volvió a su colonia.
Vio las tropas policiales, las cámaras de televisión, un helicóptero y al ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez.
Se sintió como un padre indefenso enfrentado a una maquinaria de justicia, a un funcionario rodeado de guardaespaldas con botas y armas largas.
“Le dije al ministro que mi hijo era inocente, yo solito frente a aquel hombre rodeado de escoltas y me ignoró”, percibió don Job.
Pero esa mañana, el ministro no distinguía el drama del padre, su atención se centraba en dar los resultados públicos de un crimen que conmovía a la opinión pública.
***
El barrio 18 y el cambio de plazas
Uno de los colegios más grandes de la Kennedy es el estatal España Jesús Millaselva. Un colegio con 49 años de tradición educativa, fundado desde los años 70 y llamado así en honor a un prodigioso maestro hondureño.
La Kennedy es un barrio ordenado con calles y avenidas, bien diseñadas, es como una pequeña ciudad dentro de la capital. Tiene dos de los colegios públicos más grandes de la ciudad, hospitales, tiendas y complejos policiales.
Lleva su nombre en honor al presidente Jhon F. Kennedy cuya estatua está en la entrada. Es una colonia rodeada por Miraflores, Plaza, Llanos, de clase media y La Villanueva, Los Pinos y Las Palmas, sitios de clase baja, con presencia de maras y pandillas.
En 2022, la Keneddy era controlada por el barrio 18. Cuando hubo cambio de gobierno de Honduras, parece que también hubo relevos en esta colonia y desde 2023, la MS-13 empezó a pelear por quedarse con la distribución de drogas.
En la pelea de territorios, la 18 perdió fuerza por la cantidad de ejecuciones y por las capturas que unos meses antes había realizado la DPI.
Entre las capturas que golpearon al barrio 18 está la del supuesto asesino de la diputada liberal, Carolina Echeverrìa Hylock. La diputada optaba a la reelección como congresista de la Mosquitia con el movimiento del ex convicto Yani Rosenthal, enjuiciado en Nueva York.
Según la narración de los hechos, en el escrito de acusación de los sicarios que la asesinaron: “el domingo 25 de julio de 2021, la abogada y exdiputada junto a su esposo estaban en su vivienda de la residencial Lomas del Mayab de la capital, cuando a las 6:30 de la tarde aproximadamente, ingresaron al inmueble personas vestidas con trajes de bioseguridad, luego golpearon la puerta principal de la casa, por lo que ella procedió a abrir”.
«En ese instante, cuatro personas ingresaron al inmueble, entre ellos tres hombres y una mujer, identificándose como personal de CONAPREN Y le consultaron «si en la casa había personas con «COVID-19″. Tras encontrarse en el interior de la vivienda, las cuatro personas sacaron sus armas de fuego, diciendo que era un asalto, por lo que comenzaron a disparar contra la víctima y los demás residentes».
Jony Ramiro Rivera Mejía, alias El Bufalo. Fue detenido el 19 de enero de 2024, mediante orden de captura por el crimen. Recibió detención judicial el 22 de febrero de 2024.
Antes de la captura de El Bufalo, además, fue detenido el 5 de agosto de 2021, Dennis Abel Ordóñez García, capturado en colonia Villanueva y Walter Antonio Matute Raudales, capturado el 23 de septiembre de 2021 en colonia Miraflores y Javier Edgardo Montalván Gonzales, alias «la Pulga».
La pandilla 18 caía y la MS-13 subía en el sector, la violencia también. El microtráfico pasó a control de la Mara Salvatrucha.
Los hechos lo demuestran: atacaban cerca del 18
El 20 de abril de 2023, malhechores atacaron a disparos a dos jóvenes que se encontraban en las canchas de la colonia Kennedy, ubicadas detrás de la posta policial, a un costado del instituto Millaselva.
Dos meses después, el 22 de junio de 2023, Kevin Bardales de 25 años fue atacado y su cadáver quedó tendido dentro de su carro con la puerta abierta en la Colonia Kennedy de Tegucigalpa.
Cinco meses más tarde, el 20 de diciembre de 2023, un presunto pandillero de la 18 y otro detenido en supuesto enfrentamiento con la policía luego de cometer asaltos.
El 20 de junio de 2024, es asesinado el estudiante del Millaselva y el crimen conmueve a la opinión pública.
Ataque un día antes del 13
Los ataques no terminaron con ese crimen porque el 12 de agosto de 2024, hubo tres heridos en un tiroteo en la colonia Kennedy cuando un grupo de hombres armados irrumpió en las canchas de la zona, situadas detrás de la posta policial, y disparó contra un grupo de personas.
El crimen
En este panorama, la tesis de la policía sobre el crimen contra Richard es la misma de siempre: que un joven de la MS-13 mata a un joven de la 18 en un pleito por drogas.
Richard vivía en un territorio controlado por la pandilla 18 y estudiaba en una colonia que pasó a manos de la MS-13.
Pero esa es la narrativa simplista de siempre que reduce el problema a un pleito entre maras y pandillas, en cambio, esta investigación periodística iniciada desde junio de 2024 descubrió algo más profundo y de alto nivel.
A través de un viaje en cuatro colegios de la capital de Honduras y del viaje judicial para conocer pormenores de la muerte de Richard, la observación permitió concluir la conexión entre funcionarios y maras. El asedio de maras y pandillas en los colegios.
La consecuencia de ello es la muerte de jóvenes y el miedo de quienes sobreviven para contarlo, miedo de que si hablan “los van a encontrar con las moscas en la boca”.
El secreto en los pasillos de la justicia, está vinculado a los silencios por miedo en los colegios. Todo oculto bajo el poder de la mara que es capaz de pagar sobornos en el Poder Judicial.
De tal manera que la vida de Richard quedó inmersa en esa maraña de complicidades y la justicia por su muerte también.
La tarde de la muerte
El ambiente en el Millaselva es normal, no hay graffitis, pero los estudiantes cuentan que en el aula donde estudiaba Richard hay placazos en alusión a la mara.
Al recorrer los pasillos del Instituto España Jesús Milla Selva, se pueden apreciar algunas aulas marcadas con símbolos característicos de maras. El Instituto Jesús Milla Selva, cuenta con una matrícula de aproximadamente tres mil estudiantes y al ingresar se observa un vigilante.
Enel Millaselva, algunos de los adolescentes salen del colegio y suelen ir a un sector llamado Killer, a unos 600 metros de distancia del centro educativo. Atraviesan la primera entrada de la Kennedy, una calle donde hay centros de comercio. Caminan por una cancha de baloncesto y por un estacionamiento.

El pasado 20 de junio, después de terminar de trabajar en el acumulativo de Matemáticas, única asignatura que había reprobado, Richard Ávila en compañía de dos amigos abandonaron las instalaciones del Instituto España Jesús Milla Selva.
Al recordar ese 20 de junio, una de las compañeras de Richard, quien prefiere ocultar su identidad, recuerda que estuvieron alegres y cantaron. Usaban uniforme de educación física, pues ese día tenían esa clase. Ambos cursaban el décimo grado de la carrera de Banca y Finanzas.
El profesor, Alex Maradiaga, consejero de esta institución educativa convivió unos meses con el estudiante, en labores académicas, recordó a Richard como un joven alegre, decente, humilde y de buena conducta.
Anael Hernández, director del Instituto España Jesús Milla Selva, relató que ese 20 de junio pasado de la 1:00 pm, después del crimen que acabó con la vida de Richard, los dos jóvenes que le acompañaban, al ver como mataban a su amigo “no les quedó más que volver a meterse aquí”.
El director no tiene ningún tipo de información que vincule a Richard con maras o venta de drogas. Tampoco sabe sobre el reclutamiento de jóvenes estudiantes por parte de maras y pandillas con el objetivo de traficar y/o consumir drogas.
Según la investigación oficial, el colegial sale de su instituto. Va al sector apodado Killer. Un sitio con una agradable estancia con árboles de antaño, como higos que parecen gigantes verdes.
El niño de 14 años va con dos de sus compañeros para distraerse y empiezan a fumar marihuana junto a quien se la distribuye que es controlado por la MS-13.
El vendedor va a cambiarse, regresa unos minutos después. Mientras el joven fuma, lo abraza, le pone la boca del arma en la sien izquierda, desde una posición más alta y dispara. El disparo entra de arriba hacia abajo, desde atrás de la cabeza hacia adelante. La bala le fractura el cráneo, no sale del cuerpo y le provoca laceraciones, una hemorragia cerebral y la muerte, determinaría la Autopsia No. 2024-0801-0401-0794.
Todavía había luz natural y el clima estaba lluvioso esta tarde. Los policías al mando del sub comisario Rolando Castellanos acordonaron la escena del crimen. La escena estaba llena de curiosos, policías, de medios de comunicación.
Los técnicos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) se vistieron con un traje desechable color blanco, guantes de látex y mascarillas tapabocas. Pese a todo, el equipo de procesamiento de la escena del crimen no levanta ni embala ningún indicio para esclarecer el crimen. En el lugar no encuentran ni la marihuana. Para análisis, recolectaron nada más el celular de Richard.
La víctima vestía un suéter y un buso azul, con las letras amarillas del Instituto España (Jesús Millaselva), los tenis eran de color negro y azul, marca Nike.
Las autoridades —amparadas en el Estado de Excepción Parcial que hay en el país desde el 6 de diciembre de 2022— allanan el instituto, en busca de los dos jóvenes que habían estado con la víctima.
Los testigos protegidos identifican al hechor y empiezan a dar evidencias. La fiscalía plantea sus testimonios como Prueba Anticipada para proteger a los testigos y evitar que se pierda la evidencia.
Además, como una segunda prueba anticipada se plantea un reconocimiento en rueda.
No obstante, en el expediente —obtenido vía Ley de Transparencia — el Poder Judicial solo dio copia para hacer constar que la Prueba Anticipada es solo el reconocimiento en rueda.
En el instante que falleció, quizás, como sugieren testimonios de los vecinos, Richard estaba al borde del abismo de vivir en una zona marcada por la trata de jóvenes, obligados a pertenecer a ciertas estructuras por haber nacido en un territorio de la pandilla o de la mara. Las autoridades policiales encontraron indicios de que era simpatizante del barrio 18, según la versión oficial.
La pérdida de una vida no se resuelve con armas. Tampoco se resuelve con armas, el infierno que esa mañana vivía Aron Absavet Flores Garcìa antes de ser acusado de pertenecer a la MS y, según la Fiscalía, eso lo llevó a pararse al lado izquierdo de Richard, pegar la boca del revolver y dispararle.
Esto tampoco se resuelve con un espectáculo en los medios de comunicación. Esto se resuelve con una seria investigación y con justicia.
Otra hipótesis inicial fue que Richard Ávila Nieto había estado siendo presionado por información relacionada con un crimen ocurrido 12 días antes de su muerte. El 8 de junio de 2024, los adolescentes Rosbin Jesús Castro Flores, 18 años, y Cristian Antonio Colindres de 17 años, fueron privados de libertad. Sus cuerpos aparecieron después acribillados al oriente de la capital. La zona está llena de pinares verdes y se llama Los Pinos. Muy cerca está la colonia Montefresco. Si se avanza dos kilómetros para abajo, se llega a la colonia Villanueva. En esta colonia vivía Richard y también Aron.
Esta cadena de crímenes solo demuestra lo fácil e impune que fue acabar con estas vidas y atentar contra sus libertades.
El crimen contra Richard fue tan conmovedor que el director de la Policía Nacional, Juan Manuel Aguilar Godoy, apareció vinculando de manera cruda el caso al narcotráfico.
La investigación criminal
El GPS demuestra el recorrido de quien mató a Richard. De la Kennedy fue hacia la colonia San Miguel a seis kilómetros de distancia. Esa son las coordenadas que mostró el número 87562159. Aron dice que él no portaba su celular porque lo tenía malo y que insertó el chip de su móvil en el de su mamá. El número que usaba el día del crimen, según Aron, “mientras jugaba play en su casa” era el 89551841.
Soborno de la MS en la justicia

Cada operador de justicia que intervino en el caso muestra contradicciones. El Poder Judicial ocultó deliberadamente el Acta de Audiencia Inicial -solicitada Vía Ley de Transparencia. Quizás negaron copia de este documento porque ahí consta el supuesto error que generó la impunidad en la muerte del colegial.
Una de las personas levantó el testimonio como prueba anticipada, pero cuando intentaron escucharlo en audiencia no había grabado nada.
La policía teme que más que un error, haya habido traspiés procesales inducidos por la corrupción que alienta la industria del narcomenudeo o microtráfico.
Tres testimonios off the record culpan al sistema judicial del error para dejar libre a la persona sospechosa y uno de estos testimonios sugiere que hubo un soborno a personal judicial por parte de la MS. En el resumen de audiencia inicial, el único que se pudo obtener porque negaron la transcripción completa, dice sin embargo que sí evacuaron la prueba anticipada. Tal como se muestra en estas imágenes.


El expediente 01368-2024 del Juzgado de Letras Penal de la Sección Judicial de Francisco Morazán contiene la causa en la que la Fiscalía solicita una declaración como prueba anticipada.
En un escrito del 25 de junio, la Fiscalía hizo el siguiente relato: “el jueves 20 de junio de 2024 siendo las 11:30 de la mañana, Richard David Ávila se dirigía por el Instituto Jesús Milla Selva, el cual está ubicado en la colonia Kennedy segunda entrada, el cual vestía un buzo color azul, una chuma color azul…pero en el camino se encontró con unas personas quienes lo invitaron a ir a fumar al sector denominado como Killer, la cual está ubicada siempre en la colonia Kennedy, primera entrada, cerca de las canchas por el estacionamiento de tierra. Al llegar al lugar se encontró que se encontraban otras personas del sexo masculino ya fumando, en ese momento una persona de nombre Aron sacó un arma y le disparó huyendo con rumbo desconocido” (Sic).
Ese primer relato que hizo la fiscalía tiene detalles distintos a la segunda versión, presentada el 28 de junio de 2024 en el requerimiento fiscal: “el jueves 20 de junio de 2024 siendo las 11:30 de la mañana, Richard David Ávila se dirigía por el Instituto Jesús Milla Selva, el cual está ubicado en la colonia Kennedy segunda entrada, el cual vestía un buzo color azul, una chumpa color azul…pero en el camino se encontró con Aron Absavet Florez García quien se hacía acompañar de una personad del sexo masculino y de los Testigos Protegidos J-2007 y J-2008, cuando el imputado le dijo que lo invitaba a ir a fumar marihuana al sector denominado como Killer, la cual está ubicada siempre en la colonia Kennedy, primera entrada, cerca de las canchas por el estacionamiento de tierra. Al llegar al lugar estuvieron unos momentos, el encartado Aron Absavet Florez García se fue a cambiar de ropa y al regresar al lugar donde estaba el ofendido y las otras tres personas, se colocó al lado izquierdo de la víctima, y sorpresivamente sin mediar palabra y aprovechando que el menor estaba distraído sacó un arma de fuego tipo revolver lo colocó en la cabeza del menor y disparó en una ocasión”.
El vaciado telefónico sugiere que después de cometer el crimen, el hechor se fue hacia la San Ángel y de ahí a la colonia San Miguel.
Aron Absavet Flores García es un joven de 24 años, tenía 10 años más que su víctima.

La Fiscalía acusó al supuesto hechor, pero es evidente en la acusación escrita cuya copia está en poder de RI, hubo errores en la prueba anticipada, impuntualidad en la presentación de testigos de prueba anticipada, la DPI tuvo errores técnicos en la presentación del álbum fotográfico, como que no todas las personas de la fotografía llevan el mismo vestuario para el reconocimiento en rueda de la prueba anticipada, tal como consta en el expediente.
Hay un detalle en el álbum de la DPI, la foto de Aron luce con el pelo más corto y con menos años, en la nueva foto del Instituto Nacional Penitenciario (INP), tiene el pelo más grande y parece de más edad.


La policía dice que el Poder Judicial se equivocó en el registro electrónico de la audiencia. En fin, cada actor de la cadena fue aportando detalles que dieron como resultado ineficacia.
Como resultado, el 5 de julio de 2024 al no haber una acusación con suficiente sustento, el Juzgado dejó en libertad provisional al acusado. La Fiscalía tiene cinco años para reabrir la causa.
Y eso no es culpa de este gobierno para quienes juegan a política con su muerte, pero sí de varias generaciones de políticos delincuentes que han generado zonas de trata con cultivo de maras y pandillas que necesitan para sus actos criminales.
De tal forma, que más allá del conmover hecho delictivo hay un alarmante fenómeno que demuestra la necesidad de una intervención interinstitucional en escuelas y colegios públicos.
Las escuelas y colegios se convirtieron en las últimas décadas en semilleros de disputas silenciosas de maras y pandillas coludidas con funcionarios corruptos, metidos en el negocio.
Las conexiones probadas de la MS-13 con los diputados Midence Oquelí Martínez Turcios, Juan Antonio Hernández, el ex presidente Juan Orlando Hernández y el ex director de la Policía Nacional, Juan Carlos Bonilla, dan cuentan de la penetración y poder político de estos grupos criminales. A la 18 le han decomisado armas de alto poder solo usadas por militares.
Y si bien es cierto los índices delictivos ahora son menores que en el pasado, el crimen contra Richard fue un síntoma.
Durante el recorrido por escuelas y colegios, una de las periodistas omitió, cuando no era necesario decirlo, revelar que era periodista y simplemente conversó con personas alrededor de colegios para salvaguardar su seguridad. No le preguntó a cualquier persona porque no se sabe a qué nivel está la infiltración y si hay maestros que puedan estar coludidos así como hay funcionarios.
Una conclusión importante por el recorrido por colegios es que “saben algo pero que no lo van a decir. Hay una verdad que no se quiere contar”.
En el Central Vicente Cáceres, uno de los más grandes de la capital las autoridades creen que de su casa llevan el problema al colegio. “tenemos jóvenes con padres que guardan prisión, que sobreviven a conflictos de consumo de drogas y alcohol, y violencia intrafamiliar”, dijo una maestra.
Al ingresar al Instituto Central Vicente Cáceres, se percibe un ambiente tranquilo, no se observan paredes rayadas, ni mobiliario destruido. Una docente que habló con la condición de anonimato asegura que actualmente no tienen una forma de identificar a jóvenes que pertenezcan o simpaticen con alguna mara, pues no se identifican como tal.
En algunos casos, se dan rumores, pero son alumnos con un bajo perfil y hasta excelencia académica; no se reportan comportamientos de violencia que den lugar a sospechas, tampoco existen reportes de padres de familia.
Todavía en la mente de los docentes sigue vivo el recuerdo de la ejecución de la adolescente Soad Nicolle, ejecutada en el gobierno anterior por la MS luego de cuestionar al presidente “narcotraficante” Juan Orlando Hernández.
Centro de Educación Básica 14 de Julio
El Centro de Educación Básica 14 de Julio, está ubicado en el barrio El Bosque, de la capital hondureña, Tegucigalpa. En este Centro Educativo, según denuncias hay casos en que la MS-13 ha reclutado jóvenes en riesgo.
Una de las personas docentes contó que los alumnos, miembros de maras y pandillas, manejan bajo perfil.
En su experiencia, ha aprendido que cuando los jóvenes son reclutados para la venta de drogas y no dan los resultados esperados, son entrenados para sicariato. También hay mujeres que pertenecen a maras y pandillas en tráfico de drogas y como “banderas” (informantes).
Los vecinos de este sector viven en zozobra, pues aseguran que ciertos miembros de la Policía Nacional ubicada en el sector de El Edén y el Core 7, estarían confabulados con estos grupos delictivos.
Por su parte, la dirigencia magisterial parece no estar interesada en el tema sobre violencia y tráfico de drogas en centros educativos, mucho menos abordar a jóvenes que estén siendo captados por estos grupos, en vista que ninguno de los representantes de colegios magisteriales accedió a esta entrevista.
A partir del viaje en el laberinto judicial iniciamos otro en los colegios porque los pequeños detalles de este caso, solo demuestran cómo se teje la estructura de impunidad alrededor de colegios de la capital de Honduras.
Se visitó el colegio Abelardo R. Fortín porque hubo denuncias de asedio de maras y pandillas, pero en la visita, temieron hablar del tema.
La muerte de Richard forma parte de un rompecabezas de crímenes impunes. Aun así, como no hay acceso a la verdad, no hay justicia para Richard, tampoco para Aron cuyo padre dice que es un inocente acusado de manera injusta y los operadores judiciales, quieren resolverlo ocultando información.
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