El Estado ha tratado de prevenir, proteger a ciertos periodistas, las investigaciones son deficientes y reduccionistas y los responsables de crímenes contra periodistas, están en la impunidad.
Reporteros de Investigación
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Ya cerramos los ojos. Ahora hágalo usted e imagine cien micrófonos y cien sillas vacías en la plaza central de la capital hondureña. Así de grande es la cifra de periodistas que han perdido la vida en Honduras en 25 años, entre 2001 y 2025.
En 2001, la escalada inició con Arístides Soto, pero el caso fue censurado por los medios tradicionales, pues, no lo vincularon directamente a la libertad de expresión sino a una relación sentimental del periodista con la hija de un empresario de los medios de comunicación. La noticia fue secreto a voces, pero toda la prueba fue manipulada hasta hoy y solo dos comunicadores sociales que trabajaban en la corporación donde ocurrió el misterioso crimen, Walter Urbina y Edgardo Zúniga, fueron los únicos arrestados.
De esa forma se abrió la puerta a una escalada de impunidad en los crímenes contra la prensa que habría de conservarse hasta la actualidad con un patrón similar en todos los casos: 1) impunidad de autores intelectuales 2) asesinato de sicarios de periodistas 3) una investigación criminal deficiente sin análisis de contexto y sin un protocolo de investigación de crímenes por libertad de expresión 4) Picos de muerte en las épocas electorales 5) Zonas de silencio mortal cerca de ciudades con operaciones de narcopolíticos.
La segunda vez de censura extrema
En estos 25 años, el año más letal para la prensa fue 2015. Nuestro análisis de datos muestra que ocurrieron 16 casos.
2015, era el segundo año de gobierno de Juan Orlando Hernández y había en el país un reacomodo del crimen organizado por los grupos que el clan Hernández Alvarado fue desplazando para tomar el control. En 2014, el año en que tomó posesión JOH, las muertes sumaron 10.
Un año después del Golpe de Estado de Honduras, en 2010 se alcanzó un pico sin precedentes de 12 asesinatos. Hubo picos concentrados entre 2010–2015.
La primera vez de censura extrema
El 27 de Julio 2010, el Committee to Protect JournalistsRedalyc.org advertía que “desde el primero de marzo hasta mediados de junio, siete periodistas hondureños de radio y televisión fueron asesinados a tiros, un asombroso número de homicidios en un lapso tan corto en un país de 7,5 millones de habitantes. Seis de los asesinatos ocurrieron en un período de apenas siete semanas y la mayoría fueron crímenes ejecutados por sicarios”.
La mortandad impune ha tenido un foco geográfico en la capital hondureña y en el norte, en la denominada capital industrial del país, en San Pedro Sula.
Asesinato y el narcoestado
“Durante la primera administración de Juan Orlando Hernández, el número de periodistas asesinados casi se duplicó respecto a las administraciones anteriores, sin que esto condujera a la agilización de los mecanismos de investigación y procesamiento en el sistema judicial hondureño”, reveló la Revista de Ciencias Sociales de Costa Rica. Este es un artículo de Omar Santiago Herrera, denominado Golpe de estado, prensa escrita y asesinatos de periodistas en Honduras, difundido en 2018.
“En este sentido, los medios de comunicación de mayor divulgación en Honduras desempeñaron y desempeñan un papel fundamental, no solo en la legitimación y la reproducción de la ideología de los sectores dominantes de ese país como se evidenció en el primer apartado de esta investigación, sino en el control de la actividad periodística de ese país, violentando el principio de libertad de información”, reveló este artículo.
En marzo de 2024, cuando Juan Orlando Hernández fue condenado por tráfico de drogas, durante la descripción de cómo operaba el tráfico de drogas y el asesinato desde el Estado, se comprendió el origen de la multiplicación de crímenes contra la prensa.
Cifras de bases de datos de RI
Las bases de datos elaboradas por RI muestran que entre 2001 y 2021 fueron asesinado 86 periodistas, un promedio de cinco periodistas y/o trabajadores de medios por año.
Desde 2022, el país es gobernado por Xiomara Castro, esposa del presidente derrocado en 2009, Manuel Zelaya.
Un síntoma de que el narcoestado no se ha desmontando es que entre 2022 y 2025, 13 periodistas fueron asesinados. El promedio anual bajo a tres por año. Pero persiste la impunidad. De las 99 víctimas, solo una está claramente identificada como parte de la comunidad LGTBIQ+, tres son mujeres y el resto son hombres.
El Estado no investiga con eficacia
El 4 de enero de 2024, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó “enérgicamente el asesinato del periodista Francisco Javier Ramírez Amador”.
La RELE llamó “a las autoridades hondureñas a investigar el caso de forma completa, efectiva e imparcial, a procesar y sancionar a los responsables, y a tomar medidas urgentes para el fortalecimiento de la protección a la prensa en situación de riesgo”.
“De acuerdo con la información disponible, el 21 de diciembre, el comunicador Francisco Javier Ramírez fue asesinado con arma de fuego por parte de sujetos desconocidos, cuando se dirigía a su vivienda, en la ciudad de Danlí, departamento de El Paraíso. El periodista se encontraba en compañía de un agente de policía que le había sido asignado como parte de un esquema de seguridad del Estado. Durante el ataque armado, el policía resultó herido por dos impactos de bala y fue trasladado a un centro de atención médica en Tegucigalpa en donde se encontraría estable”.
Un policía hospitalizado
Fuentes policiales informaron que, a mediados de 2024, el policía seguía interno en el Instituto Hondureño de Seguridad Social.
“Ramírez trabajaba como reportero en el Canal 24 en Danlí, cubriendo temas policiales y judiciales, entre otros asuntos de interés público”.
“La Secretaría de Derechos Humanos de Honduras condenó el asesinato del comunicador, y señaló que el crimen “atenta contra los principios fundamentales de derechos humanos y libertad de expresión”. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) también se pronunció en repudio de los hechos, y exhortó a las autoridades “a realizar una profunda y efectiva investigación para que este crimen no se sume a la larga lista de impunidad que supera el 90% de casos de muerte de personas vinculadas a los medios de comunicación”.
Pese a las pronunciamiento, los crímenes suman y siguen.
“Durante su visita in loco a Honduras en abril de 2023, la Comisión y la Relatoría Especial observaron la persistencia de una problemática estructural de violencia e impunidad de los crímenes contra la prensa. Las y los periodistas denunciaron ante la CIDH y la RELE que realizan su labor en medio de temor y autocensura, y en un contexto de elevado riesgo y desprotección por parte de las autoridades, debido –entre otros aspectos– a la crisis del Mecanismo Nacional de Protección. La situación es particularmente preocupante para comunicadores comunitarios, y quienes cubren asuntos como corrupción, crimen organizado, seguridad ciudadana, migración, conflictos agrarios y mineros”.
El contexto constatado en 2023, por la CIDH, persiste.
El Estado tiene la obligación de prevenir, de proteger y de investigar, juzgar y sancionar a los responsables de crímenes contra periodistas y las investigaciones deben ser abordadas a través de políticas integrales.
Serie
Vea: Investigan asesinatos de periodistas sin visión de libertad de expresión
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