Redacción: Jared Olson | Edición: Wendy Funes
Hubo desilución para los campesinos por la promesas fallidas del gobierno de LIBRE. Mientras los sicarios celebraron el retorno del Partido Nacional.
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación (27/marzo/2026). El nuevo mecanismo de control del movimiento campesino del Bajo Aguán es una gobernanza criminal para ensuciar la lucha social y dividir al movimiento.
Eso mismo pasó a finales de 2022. Empezaron a promover problemas internos dentro de las cooperativas, inducidos por el sistema criminal: ciertos basculeros ofrecían armas para que los campesinos “se protegieran” mientras se iba revelando cada vez más que unos pocos líderes tomaban pagos directamente de los compradores a cambio de que no alzarán la voz.
Otros, en cambio, recurrían a grupos como la Plataforma Agraria para resolver disputas, cuando los centros de acopio, como también se conocen las básculas, no les pagaba a las cooperativas lo suyo, impidiendo su desarrollo.
“Hemos tenido problemas grandes con esto,” dijo un líder campesino quien debió resolver disputas sobre la venta de palma con cooperativas ya ansiosas por estar envueltas en violencia y la lentitud de la Comisión Tripartita. Esto pasó en momentos de peligro cuando cooperativas debatían internamente sobre la venta de la palma, dijo la fuente quien huyó de los Canechos y emigró a Estados Unidos.
Gobernanza e impunidad
Esta investigación periodística descubrió que esta gobernanza es auspiciada por agroindustriales en contubernio con sectores claves del Estado.
La gobernanza criminal no solo tiene que ver con represión directa, según trabajo de campo intensivo que he hecho desde 2019 de forma independiente y en colaboración con medios como RI, Redacción Regional, y Contracorriente.
El sistema trata de absorber grupos campesinos, sus miembros son expuestos a una violencia salvaje mientras el Estado se niega protegerlos.
Hay presiones diversas para que los grupos legales entren al inframundo criminal para que pierdan sus reclamos legítimos de acceso a la tierra y la prometida reforma agraria que hicieron los militares en los setenta.
De esta forma la lucha legal es ensuciada, se arma propaganda, se escandaliza por uno o dos casos, se generaliza y se desprestigia a todo el movimiento.
Estos grupos operaban en la clandestinidad, pero emergen con el gobierno de Xiomara como si alguien los hubiera sacado a propósito. Los grupos se pusieron más activos cuando aumentaban las recuperaciones de tierra por parte de las cooperativas.
Estrategia criminal con nuevo gobierno
Para Yoni Rivas hoy más que nunca hay desalojos extrajudiciales con empresas y operadores no solo en el Aguán, pasa además en la zona Atlántida. Ahí ha habido asesinatos cometidos por estructuras criminales.
Una estrategia de comunicación para mostrar ingobernabilidad es que operaban en silencio y cuando llega Libre, los promocionaron.
Creemos que en el nuevo gobierno va a desaparecer el desplazamiento forzado y habrá crímenes de líderes sociales con hipótesis fabricadas como muerte pasional, acabando con blancos específicos acaban con el movimiento.
Prejuicio de la Policía
Un alto oficial de la Policía, graduado de la maestría en Criminología, que estuvo en esta zona, reduce del problema del Aguán de esta forma: A los campesinos los aprovechan grupos detrás de ellos. Su entorno y poca orientación permite eso.
Con ese prejuicio en mente se implementan políticas públicas.
Lo cierto es que las estructuras criminales, alimentadas con impunidad por políticos-empresas-militares-policías-guardias de seguridad, tienen todas las facilidades para intentar cooptar y manipular.
Son como una hidra de crimen organizado sostenido, en parte, por empresas agroindustriales y funcionarios de fuerzas de seguridad.
Bandas de sicarios paramilitares —los Canechos, los Cachos, los Pechuga, Nueva Generación— tratan de cooptar cooperativas campesinas, deslegitimándolas y quitando sus vínculos con el movimiento campesino mientras desvían las ganancias de la palma a las mismas empresas privadas.
La complejidad del sistema, una pirámide de compradores, o básculas, y plantas extractoras, fábricas industriales que procesan la fruta espinosa al hervirla a un aceite amargo para la venta en el mercado internacional, implica que empresarios pueden lavar sus manos para distanciarse públicamente de la violencia, evitando así controversia internacional con que se mancharon — arriesgando su financiamiento internacional —.
La documentación leída para esta investigación revela, por primera vez, cómo las empresas ante conflictos de DD.HH. y exigencias de entes internacionales que les dan financiamiento encontraron una alternativa en el modelo de empresas intermediarias (basculas), en algunos casos afectadas por la captación de grupos armados.
De esta forma, las Redes criminales garantizan que las transnacionales tengan la palma porque firmaron acuerdos internacionales justo cuando reiniciaron las reubicaciones.
Un ejemplo claro de lo anterior es la represión entre 2009 y 2014, cuando resultaron muertos o desaparecidos más que 150 personas, la mayoría a manos de escuadrones de seguridad privada en colusión con militares.
Los portavoces de empresas extractivistas lamentan la violencia como si fuera algo separado.
Pero años de testimonios del terreno, carpetas de investigación de sicarios, planillas presupuestarias, registros comerciales de empresas de seguridad privada y documentos policiales revelan que la elite terrateniente, incluso las empresas palmeras, forman un apoyo clave para el nuevo sistema represor del crimen.
La violencia directa es el primer paso para un sistema interesado sobre todo en el aseguramiento de palma para empresas privadas.
Tratan de sobornar
Las bandas armadas y sus basculeros, nos cuenta Yoni Rivas, buscan primero “degenerar los principios” de las cooperativas, tratando de sobornar a sus miembros con armas y droga. “Si eso no ocurre, eso es cuando pasan los ataques.”
Los ataques han sido la culminación de un largo proceso de ocupaciones campesinas, violenta reorganización paramilitar, y promesas fallidas del gobierno de LIBRE.
Desde 2020 y 2021, golpeado por la desesperación de los huracanes Eta y Iota y la pandemia, una nueva ola de ocupaciones se llevó a cabo mientras miles de campesinos ocuparon fincas anteriormente bajo control de empresas agroindustriales como Corporación Dinant.
Cuando Xiomara Castro llegó a la Presidencia, siete cooperativas se sumaron a la lucha legal en el marco de una “Comisión Tripartita,” anunciada en julio de 2022 con el propósito de resolver las disputas sobre los títulos de tierra (empresas como Dinant nunca han publicado sus supuestos títulos a las fincas en el Aguán) e investigar abusos de derechos humanos en la zona.
El saldo de la Comisión, obstaculizado por una falta de voluntad política y acompañada por una explosión de violencia, resultó decepcionante: poco más que el reconocimiento de personalidad jurídica de cooperativas en los últimos días de Xiomara
Sicarios celebraron gobierno del Partido Nacional
Castro, cuando sicarios abiertamente celebraban la declaratoria como presidente de Nasry Asfura. Ocurrida semanas después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, indultara al expresidente traficante de drogas, Juan Orlando Hernández.
Pero había señales de que se fortalecía un nuevo sistema criminal, advertencias de una represión creciente, en 2022.
Ya se empezaron a escuchar del fortalecimiento de nuevos grupos: los Cachos en Quebrada de Arena, los Canechos en Los Leones, los Pechuga en Sonaguera.
EMPRESA PRIVADA
Modelo anterior (1990-2015)
Empresas → Plantas productoras → Campesinos (control directo)
Nuevo sistema (2010-Actual)
Empresas → Planta extractora → Básculas → Campesinos
Red de protección / cooptación:
Militares – Policías – Sicarios – Fiscales – Gobernadores – Jueces
↓
Control político / institucional
↓
Población sin protección
Militares-políticos y las basculas
El Coronel Elías Melgar, designado Viceministro de Defensa, en el gobierno anterior, hasta diciembre de 2023 y luego denunciado por nosotros y otros medios como el operador de una empresa de seguridad privada vinculado a decenas de asesinatos, se reunía con jefes de seguridad privada en Trujillo; a lo largo de los próximos meses se reportaba un aumento en interacciones entre operadores de seguridad privada y supuestas bandas sicariales, particularmente entre Eldin Echeverria Martinez, el jefe de seguridad privada para Dinant, y los Cachos en Quebrada de Arena.
Los sicarios de los Cachos, asesinos y narcomenudistas desde los 2000 y 2010, según diferentes testimonios, empezaron a patrullar por la aldea con nuevas armas automáticas.
Las primeras víctimas en el nuevo entorno no fueron campesinos organizados. Fueron jóvenes no identificados, pobres y delgados, tirados con sus manos atadas a la par de la carretera junto con cartulinas firmados por autoproclamado “escuadrón de limpieza” o “escuadrón de la muerte,” cuyos mensajes que expresaban hartazgo con “delincuentes” y luego con “campesinos invasores”. (No existen cifras exactas, pero según canales locales de Telegram, que seguí, había por lo menos unas decenas entre abril y diciembre de 2022).
Propaganda con cadáveres
Mirando atrás 4 años después, tres fuentes que consultamos vieron esta primera ola de asesinatos como una campaña de terror que servirá como una amenaza a los campesinos, quienes veían los cuerpos ejecutados cerca de sus cooperativas, y que criminalizar a defensores de tierra organizados como parte de la misma categoría que supuestos delincuentes comunes.
La ola de asesinatos de defensores empezó poco después de que se lanzará el estado de excepción, en diciembre de 2022.
No fue un accidente, la misma fuente explicó, que el primer miembro asesinado, Mauricio Esquivel, a quienes los socios se acuerdan como un buen hombre, padre, y campesino dedicado, se peleaba con el alcoholismo y fue ejecutado afuera de una cantina en Quebrada de Arena: sirvió como un blanco fácil para aterrorizar, y criminalizar, sus compañeros.
Luego los asesinatos se ampliaron, “fue una forma de hacernos saber que nadie estaba seguro.”
A lo largo de cuatro años más de 40 defensores de tierra, agua, o derechos humanos serían asesinados o desaparecidos, incluso líderes de alto nivel como Juan López .
Corrupción, la esencia
La corrupción tiraba leña a la fogata de violencia. Mientras los Cachos asesinaban campesinos de Tranvío, la abogada Karen Elencoff, la defensora privada de Ramón Lobo en un caso de corrupción y hermana del diputado liberal Ricardo Elencoff, miembro de una familia vinculada a la corrupción y la elite terrateniente, saco el sicario jefe de los Cachos, Juan Carlos Lizama, de la cárcel.
Durante el mismo periodo el exalcalde Adán Funez, aliado de empresas extractivistas en la zona y viejo amigo de Mel Zelaya, desviaba fondos públicos de la municipalidad de Tocoa a una mujer presuntamente relacionada con los Cachos y el crimen organizado en Quebrada de Arena.
Y el sistema de básculas, el inframundo criminal que armaba grupos criminales y trataba de manchar grupos campesinos mientras desviaba la palma a empresas agroindustriales, seguía creciendo sin mayores obstáculos.
La desaparición de Abel
Abel López Perdomo trató, en vano, de resistir este sistema. Como reporté en 2024 y 2025, el campesino de Remolinos, una cooperativa en la Margen Izquierda que recuperaba tierras de Inversiones Ceibeñas, fue desaparecido el 30 de enero de 2024, días después de que fue designado como el representante que traerá una libreta minuciosa con anotaciones sobre las toneladas exactas de frutas que llevaba una volqueta cuando se fueron a la báscula para asegurar que le pagaron el precio correcto.
Su auditoría no le cayó bien, y cuando iban en camino esa mañana lluviosa fue bajado de la volqueta por 4 hombres armados con AK-47. Nunca apareció de nuevo. Más tarde un compañero de la misma cooperativa, quien emigró a Estados Unidos después de que le amenazara directamente el mismo Nelson Castellanos cuando también trataba de expresar preocupación sobre una báscula vinculado a los Canechos, dijo que, debido a las circunstancias semejantes a su persecución, es probable que alguien interno lo traicionó y que hay una alta probabilidad de que quienes lo desaparecieron fueron los Canechos.
Para muchos en el movimiento campesino, el ecosistema de compradores estaba tan confuso que hasta los que participaban directamente en la compra y venta de la palma no sabían adonde se iba su cosecha. “Al principio vimos los basculeros y pensamos que eran autónomos,” nos contó Yoni Rivas en Tocoa en marzo pasado.
Sicarios
Basculeros que trabajan con el Canecho “hablaron de que trabajaron con las empresas” y abiertamente se vanagloriaban del hecho de que se contaban con sicarios a su disposición por si hay “problemas.”
Un residente, con conocimiento de estructuras criminales en una aldea a Quebrada de Arena, la cuna del grupo armado los Cachos, explicó que los basculeros tienen una cercanía profesional íntima con grupos sicariales en la zona. “Puede llamar a los Cachos si tiene un problema,” explicó.
“Uno podría decir que hasta va bien para las empresas, a pesar de que los campesinos tienen sus tierras,” dijo una fuente quien ha vivido en la zona por décadas. “Ahora pueden sacar la fruta sin preocuparse de nada más.”
Dos actividades económicas de los grupos criminales de la palma siguen creciendo mientras perseguían opositores a empresas agroindustriales: la venta de droga y armas, los dos cuales también servían como una forma de atraer más personas a sus redes.
Un miembro del movimiento campesino, triste, me explicó cómo había sido que su hijo de 19 años, acabó como parte de la estructura criminal de los Cachos antes de ser asesinado por ellos mismos.
“Le gustaba divertirse,” dijo, explicando que fue atraído por la tentación de armas y drogas. Varias fuentes aseguraron que son los narcomenudistas predominantes de cocaína, marihuana, y crack entre Tocoa y Bonito Oriental y que usan la finca Camarones, arrebatada a los campesinos desde diciembre de 2024, para el trasiego de cocaína sudamericana, una economía en que los líderes sicariales de dicho han participado desde hace décadas.
Reporteros de Investigación tuvo acceso a un chat de WhatsApp en el que un operador de los Cachos ofrece varios tipos de rifles de asalto y ametralladoras a un joven residente de la Margen Derecha de la zona. Nos enseñaron imágenes de un fusil tipo AR-15 y otro tipo FAL y nos mostraron audios en que el vendedor le invita a vender las armas a más personas, lo que el residente interpretó como una forma de cultivar relaciones ilícitas con más personas de la zona que luego le puede servir a la estructura criminal y su poder de obligar que gente trabajen con ellos.
“Las autoridades saben de todo esto,” dijo un residente de Quebrada de Arena.
Muchas autoridades no solo están pasivas sino cómplices en la comercialización de la palma que nutre, directa e indirectamente, la criminalidad en la zona.
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