Investigación y Redacción: Melissa Hernández |
Diseño de Investigación y Edición: Wendy Funes Imágenes: César Fuentes
Honduras | Reporteros de Investigación. Las redes de tráfico de personas operan con protección, permisos y paso territorial independientemente del cambio de gobierno. Las estructuras de funcionarios coludidos con el tráfico de migrantes simplemente se reconfiguran. Para la realización de este trabajo; desde marzo de 2026, el equipo hizo un recorrido por las rutas típicas de los migrantes desde Choluteca, Tegucigalpa a Santa Bárbara y de esas ciudades a San Pedro Sula. Hablamos con diversas fuentes desde los territorios, rastreamos documentos, hicimos observación participante a durante la noche en la terminal de buses de San Pedro Sula. Toda la travesía fue para documentar el nombre de funcionarios involucrados con redes de tráfico de migrantes. Descubrimos un exdiputado Liberal condenado por tráfico de migrantes, su hijo exalcalde Liberal prófugo por tráfico de drogas, también señalado por participar en redes de tráfico de migrantes; en Santa Bárbara, el exalcalde de la APH de San Marcos fue condenado por asesinatos y es mencionado por supuesto tráfico de drogas y de migrantes. En uno de los testimonios se mencionó a un alcalde de Santa Cruz de Yojoa. Hay denuncias además contra el actual alcalde del Partido Nacional de Protección. En sus lugares se les conoce como «coyotes«.
Descubrimos que las investigaciones se enfocan únicamente en la policía y que hay líderes políticos impunes y más bien favorecidos por la injerencia de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, contribuyendo así a la migración irregular hacia Estados Unidos. Las caravanas son frecuentes y hacen ruido en temporada electoral, pero todos los días, los coyotes llevan gente de Honduras y del continente. Salen en silencio por este país de América Central. Las entrevistas demostraron una vez más desde la investigación en territorio: miliitarismo, tráfico de drogas, movilidad humana, violencia, despojo territorial, desigualdad de género e impunidad son un circuito que posibilita las operaciones del crimen organizado.
Los departamentos por donde entran los inmigrantes extranjeros son Choluteca y El Paraíso. Salen por Copán, Santa Bárbara y Ocotepeque. Pueden pasar por Tegucigalpa o San Pedro Sula para emigrar de Honduras. Los migrantes hondureños salen de toda Honduras. Esto encontramos en el recorrido: a) Las investigaciones judiciales se concentran en funcionarios policiales, no en autoridades políticas pues no hubo procesos judiciales contra las actuales autoridades nacionales o municipales por este delito. b) La evidencia documental identifica capturas y condenas de policías vinculados a redes de tráfico de migrantes, principalmente en las operaciones Mesoamérica II (2018) y Chakal (2020).
Dos policías de Fronteras fueron capturados en la operación Mesoamérica II el 15 de mayo de 2018: Nelson Ordóñez García y Norlin Vásquez Suazo como miembros activos de la Policía de Fronteras y seis funcionarios policiales vinculados a la operación Chakal del 26 de noviembre de 2020: Edwin Euceda Barahona, Hugo Ramón Posas Andino, Federico Leonardo Logan López, Juan Alberto Morazán Suárez y Diandra María de Zelaya. Días después, el MP informó la detención judicial del comisario Juan Leonardo Romero García, el sexto policía capturado dentro del mismo caso. Esta investigación es parte de una nueva etapa de la serie Mercado Humano, comenzada desde el año 2022 con el apoyo del Consorcio CAPIR.
CRÓNICA | Lo que se mueve en la sombra de la Gran Terminal de San Pedro Sula
San Pedro Sula, 3 de octubre. 9:00 p.m. Llegamos a la Gran Terminal de Buses. Afuera el ruido de una tormenta mecía las palmeras entre bocinazos y olor a diesel. Desde la entrada, se veían la soledad a esa hora de la noche, parecía que ya nos estaban esperando.
Unos diez hombres parados en fila, como cazadores. No ofrecen boletos. Uno se nos acercó rápido. Hombre de unos 50 años, piel blanca, estatura media, gorra gastada. Sin rodeos:
—«¿Transporte para Guatemala,Guate, Guate?».
Dijimos que no con la cabeza y seguimos caminando. Unos pasos adelante, un bus acababa de llegar. Se bajaron varios pasajeros. Entre ellos, cinco jóvenes de aspecto africano, con mochilas pequeñas, mirando para todos lados, desorientados. Nadie los esperaba. Dos de los hombres de la entrada se acercaron a ellos.
Me regresé. Busqué al mismo hombre de 50 años que me había ofrecido el viaje al inicio. Le dije que sí, que quería información sobre el viaje hacia Guatemala.
Sin perder tiempo, me trasladó con otro. Él era más joven, tenía unos 30 años, estatura media, piel blanca, aspecto desarreglado, camisa afuera, visiblemente ansioso, sudando, mirando el celular cada 10 segundos.
El joven nos llevó a una «oficina». Si se le puede llamar oficina. Un cubículo improvisado al fondo de la terminal. El piso estaba sucio, había mal olor. Personas de aspecto desaliñado esperando sentados. El próximo bus salía a las 11:00 de la noche.
“Salimos a las 11 de la noche. 1,400 lempiras por persona», dijo rápido, preparando para vender los boletos.
Le preguntamos: —¿Se puede llevar menores de edad? ¿Se necesita poder notarial del padre o de la madre?
Su respuesta fue fácil, rápida y desconcertante, como si lo repitiera todos los días:
—“El permiso se compra allá, traigan al menor y en la frontera nos venden el permiso».
—¿Y cuánto cuesta?
Evadió la respuesta y la mirada : —“Por eso no se preocupen, eso es allá».
Ningún papel. Nada de firma de un juez, ninguna autorización legal. Solo llevar al niño y ellos se encargan de «venderle» el documento en la frontera. La fórmula perfecta para el tráfico de menores. De acuerdo con las leyes nacionales, los menores de 21 años solo pueden salir del país con un acta notarial que dé fe que sale del país con autorización de sus padres.
Miramos alrededor. El lugar tenía varias colchonetas enrolladas en una esquina, como si ahí durmiera gente. Sillas plásticas amontonadas una encima de otra y unos 25 pasajeros esperando, sentados en sillas de metal frías, de esas mismas que usan en los hospitales públicos. Caras de cansancio, de miedo, de gente que huye. Muchos con niños.
No había seguridad. Solo un cuaderno manchado.
Salimos de ahí. A las 11 de la noche, ese bus sale lleno, con adultos, con menores sin papeles, con poderes falsos comprados en la frontera, rumbo a Guatemala. Y todo pasa frente a todos desde la Gran Terminal de San Pedro Sula. Ante la mirada de todos y la vigilancia de nadie. A la hora que llegamos las tiendas de ropa y comida ya estaban cerradas solo algunas terminales se veían abiertas.
Mientras escribo esto, un niño puede estar cruzando la frontera con un poder que le vendieron por unos lempiras.
Hay madres y padres viajando amparados en las regulaciones del CA-4 (Convenio Centroamericano de Libre Movilidad), que permiten a cualquier hondureño, viajar solo con su documento de identificación nacional y llegar hasta la frontera entre Guatemala y México.
Esta es una crónica documentada el 3 de octubre. Se resguarda la identidad de la empresa de transporte por seguridad.
Cuando llegó al poder con el Partido Alianza Patriótica (APH) —liderado por el militar que comandó el golpe de Estado de 2009, Romeo Vásquez — el alcalde San Marcos Santa Bárbara, tenía solo una propiedad, en Sitio Viejo y la zona se llenó de bandas de hombres armados al mismo tiempo que Pedro Armando Aguilar, tomaba el poder con violencia.
Era el año 2022. El exalcalde Héctor Darío Borjas (2010-2022) fue declarado como regidor, pero decía que Pedro Armando Aguilar tomó el poder por las malas, con una ola de terror, entonces no asumió la regiduría. Eso le molestó al alcalde de la APH.
Al exalcalde del Partido Liberal, Héctor Darío Borjas, lo asesinaron el viernes 5 de marzo de 2023.
Cuando lo asesinaron, era un líder favorito en la zona, el principal opositor, si bien no denunciaba que fue víctima de fraude; pero al no asumir la regiduría, al no presentarse, no convalidaba los actos electorales. También existía la posibilidad que en la próxima elección, Héctor repuntara de nuevo.
“Uno tenía ganas hasta de irse. Empezaron a matar gente. Mataban gente y los grupos que estaban ahí, trataban de amenazar, intimidar, amedrentar”, platicaron dos habitantes. Al que le escuchaban una expresión contra el alcalde era enemigo, enemigo seguro, que incluso podía costarle la vida también.
Después de llegar el nuevo partido al poder, siguieron sucediendo muertes violentas. En una ferretería mataron a una pareja. Se había creado un equipo de inteligencia. El pueblo se llenó de orejas. Es decir de espías.
Luego mataron a una mujer que trabajaba con ellos mismos en la alcaldía, a dos mujeres, a un hombre.
La gente en el pueblo teme que aun en prisión, elexcalde mantiene intacta su estructura en la zona y todavía hay miedo.
Desde el equipo de RI pudimos entrar, pero como visitas sin identificarnos.
Hace como dos semanas asesinaron a una señora. La gente no vincula al exalcalde, pero la estructura de él sigue fija. Él cayó preso (Pedro), quedó el vicealcalde. Luego tuvo diferencias con el vicealcalde y apareció como alcalde por ley, un regidor.
Muerte de mujeres
Antes de convertirse en alcalde, mató a la suegra y a dos cuñados. Llegó a traer a su mujer a la casa de su mamá.
La gente cuenta que la mamá le dijo que su hija no estaba en la casa.
—¿Cómo que no? —, replicó el alcalde.
La mamá le respondió y entonces le disparó, salió una hija y un hijo y también los mató.
A pesar de eso, de manera sorpresiva, en 2021 aparece como candidato. No lo detuvieron, hasta 2025.
Esa noche en San Francisco, ya de noche, la policía llevaba la caravana de los vehículos que tenía.
Llevaba gente para el norte
Además de eso —cuentan en San Marcos — “Se metió en la cuestión de llevar gente para para el norte”. Se dice que cobraba hasta 14,000 dólares por persona.
Empezó yendo a Estados Unidos, así conoció la ruta luego él mismo llevaba a la gente.
Siendo alcalde ya no se le miraba directamente llevando gente, pero de ser un niño pobre que llegaba a la escuela con los mismos tenis blancos desteñidos, un niño inquieto en los primeros años de escuela y de vivir con limitaciones, se convirtió en un transportista. Dueño de una flota de taxis VIP, camionetas de lujo y propiedades.
Su casa siguió siendo una casa sencilla. Adquirió propiedades. Antes de ser apodado coyote, la gente no recuerda si lo vio en carro, pero luego se convirtió en transportista. Montó un Servicio VIP San Marcos. No tenía competencia. Le tenían miedo. Tampoco podían ni castigarlo.
Alguna vez se le habrá visto presumiendo de su nuevo estatus, caminaba «así como los colombianos» con una mariconera, una especie de cartapacio. Por ese tiempo, anunció que se lanzaba como candidato, pero gobernaría con jóvenes.
«Eso es así ya no me la quita nadie”, decía, “Con la juventud vamos a hacer el trabajo y eso es un hecho”.
Después que lo detuvieron, por ejemplo, el presidente del Patronato de Tejeras dijo en una ocasión, «Voy a hablar con el alcalde para ver qué dice, qué decisión tomamos”. En ese ambiente de terror en las elecciones de 2025 no se podía levantar la voz o contradecirle. Porque había miedo.
Luego de su captura, el MP señaló que en la Operación Tormenta aseguró 46 bienes de origen ilícito a exalcalde de San Marcos, Santa Bárbara, Pedro Aguilar, encarcelado por cuádruple asesinato.
El MP precisó, a través de un boletín, que el «18 septiembre, 2023, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) adscritas a la Regional Norte, ejecutan la Operación Tormenta, mediante la cual se practican 15 allanamientos de morada y se formalizan acciones de privación de dominio sobre 46 bienes de origen ilícito vinculados a la banda delictiva de “Pedrito o Pelón”, cuyo líder se presume era el exalcalde de San Marcos, Santa Bárbara, Pedro Armando Aguilar Orellana».
Políticos y la MS-13
«Agentes contra el crimen organizado de la ATIC han identificado 27 bienes muebles e inmuebles, 17 vehículos y dos sociedades mercantiles, todo ese patrimonio, de acuerdo a la investigación, adquirido en un periodo de dos años (2020-2022) derivado de actividades ilícitas relacionadas al tráfico de drogas, tráfico de personas y de asesinatos (sicariato); y con fuertes nexos con socios de los hermanos Rivera Maradiaga y de la Mara Salvatrucha MS-13».
«Los aseguramientos promovidos por el Ministerio Público tienen su origen en investigaciones a raíz de los allanamientos ejecutados en fecha 28 de noviembre de 2022 en San Marcos, donde se le dio captura al exalcalde acusado por asociación para delinquir y cuatro asesinatos en perjuicio de María del Carmen Castellanos Fernández, Kevin Ariel Ruíz Ramírez, Guadalupe Milla Claros y Oscar Humberto Ramírez Altamirano.
Fue así que se identificó que Pedro Armando Aguilar Orellana y su núcleo familiar adquirieron diversas propiedades incrementando su perfil económico en poco tiempo, propio de sus movimientos delictivos, sin poder justificar el origen lícito de todas sus posesiones.
En el desarrollo de esta operación se pretenden ejecutar capturas de supuestos miembros de esta banda criminal vinculados a los asesinatos por los cuales esta privado de libertad el exalcalde conocido con el alias de “El Patrón” y cuya acusación fue promovida por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), considerado partícipe directo y de dirigir actividades de sicariato y quien proveía armas, municiones y vehículos para cometer los crímenes.
Como se recordará en el allanamiento a la vivienda de Aguilar Orellana se le decomisó la suma de L.718,952.00, ocho vehículos, tres armas con sus respectivos proyectiles, dos motocicletas y una cuatrimoto». El axalcalde fue condenado a 85 años de prisión.
Coyote
La Fiscalía informó que la condena obtenida contra alias Pedrito, Pelón, Piter, Coyote, Patrón declarado culpable de ocasionarle la muerte a Kevin Ariel Ruiz Ramírez, Guadalupe Milla Claros y Oscar Humberto Ramírez Altamirano, también fue por asociación para delinquir en su condición de directivo. Se le condenó con más 34 medios probatorios.
«El ex alcalde fue electo en el año 2021 y de acuerdo a la investigación de agentes de Delitos contra la Vida de la ATIC se le vincula como líder de una organización criminal denominada banda de «Pedrito o Pelón», igualmente dirigía actividades de sicariato y proveía armas, municiones y vehículos para cometer los asesinatos».
Honduras, Reporteros de Investigación. La banda de hombres armados, acusados de vínculos con el tráfico de personas, fue favorecida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando apareció en un vídeo en cada celular, y en las pantallas de la televisión, para pedir a los hondureños, votar por el Partido Nacional.
La banda de hombres armados, ligados a la pandilla 18 y al tráfico de personas, llegó en camionetas de doble tracción tres días antes de las elecciones.
La banda de hombres armados sumergió en el miedo a la población de Protección, Santa Bárbara. Mientras tanto, a los celulares de familiares de emigrantes, caían mensajitos para advertirles que solo debían votar por el Partido Nacional.
Protección, un municipio situado al occidente del departamento de Santa Bárbara, es un lugar con aldeas cada vez más despobladas por la cantidad de emigrantes que van hacia Estados Unidos. Está situado, cerca de San Nicolás, Nueva Arcadia y de La Entrada, Copán, en la frontera con Guatemala.
La banda que ha venido ejerciendo control territorial en la zona tiene nexos con células criminales de San Pedro Sula, al norte de Honduras. Cuenta en su estructura, con políticos de Santa Bárbara, lavadores de activos y con el amparo de bandas del narcotráfico que operan desde Tocoa, Colón hasta Chalmeca, Nueva Arcadia, en Copán.
El día de las elecciones generales, la banda no solo llegó armada, trasladó votantes del departamento de Choluteca —al sur de Honduras— y de otros municipios de Santa Bárbara para elegir en Protección.
La banda de hombres armados había llegado a la zona cada vez que hubo momentos de conflicto social o de tensión política.
***
Por eso, la gente tenía miedo cuando vio que los hombres armados volvieron para las elecciones generales. Los delegados del CNE trabajaron en un ambiente de intimidación.
El domingo de las elecciones, a eso de las 8:00 de la noche cierran 14 centros de votación sin ningún problema. Declaran como ganador al alcalde de Libre, José Antonio Guillén Rivera.
Pero en tres centros de votación de Nuevos Horizontes empieza una disputa desde las 11:00 de la noche hasta la 1 de la mañana.
Esa misma noche llamaron al 911 para reportar amenazas contra el alcalde Guillén. Las denuncias cayeron por vía telefónica al 911 en la gestión de la abogada Miroslava Cerpas y fueron escuchadas por el equipo de Reporteros de Investigación.
En la madrugada, trasladan los resultados de los tres centros de votación en disputa a donde estaban los 14 centros restantes ya contados. Dos o tres personas intentan hacer conteo y firmar las actas para que la ley prevalezca.
El centro es rodeado al menos por 500 personas que decían ¡cuidadito, cuidadito! ¡hijos de puta!; otros no decían nada, pero tenían armas visibles y había mucha presión por la cantidad de personas alrededor.
La policía y los militares tenían un alto nivel de colusión con estas anomalías y se les denunció por su parcialismo con el candidato a alcalde Orbin Miranda Santos cuya hacienda solían visitar, de acuerdo con los testimonios recogidos en la zona.
Además de la disputa interna que había por la tensión del voto, a la 1:00 la gente de Libre, liberales y del CNE abandonan la sede, las urnas quedan abiertas, sin sellos, sin comparación entre el biométrico y el cuadernillo. Sacan a la gente del CNE custodiada porque creían que les iban a hacer algo.
Mientras la multitud con hombres armados celebra con algarabía, tiros al aire, cohetes, luces artificiales y declaran ganador al Partido Nacional, aunque realmente la mayoría de votos beneficiaba al alcalde de ese momento.
Desde esa noche hasta el 28 de enero no se sabe quién gana. Hay tensión, amenazas y las urnas no son retornadas al pueblo sino hasta casi dos meses más tarde.
Antes de esa noche
Muchos de estas familias recibieron mensajes en su celular donde les decían que, si votaban por el candidato del Partido Liberal o por Libre, sus familiares iban a ser deportados. Y tuvieron miedo. Sus familiares habían salido con ayuda de un político del Partido Nacional que a cambio les pidió dinero o propiedades.
Este es un municipio cuyo diagnóstico más reciente data de hace 14 años: Diagnóstico Socioeconómico de Protección, Santa Bárbara, de 2012.
En aquel entonces había 14272 habitantes y el 8.6% de los hogares recibían remesas del exterior. El número de familias con personas emigradas fue (13.39%), es decir, unas dos mil personas.
Entre 2018 y 2025 se estima que entre dos mil y tres mil personas más emigraron, pero no hay datos o estudios que lo confirmen
Un exdirigente del Partido Nacional en Protección, Santa Bárbara, quien solicitó reservar su identidad por temor a represalias, señaló que gracias a la intervención de Trump salió electo Orbin Miranda Santos a pesar de su presunta implicación en el traslado de personas, sin documentos legales, hacia Estados Unidos.
Es la segunda fuente que lo confirmó en menos de un año no solo porque toda la gente repite esto en el pueblo sino porque sostienen que tienen información directa y confirmada.
Se envió un correo al alcalde de Protección para solicitar una entrevista con él. Al momento del cierre de la edición, se sigue a la espera de su respuesta.
Si se revisa la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) aparece como alcalde electo José Antonio Guillén Rivera, pero el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) le dio el poder a Miranda Santos.
Al preguntar por Miranda Santos en Protección, Santa Bárbara, sus opositores y otros que prefieren ya no seguir más en política señalan a Miranda Santos como un hombre que vivió en Estados Unidos.
Hace 12 o 15 años se fue mojado. Conoció la ruta de los indocumentados. Luego retornó al país, vivió en Ocotepeque y finalmente volvió a Protección, cuando volvió conocía la ruta migratoria y estableció nexos que le garantizan protección.
A Miranda Santos lo recuerdan como una persona enérgica que jugaba fútbol. Es amable, educado, humilde, campechano y con estudios básicos.
Sin informe de Política Limpia y Delitos electorales
En 2021, Miranda Santos apareció en el registro número 173, dentro de la lista de candidatos que no habían presentado su informe financiero de ingresos y egresos al momento del corte ante la Unidad de Política Limpia.
En 2022, fue acusado por delito electoral.
El MP informó que fiscales “contra delitos electorales recibieron denuncia por escrito del Secretario General del Consejo Nacional Electoral, (CNE) abogado, Alejandro Martínez Quezada en el sentido que, se habría usado, además falsificado y usado sellos de su despacho para la elaboración y presentación de dos oficios que fueron presentados, uno ante el alcalde electo del municipio de San Luis, Santa Bárbara, señor Ronmel Rivera notificándole que “Por Resolución del Tribunal de Justicia Electoral se había revertido el resultado electoral y por consecuente la credencial entregada al alcalde electo sería revocada”.
El segundo oficio fue presentado ante el señor Ángel Paz, Gobernador Departamental de Santa Bárbara en el sentido que “se juramente como alcalde del municipio de San Luis, Santa Bárbara al señor Orbin Miranda Santos del Partido Nacional de Honduras”.
Los oficios, según la denuncia interpuesta y según lo afirma el propio Secretario del CNE “Se trata de documentos falsos y la firma de esos documentos no fue autorizada por mi persona” señala el contenido del oficio No SGCNE-42-2022”.
Orbin era originalmente una persona de recursos limitados. No se le conoce fortuna. No pertenece a una de las familias poderosa del municipio.
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Drama humano: Tres emigrantes murieron
Los cuerpos de los tres amigos retornaron dentro de ataúdes.
—Dikson Aron Córdova, Edin Josué Umaña y Jesús Adony Alvarado—aparecían en la primera lista de 38 fallecidos, de distintos países, publicada por El Universal de México.
Habían salido juntos hacia Estados Unidos, se despidieron de sus familias en Protección, Santa Bárbara.
Perdieron la vida durante el incendio la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrido el 27 de marzo de 2023.
Después del incendio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que “organizaciones expresaron preocupación debido a que, según video difundido en redes sociales, los guardias de la empresa de seguridad privada Grupo de Seguridad Privada CAMSA, S.A de C.V. a cargo no habrían prestado auxilio luego de iniciado el incendio”.
“También, enfatizaron que estos hechos se enmarcan en un contexto generalizado de violaciones a derechos humanos dentro de estaciones migratorias, el temor a la deportación, hacinamiento e insalubridad”, señaló la CIDH.
Las sospechas, provenientes desde Protección son que quizás los atacó un grupo criminal rival al de los coyotes que los llevaban.
Su aldea está a siete kilómetros de la alcaldía de Protección.
En este municipio desde donde emigraron los tres jóvenes opera la banda de narcotraficantes conocidos como los Monge. Cobran hasta 15.000 dólares por cada persona que llevan “mojada” hacia Estados Unidos.
La banda tiene protección política y recibe terrenos y propiedades como garantía de las deudas.
Se estima que entre 2018 y 2025 habrán llevado de mil a dos mil personas indocumentadas hacia Estados Unidos.
Los interesados llegan directamente a la vivienda de políticos de la zona y desde allí son llevados por la ruta migratoria.
La banda dedicada al tráfico de personas y de droga opera desde inicios de la década, en colusión con la pandilla 18 y con el Cartel del Golfo, contó un exintegrante del Partido Nacional que habita en la zona.
Desde que inició la nueva gestión hay más muertes en el municipio, indicó la fuente. Sepol reportó entre enero de 2026 y el 16 de octubre, tres homicidios, un suicidio, una muerte por suspensión y una muerte indeterminada. En 2025, en el mismo periodo hubo dos homicidios.
Esta banda es opuesta a una estructura seguidora del exalcalde del Partido Nacional de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón (Chande Ardón).
Esta estructura seguía operando mientras el alcalde estaba extraditado. En Nueva York, el narcotraficante Ardón cumplió de 2019 a 2025, una condena por tráfico de drogas y retornó deportado en 2026.
El sistema de justicia hondureño lo declaró inocente el 24 de agosto de 2026.
De manera reciente, Monge y una estructura que estaba ligada a Chande Ardón tuvieron problema por un supuesto cargamento de cocaína en Playona, El Paraíso, Copán.
La Playona está situada en la zona fronteriza con Guatemala.
En la zona hay también un coyote del partido Libertad y Refundación, pero el mayor poder político y nexos con el crimen organizado que trafica con humanos lo tiene el Partido Nacional.
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Corrupción
La primera vez que esta banda de hombre armados vino al municipio fue en la década pasada cuando había una crisis por señalamientos de supuesta corrupción en la gestión de terrenos y de un área verde, llamada La Loma, que la alcaldía quería recuperar.
Al mismo tiempo había amenazas a líderes comunitarios y en este momento han salido de la zona líderes políticos con amenazas a muerte.
En el Acta Municipal 8-2022 de febrero de 2022, el regidor Orbin Miranda Santos, ahora alcalde declarado, empezó a faltar sin excusa a las sesiones municipales mientras la municipalidad intentaba decidir sobre el dominio pleno de tierras.
En estas reuniones de febrero empezaron a emerger conflictos, relacionados con propiedades municipales, terrenos en el barrio El Edén y señalamientos sobre deficiencias en los controles internos de la administración anterior.
Solo un mes después, atentaron a mano armada contra el alcalde (2022-2026) José Antonio Guillén. Hubo cinco heridos, incluido el alcalde y murió el director de la Unidad Municipal Ambiental, Josué Vega.
En julio de 2022, el Acta 20-2022 reveló que el jefe de Catastro reportó sospechas de irregularidades en el registro de propiedades municipales, además se ponía en duda la legitimidad de las actas de la corporación municipal anterior que gobernó de 2018 a 2022, liderada por el Partido Nacional.
El Acta 20-2022 establece que le recomendaron a la Secretaría Municipal que se debe procurar siempre que las actas de Corporación Municipal no presenten ningún tipo de cambio o agregado que haga dudar de la legitimidad de su contenido, es permitido hacer cierto tipo de correcciones a las actas, pero estas deben de hacerse antes de su firma por la Corporación Municipal.
En la misma sesión se pidió “generar un inventario del orden en que se han generado las actas conforme a los folios y analizar los folios que se encuentran en blanco para evitar se siga incluyendo en ellos contenido de actas que pueden generar dudas en cuanto a su legitimidad”.
En la misma acta se lee un informe del Tribunal Superior de Cuentas para dar a conocer una serie de aparentes irregularidades por la venta de terrenos municipales a personas particulares y porque la municipalidad estaba escriturando terrenos que eran propiedad privada.
Entre los terrenos con inconsistencias dice esta acta está el Rastro Municipal, según la escritura cuenta con un área de 729 metros. Al ir a realizar la remedida se verificó que solo cuenta con 223 metros.
2.º La (Loma), escritura de la Montañita, la adobera y predio Municipal en barrio el Edén, todas estas escrituras fueron entregadas en solares Municipales por la Corporación Municipal anterior.
3.º Solar para parque infantil, cuenta con 725.00 metros y está en litigio legal con el Sr. Aníbal Perdomo, la anterior Corporación Municipal le dio el trámite correspondiente según consta en puntos de acta.
4.º Escritura de fuente de agua el Borbollón, se verificó que la anterior Corporación Municipal realizó una escritura de dicha propiedad del naciente de agua sin percatarse que hay un tercero como dueño de dicho terreno, el Sr. Lucas Herrera, según consta en Título de propiedad otorgado por el Instituto Nacional Agrario (INA).
5.º Escritura de terreno denominado el Tamagás, según la escritura cuenta con 4.44 hectáreas pero al momento de realizar la remedida se verificó que solo mide 0.61 hectáreas, por lo que se cree que al momento de realizar la escritura incluyeron propiedad privada.
El conflicto por los terrenos no se ha detenido, la nueva gestión municipal, liderada por Orbin Miranda Santos informó en agosto de 2026 que hay inconsistencias en el registro de propiedades.
El máximo líder del partido de gobierno en el departamento de Santa Bárbara es Mario Pérez y en Protección, el alcalde Orbin Miranda.
Cuando llegó al poder con el Partido Alianza Patriótica (APH) —liderado por el militar que comandó el golpe de Estado de 2009, Romeo Vásquez — el alcalde San Marcos Santa Bárbara, tenía solo una propiedad, en Sitio Viejo.
Desde que asumió el poder, la zona se llenó de bandas armadas al mismo tiempo que Pedro Armando Aguilar, tomaba el poder con violencia. Era el año 2022.
En 2022, el exalcalde Héctor Darío Borjas (2010-2022) fue declarado como regidor, pero decía que Pedro Armando Aguilar tomó el poder por las malas, con una ola de terror, entonces no asumió la regiduría.
Eso le molestó al alcalde de la APH.
Al exalcalde del Partido Liberal, Héctor Darío Borjas, lo asesinaron el viernes 5 de marzo de 2023.
Cuando lo asesinaron era el principal líder, el favorito de la zona y se convirtió en el principal opositor, el contexto del crimen es que si bien no denunciaba que fue víctima de fraude tampoco asumió la regiduría. Había esa molestia en el ambiente político de que porqué él no se presenta en protesta. Al no presentarse, no convalidaba los actos electorales. También existía esa posibilidad que en la próxima elección Héctor repuntara de nuevo.
“Uno tenía ganas hasta de irse. Empezaron a matar gente. Mataban gente y los grupos que estaban ahí, trataban de amenazar, intimidar, amedrentar”, platicaron dos habitantes.
Al que al que al que le escuchaban una expresión contra el alcalde era enemigo, enemigo seguro, que incluso podía costarle la vida también.
Después de llegar al poder siguieron sucediendo no solo el crimen de Héctor, sino otros crímenes. En una ferretería mataron a una pareja. Con solo una expresión la gente se convertía en víctima a matar.
Se había creado un equipo de inteligencia. El pueblo se llenó de orejas. Es decir de espías.
Luego mataron a una mujer que trabajaba con ellos mismos en la alcaldía, a dos mujeres, a un hombre.
La gente en el pueblo teme que aun en prisión, elexcalde mantiene intacta su estructura en la zona y todavía hay miedo.
Desde el equipo de RI pudimos entrar, pero como visitas sin identificarnos.
Hace como dos semanas asesinaron a una señora. La gente no vincula al exalcalde, pero la estructura de él sigue fija. “Porque él se fue preso, aquí él mandaba”.
Cuando él cayó preso (Pedro), quedó el vicealcalde. Pero tuvo diferencias con el vicealcalde, lo mandó a quitar y colocó a su discrecionalidad a un regidor.
Femicidio
Antes de convertirse en alcalde, mató a la suegra y a dos cuñados. Llegó a traer a su mujer a la casa de su mamá.
La gente cuenta que la mamá le dijo que su hija no estaba en la casa.
—¿Cómo que no? —, replicó el alcalde.
La mamá le respondió y entonces le disparó, salió una hija y un hijo y también los mató.
A pesar de eso, de manera sorpresiva, en 2021 aparece como candidato. No lo detuvieron, hasta 2025.
Esa noche en San Francisco, ya de noche, la policía llevaba la caravana de los vehículos que tenía.
Llevaba gente para el norte
Además de eso —cuentan en San Marcos — “Se metió en la cuestión de llevar gente para para el norte”. Se dice que cobraba hasta 14,000 dólares por persona.
Empezó yendo a Estados Unidos, así conoció la ruta luego él mismo llevaba a la gente.
Siendo alcalde ya no se le miraba directamente, pero de ser un niño pobre que llegaba a la escuela con los mismos tenis blancos desteñidos, un niño inquieto en los primeros años de escuela y de vivir con limitaciones, se convirtió en un transportista. Dueño de una flota de taxis VIP, camionetas de lujo y propiedades.
Su casa siguió siendo una casa sencilla. Adquirió un solar en barrio Santa Rosa. Antes de ser coyote, la gente no recuerda si lo vio en carro, pero luego se convirtió en transportista. Montó un Servicio VIP San Marcos. No tenía competencia. Le tenían miedo. Tampoco podían ni castigarlo.
Alguna vez se le habrá visto presumiendo de su nuevo estatus, caminaba así como los colombianos con una mariconera, una especie de cartapacio. Por ese tiempo, anunció que se lanzaba como candidato, pero gobernaría con jóvenes.
«Eso es así ya no me la quita nadie”, decía.
“Con la juventud vamos a hacer el trabajo y eso es un hecho”.
Después que lo detuvieron, por ejemplo, el presidente del Patronato de Tejeras dijo en una ocasión, «Voy a hablar con el alcalde para ver qué dice, qué decisión tomamos”. Ya Pedro estaba preso y todavía encarcelado él era el que mandaba.
En ese ambiente de terror en las elecciones de 2025 no se podía levantar la voz o contradecirle. Porque le tenía miedo, porque sabía lo que decían. El clima era de preocupación y hubo tres homicidios, entre noviembre y diciembre de 2025, según las cifras de SEPOL.
Luego de su captura, el MP señaló que en la Operación Tormenta aseguró 46 bienes de origen ilícito a exalcalde de San Marcos, Santa Bárbara, Pedro Aguilar, encarcelado por cuádruple asesinato.
El MP precisó, a través de un boletín, que el «18 septiembre, 2023, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) adscritas a la Regional Norte, ejecutan la Operación Tormenta, mediante la cual se practican 15 allanamientos de morada y se formalizan acciones de privación de dominio sobre 46 bienes de origen ilícito vinculados a la banda delictiva de “Pedrito o Pelón”, cuyo líder se presume era el exalcalde de San Marcos, Santa Bárbara, Pedro Armando Aguilar Orellana».
Políticos y la MS-13
«Agentes contra el crimen organizado de la ATIC han identificado 27 bienes muebles e inmuebles, 17 vehículos y dos sociedades mercantiles, todo ese patrimonio, de acuerdo a la investigación, adquirido en un periodo de dos años (2020-2022) derivado de actividades ilícitas relacionadas al tráfico de drogas, tráfico de personas y de asesinatos (sicariato); y con fuertes nexos con socios de los hermanos Rivera Maradiaga y de la Mara Salvatrucha MS-13».
«Los aseguramientos promovidos por el Ministerio Público tienen su origen en investigaciones a raíz de los allanamientos ejecutados en fecha 28 de noviembre de 2022 en San Marcos, donde se le dio captura al exalcalde acusado por asociación para delinquir y cuatro asesinatos en perjuicio de María del Carmen Castellanos Fernández, Kevin Ariel Ruíz Ramírez, Guadalupe Milla Claros y Oscar Humberto Ramírez Altamirano.
Fue así que se identificó que Pedro Armando Aguilar Orellana y su núcleo familiar adquirieron diversas propiedades incrementando su perfil económico en poco tiempo, propio de sus movimientos delictivos, sin poder justificar el origen lícito de todas sus posesiones.
En el desarrollo de esta operación se pretenden ejecutar capturas de supuestos miembros de esta banda criminal vinculados a los asesinatos por los cuales esta privado de libertad el exalcalde conocido con el alias de “El Patrón” y cuya acusación fue promovida por la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), considerado partícipe directo y de dirigir actividades de sicariato y quien proveía armas, municiones y vehículos para cometer los crímenes.
Como se recordará en el allanamiento a la vivienda de Aguilar Orellana se le decomisó la suma de L.718,952.00, ocho vehículos, tres armas con sus respectivos proyectiles, dos motocicletas y una cuatrimoto». El axalcalde fue condenado a 85 años de prisión.
Una banda de hombres armados
Honduras, Reporteros de Investigación. La banda de hombres armados, acusados de vínculos con el tráfico de personas, fue favorecida por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, cuando apareció en un vídeo en cada celular, y en las pantallas de la televisión, para pedir a los hondureños, votar por el Partido Nacional.
La banda de hombres armados, ligados a la pandilla 18 y al tráfico de personas, llegó en camionetas de doble tracción tres días antes de las elecciones.
La banda de hombres armados sumergió en el miedo a la población de Protección, Santa Bárbara. Mientras tanto, a los celulares de familiares de emigrantes, caían mensajitos para advertirles que solo debían votar por el Partido Nacional.
Protección, un municipio situado al occidente del departamento de Santa Bárbara, es un lugar con aldeas cada vez más despobladas por la cantidad de emigrantes que van hacia Estados Unidos. Está situado, cerca de San Nicolás, Nueva Arcadia y de La Entrada, Copán, en la frontera con Guatemala.
La banda que ha venido ejerciendo control territorial en la zona tiene nexos con células criminales de San Pedro Sula, al norte de Honduras. Cuenta en su estructura, con políticos de Santa Bárbara, lavadores de activos y con el amparo de bandas del narcotráfico que operan desde Tocoa, Colón hasta Chalmeca, Nueva Arcadia, en Copán.
El día de las elecciones generales, la banda no solo llegó armada, trasladó votantes del departamento de Choluteca —al sur de Honduras— y de otros municipios de Santa Bárbara para elegir en Protección.
La banda de hombres armados había llegado a la zona cada vez que hubo momentos de conflicto social o de tensión política.
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Por eso, la gente tenía miedo cuando vio que los hombres armados volvieron para las elecciones generales. Los delegados del CNE trabajaron en un ambiente de intimidación.
El domingo de las elecciones, a eso de las 8:00 de la noche cierran 14 centros de votación sin ningún problema. Declaran como ganador al alcalde de Libre, José Antonio Guillén Rivera.
Pero en tres centros de votación de Nuevos Horizontes empieza una disputa desde las 11:00 de la noche hasta la 1 de la mañana.
Esa misma noche llamaron al 911 para reportar amenazas contra el alcalde Guillén. Las denuncias cayeron por vía telefónica al 911 en la gestión de la abogada Miroslava Cerpas y fueron escuchadas por el equipo de Reporteros de Investigación.
En la madrugada, trasladan los resultados de los tres centros de votación en disputa a donde estaban los 14 centros restantes ya contados. Dos o tres personas intentan hacer conteo y firmar las actas para que la ley prevalezca.
El centro es rodeado al menos por 500 personas que decían ¡cuidadito, cuidadito! ¡hijos de puta!; otros no decían nada, pero tenían armas visibles y había mucha presión por la cantidad de personas alrededor.
La policía y los militares tenían un alto nivel de colusión con estas anomalías y se les denunció por su parcialismo con el candidato a alcalde Orbin Miranda Santos cuya hacienda solían visitar, de acuerdo con los testimonios recogidos en la zona.
Además de la disputa interna que había por la tensión del voto, a la 1:00 la gente de Libre y del CNE abandonan la sede, las urnas quedan abiertas, sin sellos, sin comparación entre el biométrico y el cuadernillo. Sacan a la gente del CNE custodiada porque creían que les iban a hacer algo.
Mientras la multitud con hombres armados celebra con algarabía, tiros al aire, cohetes, luces artificiales y declaran ganador al Partido Nacional, aunque realmente la mayoría de votos beneficiaba al alcalde de ese momento.
Desde esa noche hasta el 28 de enero no se sabe quién gana. Hay tensión, amenazas y las urnas no son retornadas al pueblo sino hasta casi dos meses más tarde.
Antes de esa noche
Muchos de estas familias recibieron mensajes en su celular donde les decían que, si votaban por el candidato del Partido Liberal o por Libre, sus familiares iban a ser deportados. Y tuvieron miedo. Sus familiares habían salido con ayuda de un político del Partido Nacional que a cambio les pidió dinero o propiedades.
Este es un municipio cuyo diagnóstico más reciente data de hace 14 años: Diagnóstico Socioeconómico de Protección, Santa Bárbara, de 2012.
En aquel entonces había 14272 habitantes y el 8.6% de los hogares recibían remesas del exterior. El número de familias con personas emigradas fue (13.39%), es decir, unas dos mil personas.
Entre 2018 y 2025 se estima que entre dos mil y tres mil personas más emigraron, pero no hay datos o estudios que lo confirmen
Un exdirigente del Partido Nacional en Protección, Santa Bárbara, quien solicitó reservar su identidad por temor a represalias, señaló que gracias a la intervención de Trump salió electo Orbin Miranda Santos a pesar de su presunta implicación en el traslado de personas, sin documentos legales, hacia Estados Unidos.
Es la segunda fuente que lo confirmó en menos de un año no solo porque toda la gente repite esto en el pueblo sino porque sostienen que tienen información directa y confirmada.
Se envió un correo al alcalde de Protección para solicitar una entrevista con él. Al momento del cierre de la edición, se sigue a la espera de su respuesta.
Si se revisa la declaratoria del Consejo Nacional Electoral (CNE) aparece como alcalde electo José Antonio Guillén Rivera, pero el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) le dio el poder a Miranda Santos.
Al preguntar por Miranda Santos en Protección, Santa Bárbara, sus opositores y otros que prefieren ya no seguir más en política señalan a Miranda Santos como un hombre que vivió en Estados Unidos.
Hace 12 o 15 años se fue mojado. Conoció la ruta de los indocumentados. Luego retornó al país, vivió en Ocotepeque y finalmente volvió a Protección, cuando volvió conocía la ruta migratoria y estableció nexos que le garantizan protección.
A Miranda Santos lo recuerdan como una persona enérgica que jugaba fútbol. Es amable, educado, humilde, campechano y con estudios básicos.
Sin informe de Política Limpia y Delitos electorales
En 2021, Miranda Santos apareció en el registro número 173, dentro de la lista de candidatos que no habían presentado su informe financiero de ingresos y egresos al momento del corte ante la Unidad de Política Limpia.
En 2022, fue acusado por delito electoral.
El MP informó que fiscales “contra delitos electorales recibieron denuncia por escrito del Secretario General del Consejo Nacional Electoral, (CNE) abogado, Alejandro Martínez Quezada en el sentido que, se habría usado, además falsificado y usado sellos de su despacho para la elaboración y presentación de dos oficios que fueron presentados, uno ante el alcalde electo del municipio de San Luis, Santa Bárbara, señor Ronmel Rivera notificándole que “Por Resolución del Tribunal de Justicia Electoral se había revertido el resultado electoral y por consecuente la credencial entregada al alcalde electo sería revocada”.
El segundo oficio fue presentado ante el señor Ángel Paz, Gobernador Departamental de Santa Bárbara en el sentido que “se juramente como alcalde del municipio de San Luis, Santa Bárbara al señor Orbin Miranda Santos del Partido Nacional de Honduras”.
Los oficios, según la denuncia interpuesta y según lo afirma el propio Secretario del CNE “Se trata de documentos falsos y la firma de esos documentos no fue autorizada por mi persona” señala el contenido del oficio No SGCNE-42-2022”.
Orbin era originalmente una persona de recursos limitados. No se le conoce fortuna. No pertenece a una de las familias poderosa del municipio.
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Drama humano: Tres emigrantes murieron
Los cuerpos de los tres amigos retornaron dentro de ataúdes.
—Dikson Aron Córdova, Edin Josué Umaña y Jesús Adony Alvarado—aparecían en la primera lista de 38 fallecidos, de distintos países, publicada por El Universal de México.
Habían salido juntos hacia Estados Unidos, se despidieron de sus familias en Protección, Santa Bárbara.
Perdieron la vida durante el incendio la Estancia Provisional de Ciudad Juárez, Chihuahua, ocurrido el 27 de marzo de 2023.
Después del incendio, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló que “organizaciones expresaron preocupación debido a que, según video difundido en redes sociales, los guardias de la empresa de seguridad privada Grupo de Seguridad Privada CAMSA, S.A de C.V. a cargo no habrían prestado auxilio luego de iniciado el incendio”.
“También, enfatizaron que estos hechos se enmarcan en un contexto generalizado de violaciones a derechos humanos dentro de estaciones migratorias, el temor a la deportación, hacinamiento e insalubridad”, señaló la CIDH.
Las sospechas, provenientes desde Protección son que quizás los atacó un grupo criminal rival al de los coyotes que los llevaban.
Su aldea está a siete kilómetros de la alcaldía de Protección.
En este municipio desde donde emigraron los tres jóvenes opera la banda de narcotraficantes conocidos como los Monge. Cobran hasta 15.000 dólares por cada persona que llevan “mojada” hacia Estados Unidos.
La banda tiene protección política y recibe terrenos y propiedades como garantía de las deudas.
Se estima que entre 2018 y 2025 habrán llevado de mil a dos mil personas indocumentadas hacia Estados Unidos.
Los interesados llegan directamente a la vivienda de políticos de la zona y desde allí son llevados por la ruta migratoria.
La banda dedicada al tráfico de personas y de droga opera desde inicios de la década, en colusión con la pandilla 18 y con el Cartel del Golfo, contó un exintegrante del Partido Nacional que habita en la zona.
Desde que inició la nueva gestión hay más muertes en el municipio, indicó la fuente. Sepol reportó entre enero de 2026 y el 16 de octubre, tres homicidios, un suicidio, una muerte por suspensión y una muerte indeterminada. En 2025, en el mismo periodo hubo dos homicidios.
Esta banda es opuesta a una estructura seguidora del exalcalde del Partido Nacional de El Paraíso, Copán, Alexander Ardón (Chande Ardón).
Esta estructura seguía operando mientras el alcalde estaba extraditado. En Nueva York, el narcotraficante Ardón cumplió de 2019 a 2025, una condena por tráfico de drogas y retornó deportado en 2026.
El sistema de justicia hondureño lo declaró inocente el 24 de agosto de 2026.
De manera reciente, Monge y una estructura que estaba ligada a Chande Ardón tuvieron problema por un supuesto cargamento de cocaína en Playona, El Paraíso, Copán.
La Playona está situada en la zona fronteriza con Guatemala.
En la zona hay también un coyote del partido Libertad y Refundación, pero el mayor poder político y nexos con el crimen organizado que trafica con humanos lo tiene el Partido Nacional.
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Corrupción
La primera vez que esta banda de hombre armados vino al municipio fue en la década pasada cuando había una crisis por señalamientos de supuesta corrupción en la gestión de terrenos y de un área verde, llamada La Loma, que la alcaldía quería recuperar.
Al mismo tiempo había amenazas a líderes comunitarios y en este momento han salido de la zona líderes políticos con amenazas a muerte.
En el Acta Municipal 8-2022 de febrero de 2022, el regidor Orbin Miranda Santos, ahora alcalde declarado, empezó a faltar sin excusa a las sesiones municipales mientras la municipalidad intentaba decidir sobre el dominio pleno de tierras.
En estas reuniones de febrero empezaron a emerger conflictos, relacionados con propiedades municipales, terrenos en el barrio El Edén y señalamientos sobre deficiencias en los controles internos de la administración anterior.
Solo un mes después, atentaron a mano armada contra el alcalde (2022-2026) José Antonio Guillén. Hubo cinco heridos, incluido el alcalde y murió el director de la Unidad Municipal Ambiental, Josué Vega.
En julio de 2022, el Acta 20-2022 reveló que el jefe de Catastro reportó sospechas de irregularidades en el registro de propiedades municipales, además se ponía en duda la legitimidad de las actas de la corporación municipal anterior que gobernó de 2018 a 2022, liderada por el Partido Nacional.
El Acta 20-2022 establece que le recomendaron a la Secretaría Municipal que se debe procurar siempre que las actas de Corporación Municipal no presenten ningún tipo de cambio o agregado que haga dudar de la legitimidad de su contenido, es permitido hacer cierto tipo de correcciones a las actas, pero estas deben de hacerse antes de su firma por la Corporación Municipal.
En la misma sesión se pidió “generar un inventario del orden en que se han generado las actas conforme a los folios y analizar los folios que se encuentran en blanco para evitar se siga incluyendo en ellos contenido de actas que pueden generar dudas en cuanto a su legitimidad”.
En la misma acta se lee un informe del Tribunal Superior de Cuentas para dar a conocer una serie de aparentes irregularidades por la venta de terrenos municipales a personas particulares y porque la municipalidad estaba escriturando terrenos que eran propiedad privada.
Entre los terrenos con inconsistencias dice esta acta está el Rastro Municipal, según la escritura cuenta con un área de 729 metros. Al ir a realizar la remedida se verificó que solo cuenta con 223 metros.
2.º La (Loma), escritura de la Montañita, la adobera y predio Municipal en barrio el Edén, todas estas escrituras fueron entregadas en solares Municipales por la Corporación Municipal anterior.
3.º Solar para parque infantil, cuenta con 725.00 metros y está en litigio legal con el Sr. Aníbal Perdomo, la anterior Corporación Municipal le dio el trámite correspondiente según consta en puntos de acta.
4.º Escritura de fuente de agua el Borbollón, se verificó que la anterior Corporación Municipal realizó una escritura de dicha propiedad del naciente de agua sin percatarse que hay un tercero como dueño de dicho terreno, el Sr. Lucas Herrera, según consta en Título de propiedad otorgado por el Instituto Nacional Agrario (INA).
5.º Escritura de terreno denominado el Tamagás, según la escritura cuenta con 4.44 hectáreas pero al momento de realizar la remedida se verificó que solo mide 0.61 hectáreas, por lo que se cree que al momento de realizar la escritura incluyeron propiedad privada.
El conflicto por los terrenos no se ha detenido, la nueva gestión municipal, liderada por Orbin Miranda Santos informó en agosto de 2026 que hay inconsistencias en el registro de propiedades.
El máximo líder del partido de gobierno en el departamento de Santa Bárbara es Mario Pérez y en Protección, el alcalde Orbin Miranda.
Contexto en Santa Bárbara
Hubo años en que el paso diario de migrantes en Santa Bárbara era arriba de 500 a 1000 personas, después de la pandemia hubo una nueva hola registrada por organismos de socorro como la Comisión de Acción Social Metropolitana de Santa Bárbara, debían atender de 500 y 700 personas cada día. Entre 2024 y 2025, la incidencia disminuyó.
No obstante, Santa Bárbara es un departamento con conflictos por los proyectos productivos y extractivistas, hay conflictos por la propiedad del territorio y por el agua, las y los defensores ambientalistas señalan a la Azucarera Chumbagua como una empresa con fuerte control territorial en el Valle de Quimistán, al punto de que habitantes deben reportarse para ingresar a determinadas comunidades.
En una sola medida de protección, el Movimiento Ambientalista Santabarbarense tiene 18 personas bajo amparo del Mecanismo de Protección de personas defensoras. Las mujeres acá sufren distintos tipos de violencias física, doméstica, política, no solo son víctimas de tráfico humanos sino de redes de trata y hay jóvenes desaparecidas.
La cara más visible de la trata es la explotación sexual, pero los tratantes son invisible. Santa Bárbara es, al mismo tiempo, un territorio de tránsito, expulsión y de retorno migratorio y hay comunidades, sobre todo en Colinas Santa Bárbara, cuya vida se transformó porque cada diez familias solo en una quedó un padre de familia, el resto se fue hacia el norte.
La dinastía Castillo: del Congreso al tráfico de migrantes
En El Triunfo nadie habla fuerte del tema, pero todos lo saben. Es un pueblo fronterizo con Nicaragua, donde todo el mundo conoce a todo el mundo. Y donde el apellido Castillo pesa, y pesa mucho.
Su caída fue internacional. Fue capturado en Estados Unidos acusado por tráfico de migrantes. La noticia corrió como pólvora en la frontera.
Luego, salió en libertad. Y regresó a Honduras como si nada. Realizó un acto religioso y juró ser hombre nuevo. De nuevo al pueblo, a la finca, a la política.
Pero la historia no terminó ahí. Porque dicen que «hijo de tigre, sale pintado”.
Sus hijos siguieron el mismo guion:
Cristian Castillo, exalcalde liberal de El Triunfo. El heredero. Hoy, prófugo de la justicia. Acusado y con señalamientos por supuesta vinculación a crimen organizado y tráfico de personas. En el pueblo dicen que cruza y desaparece por los puntos ciegos que él mismo conoce mejor que nadie.
Y es que El Triunfo es la puerta perfecta. Por aquí ingresan migrantes de manera legal por la aduana de El Guasaule, con sello y todo. Pero a 500 metros de la aduana, están los puntos ciegos. Caminos de tierra, fincas sin cerco, quebradas secas. Por ahí entran de noche haitianos, venezolanos, africanos, cubanos. Cajas humanas que pagan $2,000, $3,000 por cruzar.
En El Triunfo todos saben quién cobra el peaje. Quién tiene la camioneta. Quién avisa cuando la Policía no está.
“ Aquí el migrante es negocio. El que tiene carro es coyote y el que tiene poder es el jefe de los coyotes», asegura una vendedora de ropa.
El caso Castillo no es solo un caso policial. Es el reflejo de cómo la política fronteriza se convirtió en empresa criminal. De diputado a coyote. De alcalde a prófugo.
Leoncio Castillo perdió la vida al estrellarse en su vehículo .
Mientras tanto, por El Guasaule y por los puntos ciegos, siguen entrando migrantes. Todos los días.
Y el pueblo, callado. Porque en la frontera, el que habla, no dura.
El exalcalde de El Triunfo
«Me dijo: te pongo en Estados Unidos o te devuelvo el dinero»
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Yessenia Corrales tiene 42 años. Un día agarró a sus dos niñas, una maleta y emprendió el camino que miles de hondureñas conocen: rumbo a Estados Unidos.
La ruta la llevó a México. Ahí, dice, conoció a una familia que le recomendó a su coyote. No fue inmediato. Primero, relata Yessenia, tuvo que dialogar durante tres días con el intermediario.
Ella cuenta que así trabajan: no se dejan ver la cara, cambian de ubicación y de número de teléfono con frecuencia. Todo es en sombra.
Después de 3 días, por fin logró hablar con el hombre que, según su testimonio, es el coyote: Sergio Ramírez.
Negociaron. El trato, siempre según su relato: 28 mil dólares para cruzarla al otro lado de la frontera. 18 mil por ella y el resto por las niñas. Él, cuenta Yessenia, le dio su palabra: «Te pongo en Estados Unidos o te devuelvo el dinero».
Lo que siguió, dice, fue el infierno.
«Estuve varios días encerrada en una casa, como secuestrada», cuenta Yessenia con voz entrecortada. «Comía una vez al día, huevo con salchicha y tortilla».
Y si reclamabas, el castigo era peor. Si le reclamabas al intermediario, a la persona encargada de llevarlos, este te reportaba con el coyote. Y entonces, según su testimonio, venían las llamadas, los insultos y las amenazas.
Yessenia también señala en su testimonio que, según lo que le dijeron, Sergio Ramírez residiría en Estados Unidos y sería primo de uno de los alcaldes que ha tenido Santa Cruz de Yojoa. Una afirmación que se recoge aquí como parte de su relato y que no ha sido verificada de forma independiente.
El dinero se depositaba en partes a través de una aplicación que se llama Kacha, no deja rastro, todo se hace por medio de intermediarios.
Yessenia es una de tantas madres hondureñas que pagaron no solo con dinero, sino con miedo, hambre y encierro, el sueño americano.
Hoy su voz rompe el silencio para que otras mujeres no caigan. Este es un testimonio recogido en el departamento de Choluteca al sur de Honduras. Yessenia fue deportada despues de pasar más de un año tras las rejas.
Disminución del flujo en 2026
Diseñado con equipo de RI
Los principales hallazgos evidencian cambios importantes en comparación con los registros históricos. En los municipios fronterizos así como en otros municipios del departamento, las autoridades locales manifestaron que actualmente la migración internacional ha disminuido en relación con años anteriores, atribuyendo este comportamiento a factores económicos, al fortalecimiento de controles migratorios y a cambios en las rutas utilizadas por la población migrante.
El flujo migratorio ha disminuido y las dinámicas del tráfico han cambiado. Las fuentes consultadas coinciden en que durante 2026 se ha registrado una reducción del tránsito de migrantes, atribuida principalmente al endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos y a cambios en las rutas utilizadas por las redes de tráfico.
En contraste con el contexto histórico documentado, la información obtenida durante el trabajo de campo refleja un cambio importante en la dinámica migratoria. Las fuentes consultadas en Ocotepeque, Danlí, Trojes y otros puntos fronterizos coinciden en señalar una disminución significativa del flujo migratorio durante 2026, fenómeno atribuido principalmente al endurecimiento de las políticas migratorias de Estados Unidos, la reducción de personas migrantes procedentes de Venezuela y la modificación de las rutas utilizadas por las redes de tráfico. Algunas fuentes incluso manifestaron que personas anteriormente vinculadas al traslado irregular de migrantes habrían abandonado esa actividad debido a la reducción de la demanda.
Persisten factores estructurales
No obstante, persisten condiciones estructurales como la falta de oportunidades de empleo, la pobreza, erosión de la democracia, conflictos por territorios, violencia y los efectos de eventos climáticos que continúan siendo factores que incentivan la migración.
Como parte del proceso de caracterización del municipio de Protección, Santa Bárbara, además de las entrevistas realizadas con actores locales, se revisó información secundaria proveniente de investigaciones periodísticas, reportes y otras fuentes documentales con el fin de comprender el contexto territorial y los posibles factores asociados a la migración y al tráfico ilícito de personas. En este sentido, el reportaje de investigación «»Una banda armada, militares y hasta ‘coyotes’ sometieron a votantes en Protección, Santa Bárbara»», publicado por Reporteros de Investigación, documenta denuncias relacionadas con hechos de violencia e intimidación ocurridos durante el proceso electoral de 2025. El reportaje también hace referencia a señalamientos sobre la presunta participación de personas vinculadas al tráfico ilícito de migrantes («»coyotes»») y posibles vínculos con actores políticos y estructuras de poder local. No obstante, el propio trabajo periodístico presenta estos hechos como denuncias e hipótesis investigativas y no como responsabilidades judicialmente establecidas.
La revisión de esta fuente permitió identificar que el municipio ha sido mencionado en investigaciones periodísticas debido a factores de conflictividad política, control territorial y posibles estructuras económicas ilícitas, elementos que constituyen un contexto de riesgo que merece seguimiento por parte de las instituciones competentes. Sin embargo, durante el monitoreo de campo realizado para el presente estudio, no fue posible obtener evidencia documental, institucional o testimonial suficiente que confirmara la existencia de acciones desarrolladas por las actuales autoridades municipales orientadas específicamente a la prevención o combate del tráfico ilícito de personas.
La revisión preliminar de la información documental y periodística evidencia que Honduras continúa siendo un territorio estratégico para las dinámicas de migración irregular y tráfico ilícito de migrantes, debido a su ubicación geográfica como país de tránsito hacia Norteamérica. Los hallazgos recopilados muestran que los departamentos fronterizos de Ocotepeque, El Paraíso (Danlí y Trojes) y Choluteca han sido identificados de manera recurrente como corredores utilizados por redes dedicadas al tráfico de migrantes, situación documentada por investigaciones periodísticas, organismos internacionales y actuaciones del Ministerio Público.
De igual forma, la revisión de investigaciones periodísticas revela la existencia de denuncias y señalamientos sobre posibles vínculos entre estructuras de tráfico de migrantes, actores políticos locales y grupos con capacidad de control territorial. Un ejemplo de ello es el reportaje sobre el municipio de Protección, Santa Bárbara, que describe un contexto de violencia política y menciona la participación de personas identificadas como «»coyotes»». estas publicaciones presentan los hechos como hechos periodísticos de interés público.
Criminalización
La información recopilada también permite observar una transformación en la respuesta institucional. Mientras que en años anteriores las acciones estatales estuvieron orientadas principalmente a la persecución penal de estructuras criminales, en la actualidad se identifican medidas relacionadas con la atención humanitaria, la instalación de centros para migrantes en tránsito y retornados y el fortalecimiento de mecanismos de asistencia. No obstante, la evidencia disponible no permite determinar el impacto de estas acciones sobre la reducción del tráfico ilícito de migrantes.
Respecto de la hipótesis inicial de la investigación, orientada a identificar posibles vínculos de funcionarios públicos y actores políticos con redes de tráfico de migrantes, el análisis preliminar permite concluir que la evidencia documental disponible respalda la existencia de investigaciones, capturas y condenas contra funcionarios policiales y otros operadores estatales, hay menciones de los funcionarios en documentos judiciales, pero no hay procesos penales entablados.
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