Trabajo de campo: Corresponsal Berta Suazo- Texto: Sala de Redacción
Santa Elena, La Paz. Mientras el Congreso Nacional aprueba proyectos extractivistas en el departamento de La Paz y mientras avanza el negocio de las represas; en la comunidad de El Potrero, municipio de Santa Elena, el tema ha generado confrontación entre indígenas de la zona que se acusan entre sí de violencia y de actos de hostilidad.
Un reciente signo del conflicto ocurrió, el sábado 28 de julio de 2017. Ese día el presidente del patronato de El Potrero, Felipe López Benítez, leyó un comunicado en nombre de los pobladores de su comunidad.
«Nosotros lencas originarios…solicitamos que se nos garantice el derecho a los pueblos indígenas a una participación significativa y efectiva en la toma de decisiones relacionados con los proyectos de inversión y desarrollo».
A través de su comunicado, López Benítez demandó la aprobación de una ley interna de consulta previa libre e informada para armonizarla con el Convenio 169 de la OIT que ya forma parte de la legislación interna de Honduras. Solicitó, además, la reglamentación del Convenio 169 de la OIT para participar en los proyectos de carácter extractivo.
Durante el comunicado cuestionó y atacó a los grupos indígenas Movimiento Independiente Lenca de La Paz (MILPAH) y al Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y los culpó de impedir la instalación de proyectos de desarrollo. Benítez señaló además a la organización internacional Global Witness.
La ONG internacional Global Witness fue acusada en el Ministerio Público de Honduras, por la vicepresidenta, Gladys Aurora López.
Sobre este tema, los miembros de Milpah y Copinh han denunciado que personas con poder político y económico como la vicepresidenta del Congreso Nacional, Gladys Aurora López, han instalado represas en la zona que han traído división entre los hermanos indígenas.
Los indígenas de Milpah y Copinh han denunciado que grupos de poder supuestamente han financiado la violencia y dado promesas de desarrollo a las comunidades para obtener apoyo y dividirlos.
Uno de los casos de mayor confrontación y riesgo se vive en El Potrero. Este conflicto inició cuando los indígenas agrupados en Milpah protestaron por la instalación de una represa en el sitio que denominan como El Volcán por considerar que afecta la naturaleza y la cosmovisión Lenca.
Hasta ahora el Estado no ha implementado una política para generar reconciliación entre las comunidades indígenas e impedir tragedias.
