Tegucigalpa, Honduras (Reporteros de Investigación). Mediante la Resolución DGF 133-2018, la Dirección General de la Fiscalía negó estadísticas de militares hondureños o estadounidenses investigados por supuesta trata de personas.
Se solicitó al Ministerio Público, conocer la cantidad de militares nacionales o estadounidenses que estuvieran acusados o investigados por trata de personas, acceso a conocer con qué modalidades estarían realizando este ilícito o los lugares donde están asignados. La Fiscalía denegó estadísticas públicas bajo el argumento de reserva de información.
El informe del Departamento de Estado de Estados Unidos de 2018 sobre trata de personas reveló que el gobierno no cumplió con las normas mínimas en varios ámbitos clave. «No logró obtener condenas para los funcionarios cómplices ni para los turistas involucrados en la explotación sexual de menores».
Entre sus recomendaciones, Estados Unidos exigió al gobierno «intensificar las labores para enjuiciar y condenar a funcionarios públicos por complicidad en los delitos de trata de personas; redoblar los esfuerzos para enjuiciar los delitos de la trata y condenar y sentenciar a los tratantes, especialmente por delitos relacionados con el trabajo forzoso y la actividad delictiva forzosa de menores; incrementar la identificación de las víctimas adultas, las víctimas de trabajo forzoso y los niños forzados a cometer delitos, sobre todo entre hondureños repatriados y otras poblaciones particularmente vulnerables».
A través de testimonios de víctimas, algunas organizaciones de mujeres o que trabajan temas de migración han tenido conocimiento del presunto nexo de militares con supuestas redes de trata de personas, además, durante las protestas por denuncias de «fraude electoral», universitarias feministas denunciaron una modalidad de comercio sexual detectada en Comayagua, cerca de la base militar de Palmerola donde opera una fuerza de tarea estadounidense.
La denuncia no es nueva. A finales de la década de los 90, Casa Alianza presentó un estudio en el que denunciaba supuesta explotación sexual comercial de la niñez en diferentes modalidades de pornografía, turismo sexual, comercio sexual y mencionaban la posibilidad de participación de estadounidenses, en las cercanías de Palmerola. Y la fiscalía -que existe desde los noventa- no dio resultados al respecto.
En julio de 2017, la Agencia EFE informó que en Miami , el juez federal Robert N. Scola Jr. le impuso una pena de cadena perpetua al ex administrador de los sistemas informáticos de la base aérea de Soto Cano, en Palmerola, Honduras, Christopher Rennie Glenn, de 37 años, porque en marzo de 2016 fue hallado culpable por explotación sexual, abuso de menores y posesión de pornografía infantil.
La Fiscalía de Estados Unidos lo acusó de haber engañado a familias de niñas y adolescentes de comunidades rurales pobres ofreciéndoles trabajo como empleadas de hogar o casarse con ellas, según la acusación, abusaba de ellas, las explotaba sexualmente, las sedaba.
En mayo de 2018, Reporteros de Investigación reveló mediante la serie Bienvenidas al Infierno que tres niñas y un niño sobreviviente del Hogar Seguro, eran hondureños y que fueron trasladados al país después del siniestro que dejó más de 40 niñas quemadas. Las tres menores y el niño se salvaron de una supuesta red de trata de personas con rasgos militares. Mientras los niños estaban en el Hogar Seguro en Guatemala eran sometidos a castigos como rodar, hacer cuclillas o la aplicación de sedantes.
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