Tegucigalpa, Honduras (Reporteros de Investigación). “La Dirección no tiene información relacionada a su petición, debido que la encargada de la reestructuración policial fue la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional, quien finalizo el proceso el 21 de enero del 2019”, dice un papel, escrito a máquina.
El papel lleva la firma del director de la Policía Nacional de Honduras, José David Aguilar Morán. Es una respuesta usual ante la solicitud de información para conocer un listado de policías depurados o implicados en el asesinato de periodistas.
Para la dirección de la Policía lo que hizo la Comisión Especial para el Proceso de Depuración y Transformación de la Policía Nacional queda en el olvido. De su lado, la Fiscalía, mediante la Resolución DGF 137 2019 del 2 de abril de 2019, informó que no se han obtenido condenas en contra de policías, ex policías o militares por el asesinato contra periodistas.
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Mientras los archivos oficiales sepultan la información mediante la reserva estatal, en el campo de los hechos y en los testimonios ante los tribunales, las huellas apuntan hacia militares y policías al mismo tiempo encargados de la investigación criminal “protegida bajo el secreto que garantiza la reserva de las investigaciones”.
Y es el olvido, los testimonios, las lágrimas, la sensación de impotencia e impunidad lo que acompaña a las familias de las víctimas.
La muerte más reciente de un periodista en Honduras es la de Gabriel Hernández, director del programa El Pueblo Habla de Nacaome, Valle; sus familiares, colegas de esta ciudad y los comentarios en redes sociales como Facebook mencionan que hay implicación de policías en el crimen.
¿Pero con quién confirmarlo? La investigación está en manos de la policía, la Fiscalía recibe la información de la policía. El Libro de Novedades para conocer qué hizo la policía el 17 de marzo de 2019 que asesinaron a Hernández y la forma en que actuaron en las 72 horas después del crimen, es un asunto reservado por seguridad nacional según el oficio número OTAIP-108-19 de la Policía Nacional.
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13 años bajo ataques
Sólo cuatro meses antes del crimen contra Hernández, el Instituto Nacional Penitenciario (INP) admitió que atacaron con armas oficiales al periodista Geovanny Sierra durante la cobertura mediática de una protesta. Atacaron el bus y ellos dispararon, fue la justificación de la Policía. El periodista lo desmintió en sus redes sociales.
Sierra cubría las manifestaciones a un año del proceso electoral, calificado como “fraude electoral”, por la oposición hondureña. A seis meses del ataque, el comunicado ha sido suficiente para explicar el atentado a mano armada por parte de agentes estatales. Nadie está procesado, el periodista paga su tratamiento sin medidas de reparación estatales.
Vea: «Me dieron, me estoy desangrando»
Veinte días después del atentado contra Sierra. En diciembre de 2018, el ex jefe de la Policía Nacional, Ricardo Ramírez del CID, denunció que lo separaron de la Policía cuando investigaba el crimen contra Alfredo Villatoro, ocurrido en 2012. Averigüe qué significa el pañuelo rojo que Villatoro tenía puesto, dijo Ramírez del Cid y señaló que tenía cautela de revelar más datos.
Para dos especialistas en escenas del crimen, consultados por RI, el pañuelo rojo y la señal fabricada en el rostro de Villatoro con su propia mano, fue amenaza de militares o un mensaje de militares, enviado a policías a través del cadáver del periodista.
El expediente judicial de condena contra los autores materiales del crimen reveló que al periodista lo mataron con armas de la Policía Nacional cuyo embalaje fue contaminado, según los hechos probados, consta en el Proceso Penal JN (3) 10-2012 que contiene la Sentencia Número JN 2-2013.
El 7 de diciembre de 2013, un grupo de policías, integrantes de escuadrones dedicados a la “limpieza social” ejecutaron al periodista Juan Carlos Argeñal, al oriente de Honduras, según consta en los archivos policiales y en denuncias interpuestas ante organizaciones de derechos humanos como el Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Honduras (Cofadeh) que conocen estos casos.
Los policías ahora han sido depurados y pudieron escapar sin enfrentar la justicia. El crimen hace plantearse la pregunta que solo el tiempo y la justicia podrán responder ¿quién tiene poder en un pueblo conservador como Danlí para proteger a los asesinos y ordenar crímenes a personas formadas con la visión de ser obedientes y no deliberantes?
La sensación de impunidad y desencanto de su familia hace que no sólo cuestionen al Estado, también lamentan que luego del peregrinaje en busca de justicia, algunas organizaciones no estatales de derechos humanos tampoco han dado suficientes respuestas.
Han pasado seis años, el maestro Mario Argeñal tiene una sensación de falta de justicia. Ha sido el más interesado en buscarla por el asesinato de su hermano, a cambio ha recibido amenazas a muerte.
El 6 de diciembre de 2011 asesinaron a la primera mujer periodista, Luz Marina Paz Villalobos, de 38 años, sicarios en motocicleta acabaron con su vida, su cadáver quedó en un automóvil. En la escena del crimen, el coronel Marco Tulio Leiva Puerto, dijo ser dueño del vehículo Mazda doble cabina con placa número PVZ-4250. Nada más se ha conocido de este hecho.
Alto riesgo a ambos lados de la línea de fuego
Argeñal y Hernández eran afines a la oposición política de Honduras denunciaron y condenaron el golpe de Estado, Argeñal pasó de ser del Partido Nacional a integrante de la Resistencia.
Del otro lado Villatoro era un periodista afín al sistema y una de las periodistas más críticas contra el líder de la Resistencia fue Karol Cabrera, pero el riesgo les tocó igual.
A la periodista Karol Cabrera le arrancaron a su hija el 15 de diciembre de 2009, la policía ha usado el mismo argumento, tratar de vincular esta muerte con la delincuencia común, Cabrera dice que es un crimen político por sus denuncias como periodista.
Lo cierto es que en el mismo sitio donde asesinaron a su hija Katherine Nicolle Rodríguez; el 1 de marzo de 2010, Cabrera fue atacada nuevamente. Ella sobrevivió, pero murió su colega que la acompañaba, el periodista Joseph Ochoa.
Para Cabrera hay un diputado actual vinculado al ataque en su contra. “Quienes me dispararon a mí fueron agentes de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) que estaban bajo el mando de ese diputado. Cuando estaban investigando ese punto, quitaron al investigador, mi caso fue puesto en secretividad”, sostuvo.
Cabrera indicó que las amenazas en su contra le decían “te vamos a cortar la lengua” y la persecución empezó cuando investigó y difundió supuestos casos de corrupción en la estatal telefónica de Honduras en el gobierno de José Manuel Zelaya.
Operación de la DEA en Colón
El domingo 10 de marzo de 2010, el comunicador social Nahum Palacios fue asesinado. Un informe presentado ante el pleno de congresistas hondureños, denominado “Informe al Soberano Congreso Nacional sobre los Avances Investigativos de los Casos de Delitos contra la Vida e Integridad Física en contra de Comunicadores Sociales», revela sobre su crimen:
“Esta comisión ha sido informada de al menos tres posibles causas de muerte: 1) denuncias hechas contra una represa a instalarse en Colón que al final no fue aprobada 2) Haber informado sobre una operación encubierta de la DEA en Colón. 3) Razones vinculada a la situación político-social de la zona”.
Asimismo, un informe confidencial del Ministerio Público sobre el crimen contra Palacios cita, «se investiga si su muerte se vincula a una detención anterior que se verificara por miembros del cuerpo militar. Cabe señalar que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había dictado medidas de protección».
En el informe del Legislativo también está el testimonio del comunicador social de Colón, Ricardo Oviedo, en 2010, reportó que “había tenido un altercado con un oficial a la 5 de la tarde de esa semana el cual se quiso meter a su oficina y lo había empujado”. El periodista pidió el apoyo al entonces diputado Augusto Cruz Ascencio.
El periodista dijo que lo empezaron a amenazar después del golpe de Estado y mencionó que el periodista Nahúm Palacios antes de ser asesinado había tenido fuertes diferencias con el coronel Melgar.
En su testimonio, el periodista escribió que «el 8 de abril cuando el ejército y la policía se tomaron la ciudad y registraban a la gente, yo difundí imágenes sobre la militarización en la zona y un policía me dijo que “dejara de hablar tanta mierda».
Ese mismo día 8 de abril a las 7:45 de la noche, ráfagas de disparos fueron realizadas frente al Canal 40, donde transmito mi programa, además una moto amarilla sin placas, donde iban dos desconocidos me dio seguimiento».
El testimonio del periodista -en poder de RI- cita que desde que informaba sobre el golpe de Estado contra Manuel Zelaya Rosales fue objeto de amenazas.
El sábado 14 de mayo de 2009 a esto de las 14:20 horas el señor Bernardo Rivera Díaz, ex diputado y también periodista, de 49 años de edad, se conducía en un vehículo marca Toyota 3.0, tipo pickup color blanco, año 2008, acompañado de otras personas, iba a su finca de café en San Bárbara, “en el trayecto fueron interceptados por cuatro individuos que vestían prendas de uso policial: camisas azules con letras amarillas con la leyenda DGIC (Dirección General de Investigación Criminal, ahora llamada DPI), además portaban chalecos antibalas color negro, armas de fuego. Se identificaron como policías, detuvieron el vehículo y realizaron un registro al mismo y a sus ocupantes, despojándolos de los celulares y carteras, amarraron a los trabajadores del señor Rivera y los dejaron en un cafetal, llevándose a los señores Bernardo Rivera y Celso Reyes”. El segundo fue liberado mientras que el cadáver de Rivera apareció el 9 de junio de 2009, revela el mismo informe presentado ante el Congreso Nacional.
Solo tres años antes, el 4 de diciembre de 2006, en la capital de Honduras, policías de investigación criminal de la desaparecida DGIC (ahora DPI) asesinaron al abogado del periódico Revistazo, Dionisio Díaz García. “ Por el asesinato del abogado Díaz García fueron acusados un ex elemento de la Dirección General de Investigación Criminal (DGIC) y un guardia de seguridad, quienes el 27 de febrero de 2009 fueron declarados culpables y condenados a 20 y 21 años de cárcel, respectivamente, por el Tribunal de Sentencia”, informó la organización no estatal ASJ.
Los casos siguen impunes.
En sus últimos tres informes anuales, el Comisionado Nacional de Derechos Humanos (Conadeh) ha reiterado las denuncias de ataques de cuerpos armados del Estado en contra de la prensa.
En su informe de 2016 ante el Congreso Nacional (CN), el CONADEH, condenó «los actos de violencia contra comunicadores sociales y personas ligadas a los medios de comunicación ya sea provenientes de agentes del Estado como de particulares».
En el Informe anual de 2017 presentado por el Conadeh al CN, citó que «el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos recibió denuncias de algunos periodistas y comunicadores sociales, a quienes se les atendió y tuvieron que salir del país para salvaguardar sus vidas; mientras otros fueron objeto de amenazas y agresiones, por parte de particulares y de agentes de los cuerpos de seguridad del Estado; a quienes el CONADEH gestionó protección o acompañó al mecanismo de protección».
Al igual que en 2016, en este informe de 2017, reiteró: «Bajo este panorama, en Honduras, el ejercicio periodístico se ha convertido en una profesión de alto riesgo para quienes la practican, ya que pone en peligro la vida de periodistas y sus familiares, principalmente cuando se da cobertura a marchas de protesta social y se denuncian problemas como el crimen organizado, el narcotráfico y las maras. En adición, es evidente que mientras la prensa se ha convertido en un factor fundamental para la lucha contra la corrupción y la impunidad, la violencia contra los periodistas crece en forma notable». Este informe revela además que el 05 de mayo de 2017, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, presentó Requerimiento Fiscal contra dos miembros de las Fuerzas Armadas, por irrumpir y decomisar equipo de transmisión de la Radio Liberación, de Tocoa, Colón.
En su reporte más reciente, en 2018, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos «atendió una serie de denuncias por amenazas, agresiones e intimidaciones de las que son objeto, trabajadores de medios de comunicación. El titular del CONADEH se solidarizó con los periodistas, camarógrafos y fotógrafos de medios de comunicación tales como Hable como Habla (HCH), UNE Tv, El Confidencial, Radio Globo, Canal 11, El Heraldo, Conexihon, y otros medios de comunicación, quienes fueron objeto de agresiones tanto de particulares como de agentes de los cuerpos de seguridad del Estado. El CONADEH lamentó el uso inmoderado de la fuerza utilizado durante manifestaciones, en las cuales periodistas y comunicadores sociales, incluyendo camarógrafos y fotógrafos, sufrieron dichos atentados, mientas ejercían su derecho al trabajo y a la libertad de expresión».
