Distrito central: La ciudad más peligrosa de América Latina para las mujeres

Los abordajes de seguridad y la mirada ausente del género en sus estrategias, para garantizar una vida libre de violencias contra las mujeres. En barrios y colonias de alta peligrosidad en Tegucigalpa, Honduras

Por: María Virginia Díaz Méndez | investigadora feminista, con un posgrado en derechos humanos de las mujeres, emitido por la Universidad de Toronto, Canadá.2

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación

Julio 2019

Honduras es uno de los países de la región Centroamericana, con una población en el 2017 de 9, 265, 067 habitantes, de los cuales 4, 645, 483 son mujeres y 4, 619, 584 son hombres, lo que equivale al 51% y al 49% respectivamente. En el Índice de Desarrollo de Género se sitúa en el puesto 78 del ranking de brecha de género con un Índice de Brecha Global de Género (IDG) de 0,6483.3 Estos datos evidencian las múltiples desigualdades que viven las mujeres hondureñas, y en particular las mujeres pobres, quienes no tienen acceso a la educación, salud, al mercado laboral calificado y a los bienes naturales.

Los testimonios de las mujeres de los barrios del Distrito Central, de acuerdo con sus experiencias en la vida cotidiana, concuerdan con que el contrato sexual4 casi ha sido inamovible; son los liderazgos masculinos los que ocupan cargos de dirección en las organizaciones sociales comunitarias (patronatos, juntas de agua, partidos políticos), con actitudes y prácticas autoritarias en la forma de ejercer la política y en la toma de decisiones. A pesar de las capacidades políticas y compromisos de los liderazgos femeninos, las mujeres se enfrentan con las resistencias de los liderazgos masculinos, para participar en los espacios políticos de toma de decisiones de los recursos y de los temas que incluyen las problemáticas de las mujeres: la violencia, pobreza, inseguridad y femicidios.

Las causas estructurales de la violencia contra las mujeres tienen sus raíces en la opresión y subordinación femenina. Se da tanto en las esferas públicas como en las privadas. No hay círculo social que esté exento de este ejercicio de poder sobre las mujeres. Sin embargo, es en el espacio íntimo doméstico donde suceden los niveles más altos y recurrentes de violencia contra las mujeres: psicológico, verbal, simbólico, sexual o físico. Aunque también se expresa con fuerza en los espacios públicos (en la calle, en el trabajo, en las instituciones, parques, movilizaciones políticas), mediante todo tipo de agresiones, violencia física, emocional, sexual, por diversos agresores masculinos que expresan su poder mediante el sometimiento, comenzando desde lo verbal, hasta la dominación y control del cuerpo de las mujeres.

Ambos espacios, el privado como el público, se han convertido en una amenaza para la seguridad de las mujeres, ya que las organizaciones ilícitas han invadido de manera violenta la privacidad al entrar a sus viviendas y las de sus familias, demostrando su poder y control irrestricto de cometer los crímenes más abominables en presencia de las y los miembros de la familia, sometiéndolas a la impotencia mediante el control físico, emocional y moral.

Por otro lado, la policía y el ejército enfrentan en los territorios a esos grupos criminales; utilizan la violencia para ejecutar “la política de limpieza social”, capturando a las/os jóvenes que cometen acciones ilícitas, haciendo uso del poder, controlando el cuerpo y la sexualidad de las mujeres jóvenes. Como resultado, se registran algunos casos de embarazos forzosos en adolescentes, producto de las violaciones sexuales en los barrios y colonias del Distrito Central.

A pesar de los avances legales, de políticas públicas impulsadas por el movimiento feminista en América Latina, consiguiendo conceptualizar el femicidio en el marco de las relaciones de poder de género y enfatizando el menosprecio ante la condición de ser mujer, prevalecen los asesinatos y femicidios con la permisividad y naturalidad, tanto de los poderes del Estado como de la sociedad y su persistencia en denominar a estos crímenes como “pasionales”, “ajuste de cuentas”, “se lo buscaba”, “por deudas de tráfico de droga”, entre otros.

Estos juicios de valor ocultan la perversidad del sistema patriarcal. “Se trata de crímenes del patriarcado colonial moderno de alta intensidad, contra todo lo que lo desestabiliza, contra todo lo que parece conspirar y desafiar su control, contra todo lo que se desliza hacia afuera de su égida con las varias estrategias y tácticas diarias con las que mucho de nosotros, a propósito, o inadvertidamente, nos deslizamos y escabullimos de la violencia patriarcal y la desobedecemos”.5

En Honduras se registraron más de cinco mil femicidios, entre el 2005 y el 2017 y hasta la fecha no se sabe ¿quién cometió el delito? o ¿quiénes mandan a matar? Un caso emblemático6 es el femicidio de Berta Cáceres. A tres años de su muerte, no han sido judicializados los actores intelectuales que ordenaron su crimen.

Las mafias y redes delictivas nacionales e internacionales que realizan actividades criminales como la extorsión, sicariato y crimen organizado, son estructuras que han permeado los barrios, colonias y ciudades, cooptando y sometiendo a las mujeres. Son estructuras eminentemente masculinizadas en las que las mujeres excepcionalmente ocupan puestos jerárquicamente superiores. Los hombres constituyen la gran mayoría de sus miembros, imprimiendo su sello masculino a las lógicas de relación interna y de actuación externa.

También en ese escenario las mujeres encaran las consecuencias de la división sexual del trabajo. Son fácilmente localizables por los hombres, ya que asumen las responsabilidades cotidianas del cuidado de la familia. Se les encuentra en torno al hogar, sin las mismas posibilidades de huir y esconderse que los hombres. Muchas veces ellas ignoran el riesgo que corren. Esta es la razón por la que cada vez es más frecuente que personas desconocidas, fuertemente armadas, irrumpan en sus casas (usualmente modestas y desprotegidas) sin aparente razón. Masacran a las mujeres que se encuentran casi siempre rodeadas de sus hijos, quienes también se convierten en víctimas mortales.7

Rita Laura Segato, “al referirse a las muertes de mujeres en Ciudad Juárez, plantea que en estos asesinatos hay dos tipos de mensajes enviados por los hombres que los cometen. Uno es vertical, de ellos sobre las mujeres. Es el mensaje de la dominación que todo femicidio tiene, cuyo propósito es aterrorizarlas y demostrar que como hombres tienen el control sobre ellas. El otro es horizontal, es el mensaje de los femicidios a otros hombres, demostrando el poder en disputa con los otros; el control de ciertos territorios (también negocios), en posibilidad de actuar impunemente la capacidad de repetir estos asesinatos (Segato 2004). Este segundo mensaje es el que domina en el escenario de las mujeres asesinadas por venganza entre hombres”.8

El informe anual del Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal de México (CCSPJP), ubica a las ciudades del Distrito Central del Departamento de Honduras (Tegucigalpa y Comayagüela) como la más violenta de América Latina y más peligrosa para las mujeres9.

En este sentido, la violencia femicida es un problema estructural “de acuerdo con el Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), el número de femicidios desde el año 2005 al 2017 asciende 5, 000 víctimas. De estas, 4,000 se registraron desde el Golpe de Estado del 2009.

La magnitud de los femicidios en Honduras denota un pacto del colectivo masculino, pues los actores de estos crímenes gozan de los privilegios que les da el poder económico y político. Las/os familiares de las víctimas se enfrentan a un poder judicial coptado por las élites empresariales y la clase política, que inciden en la falta de aplicación de la justicia para judicializar a quienes cometen estos crímenes.

El Banco Mundial también ubica a Honduras como uno de los países de América Latina más desiguales del mundo, por la concentración y acumulación de la riqueza y de los bienes naturales en la élite empresarial.10

La concentración y acumulación de capital por la minoría de la población, es una de las causas del por qué es el país más pobre de América Latina. De acuerdo estudios sobre pobreza del Foro Social de la Deuda Externa en Honduras (FOSDEH), en el año 2016, el 65.7% de la población hondureña vivía en condiciones de pobreza y al cierre del año 2017, ese porcentaje aumentó a 68.8% con más de 379,209 nuevas personas en condiciones de pobreza. En relación con la pobreza extrema representa el 44.2% de la población hondureña, que corresponde a 3,902,122 personas, viven en esta condición.

Los ingresos que reciben las mujeres con un nivel de educación primaria, es de 3,347 lempiras mensuales, sin nivel educativo el ingreso disminuye a un promedio de 2,224 lempiras, recibiendo el 70% menos de ingreso, para poder comprar la canasta básica. Según información del Banco Central de Honduras (BCH), el costo de la canasta básica es de 8,845.271 lempiras.11

La urbanización de la ciudad de Tegucigalpa refleja un nuevo modelo de espacialidad. En la periferia están instalados los barrios y colonias donde se concentra la población más pobre y de clase media proletarizada, con precariedad en servicios de infraestructura, falta de acceso a los servicios públicos, altos niveles de violencia contra la población (en especial para las mujeres, niñas y jóvenes), en dichos lugares se presenta la lucha por el control de los territorios, asesinatos, secuestros de mujeres y jóvenes (control de sus cuerpos) por quienes integran las organizaciones criminales de las zonas.

En el estudio realizado entre el año 2018 y 2019, en el marco del proyecto “voces e iniciativas comunitarias para la construcción de espacios seguros de América Latina y el Caribe”, llevado a cabo en 13 barrios y colonias del Distrito Central, las mujeres participantes identificaron factores sociales, culturales y económicos que conducen a la violencia en vez de la seguridad.

La primera institución donde se aprenden los roles y se interioriza la masculinidad violenta y abusiva, es la familia, de ahí que existe corresponsabilidad entre todos sus miembros en la reproducción de patrones de violencia. Los hombres de la familia transfieren a los niños y jóvenes patrones socioculturales con los que ejercen su poder en contra de las niñas y las mujeres de la familia. Esta violencia machista y patriarcal desde los hogares, penetra todos los ámbitos de la vida social, cultural y política de los barrios y colonias.

Se identifican patrones de consumo que pueden derivar en adicciones por parte de los hombres de la comunidad, y las mujeres atribuyen que la alta ingesta de alcohol y de drogas por parte de los hombres, contribuye al aumento de las violencias que ejercen en el hogar contra ellas o contra sus
hijos e hijas. También lo ven como una causa que genera violencia en la comunidad, cuando la droga y el alcohol son utilizados por los jóvenes que transitan por los espacios públicos comunitarios.

Sumada a esto, existen otras violencias crónicas como la que genera el factor económico, producto, a su vez, por los altos índices de pobreza en barrios y colonias objeto de estudio. En estos espacios se encuentran todo tipo de carencias materiales, con servicios de salud e infraestructura sumamente precarios y con ofertas de educación de baja calidad para los hijos e hijas. La falta de oportunidades para las mujeres y los jóvenes de estas colonias y comunidades es otro de los factores que inciden en la violencia e inseguridad.

Otro de los factores generadores de violencia es la debilidad en la respuesta institucional para garantizar los derechos de las mujeres. Responden de manera tardía y con pocos recursos, lo que ha dejado como resultado la falta de confianza hacia las instituciones por parte de la población, pero específicamente por las mujeres. Con esta situación, los funcionarios reproducen patrones patriarcales y machistas mientras brindan servicios para atender sus derechos.

Por su parte, las propuestas de las mujeres para alcanzar la seguridad, son opuestas a la compra de más armas, más policías y más militares, ellas proponen: la urgente necesidad de fuentes de empleo sin discriminación de edad, de lugar, procedencia o filiación política.

Sumado al empleo digno y a la creación de oportunidades, proponen la construcción y funcionamiento de centros de cuidado infantil. De esta forma, ellas podrán desarrollar sus actividades económicas y de empleo, sin tener que dejar a sus hijos e hijas encerrados en sus casas, en condición de riesgo.

Ante el abandono del Estado en las comunidades y la ausencia de políticas de seguridad, carentes del reconocimiento de las relaciones desiguales de poder existentes entre hombres y mujeres, reclaman el reconocimiento como ciudadanas plenas y sujetas de derechos. Para lograr ese objetivo, plantean la elaboración e implementación de políticas públicas de seguridad construidas “desde abajo”, con la participación de las mujeres desde su territorio. Pero, además, proponen que las políticas existentes se cumplan, bajando a las comunidades, previo una socialización y divulgación entre las mujeres beneficiarias.

La depuración de los servidores públicos como la policía, es urgente. Ellas identifican vínculos de complicidad entre los servidores públicos y los agresores que terminan revictimizándolas. Como resultado, han perdido toda la confianza y los señalan de corruptos, por estar coludidos con las maras, pandillas y redes delincuenciales comunitarias.

Este aspecto enfatiza la importancia que adquiere la existencia de las unidades de género dentro de las instituciones que conforman el sector de derechos humanos, seguridad y justicia como depositarias de denuncia de estos hechos.

La creación de oportunidades para las y los jóvenes, a través de la mejora de la calidad de la educación formal, que incluya la creación de infraestructura para la recreación y realización de actividades extracurriculares de arte y deporte, es otra necesidad que las mujeres identifican en la construcción de espacios seguros en sus barrios y colonias. Esta propuesta es muy importante para ellas, pues persigue como objetivo que “se desvíe a la juventud de la vulnerabilidad en que se
encuentran ante la probabilidad de ser cooptado/as por las maras y pandillas que integran las redes y estructuras delincuenciales existentes en sus comunidades”12.

La abolición de la impunidad mediante la aplicación correcta de las leyes. Ellas consideran que es urgente que se implementen las sanciones legales correspondientes para los agresores. Es decir, que ellas puedan tener un real acceso a la justicia y un trato digno que no las revictimice cuando acuden a las instancias pertinentes. Que los procesos no sean tediosos, tardíos o sin ningún tipo de resolución y sentencia. Esto también implica la aplicación y seguimiento de medidas judiciales de carácter patrimonial y alimenticio para sus hijos/as menores de 21 años.

La creación de instancias o espacios comunitarios específicos para que las mujeres conozcan sus derechos, que se fomente la unidad de las mujeres en torno a la defensa de esos, a través de procesos de formación, atención y acompañamiento a las víctimas de violencia, forma parte de la construcción de espacios seguros que proponen las mujeres.

Las problemáticas de violencia contra las mujeres e inseguridad han sido vistas y asumidas desde la comunidad y las autoridades locales, como un problema exclusivo de las mujeres. Los funcionarios de las organizaciones comunitarias (patronatos, juntas de agua, junta de padres de familia) no asumen esta problemática como una causa y detonante de la inseguridad. Las mujeres proponen que los gobiernos comunitarios aborden las violencias en su contra como una problemática social, comunitaria y que les atañe a las ciudadanas y ciudadanos de los barrios y colonias. Así como, la formación de promotoras legales que acompañen a las mujeres ante los juzgados e instancias judiciales pertinentes, para evitar la revictimización que realizan los operadores de justicia, al igual que la garantía del debido proceso, para alcanzar la justicia.

Otra novedosa propuesta, es la creación de instancias comunitarias para atender con un equipo multidisciplinario a las mujeres, niños y niñas sobrevivientes o conviviendo con la violencia, mediante abordajes integrales, que respondan a las necesidades de atención requeridas.

A pesar de que existen políticas para la seguridad ciudadana, de la mujer, de jóvenes, niños y niñas, sus contenidos no se desarrollan en los barrios y colonias que han sido objeto de este estudio; en cambio sus pobladores viven en un entorno de maras y pandillas, conviviendo con la extorsión, el narcotráfico y la militarización de los territorios, volviéndose insostenible la situación para las mujeres en sus comunidades (viven con miedo, en el entorno de la violencia física, psicológica y patrimonial). La Política nacional de la mujer y II Plan de igualdad y equidad de género, el Plan nacional contra la violencia hacia la mujer y han incidido en la formulación de leyes que protegen a la mujer.

Sin embargo, de parte del Estado no hay un enfoque teórico específico, orientado a la seguridad y a prevenir la violencia contra las mujeres. Contradictoriamente la represión, el uso de la fuerza y la militarización en los barrios, ha provocado más violencia y más víctimas.

Los líderes comunitarios consideran que la presencia policial genera mayor inseguridad a las/los pobladoras/es, porque actúan con violencia contra los jóvenes en la calle o cuando interceptan los buses de ruta urbana. Se ensañan y los bajan a empujones, sin tomar en cuenta que muchos de ellos se trasladan a sus centros educativos y no necesariamente son miembros de grupos ilícitos que controlan los territorios.

Las mujeres han sido excluidas de la consideración de ser sujetas políticas de derechos. Su subordinación desde las lógicas patriarcales, es el reflejo de un país que discrimina a las mujeres de los espacios políticos donde se toman las decisiones de las políticas públicas y de los presupuestos públicos nacionales y municipales.

Mientras no se hagan abordajes integrales, que le apunten al desmontaje de la cultura patriarcal, la familia continuará siendo la institución patriarcal donde se aprenden y se socializan los patrones y estereotipos de género que adoctrina a los niños y jóvenes para una masculinidad violenta y abusiva, y las niñas y mujeres jóvenes para ser desconocedoras de sus derechos, y proclives para el servicio de otros, incluyendo la explotación sexual.

Los jóvenes también son víctimas de la compleja interacción entre el sistema neoliberal y patriarcal, que produce muerte, despojo, desigualdad y pobreza, obligándoles a pertenecer a las maras y pandillas como único medio de subsistencia y de asociación. Contribuyendo a la criminalización por solo el hecho de ser joven, es necesario que los jóvenes tengan oportunidades que les permitan tener condiciones dignas en lugar de tener la muerte como único destino.

Son evidentes los fracasos sistemáticos en los abordajes de seguridad, que han generado más víctimas, dolor y muerte. Contrario a esto, las mujeres históricamente han resistido desde sus cuerpos, cuidados y luchas, realizando iniciativas comunitarias individuales y colectivas encaminadas a sostener la vida y la construcción de espacios seguros. Un primer paso, para la transformación seria, reconocer los factores que generan violencias contra las mujeres, que son las que constituyen el 51% de la población. Así como, involucrar las propuestas de las mujeres, para garantizar la seguridad. Esto significaría abandonar las lógicas patriarcales que han sostenido el Estado hondureño, realizando profundas transformaciones en lo cultural, social, político y económico que incluya la mirada de género en sus estrategias, para alcanzar una vida libre de violencias contra las mujeres.

Pie de página: 1 Articulo elaborado en el marco del Proyecto “Voces e iniciativas comunitarias para la construcción de espacios seguros de América Latina y el Caribe” desarrollado en los países de México, El Salvador, Guatemala, Honduras, Colombia y Jamaica; con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo, Ottawa, Canadá (IDRC). Los puntos de vista expresados aquí no representan necesariamente los del IDRC o su Junta de Gobernadores.
2 Díaz Méndez, María Virginia: es investigadora feminista, con un posgrado en derechos humanos de las mujeres, emitido por la Universidad de Toronto, Canadá. Durante 14 años, ha sido parte del Centro de Estudios de la Mujer- Honduras. Su último trabajo de investigación fue, como investigadora académica en el proyecto “voces e iniciativas comunitarias para la construcción de espacios seguros en América Latina y el Caribe”.
3 https://datosmacro.expansion.com/demografia/indice-brecha-genero-global/honduras
4 Carole Pateman (Sussex, 11 de diciembre de 1940) es una teórica política y feminista británica. Conocida por su posición crítica a la democracia liberal. Entre sus obras conocidas está «El Contrato Sexual» publicada en 1988. El contrato social es una historia de libertad, el contrato sexual es una historia de sujeción. La dominación de los varones sobre las mujeres y el derecho de los varones a disfrutar de un libre acceso sexual a las mujeres es uno de sus puntos (…). La libertad de los varones y la sujeción de las mujeres se crea a través del contrato original, y el carácter de la libertad civil no se puede entender sin la mitad despreciada de la historia, la cual revela cómo el derecho patriarcal de los hombres sobre las mujeres se establece a partir de un pacto.
5 Segato, Rita Laura. La Guerra contra las Mujeres. Patriarcado: del borde al centro. Disciplinamiento, territorialidad y crueldad en la fase apocalíptica del capital. Edición Traficantes de Sueños. Impresión: Cofás SA, Madrid, España, 2016.
6 Berta Cáceres era una mujer indígena Lenca y una de las defensoras de derechos humanos más conocidas en Honduras, que, desde hace 20 años, había defendido el territorio y los derechos del pueblo Lenca. https://www.google.com/search?ei=YmxIXc-nLaPz5gLsupLABA&q=berta+caceres+biografia&oq=Berta
7 Centro de Feminista de Información Acción CEFEMINA, Horizons. No Olvidamos Ni Aceptamos Femicidios en Centroamérica. Ana Carcedo, Coordinadora, año 2010. San José, Costa Rica.
8 Ibid.
9 Blog El País. 31 de mayo, 2017.
10 https://datosmacro.expansion.com/demografia
11 http://www.elheraldo.hn/economia/1166404-466/precios-productos-basico-subieron-129-primer-trimestre-honduras
12 Taller consulta con fuerzas vivas de los trece barrios y colonias del Distrito Central, Colonia Rubén Darío, Tegucigalpa, Francisco Morazán, 6 de marzo de 2019.

Bibliografía
BBC News Mundo. 7 de marzo del 2017.
Blog El País. 31 de mayo 2017.
Centro Feminista de Información Acción CEFEMINA, Horizons. No Olvidamos Ni Aceptamos Femicidios en Centroamérica. Ana Carcedo Coordinadora, año 2010 San José Costa Rica.
Comunicado de feministas hondureñas ante la visita de la CIDH. 30 de julio del 2018.
Diario La Noticia. Julio 2, 2017
Diario El Tiempo, Barrios y colonias más “calientes” en Tegucigalpa y Comayagüela, agosto 2017.
Dirección de Medicina Forense Honduras. 24 de junio 2018. Informe de muertes violentas de mujeres por homicidio. Enero a junio 2018.
Dirección de Medicina forense Honduras. 2018. Desafíos y avances en la investigación de casos de femicidios.
Instituto Nacional de la Mujer. 2005. Plan Nacional Contra la Violencia hacia la Mujer. 2006-2010.
Instituto Nacional de la Mujer. 28 de julio, 2010. Política Nacional de la Mujer. II Plan de Igualdad y Equidad de Género de Honduras. 2010-2022.
Instituto Nacional de la Mujer. 2005. Plan Nacional contra la violencia hacia la mujer. 2006-2010.
Instituto Nacional de la Juventud. 2013. Política Nacional de Prevención de Violencia hacia la Niñez y Juventud.
Mendoza Breny. 2014. Ensayos de Crítica feminista en nuestra América.
ONU Mujeres, PNUD; USAID. Diagnóstico Violencia y Seguridad Ciudadana: Una mirada desde la perspectiva de Género. Tegucigalpa, 12 de junio 2015.
Proceso Digital. Entrevista a Migdonia Ayestas directora del Observatorio de la violencia de la UNAH. (OV-UNAH) Tegucigalpa, MDC., 17 de noviembre, 2018.
Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, Honduras. 2011. Política Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana para Honduras 2011-2022
Segato Rita Laura. 2016. La Guerra contra las Mujeres. Patriarcado: del borde al centro. Disciplinamiento, territorialidad y crueldad en la fase apocalíptica del capital. Edición Traficantes de Sueños. Impresión: Cofás SA, Madrid, España.
SONDEREGUER, María (Comp.). Género y poder. Violencias de género en contextos de represión política y conflictos armados. Buenos Aires: Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes, 2012

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