CERD-ONU pide al Estado parar desalojos forzosos de pueblo indígenas y afrohondureños y revisar la Ley de Protección del Sector Agroindustrial

Crédito de imagen: César Fuentes

A la ONU le preocupa el uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden.

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. El gobierno de Honduras mintió al comparecer ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD, por sus siglas en inglés). La mentira se basa en que aseguró que protege y promueve la protección racial, pero hoy que el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial públicó su informe con 56 Observaciones Finales reiteró una serie de preocupaciones que afectan a los pueblos indígenas del país.

Este 25 de agosto de 2026, el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial emitió sus observaciones finales, contenidas en el Informe CERD/C/HND/CO/9-11. El documento lleva por nombre Observaciones finales sobre los informes periódicos 9º a 11º combinados de Honduras y tiene 56 numerales.

Parar desalojos forzosos

Entre sus recomendaciones está establecer moratoria sobre los desalojos hasta que se complete el reconocimiento, la regularización y la titulación colectiva de las tierras, territorios y recursos naturales indígenas y afrohondureños, dice el comunicado de la ONU.

“Adopte medidas eficaces para asegurar una protección adecuada contra los desalojos forzosos de los Pueblos Indígenas y Afrohondureños, respetando sus derechos, costumbres, tradiciones y cultura, entre otros, mediante una moratoria de los desalojos hasta que culminen los procesos de reconocimiento, saneamiento y titulación colectiva de sus tierras, territorios y recursos naturales”, cita el numeral 35 del informe.

El informe lleva tres numerales sobre uso excesivo de la fuerza. “El Comité expresó su preocupación por los desalojos forzosos de pueblos indígenas y afrohondureños, incluidas las denuncias de uso excesivo de la fuerza por parte de las fuerzas del orden”, cita el comunicado.

Este informe cita en su numeral 24 que: “preocupa al Comité las alegaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del orden y fuerzas armadas contra Pueblos Indígenas y Afrohondureños, incluidas algunas con resultado de muerte de las víctimas, incluido en el marco de operaciones antinarcóticos, en particular en el departamento de Gracias a Dios, o durante protestas pacíficas en defensa de sus derechos, desalojos y disputas por las tierras. Le preocupan también los obstáculos para acceder a la justicia que con frecuencia enfrentan las víctimas o sus familiares”.

El comunicado advierte que el Comité «subrayó particularmente que los cargos de usurpación y usurpación agravada se utilizan para criminalizar a miembros de estas comunidades por ocupar o defender sus tierras”.

El numeral 34 establece lo siguiente:

“El Comité está preocupado por los desalojos forzosos de Pueblos Indígenas y Afrohondureños y por las alegaciones de uso excesivo de la fuerza por parte de agentes del orden, incluidas destrucción de viviendas y cultivos, y de violencia contra personas indígenas y afrohondureñas por parte de empresas de seguridad privadas y otros actores no estatales, entre ellos estructuras vinculadas al crimen organizado y el narcotráfico, y personas vinculadas a empresas que mantienen disputas con estas comunidades. Preocupa también al Comité el recurso a las figuras penales de usurpación y usurpación agravada que conlleva a la criminalización de miembros de Pueblos Indígenas y Afrohondureños, incluido en el marco de protestas pacíficas en defensa de sus territorios, así como a la habilitación de la figura procesal del desalojo preventivo. En este contexto, preocupa también el impacto de la Ley para el Fortalecimiento y Protección del Sector Agroindustrial, adoptada el 26 de junio de 2026, que declara inafectables las tierras destinadas a la actividad agroindustrial, proyectos de energía, turismo y ganadería, incrementando desalojos donde existen disputas históricas sobre territorios ancestrales de Pueblos Indígenas y Afrohondureños y reclamaciones territoriales pendientes de reconocimiento o titulación (art.5 y 6)”.

El Comité instó al Estado a que se deroguen las leyes sobre usurpación, usurpación agravada y desalojos preventivos o se armonicen con las obligaciones internacionales, para que no se utilicen para criminalizar a estas comunidades ni para violar sus derechos. “El Comité recomendó además revisar la Ley para el Fortalecimiento y la Protección del Sector Agroindustrial para evitar que se utilice como base para los desalojos”.

Además, el «Comité mantuvo su preocupación por el elevado número de asesinatos, represalias, amenazas y actos de intimidación contra defensores de derechos humanos, incluidos líderes y miembros de comunidades indígenas y afrohondureñas, perpetrados por actores estatales y no estatales, incluidos grupos del crimen organizado e individuos vinculados a empresas involucradas en disputas con estas comunidades”.

“Hizo un llamado a realizar investigaciones exhaustivas, imparciales y efectivas, así como a enjuiciar y castigar a los responsables, y brindar reparaciones adecuadas a las víctimas y sus familias. Asimismo, recomendó fortalecer el Mecanismo Nacional de Protección y la Fiscalía Especial para la Protección de Defensores de Derechos Humanos, y garantizar la pronta aplicación de las medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

La ONU destacó entre sus aspectos positivos, una ley de 2026, cuatro leyes aprobadas entre 2022 y 2024, dos leyes de 2019 y una política nacional de 2017.

El Estado es sometido al Comité de la ONU porque tiene aprobada la Convención contra la Discriminación Racial y al incumplir las recomendaciones se expone a demandas contra el Estado.

El documento Sociedades Indígenas en Honduras antes y durante la conquista española (siglo XVI) habla de más de 1.3 millones de indígenas en Honduras, pero una de las preocupaciones del Comité de la ONU es que si bien toman nota de la información brindada por la delegación del Estado Parte sobre el lanzamiento del XVIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda el 5 de agosto
de 2026. «No obstante, le preocupa las alegaciones relativas al subregistro que afecta a Pueblos Indígenas y Afrohondureños, en particular a las personas pertenecientes a la población negra de habla inglesa».