El Bajo Aguán puede ser contado con números o con historias que se repiten. Por ejemplo, desde acá florece una portentosa industria del sicariato. Es tan prolífico el mercado que acá entrenaba sicarios de la MS-13, el diputado Midence Oquelí Martínez Turcios, condenado en Nueva York.
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. El Bajo Aguán también se puede contar en cifras: Dos años del crimen de Juan López; más de cuatro décadas de impunidad; 152 investigaciones entre 2015 y 2026 y únicamente seis juicios activos.
Hay más sentencias absolutorias (18) que condenatorias (20).
Una sola estructura criminal: Los Cachos se tomó por la fuerza la comunidad Quebrada de Arena y ni el ejército ni policías han podido ejecutar el desalojo legal en la zona militarizada desde 2010.
Se han emitido sin éxito cuatro órdenes judiciales de desalojo.
@reporterosdeinv Yoni Rivas advierte sobre la violencia en el Bajo Aguán. Hoy el Bajo Aguán está de luto recordando dos años desde que le arrebataron la vida al ambientalista Juan López y denuncian el dolor de sufrir la impunidad y protección estatal a favor de la élite política, militares y sicarios envueltos en este caso. #sicarios #Honduras #crimenorganizado #ambientalistas #defensadelplaneta ♬ sonido original Reporteros de Investigación
Respuestas parciales, un conflicto entero
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su «Informe sobre la situación de derechos humanos en Honduras 2024», a través del SIMORE Interamericano emitió la Recomendación No. 9.
La recomendación fue Investigar las muertes en el Bajo Aguán relacionadas con el conflicto agrario.
La respuesta del Estado de Honduras, de agosto de 2026 es que «por medio del Ministerio Público, informa que, para la atención de las muertes ocurridas en el Bajo Aguán en el contexto del conflicto agrario, se ha asignado un fiscal de manera permanente a la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán».
«Dicha unidad reporta, al mes de abril de 2026, 152 casos activos en investigación, de los cuales 78 corresponden a hechos posteriores a 2015; 6 expedientes judicializados activos; y 38 sentencias emitidas, de las cuales 18 son condenatorias y 20 absolutorias. En cuanto a los
recursos financieros, para el ejercicio fiscal 2026 se asignó un presupuesto modificado de L. 2,911,136.35, con una ejecución del 54% al 12 de agosto del presente año».
Con esos datos, el Estado dio respuesta a la Recomendación número 9. Ni siquiera se precisa de qué trata cada caso, si se refieren a las muertes que según el movimiento campesino, sobrepasan las 200 en una década.
«Por otro lado, se han identificado áreas prioritarias en conflictividad social (análisis 2023–2025): El análisis de la conflictividad social por departamento durante los últimos tres años permite identificar cinco áreas prioritarias, cuya recurrencia y distribución territorial se detallan a continuación: a) Seguridad: es la temática más recurrente, presente de forma constante en 10 departamentos, lo que refleja una preocupación estructural por la violencia y la inseguridad ciudadana. b) Salud: aparece en todos los años analizados en 14 departamentos, evidenciando déficits en el acceso y calidad de los servicios, así como su vínculo con otros conflictos sociales.
c) Educación: se mantiene como prioridad en 12 departamentos, combinando en ocasiones temáticas como género o aspectos socioambientales. d) Área socioambiental: muestra una creciente complejidad, abarcando recursos naturales, agua, bosques, desechos, cambio climático y conflictos por tierra en 10 departamentos. e) Enfoque de género: emerge con fuerza a partir de 2025 en 9 departamentos, vinculado a la violencia contra la mujer, los feminicidios y la desigualdad».
Respecto a cumplir los acuerdos comprometidos con la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) celebrados en febrero de 2022 y asegurar el funcionamiento efectivo de la Comisión Tripartita acordada garantizando espacios de
diálogo entre todas las partes involucradas en el conflicto, el reporte estatal solo lo menciona.
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