Por Mauricio Velasco Laínez | Pro-Justicia de Honduras
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Desde hace varios años se viene practicando un latrocinio sistemático de los fondos públicos para financiar campañas políticas y abultar las cuentas bancarias y bolsillos de políticos, funcionarios, amantes y empresarios inescrupulosos.
El mayor desfalco conocido son los L6,399,000,000 que fueron sustraídos a través de empresas de maletín, contratos sobrevalorados y sobornos del Instituto Hondureño de Seguridad Social. Este vergonzoso caso aconteció durante la presidencia de Porfirio Lobo Sosa, quien, a pesar de reconocer públicamente, que tuvo conocimiento del latrocinio, nunca se le investigó por el siniestro Fiscal General Óscar Chinchilla, y mucho menos, se le llevó a juicio por el delito de encubrimiento.
Existen otros casos de redes de corrupción tejidos en el Congreso Nacional, instituciones públicas como el INFOP, despacho de la primera dama, Secretarías de Estado y fundaciones camufladas con programas de beneficio social. Estos casos se les conoce como la “Caja chica de la dama”, “Red de diputados” y “Pandora”.
Los(as) avispados(as) diputados (as) del Congreso Nacional, cumpliendo instrucciones de su jefe supremo, Juan Orlando Hernández (JOH) le han aprobado recientemente en ocho decretos, a su conveniencia y mayor interés, la estratosférica cantidad de L. 760,656,000,000, para que sufrague los gastos ocasionados por la pandemia y desarrolle los programas de asistencia social y recuperación económica.
Siempre complaciendo peticiones de JOH, el Congreso Nacional aprobó el decreto 332020, autorizando a la Secretaría de Salud (SESAL), INVESTH y a la Secretaría en el Despacho de Gestión de Riesgo y Contingencias Nacionales, para hacer contrataciones directas de las obras, bienes y servicios que se consideren necesarios para la contención, atención y mitigación de los efectos sanitarios, económicos y sociales derivados de la pandemia.
Mientras los médicos especialistas advertían el 12 de marzo de 2020, sobre las calamidades y múltiples carencias del sistema de salud, la flamante ministra de salud, Profesora Alba Consuelo Flores, afirmaba con aplomo y mentira, que el gobierno estaba preparado con las medidas, el equipamiento, y el presupuesto para enfrentar el COVID-19 si llegaba a Honduras y que se tenía la capacidad del personal para procesar las muestras y los reactivos.
La Secretaría de Salud que tradicionalmente hacía sus compras en un fideicomiso bancario, prefirió directamente hacer una compra de equipo de protección personal con un perjuicio para el Estado de L3,653,960.
El titular de COPECO, Gabriel Rubí, compró 40 ventiladores por L15,500,000, que no sirven para atender pacientes COVID 19 y les faltan accesorios; adquirió dos clínicas móviles por $223,353. l6, muy similares a las carpas de los modestos circos de pueblo, y pagó la cantidad de L4,252,000 para reparar un edificio, obra que quedó inconclusa y de mala calidad.
Ante el creciente descontento por el sobreprecio de las compras, Gabriel Rubí dejó su cargo en COPECO, para retomar su curul en el Congreso Nacional, donde podrá seguir disfrutando plácidamente de su jugoso sueldo, de los fondos departamentales, y aprovechando los buenos contactos que allí se hacen, para hacer buenos negocios.
Por su lado, Marco Bográn, Director Ejecutivo de INVEST-H, de conformidad a sus propias declaraciones, haciendo un barrido en Internet ubicó en Orlando Florida a Axel López, de nacionalidad guatemalteca, en una empresa de maletín (sin oficinas) a quien canceló por adelantado y sin ninguna garantía la cantidad de L1,200,000,000, para la adquisición de siete hospitales móviles debidamente equipados. La empresa en Turquía fabricantes de los hospitales, al conocer de la compra, comunicó públicamente que no había hecho ningún compromiso con el gobierno hondureño y que procedería por la vía judicial contra Axel López, por haber falsificado la documentación que empleó para cerrar el negocio millonario con Marco Bográn. De conformidad a cálculos preliminares el traslado y la instalación de los hospitales desde Puerto Cortes a los lugares de destino, costará L. 62,000,000.
La Cruz Roja Hondureña, que en un inicio se encargaría de administrar los hospitales móviles con su personal médico, al no obtener de INVEST-H la información detallada de los mismos, retiró su compromiso de administrarlos.
Para los funcionarios, ex funcionarios, políticos, diputados, periodistas, empresarios, abogados, fiscales, jueces, magistrados, militares, pastores, sacerdotes y particulares, culpables por acción u omisión del empobrecimiento, migración, violencia, muertes, división, injusticia, corrupción e impunidad en Honduras, dedico y cito a Isaías 59:3.
“Porque vuestras manos están manchadas de sangre, y vuestros dedos de iniquidad; vuestros labios hablan mentira, vuestra lengua murmura maldad.”
9 de julio de 2020