Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. La cantidad de militares y policías, activos o retirados, dueños de empresas de seguridad privada, representan un riesgo para la existencia sostenida de mercenarios que han venido operando en Honduras, entrenados para llevar a cabo operaciones castrenses ilegítimas en otros países.
Un informe oficial de la Secretaría de Seguridad de Honduras, obtenido por RI, revela que entre 1999 y 2017, en Honduras se registraron 682 empresas de seguridad privada. Estas empresas tenían hace tres años, un ejército de 30,097 agentes y 19,417 armas registradas.
El 5 de mayo de 2020, el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, funcionario de aquel país, sostuvo que en 2019 se contrataron mercenarios centroamericanos y colombianos para dar Golpe de Estado en Venezuela mediante el denominado Movimiento Fuerza y Libertad, comandado por Clíver Alcalá.
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Cabello habló después de que Venezuela frustrara el 3 de mayo de 2020, la operación Gedeón, una incursión marítima que pretendía la detención del presidente venezolano, Nicolás Maduro. Las personas detenidas mencionaron durante los interrogatorios a Juvenal Sequea, supuesto cómplice de Alcalá.
Nexos con gente cercana a Juan Orlando Hernández
Uno de los detenidos fue Luke Denman, militar estadounidense en retiro, admitió que sus funciones para derrocar al gobierno de Maduro estaban establecidas en un contrato con la empresa estadounidense de seguridad privada Silvercorp, firmado por el opositor venezolano Juan Guaidò, JJ Rendòn (ha sido asesor de campañas de Juan Orlando Hernández) y Jordan Goudreau.
Según dijo Maduro, en conferencia de prensa, en este contrato aparece también el abogado Manuel Retureta, el ex defensor de Juan Antonio Hernández, hermano de Juan Orlando Hernández, acusado por narcotráfico. Maduro señaló que Retureta firma como testigo del contrato que pretendía sustituir las leyes de Venezuela y alterar el orden constitucional, «por un grupo de contratistas que iban a tomar el poder en Venezuela y iban a privatizar todos los órdenes y además les daban licencia para matar y destruir a quien quisieran».
El diario La Tribuna de Honduras informó el 18 de mayo de 2020 que las autoridades de Venezuela estaban tras la pista de un hondureño que estaría implicado en fallida operación en Venezuela.
Vea: Venezuela. Jordan Goudreau admite que «la Casa Blanca respaldó la Operación Gedeón»
ONU preocupada por mercenarios en Honduras
El Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación, de la Organización de Naciones Unidas, visitó Honduras del 18 al 22 de febrero de 2013 por invitación del Gobierno de Honduras.
El Grupo de Trabajo lamentó desde 2013 “que no se haya modificado la legislación interna para definir y prohibir a los mercenarios, a pesar de la adhesión del país a la Convención en 2008”.
Sobre las Empresas de Seguridad Privada (ESP), este Grupo de Trabajo advirtió que “en Honduras esas empresas siguen siendo entidades poderosas que operan al margen del control del Estado, y el Gobierno se enfrenta a importantes dificultades jurídicas, estructurales e institucionales para ejercer una supervisión efectiva respecto de ellas. El marco jurídico y reglamentario vigente no está a la altura de las normas internacionales, y su aplicación se ve dificultada por la falta de capacidad institucional de las autoridades encargadas de regular las EPS”.
“Con respecto a la cuestión de los mercenarios, Honduras se adhirió a la Convención Internacional contra el reclutamiento, la utilización, la financiación y el entrenamiento de mercenarios (la Convención sobre los mercenarios) en 2008. Honduras es también Estado parte en el Protocolo adicional a los Convenios de Ginebra del 12 de agosto de 1949 relativo a la protección de las víctimas de los conflictos armados internacionales (Protocolo adicional I), que define a los mercenarios y establece que no se les concederá el derecho al estatuto de combatiente o de prisionero de guerra”, declaró el Grupo de Trabajo de la ONU.
En el mismo reporte señaló que “el Grupo de Trabajo realizó su primera visita a Honduras en 2006 (véase A/HRC/4/42/Add.1), y examinó el marco jurídico e institucional dirigido a la regulación de las actividades de las EPS en el país. El Grupo también recabó información acerca de Your Solutions Honduras SRL, una EPS hondureña que, al parecer, reclutó y formó a hondureños y chilenos entre julio y octubre de 2005 y los envió a trabajar en el Iraq como guardias de seguridad para proteger instalaciones fijas del ejército de los Estados Unidos”, advirtió el reporte de la ONU en aquel entonces.
“El Grupo de Trabajo expresó preocupación por la falta de control y vigilancia de las actividades de las EPS por parte del Gobierno, y por la exportación de facto de servicios privados de seguridad a otros países”.
El informe de Seguridad Pública, obtenido por RI, citado anteriormente, revela que entre 2015 y 2017 en estas empresas hubo apenas 2800 supervisiones, según los datos del informe estatal.
“La Secretaría de Seguridad también sigue adoleciendo de falta de capacidad institucional para administrar los procesos de licencia y registro y vigilar las actividades de las EPS. Además, como el Grupo constató en 2006, muchas de estas empresas son propiedad de antiguos militares o agentes de policía de alto rango, que ejercen una influencia y un poder significativos en el sector de la seguridad. Por desgracia, el escaso control sobre las EPS se ha convertido en la norma en lugar de la excepción en el país, y el Grupo de Trabajo lamenta que las condiciones para la seguridad ciudadana no hayan mejorado, e incluso hayan empeorado Informe del Grupo de Trabajo sobre la utilización de mercenarios como medio de violar los derechos humanos y obstaculizar el ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación”, advirtió el Grupo de Trabajo de la ONU en 2013.
Honduras, con tradición de mercenarios
“En días anteriores fue presentado en un noticiero de la televisión Norteamericana, un documental en el que aparecen oficiales norteamericanos y argentinos, muchos de estos últimos recientemente licenciados por el Ejército de ese país, en labores de entrenamiento de contrarrevolucionarios somocistas y mercenarios latinoamericanos en Honduras” (Cable desclasificado no. 600, sin fecha exacta, 1982)73. Esa cita forma parte del artículo académico, la asesoría militar Argentina en Honduras, publicado en diciembre de 2018, por Emiliano Balerini Casal, un estudiante del Doctorado en Estudios Latinoamericanos de la UNAM. Su tema de investigación fue la Intervención de la dictadura militar argentina en el conflicto centroamericano (1978-1983).
Este trabajo cita: “Para hablar de la intervención de la dictadura militar argentina en Honduras durante el conflicto centroamericano de los años setenta y ochenta, es necesario saber que si bien en ese país del istmo no hubo una guerra civil como en otras naciones de la región, su territorio funcionó para fundar y entrenar a las Fuerzas Democráticas Nicaragüenses (FDN) y a la Legión 15 de Septiembre, entre otras organizaciones que posteriormente conformaron La Contra, la cual atacaría las revoluciones de la zona”.
“No era la primera ocasión que el territorio hondureño era utilizado para embestir a movimientos sociales o gobiernos de los países vecinos. Juan Arancibia (1983) explica que el 24 de mayo 1954, Honduras firmó un acuerdo con Estados Unidos para crear el Primer Batallón de Infantería (pp. 23-24)1. Casi un mes después, el 27 de junio, las fuerzas paramilitares que derrocaron al mandatario guatemalteco Jacobo Arbenz, encabezadas por Carlos Castillo Armas, salieron desde Honduras y Nicaragua”.
Revela que Honduras fue el país territorio para establecer un Estado Mayor Argentino en el contexto de la firma de un acuerdo secreto entre las fuerzas armadas de esa nación centroamericana, Argentina y Estados Unidos, conocido como Plan Charlie.
Este plan consistió en utilizar el territorio hondureño para entrenar a “los ejércitos irregulares que enfrentarían a la Nicaragua sandinista, y las guerrillas de El Salvador y Guatemala”.
“…Treinta y siete años después del secuestro de Carlos Balerini, su familia sostiene que por el contexto en el que se dio su desaparición, en la que militares argentinos dirigían los operativos de los escuadrones de la muerte en Honduras, bien pudieron estar involucrados en su detención. Esta idea se ve reforzada con la información proporcionada por Valladares en su informe:
Observadores de derechos humanos no pueden dejar de notar las sorprendente similitud entre el patrón que comienza a percibirse en Honduras y las 15,000 a 20,000 desapariciones forzadas por las fuerzas armadas argentinas entre 1976 y 1980. Estas similitudes incluyen el uso de hombres de civil fuertemente armados que no se identificaban porque claramente ejercían autoridad oficial, los cuales realizaban operativos durante el día, permanecían largo tiempo en residencias y lugares de trabajo, persiguen y espían a sus objetivos en público, sin ser interferidos por agentes regulares de la policía. Otras similitudes incluyen el uso de vehículos sin placas y centros clandestinos de detención. (p. 353)69”.
El boletín 28 de Repercusiones de las Actividades de los Mercenarios sobre el Derecho de los Pueblos a la Libre Determinación reveló que “los mercenarios se encuentran en cualquier región del mundo. Proceden de una gran variedad de países y actúan en cualquier lugar al que sean enviados por sus empleadores. Aunque se los ha relacionado primordialmente con el continente africano, en los últimos años los mercenarios han desarrollado sus actividades en lugares tan diversos como el Pacífico meridional, Centroamérica, los Balcanes, Asia y el Cáucaso».
“Los mercenarios están dispuestos a combatir en cualquier bando y por cualquier causa, y pueden ser reclutados por gobiernos, grupos de oposición, movimientos nacionales de resistencia u organizaciones delictivas. Se los ha relacionado cada vez más con grupos dedicados al tráfico de drogas, armas, minerales y seres humanos”, advierte este informe.
La prensa alternativa de Venezuela, por su parte, ha calificado la operación Gedeón como el fracaso de una operación de extracción de Nicolás Maduro. Según esta publicación, Goudreau fue combatiente en Irak.
