Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. El “capo del narcotráfico”, Juan Orlando Hernández, estableció un sistema de torturas en las cárceles de Honduras que lideró escondido en la Ley de Secretos. Como presidente y titular del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (Conadese), ordenó una serie de disposiciones que aún permanecen ocultas.
Para la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York es una persona de alta peligrosidad que traficó cocaína y armas con las mafias más peligrosas del mundo. Pese a eso, la única medida adoptada con él, como lo autorizan las Reglas de Mandela, fue el uso de cadenas, grilletes para evitar que escapara durante su captura y traslado. A él no se le aplica la violatoria Ley del Trabajo para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad, aprobada en su gobierno.
En contraste con el trato que dio a los privados de libertad cuando era presidente de Honduras, a él cada día lo han visitado hasta 12 abogados. No está en una cárcel común sino en una instalación policial, su esposa le lleva comida caliente, puede hacer visita conyugal de hasta 40 minutos. Tiene un cuerpo de médicos a su disposición. Su familia entra a verle sin restricciones, describió el jueves 24 de febrero la Secretaria del Consejo Consultivo del Comité Nacional de Prevención contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (Conaprev), Rihanna Ferrera.
En una inspección el Conaprev ha constatado que su familia ha podido llevarle todo lo que necesita para su alimentación, tiene buena iluminación, sanitario, ducha, atención médica y buen trato.
Solo habían pasado 24 horas de la entrevista con la abogada Ferrera —también directora de la organización Cozumel Trans — cuando Reporteros de Investigación recibió audios de madres y padres desesperados porque desde el jueves sus hijos están sin comer como una medida de “castigo”.
La noche del viernes había un ambiente agitado en la cárcel de máxima seguridad La Tolva, pues, los internos denunciaban que estaban siendo sometidos a tortura por las fuerzas militares que controlan las cárceles.
Además de todo eso, esta semana la Unidad creada por la Ley de Protección Especial de Funcionarios y Exfuncionarios en Riesgo Extraordinario, dirgida por Zulmi Ortez, ha estado trabajando de manera sigilosa para proteger a la familia del presunto capo del narcotráfico, con presupuesto del Estado, reveló un alto funcionario del Estado ligado a la Seguridad Pública.
La ley fue aprobada en 2013, pero el 20 de diciembre de 2021, un mes antes de dejar el poder, esta unidad fue reforzada.
Mientras el primer decreto 323-2013 mandaba que los funcionarios no podían contar con más de los recursos recomendados mediante un análisis, la reforma 106-21 dejó abierto el presupuesto para todos los gastos del funcionario protegido.
La funcionaria que dirige esta unidad trabajó con el sub director de Centros Penales, en 2019, German Mcneil y muy de cerca con Luis Suazo, ex viceministro de seguridad — dijo la fuente oficial— ella ha estado solicitando apoyo a los militares, pero ellos le han quitado la custodia a Juan Orlando Hernández y la redujeron a 20 soldados.
En otro punto de la capital, el defensor de derechos humanos, Gerson Alexander Mejía Rivera, dedica su existencia a defender la vida de los privados de libertad luego de salir de prisión en donde estuvo durante varios años. Ahora es parte de la organización Cozumel Trans.
“JOH daba un bono por detención de maras y pandillas”
¿Cómo es posible que tenga privilegios con comida y visitas? “Yo fui privado de libertad ¿ cuál es el privilegio que tiene? Hay muchos que están privados de libertad sabiendo que JOH daba un bono para detener a gente de maras y pandillas. Hay personas que estaban en la iglesia y le ponían droga para detenerla”.
“Que se revise cada expediente de cada privado de libertad. De 2017 para acá, todos los expedientes tienen un mismo testigo protegido y se supone que son los mismos testigos en varios de los juicios”, reveló el defensor de derechos humanos.
“El bono empieza en noviembre de 10,000 lempiras, 8000 y luego bajó a seis mil lempiras por cada persona que agarran por extorsión. De esto había un documento, pero me robaron el teléfono”.
Torturas documentadas
Las Observaciones Aprobadas por el Comité en su 58º periodo de sesiones (25 de julio a 12 de agosto de 2016) confirman el sistema de torturas instalado en las cárceles de Honduras.
Un informe de la organización defensora de derechos humanos, Asociación de Jueces por la Democracia, publicado en 2017, revela estas observaciones. El documento se llama Informe Periódico de Honduras en el contexto del Examen Periódico Universal (EPU).
Este informe revela que “el Comité expresa su preocupación por las informaciones que dan cuenta de numerosas denuncias de violaciones de derechos humanos, incluidos actos de tortura, cometidas por miembros de las fuerzas armadas en ejercicio de funciones policiales”.
“El Comité toma nota de las explicaciones de la delegación sobre el contenido de la Ley del Trabajo para Personas Privadas de Libertad y de Permanencia para Reos de Alta Peligrosidad y Agresividad (Decreto núm. 101-2015)… Al respecto, el Comité señala a la atención del Estado parte las Reglas 96 a 103 y 116 de las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela). Por otro lado, preocupan al Comité las disposiciones relativas al tratamiento penitenciario aplicable a los reclusos considerados de alta peligrosidad o con conducta agresiva, ya que imponen en la práctica un régimen de aislamiento prolongado durante el tiempo de cumplimiento de la condena (arts. 2, 11 y 16)”.
1200 Denuncias de tortura
Entre 2009 y 2014, el Comité toma nota de los datos facilitados por el Estado parte, según los cuales, la Fiscalía Especial de Derechos Humanos (FEDH) recibió 253 denuncias por tortura entre 2009 y 2014, mientras que el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos —la institución nacional de derechos humanos del país— registró 912 denuncias de tortura y malos tratos entre 2010 y 2014, habiéndose dado traslado de los casos más graves al Ministerio Público.
“El Comité expresa su preocupación por los informes recibidos en los que se señala un incremento en el número de denuncias por uso excesivo de la fuerza por parte de miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional”, dijo en 2016 el Comité de la ONU.
Las políticas eran decididas por el Conadese, según la ley y aplicadas por Fusina. El líder del Conadese era Juan Orlando Hernández.
El 22 de febrero de 2022 su esposa, Ana García, denunció que el ex mandatario había recibido tratos humillantes durante su detención porque le colocaron cadenas en pies y manos, lo exhibieron como trofeo y le practicaron un examen médico, dijo la ex funcionaria después de salir del Conadeh.
La directora de Cozumel Trans fue del criterio que Juan Orlando dio la orden de la detención arbitraria contra hombres, mujeres, periodistas, defensoras, LGTB.
A la defensora trans, Simonett, la vincularon a la pandilla 18, la ataron de pies y manos y la exhibieron como cabecilla de la pandilla 18, recordó Ferrera.
Exhibición violatoria
“Es una violación a derechos humanos exhibir un preso pero como parte de organizaciones que trabajamos el tema desde el Consejo Consultivo, órgano asesor de Conaprev, ¿cómo va a decir que se violentan derechos humanos cuando ellos dieron la orden de hacer eso con personas de clase baja?», consideró la abogada Ferrera.
Al ver el vídeo del señor Juan Orlando, le dieron un trato con amabilidad, si así fuera para la sociedad en general sería bueno; en el caso de Simonett le botaron la puerta de su casa, “tenemos fotos de muchachos que acaban de atrapar, a un muchacho le dispararon en el pie, le pusieron chachas en pies y manos”. A otra persona le quebraron las manos en octubre del año pasado. El coronel Padilla se las quebró, quería llevar los reos a limpiar su casa y como se negaron los metió a celdas de castigo en el centro penal de Támara, está documentado en Conaprev.
“No hay escrito, pero hay relatos de todas las personas privadas de libertad las fuerzas antimaras y pandillas, militares y policías llevaban el canto que ´el Señor Presidente nos dio la potestad de disparar y matar´ y en este caso se propuso JOH como el presidente del Conadese. Honduras se constituyó como un comité en el tema de seguridad él manejaba todo y daba las órdenes para poder hacer capturas y se les daba bono y se les sigue dando bonos por la aprehensión de jóvenes LGTB, defensoras”, denunció.
Para Ferrera encadenar y exhibir personas es una disposición acordada en reuniones con las fuerzas armadas y unidades que luchan contra la criminalidad. “La costumbre hace ley y como por mucho tiempo la costumbre era exhibir y encadenar, él pensó que nunca lo iban a detener y él vivió en carne lo que vino sembrando por mucho tiempo”.
“Si se pronuncia el Conadeh también como organizaciones de DD. HH. nos vamos a pronunciar por 20,250 privados de libertad que antes sufrieron eso. Lo haremos junto a la Red de Penitenciaria, una coalición de organizaciones”.
“Lo visitan 12 abogados a diario. La esposa llega a diario a dejarle alimentos y tiene un cuerpo de doctores y la visita que tiene la mujer es de 30 a 40 minutos y nosotros hemos solicitado 15 minutos de una madre que llora a su hijo en Tamara, Morocelí, Siria, ¿cuál es el privilegio que Juan Orlando tiene y se tienen que cumplir las reglas que él puso reo de alta peligrosidad ley creada aprobada por su gobierno? Es la Ley de Trabajo para personas privadas de libertad y de permanencia para reos de alta peligrosidad y agresividad, publicada en el Diario Oficial La Gaceta, edición 14 de enero de 2016”.
Ferrera reconoció que las Reglas Nelson Mandela hablan sobre el proceso de detención y aprehensión. En 2015, desde Cozumel Trans empezaron a trabajar el tema de privación de libertad y “desde 2015 hemos visto exhibición y las reglas dicen que violentan la dignidad y el estado de inocencia del individuo y protección de la intimidad, toda persona sin condición alguna no tendría que ser exhibido”, explicó. Para la defensora de derechos humanos, los medios deberían tapar el rostro de las personas detenidas.
Leyes que protegen a privados de libertad
- Reglas Nelson Mandela
- Convención contra la Tortura, Tratos Crueles Inhumanos y Degradantes
- Protocolo Facultativo de la Convención
- Protocolo de Estámbul
- Protocolo de Minessota
Pedro Joaquín Amador
“Habría que retroceder cuando en su mandato, él mismo dio la orden de exhibir a detenidos…señora Ana García de Hernández usted tiene derecho a pedir que no se le violenten derechos humanos, ¿pero cuando detuvieron a aquellos manifestantes que ustedes mandaban a capturar o asesinar, respetaban derechos humanos? Independientemente de eso, en este gobierno a todos se les va a respetar los derechos humanos. No se puede exhibir a personas privadas de libertad, pero él mismo implementó esa regla. Si ella quiere reunirse conmigo la voy a atender”.
César Fúnez
“La costumbre se hace Ley y la Declaración Universal de Derechos Humanos, en su artículo 5 dice que nadie debe ser sometido a penas crueles y actos degradantes y el 7 dice que todos somos iguales ante la ley, entonces no sé qué es lo que ellos están peleando si son cosas que ellos hicieron y ahora ellos no quieren que sean sometidos a esas cosas. Entonces no entiendo cuál es la postura, ayer (24 de febrero) estuvimos en una cárcel en la penitenciaría de Tamara y no nos dejaban ingresar”.
Sandra Rivera
“Pienso que no que eso no es violentar derechos humanos. Ellos han violentado desde el Golpe de Estado, cuando golpearon a nuestros compañeros, hubo agredidos, encarcelados, muertos, nosotros como pueblo hemos puesto de todo y nuestros derechos fueron violentados enormemente. ¿Por qué a estas alturas doña Ana Hernández se siente ofendida de que le hayan violentado derechos a su esposo, cuando él fue el que creó esos decretos y él lo llevó a ejecución con nosotros el pueblo. Esta señora debería sentarse y analizar y pensar en cuántas familias ellos pusieron luto, dolor, lágrimas”.
Reglas de Mandela
Regla 1
Todos los reclusos deben ser tratados con respeto por su dignidad y valor propio como seres humanos.
Ningún recluso puede ser torturado ni sometido a otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
Se debe proteger a todos los reclusos contra los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Ninguna circunstancia puede justificar las torturas o los tratos crueles, inhumanos o degradantes.
Se debe cuidar todo el tiempo la seguridad de los reclusos, del personal, de los proveedores de servicios y de los visitantes.
Regla 2
Las Reglas deben ser respetadas para todos los reclusos.
No se puede discriminar por motivos de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra especie, origen nacional o social, fortuna, nacimiento o cualquier otra situación.
Está prohibido el uso de cadenas, grilletes y otros instrumentos de coerción física degradantes o que causan dolor. Los instrumentos de coerción física solo pueden ser utilizados cuando la ley los autoriza y en los siguientes casos: para que el recluso no se escape durante un traslado. En este caso, los instrumentos de coerción deben ser retirados cuando el recluso se presenta ante una autoridad judicial o administrativa; para evitar que el recluso se lesione a sí mismo, lesione a otros o produzca daños materiales, cuando fracasaron los demás métodos de control. El uso del instrumento de coerción debe ser ordenado por el director del establecimiento penitenciario. En estos casos, el director debe avisar inmediatamente al médico e informar a la autoridad administrativa superior.
Regla 48
Los instrumentos de coerción física deben aplicarse de acuerdo con los siguientes principios:
* cuando ninguna otra forma de control sea eficaz frente a los riesgos que tiene la libre movilidad del recluso;
* elegir el método menos invasivo para controlar la movilidad del recluso;
* usarlos durante el tiempo necesario y retirarlos lo antes posible cuando desaparecen los riesgos de la libre movilidad del recluso.
