Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Por primera vez en la historia, la Policía Nacional de Honduras, y no los militares, se encargó de todo el dispositivo de seguridad para la toma de posesión de la única mujer que gobierna este país de América Central desde el 27 de enero pasado, Xiomara Castro.

Desde ese instante, la seguridad pública en Honduras empezó a operar cambios que pueden conducir a una auténtica transformación tal como lo ordenó la presidenta de Honduras en su toma de posesión.

Refundación de la Seguridad

“La refundación de Honduras comienza por el restablecimiento al respeto del ser humano, la inviolabilidad de la vida, la seguridad de los ciudadanos y ciudadanas. No más escuadrones de la muerte, no más silencio ante los feminicidios, no más sicariato, no más narcotráfico, ni crimen organizado”.

“Queremos que el hondureño y la hondureña sientan la presencia de un Estado garantista de sus derechos donde se pueda vivir en paz. Nuestra policía, será una policía preventiva, comunitaria disciplinada y fraterna. Una policía que debe cultivar el sentimiento de servicio. Iremos transformando paulatinamente las organizaciones de los cuerpos de seguridad para que se conviertan en colaboradores de la ciudadanía”, prometió Castro el día que tomó el poder.

A tres meses de un nuevo gobierno hay hechos inéditos que están ocurriendo en materia de seguridad en el país: La Política Criminal del Estado se está desmilitarizando, las estrategias de seguridad son manejadas por la Policía Nacional el ente formado para este fin, las operaciones de represión de la protesta pública cesaron. Las mujeres tienen un rol protagónico. Por primera vez, la Secretaría de Seguridad es comandada por un policía.

Un académico, que multiplicó en los primeros días los decomisos de cultivos de hojas de coca, dirige la Policía Nacional.

En dos meses, la Policía decomisó 331,000 arbustos de hoja de coca, más del 50 por ciento de lo confiscado en los 12 meses precedentes, descubrió seis narco laboratorios en contraste con siete desarticulados en todo 2021 y mostró reducción de homicidios, según cifras policiales.

Si el gobierno sigue por esta ruta generará una reforma que permitirá una cultura de seguridad ciudadana, el fortalecimiento de la investigación criminal, la desaparición de escuadrones de limpieza social y la consecuente reducción de la impunidad. No obstante, todo este tema pasa también por luchar contra la narco política.

En diálogo con RI, la vice ministra de Seguridad, Julissa Villanueva, aseguró que su compromiso es para trabajar por el fortalecimiento de la investigación criminal de femicidios especialmente que involucran a cuerpos armados del Estado como el de la agente de la ATIC, Sherill Yubissa Hernández Mancía, el asesinato de Keyla Martínez dentro de una posta policial en el gobierno anterior, así como muertes de otros grupos vulnerables. La investigación se puede hacer incluso con veeduría pública de medios como Reporteros de Investigación, comentó.

Desde 1998, la Policía Nacional dejó de depender de la Secretaría de Defensa y pasó a formar parte de la Secretaría de Seguridad. Eso ocurrió solo en la parte normativa, en esencia la influencia militar y la formación castrense en la institucionalidad se habían mantenido incólumes y más bien se profundizaron desde el golpe de Estado de 2009.

En los ocho años de gobierno de Juan Orlando Hernández, las Fuerzas Armadas se extendieron por todas las instituciones claves del Estado, la inteligencia del Poder Ejecutivo, Migración, Marina Mercante, Telecomunicaciones, Mecanismo de Protección para periodistas y en la Secretaría de Seguridad, entre otros.

Es decir, eran los militares quienes movían los hilos para la represión ciudadana mientras había una campaña sistemática para conducir a la opinión pública a creer en la necesidad de desaparecer la policía.

Eso lo reconoció el nuevo director de la Policía Nacional, comisionado Gustavo Sánchez. El director de la Policía dijo a RI que junto a la Secretaría de Educación y la Secretaría de Salud, son la institución del Estado con más presencia en todo el país. Desde que entró el nuevo gobierno, la policía nacional no ha usado bombardeos con gas lacrimógeno contra la población civil.

Como si hubiera habido un conflicto armado, en los últimos 12 años, la población sufrió cruentas violaciones a los derechos humanos y bombardeos con uso excesivo de gas lacrimógeno. Una evidencia de eso, es la muerte de Wendy Ávila, “asesinada a causa de los gases lacrimógenos, lanzados en la represión del 22 de septiembre (2009) frente a la embajada de Brasil”.

Sobre el tema, el director de Comunicación Estratégica de la Secretaría de Seguridad, comisionado Miguel Martínez Madrid, describió: “Nosotros somos civiles, tenemos una formación muy estricta disciplinada y una doctrina que en aquel momento fue originada en el ambiente militar e incluso su servidor por un tiempo fue militar hace más de 30 años, después nos convertimos en una policía civil al servicio del pueblo quiere decir que nosotros no estamos sobre la ciudadanía, que somos subalternos al servicio de la ciudadanía, la diferencia también es en la naturaleza precisa del trabajo”.

Servir y proteger, no ver un enemigo a combatir

“Yo fui entrenado para servir al público para trabajar en el público en el ambiente ya sea urbano o rural y entiendo que mi trabajo se debe a servir y proteger no, a tener un enemigo constante que hay que combatir y que está al otro lado de una frontera, esa es la gran diferencia”, comentó Martínez Madrid.

Los estudios de Sociología y del ambiente situacional de la militarización de la seguridad en Latinoamérica dan a conocer que los países que son muy susceptibles y que en un momento se tienen factores o indicadores de alta incidencia delictiva y falta de gobernabilidad, la tendencia en esos años por los gobernantes es a militarizar la seguridad del país. “Esa es la tendencia, pero actualmente estamos viendo un cambio”, comentó.

El comisionado colocó como ejemplo de la formación policial que aun en las protestas violentas la policía no sacó sus armas para disparar contra la población civil.

Represión de cuerpos armados

En 2017, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) reveló que “para controlar y dispersar las protestas los elementos de las fuerzas de seguridad, especialmente la Policía Militar del Orden Público y el Ejército, usaron la fuerza excesiva, incluida fuerza letal, lo que también resultó en muertes, así como en lesiones de diversa magnitud de manifestantes y transeúntes”.

La Oacnudh señaló que “al menos 23 personas murieron, incluido un oficial de policía; alrededor de 60 personas resultaron heridas por elementos de las fuerzas de seguridad nacional; se produjeron arrestos masivos, así como malos tratos durante el arresto y la detención”.

Este informe fue denominado Responsabilidad por las violaciones a los derechos humanos cometidas en el contexto de las elecciones generales de 2017 en Honduras: avances y desafíos.

Si bien es cierto, hay un compromiso y la intención para el respeto de los derechos humanos, en el nuevo gobierno hay hechos que parecieran rescoldos de la dictadura.

Retos pendientes

La captura y exhibición del periodista, César Silva, por parte de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) aunque él había presentado un escrito de presentación voluntaria al Juzgado de Paz que lo detuvo por una falta relacionada con su actividad como reportero; la alerta de defensoras de la Organización Fraternal Negra Hondureña (Ofraneh) para denunciar discriminación por parte de policías, evidencian este desafío.

A esto hay que sumar que forman parte de la estructura actual oficiales signados por denuncias de violaciones a derechos humanos, pero sin sentencias firmes que los condenen, como Juan Manuel Aguilar Godoy y Martín Mejía Flores.

Aguilar Godoy es el sub director de la Policía Nacional, tiene una carta de libertad. Fue coimputado junto a Félix Adrián Colindres y Marlon Agustín Vásquez Palma. La jueza Gabriela Gallo les dio carta de libertad el 1 de junio de 2018. Estuvieron imputados por el presunto maltrato contra cuatro defensoras /es de derechos humanos.

En un documento policial, obtenido en 2018 por RI, aparece como responsable directo de ejecutar el plan de desalojo, el subcomisionado de policía Raúl Martínez Alvarado, según cita el numeral VI de Instrucciones de Coordinación del  informe confidencial denominado Plan de Operaciones D.G.P.N.-No. 8735-2017, “Apolo III”.

Mejía Flores no cuenta con acusaciones criminales aunque fue denunciado el 18 de julio de 2019 ante el Ministerio Público por el entonces líder de Los Indignados Miguel Briceño por una supuesta represión con uso de gas lacrimógeno durante una protesta pública. Ahora, es el jefe policial en Ocotepeque, al occidente del país. 

El periodista de RI José Alemán intentó conocer su versión sobre este hecho, pero no quiso dar declaraciones al respecto.

Se solicitó información sobre su hoja de vida dentro de la institución policial. La solicitud se hizo con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública. La Secretaría de Seguridad dio los datos de la asignación del policía y reservó otra información solicitada.

Para el director de Comunicación Estratégica de la Secretaría de Seguridad estas acusaciones pueden ser injustas porque no existe una sentencia firme de ningún tribunal y los funcionarios policiales son susceptibles de denuncias porque, por sus acciones, puede haber inconformidad ciudadana.