Redacción: Wendy Funes | Edición: Melissa Hernández

El narcotráfico y las élites extractivistas quieren controlar la seguridad del Estado y su apuesta es la remilitarización. En este afán no solo hay políticos del bipartidismo sino saboteadores que impiden un cambio en materia de seguridad cuya finalidad sea la protección de la ciudadanía, tal como lo espera la nación.

Esta es una oportunidad para que la sociedad civil tenga una policía civil sin militarización y que desde ahí luche y exija destitución de oficiales corruptos, transparencia y operaciones respetuosas de derechos humanos.

Análisis

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Desde aquella tarde en que un Ramón Sabillón con barba larga era presentado como el nuevo ministro de Seguridad de Honduras, en un salón de lujo del Hotel Marriott, empezó a hervir la disconformidad interna en el Partido Libertad y Refundación (Libre).

Sabillón, hombre cercano a la Administración de Control de Drogas (DEA), había recibido desde unos meses antes información que le sugería que sería el próximo ministro de Seguridad.

El otro candidato a ser ministro de Seguridad era Hugo Suazo, el actual viceministro de Seguridad en Prevención y DD. HH. cuyo mérito es ser un hombre que estuvo en Resistencia.

Su candidatura era fuerte. Por eso fue el coordinador de la Comisión de Seguridad del Traspaso de Mando de la primera mujer presidenta, Xiomara Castro.

Había oficiales alineados con Suazo y empezó la guerra de información no oficial. Mucha de esta información fue recibida por Reporteros de Investigación en forma de líbelo. Había que confirmar y analizar, muchos datos siguen en verificación. Mientras tanto, dejar pasar el tiempo y observar es un buen método para no contribuir a la desinformación.

A Sabillón lo tildaban de candidato de la embajada de Estados Unidos. Venía de aquel país. Salió de Honduras después de haber capturado a los Valle Valle y ser destituido por el presunto narcotraficante presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH).

Narcopolítica

En el cruce de filtraciones de esa batalla, trascendió que el comisionado de Policía, mencionado en Nueva York, Ramón Adalberto Martínez Hernández, supuesto colaborador de Geovanny Fuentes, acompañaba la Comisión de Traspaso de Mando del 27 de enero de 2022.

Una aclaración firmada por Hugo Suazo señaló: “El ciudadano en mención visitó las instalaciones del Estadio Nacional a fin de ofrecer su colaboración en lo relacionado a los aspectos técnicos de seguridad”.

A todo se sumó la decisión sin antecedentes de la presidenta Castro, el dispositivo de Seguridad sería manejado por primera vez únicamente por policías. Con esta decisión, Castro dejaba de lado a militares que el 28 de junio de 2009 le dieron golpe de Estado a su esposo, José Manuel Zelaya Rosales.

De esta forma, a la disconformidad sobre el tema de la seguridad se sumaron entonces las cúpulas militares.

Con el paso de los meses, Castro ordenó quitar a las Fuerzas Armadas de las cárceles, Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP), Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), los asesores militares fueron sacados de la Policía Nacional. La única concesión que Xiomara Castro les hizo fue dejar la Policía Militar del Orden Público –creada por JOH– en las calles.

A diferencia de otras administraciones donde todavía se mantenía influencia del militarismo en la Policía, los 12 años en que las cúpulas castrenses estuvieron encima de la Policía fueron creando un resentimiento que burbujeaba en silencio. Por eso, con el cambio de gobierno, la Policía sentía que era una victoria en 12 años recobrar las instituciones de seguridad.

Pero mientras crecía la disconformidad militar, controlada por jerarcas marciales mencionados en Nueva York por tráfico de drogas, también se elevó la extorsión y empezó la percepción de una crisis en materia de seguridad. La crisis de seguridad parecía alcanzar clímax con la captura de Juan Orlando Hernández.

Narcomilitares

La acusación formal de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York (FDSNY) S6 15 Cr. 379 (PKC) cita que el “acusado recibió el apoyo de los más altos niveles del ejército hondureño. René Orlando Ponce Fonseca, general hondureño y líder del Batallón 105 en San Pedro Sula, más tarde, el jefe de FUSINA (un grupo de trabajo multiagencial antidrogas de Honduras) para el norte de Honduras costa (Tr. 595), y más tarde jefe de todas las fuerzas militares en Honduras, proporcionó al acusado asistencia, equipo militar, uniformes y armas”.

El testigo protegido, El Contador, Sánchez, encontró por esos días una caja dentro de Graneros que contenía «chalecos de policía y uniformes del Ejército y de la policía”, junto con “una pieza de papel dentro de la caja que decía ‘para Geovanny Fuentes’, y al costado había algo como un sello que decía ‘Brigada 105’».

“Además de Ponce Fonseca y la Brigada 105, otros de los contactos militares del acusado se encuentran el coronel Leandro Flores, jefe de una unidad antipandillas; y Coronel Melgar, comandante de un grupo de trabajo multiagencia antinarcóticos”, dice el expediente.

Hasta ese momento parecía ser una conspiración del gobierno de Juan Orlando Hernández, pero apareció la primera incoherencia del gobierno, Castro nombró como viceministro de Defensa al coronel Elías Melgar, pese a que su nombre aparece en Nueva York.

La FNAMP que cometió cruentas violaciones a derechos humanos y trabajó en colusión con la MS-13 fue la institución que más tardaron en entregar los militares como parte del sabotaje contra la seguridad. Suazo estuvo en esta transición. Cuando RI le preguntó a Suazo por qué habían tardado casi tres meses en recibir la FNAMP negó que hubiese disconformidad militar y que solo se trataba de trámites administrativos.

Narcopolíticos y narcomilitares entran en escena

Mientras tanto, a la captura de Juan Orlando Hernández le siguió la detención de una serie de extraditables, incluidos dos que ponen en jaque a políticos corruptos de los tres partidos, Midence Oquelí Martínez Turcios y Herlinda Bobadilla, al único integrante de la Mara Salvatrucha extraditado, Tokiro Ramírez, que podría dar información del presidente de El Salvador Nayib Bukele.

Las negociaciones a puerta cerrada por una Corte Suprema de Justicia cuyo logro más claro fue que no se reeligieran los magistrados que gobernaron junto a Hernández, cambiaron el mapa de poder.

Días después de la negociación por la elección de los magistrados, se amplió la burocracia en la Corte, empezó a debatirse la necesidad de revisar el procedimientos de extradiciones, se sobrevino una huelga en el Ministerio Público y se reactivó el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, creado por JOH y cuestionado por Libre cuando era oposición.

Entretanto, las fuerzas militares con aliados internos de la Policía Nacional y la Secretaría de Seguridad –contaron tres fuentes policiales distintas– urdían un plan para eliminar del camino a Sabillón y a la cúpula policial.

Las peleas por el poder en la policía no son nuevas. Cada administración ha tenido conspiraciones, lo nuevo es que el contexto de país hay una lucha porque narcopolíticos de los tres partidos podrían ser pedidos en extradición.

Con el antecedente de haber capturado a los Valle Valle sin la venia del supuesto narcotraficante y traficante de armas, Juan Orlando Hernández, Sabillón y el círculo que lo rodea aparece como poco confiable para los narcopolíticos.

Es así como los narcopolíticos y narcomilitares se habrían aliado con una comisionada de policía, comisionados de inteligencia, mandos intermedios de la Policía que estarían coludidos con autoridades de la Secretaría de Defensa para orillar a la presidenta a tomar decisiones bajo el prisma de la crisis en materia de seguridad y destituir a Sabillón y a Gustavo Sánchez que fue puesto en la dirección de la Policía Nacional, de manera directa, por la presidenta Castro.

Según este complot denunciado la crisis tiene como solución “la urgente remilitarización de la seguridad y especialmente del control  territorial en rutas del narcotráfico” y tendrían cuadros listos para sustituir a las actuales autoridades de seguridad.

De tal forma que aunque la presidenta Castro vea resultados de Sabillón y Gustavo Sánchez, ella se ha convertido en una especie de rehén cuya vida puede llegar a correr peligro. Y la opinión pública no es un problema porque es lo suficientemente manipulable a través de la percepción de crisis.

Reducción de homicidios, suicidios y accidentes en 2022

La sistemática campaña mediática para hacerle creer a la gente que había una creciente crisis de seguridad se mantuvo en 2022, en contraste, el 18 de enero de 2023, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) reveló: “El año 2022 cerró con una reducción generalizada de casos en todos los hechos respecto al 2021”.

“Los homicidios disminuyeron un 12.8% (506 víctimas menos), lo que coloca a 2022 con una tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de 35.8, la más baja de la última década. Los suicidios disminuyeron 21.5% (120 víctimas menos) y las muertes por accidentes de tránsito disminuyeron 6% (10 víctimas menos, en comparación al mismo periodo del año anterior.  Las muertes violentas de mujeres registran una tasa de 6 por cada 100 mil habitantes, la más baja en el periodo 2013-2022”.

Del mismo modo, el 1 de marzo de 2023 la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) reveló: “La tasa de homicidios fue de 35.83 por cada 100 mil habitantes1, siendo la tasa más baja en los últimos 10 años”.

Sin embargo, solo seis días después del informe de ONU, tras un homicidio múltiple la presidenta tuiteó: “Secretaría de Seguridad: Todo lo que me han solicitado se los he resuelto. Control Nacional de los Centros  Penitenciarios, traslado de la Fuerza Anti Maras, Dirección de Investigación e Inteligencia, Estado de excepción y ampliaciones en más del 60% del territorio nacional. No es posible que estemos bajo ataque del crimen organizado en constantes masacres y feminicidios, entre otros. ¡Exijo contundentes acciones y resultados en las próximas 72 horas! ¡Se termino el tiempo de espera! (sic)”.


¿Qué pasó entonces?

En el país se hacían los trámites para la extradición de Midence Oquelí, el ex diputado del Partido Liberal que tiene preocupados a narcopolíticos de Honduras. Fue enviado a Nueva York el 30 de marzo de 2023.

Un día después. El 31 de marzo, el Conadese, presidido por Castro e integrado por los presidentes del Poder Ejecutivo, Poder Judicial y por Óscar Chinchilla, fiscal general del Estado ligado en Nueva York al tráfico de drogas, decidió remilitarizar la seguridad. El gobierno anunció criminalización de la protesta, abrir los batallones como cárceles tal como lo hizo JOH, y dar el control de la ruta de las drogas a militares supuestamente para garantizar seguridad.






Entre sábado y domingo, mientras el pueblo hondureño estaba en las vacaciones de Semana Santa, estalló una crisis en las cárceles del país. Un comunicado de la Policía advirtió que la crisis es creada para desestabilizar al gobierno en materia de seguridad.

La presidenta Castro anunció: “Sé del esfuerzo de la Policía y la Secretaría de Seguridad en la disminución de homicidios y corrupción, pero voy a intervenir enérgicamente los Centros Penales”. El anunció hace pensar en una profundización de la militarización en Honduras.

OACNUD emitió un comunicado para recordar al gobierno que están comprometidos con apoyar al Estado y llamó al gobierno a adoptar medidas de seguridad y gestión penitenciaria que incorporen las reglas mínimas de las Naciones Unidas del Tratamiento de las y los Reclusos (Reglas Mandela).

El doctor en derechos humanos, Joaquín Mejía, señaló cinco medidas que el gobierno debe aplicar si realmente tiene voluntad de transformar el sistema penitenciario, son medidas con recomendaciones de la CorteIDH, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la ONU y demandó que «no se caiga en el populismo penal y de seguridad que ha caracterizado el abordaje de la violencia en el país».

La disconformidad no solo es militar, también hay policías que se sienten desplazados y que activan para denunciar ascensos que no correspondían.

Las personas usuarias de los servicios de Seguridad exigen que la policía debe tener orden como en la era militar, denuncian supuesta corrupción e irregularidades contra mandos intermedios. Pero ninguna de estas denuncias justifica la militarización en un país con historia de corrupción militar, asesinatos militares y ahora narcomilitares impunes.

RI ha venido recopilando información desde el 27 de enero de 2022. Para llegar a las conclusiones de este análisis nos hemos reunido con policías en situación de retiro, policías activos, oficiales del directorio estratégico, oficiales de mandos intermedios, autoridades de la Secretaría de Seguridad, entrevista con el ex precandidato presidencial de Libre, Nelson Ávila y con activistas de sociedad civil. Hemos pedido entrevistas con militares y no hemos tenido respuestas. También hemos leído expedientes de Nueva York y monitoreado información de defensores de derechos humanos como Joaquín Mejía Rivera.

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