#FedeErratas
La nota original fue modificada el 21 de junio de 2023 por protección de la defensora de derechos humanos, ante las reacciones relacionadas con su seguridad que ha tenido después de la publicación.
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. La Organización Mundial Contra la Tortura, a través de la responsable de las intervenciones urgentes Programa de Defensores de Derechos Humanos, Clara Ferrerons Galeano, ha enviado una serie de correos electrónicos a la Secretaría de Derechos Humanos para pedir que protejan a la directora de ACI PARTICIPA, Hedme Castro.
Ninguno de los correos ha sido respondido. Castro es ignorada y lejos de protegerla, ha recibido reclamos porque algunos de sus pares creen que haber admitido medidas cautelares de protección de la Comisión Interamericana de Derechos (CIDH) afecta la imagen del gobierno, de acuerdo con la evidencia documental privada que la defensora mostró a Reporteros de Investigación.
Las medidas cautelares
El 6 de marzo pasado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 11/2023 con medidas cautelares a favor de Hedme Fátima Castro Vargas y su núcleo familiar, “tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Honduras”.
Un boletín de la CIDH cita que “según la parte solicitante, Castro Vargas es defensora de derechos humanos y directora ejecutiva de la Asociación por una Ciudadanía Participativa, y sería objeto de vigilancias, amenazas y otros acciones que la ponen en riesgo en el ejercicio de sus labores desde el 2017, situación que se mantendría en el tiempo e incluso se habría extendido a sus familiares. Ello, pese a que cuenta con medidas de protección por parte del Estado que no se estarían implementando adecuadamente”.
“Por su parte, el Estado informó sobre las distintas las diligencias y acciones adoptadas para abordar la situación. Habría otorgado medidas de protección, a través del Mecanismo de Protección, que incluían enlace policial, patrullajes, acompañamientos de seguridad, instalación de cámaras, entre otros. Se informó sobre espacios de concertación y acuerdos para realizar los correctivos”, cita la CIDH.
Recurentes ataques
Castro explicó que las medidas cautelares que se le otorgaron fueron solicitadas por el riesgo que corre desde años pasados y en el presente año. “He tenido varios incidentes de inseguridad lo cual ha vulnerado mi vida y la vida de mis hijos y la de mi familia”.
“Sin embargo, el Gobierno ha hecho caso omiso de la declaración de la Comisión Interamericana e incluso la Dirección del Mecanismo y la Secretaría de Derechos Humanos no se ha pronunciado ni me ha llamado a las oficinas para hacer un análisis de las medidas que se me pueden aplicar para mejorar mi seguridad”.
Castro sostuvo que parte de los riesgos y vulnerabilidades que sufre tienen su origen en la lucha que libró para que el pueblo pudiera elegir a este gobierno democrático y “en el cual ciframos todas nuestras esperanzas, ese mismo gobierno que fue una construcción colectiva del pueblo”.
“Sufrimos antes de la elección y de la construcción de este gobierno tantos incidentes, detenciones ilegales, allanamientos de las oficinas”. El 14 de julio de 2022, autoridades policiales que ahora Castro no tiene claro si eran de la DPI o de la ATIC quisieron allanar su oficina, antes habían quemado su casa.
Castro defendió el derecho a las protestas de la Resistencia en Choluteca desde 2017, trabaja en participación ciudadana, ética, transparencia, derechos humanos y acceso a la justicia.
Su labor confronta a grupos delictivos y grupos de poder en la capital de Honduras, al sur y al occidente, es decir en las zonas donde están las luchas sociales y territoriales más álgidas. ACI PARTICIPA tiene una red de trabajo en todo el país.
Ha denunciado la violación sistemática de derechos humanos que se está dando en Honduras por empresarios, por grupos de poder contra ambientales, defensores de tierra y territorio.
“Tenemos un Observatorio de Derechos Humanos en el cual cada día registramos los incidentes que demuestran ser violación de derechos humanos. Luego vamos a la zona a verificar y a documentar el caso de violación de derechos humanos; al final, todo esto ya documentado y verificado sirve de insumo para elaborar, primero, y presentar, después, el informe situacional de Derechos Humanos de cada año”.
Este informe es presentado desde 2008.
Un caso que ha traído agresiones constantes es su trabajo en Choluteca. Para Castro la violencia estructural, laboral, la precarización de trabajo ha generado violencia delictiva en este departamento. El movimiento popular ha sido debilitado y dividido.
Por ejemplo, personas despedidas sin prestaciones y esto va generando una serie de problemas sociales. “Choluteca es ahora uno de los departamentos más violentos que se están dando y estamos trabajando también derechos laborales, los despidos injustificados que se dan por grandes transnacionales, e incluso, empresarios nacionales que prácticamente violentan los derechos de las personas que trabajan. La verdad es que sorprendente que Choluteca haya alcanzado niveles de violencia y yo asumo, verdad que eso por la instalación de grandes empresas hidroeléctricas, fotovoltaicas, camaroneras”.