Sammy Castro
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Periodista, Economista y Financista con amplia experiencia en Finanzas públicas y privadas. Se desempeñó por más de una década como periodista en varios medios de comunicación escritos hondureños en el área económico-financiera. Es Doctor en Ciencias Sociales y se desempeña actualmente como Profesor universitario para pregrado y postgrado.
Redacción: Sammy Castro | Edición y visualizaciones: Wendy Funes
Con base en el Derecho de Acceso a Información Pública, RI solicitó la cifras de exoneraciones del SAR entre 2015 y 2021.
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. La propuesta del Gobierno de Xiomara Castro sobre una reforma tributaria ha desatado reacciones diversas, entre ellas la del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), que aunque reconoce la necesidad de revisar las exoneraciones fiscales, manifiestan su desacuerdo con la presentación de la ley propuesta por la administración.
En una declaración reciente, Armando Urtecho, director ejecutivo del Cohep, expresó su inquietud: «Sería preferible que indiquen una prohibición a la inversión privada». En contraposición, el Gobierno defiende la importancia de llevar a cabo estas reformas, argumentando que, sin ellas, Honduras podría caer en la categoría de «paraíso fiscal».
Esta posición del Gobierno busca evitar que el país sea visto como un refugio para aquellos que buscan eludir sus responsabilidades tributarias. Información compartida por el Gobierno indica que entre 2009 y 2022, el Estado dejó de percibir 451.000 millones de lempiras en exoneraciones.
La equidad tributaria pretende que al contribuyente se le cobre lo que pueda soportar según su capacidad de pago, a fin de evitar impuestos excesivos al igual que beneficios tributarios excesivos.
La equidad no es igualdad, donde todos pagan lo mismo; equidad consiste en que el impuesto sea soportado por cada individuo según su ingreso o patrimonio, que se entiende como su capacidad contributiva.
La equidad tributaria tiene dos corrientes, una que se refiere a la equidad horizontal y otra a la equidad vertical. La equidad horizontal se aproxima al principio de igualdad en el sentido de que dos individuos con capacidad económica igual deben tributar igual, en tanto la equidad vertical propende porque el individuo con mayor capacidad de pago debe soportar una mayor carga tributaria, que se aproxima más a la filosofía de la equidad como tal.
El enfrentamiento entre el Gobierno y el sector privado refleja la complejidad y la sensibilidad de la reforma tributaria propuesta. Ambas partes tienen derechos legítimos y buscan salvar sus intereses. Mientras el Gobierno busca una mayor recaudación para fortalecer los programas sociales y servicios públicos, el Cohep se preocupa por el impacto que las medidas fiscales podrían tener en la inversión privada y el crecimiento económico del país.
La discusión sobre la reforma tributaria sigue siendo un tema relevante y polarizador en Honduras. En última instancia, encontrar un equilibrio entre los intereses de ambas partes es fundamental para lograr una legislación que beneficie a toda la sociedad hondureña.
La propuesta de ley se encuentra momentáneamente en suspenso, mientras se conciertan acuerdos políticos, para ser sometida nuevamente a los procesos legislativos.
Han surgido inquietudes entre funcionarios de alto nivel, entre ellos la ministra de Finanzas Rixi Moncada, el ministro de Presidencia Rodolfo Pastor y la presidenta Xiomara Castro, en relación al modelo tributario vigente. Al expresarse en diversos medios de comunicación, han resaltado que considerando este sistema como «injusto», ya que favorece de manera desproporcionada a los más adinerados, exacerbando así la desigualdad y la exclusión social e el país. Esta propuesta, sin embargo, enfrenta desafíos y controversias debido a su posible impacto en diferentes sectores de la sociedad hondureña.
El debate sobre la justicia tributaria y su influencia en la distribución de recursos seguirá siendo un tema crucial en la agenda pública del país. El Gobierno está decidido a abordar las desigualdades económicas y sociales a través de esta reforma tributaria significativa, pero lograr un consenso y encontrar un equilibrio entre los diversos intereses será fundamental para su implementación exitosa.
Los expertos señalan que la equidad tributaria es una herramienta para corregir desequilibrios o desigualdades en la sociedad y en determinados sectores económicos, pues se gravan a los que más tienen, y se introducen beneficios a quienes menos tienen o al sector económico que se considere necesario o conveniente estimular.
Un impuesto que podemos considerar como equitativo o que intenta serlo, es el impuesto de renta de las personas naturales, en la medida en que se introduce una tarifa progresiva en función del monto de los ingresos del sujeto pasivo.
En cambio, el más inequitativo que podemos colocar de ejemplo es el impuesto a las ventas, donde todo ciudadano paga el mismo porcentaje sin considerar su condición económica, y se otorga los mismos beneficios tanto a los que tienen capacidad económica como a quien no la tienen.
Regímenes de exoneraciones
El primer régimen de exoneraciones que se creó en el país fue el de la Zonas Libres (ZOLI), ley emitida en 1976 y que en aquel momento constituyó la Zona Libre de Puerto Cortés. Esa ley establecía que en dicha zona podrían establecerse y funcionar «empresas comerciales e industriales, básicamente de exportación y de actividades conexas o complementarias, nacionales y extranjeras, bajo el régimen que se establece en la presente Ley».
En el artículo 4 de dicha ley se exonera a las empresas inscritas a ZOLI de impuestos arancelarios, cargos, recargos, derechos consulares, impuestos internos, de consumo y demás impuestos y gravámenes que tengan relación directa o indirecta con las operaciones aduaneras de importación y exportación. Además, se les exime de impuestos y cobros municipales y el cobro de impuesto sobre la renta por ganancias.
Bajo este régimen operan gran cantidad empresas exoneradas dedicadas a diferentes rubros y actividades económicas como las maquilas, “call center”, agrícolas, entre otras. De acuerdo con un estudio realizado de las zonas libres en Latinoamérica, en 2018 había 600 «zonas francas» establecidas en la región, albergando más de 13.000 empresas. En ese documento se registra que en Honduras hay 39 zonas francas que albergan 289 empresas.
Las empresas que se encuentran bajo el régimen de Zonas Libres están exentas del Impuesto sobre la Renta (ISR), el Impuesto sobre los combustibles —que para el resto de población ronda entre el 30 y 40% del costo— y Derecho Arancelario de Importación (DAI).
En 1984, o sea, hace casi 40 años, se legisló para crear el Régimen de Importación Temporal que permite la importación de materias primas, mercancía semielaborada y maquinaria sin pago de impuestos del ISR y el DAI. La justificación fue aumentar las exportaciones con el perdón fiscal. En el decreto del régimen se solicita «una declaración jurada, en la cual, hará constar el uso que se haya hecho de todos los bienes importados durante cada semestre bajo este mecanismo de importación temporal, lo mismo que la información relativa al valor, cantidad, clase o tipo y destino de los bienes exportados».
Otro de los regímenes es el de Energía Renovable que empezó en el 2007, cuando el presidente de la República era José Manuel Zelaya Rosales y el presidente del Congreso Nacional era Roberto Micheletti. Entre los incentivos aparecían la exoneración del ISV, el ISR y el pago de todos los impuestos, tasas y aranceles para aquellos equipos relacionados a la generación de energía renovable. Este régimen tuvo reformas en el 2013 y 2020. Aunque no todas las empresas están exoneradas de todos los impuestos contemplados, en el portal de la Secretaría de Finanzas (SEFIN) hay 753 registros adheridos al régimen. En 1994, durante la administración de Rafael Leonardo Callejas se creó el Régimen de Energía Térmica, en el cual los beneficiarios no pagan ISR, impuesto al combustible y derecho arancelario.
También en el 2006, cuando gobernaba Zelaya Rosales, el Legislativo creó Zolitur con el propósito de impulsar el turismo en las Islas de la Bahía que tuvo reformas en el 2011, 2012, 2013 y 2021. Los registrados al régimen, que pueden ser empresas o personas naturales, están exonerados de pagar el ISR, ISV, Impuesto al combustible y el derecho arancelario. En el 2017 se emitió la Ley de Fomento al Turismo que contiene básicamente las mismas exoneraciones que ZOLITUR, excepto el (ACPV).
Otro de los regímenes es el de las Alianzas Público-Privadas. Bajo este esquema entraron a operar proyectos como el corredor logístico, que une San Pedro Sula y Tegucigalpa, Siglo XXI, Palmerola Airports y el Centro Cívico Gubernamental. En estas obras el Estado fue un gran inversionista, pero después, el bondadoso benefactor, eximió a los socios privados de pagar ISR, ISV, ACVP y el derecho arancelario de importación.
Financiar educación y salud
En la actual administración se han utilizado los recursos provenientes de la recaudación de tributos para financiar diversas iniciativas prioritarias para el desarrollo que estaban desatendidas. En primer lugar, los impuestos recolectados se han utilizado para financiar programas educativos y de atención médica. El gobierno de la presidenta Xiomara Castro, ha invertido en la remodelación y equipamiento de escuelas en todo el país, lo que ha permitido a las comunidades locales acceder a servicios de calidad.
Igualmente, los tributos también se han utilizado para financiar programas de seguridad y justicia. La inversión en seguridad ha permitido incentivar la policía comunitaria, la actual intervención de los centros penales, el replanteamiento de los centros de detención de menores infractores y el nuevo anuncio de la reconstrucción del recinto penitenciario de Naco en el departamento de Cortés.
Asimismo, la recaudación de estos gravámenes en Honduras se ha utilizado para financiar programas de desarrollo. Los agricultores y las comunidades rurales han recibido ayuda para mejorar su producción y aumentar sus ingresos. Se ha invertido en proyectos de infraestructura para riego y drenaje, y en programas de capacitación y asistencia técnica para mejorar las prácticas agrícolas.
Otra medida que se ejecuta de frente a la calamidad productiva es la reactivación de BANADESA; durante el presente año se dispone de 2,400 millones que se gestionan por medio de las 30 agencias del banco estatal a nivel nacional. Además, se ha entregado el Bono Tecnológico que contiene semilla mejorada y fertilizante, del mismo modo se trabaja en la recuperación de los caminos productivos, el suministro de silos.
El gobierno ha priorizado a través de los impuestos, programas que van desde la inversión en infraestructuras y servicios sociales hasta la mejora de la seguridad y el desarrollo rural, los impuestos permitirán a Honduras avanzar hacia un futuro más próspero y sostenible.
Años atrás se derrocharon fondos por medio del asistencialismo político; esto desencadenó que de forma acelerada aumentará a 75% la población en condición de pobreza y el triste panorama del 60 % de niños menores de cinco años en estado de desnutrición crónica.
Es así como en respuesta a esta desolación de país heredada se articuló el Programa de la Red Solidaria, han manifestado los actuales funcionarios.
La Ley de Justicia Tributaria
La ley de Justicia Tributaria permitirá obtener los recursos necesarios para llevar a cabo el Presupuesto General de la República de Honduras sin comprometerse a nuevas deudas públicas. Por concepto de exoneraciones, el país deja de percibir 42 mil millones de lempiras anualmente, según datos expuestos por el SAR. Esto significa, el pago de casi un quinto del Presupuesto anual de la República de Honduras para el año 2023 (18%).
El Consejo Hondureño de la Empresa Privada, COHEP distorsiona la verdad mostrando que el panorama es tenebroso para la inversión y amenaza con el incremento del desempleo; pero esto es falso ya que muchas de las empresas seguirán gozando de estos regímenes debido a que tienen vigencia hasta el año 2040. Se ha hablado mucho de que al aprobarse la Ley de Justicia Tributaria se incrementará la inflación, pero tampoco es así porque hay un sistema de devoluciones contemplado para evitar las pérdidas de los empresarios, según lo han manifestado los funcionarios.
Según lo han manifestado los expertos, con lo que se pierde por exoneraciones anualmente se podría construir alrededor de nueve centrales hidroeléctricas cada año, utilizando la más reciente propuesta del Gobierno de la presidenta Castro Sarmiento para la construcción de la represa “El Tablón” (200 millones de dólares) en el Valle de Sula, al norte de Honduras.
Asimismo, entre los años 2014-2018 se invirtieron aproximadamente 48,000 millones de lempiras en infraestructura de comunicación terrestre, aérea y marítima. Siendo las construcciones de carretera de asfalto las más costosas en comparación a toda Centroamérica y Europa. La inversión de todos esos años equivale a un año de exoneraciones a las grandes empresas.
