Sammy Castro
Autor
Periodista, Economista y Financista con amplia experiencia en Finanzas públicas y privadas. Se desempeñó por más de una década como periodista en varios medios de comunicación escritos hondureños en el área económico-financiera. Es Doctor en Ciencias Sociales y se desempeña actualmente como Profesor universitario para pregrado y postgrado.
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Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. La evasión fiscal es un problema que afecta gravemente a la economía de Honduras. A lo largo de los años, el país ha luchado por encontrar soluciones efectivas para combatir este fenómeno que ha debilitado las finanzas públicas y ha obstaculizado el desarrollo sostenible.
Con la implementación de la Ley de Justicia Tributaria, Honduras pretende dar un paso importante hacia la transparencia y el fortalecimiento de su sistema fiscal.
A juicio de los expertos, la evasión fiscal, ha sido durante mucho tiempo un desafío importante para la economía de Honduras. Los ingresos que se pierden debido a esta práctica ilícita han obstaculizado el desarrollo del país y han afectado negativamente la provisión de servicios
básicos. En un intento por abordar este problema, Honduras ha presentado la iniciativa de Ley de Justicia Tributaria, una legislación que busca fortalecer el sistema fiscal, afrontar los desafíos que enfrenta el país en su lucha contra la evasión fiscal.
La evasión fiscal tiene un impacto significativo en la economía y la sociedad hondureña. Además de afectar la recaudación de, reduce los recursos disponibles para la inversión en infraestructura, educación y salud. La evasión fiscal de acuerdo con el Sistema de Administración Rentas (SAR), se ha vuelto especialmente preocupante en los últimos años debido a diversos factores, como la falta de conciencia tributaria, la complejidad del sistema fiscal, la corrupción y la falta de controles efectivos.
Según datos recientes del SAR, se estima que la evasión fiscal en Honduras representa una pérdida de miles de millones de lempiras cada año, debilitando la capacidad del gobierno para brindar servicios básicos a sus ciudadanos.
El Estado en su rol de liderazgo asume acciones para erradicar la pobreza y contener la migración a través de distintos mecanismos como la promoción de las inversiones públicas, privadas y mixtas para la generación de empleo y la transformación de materias primas para consumo local o de exportación. Por lo tanto, ha asumido el compromiso de efectuar la revisión de los privilegios fiscales que exceden ampliamente la temporalidad justificable.
Esta acción es necesaria, según lo han manifestado las autoridades de la Secretaría de Finanzas, partiendo de que la recaudación de impuestos se destina para el pago de sueldos y salarios de los empleados públicos, honrar la deuda pública, la liquidación de la deuda externa que incrementó desde el golpe de Estado pasando de tres mil millones de lempiras hasta alcanzar en el último año de desgobierno de Juan Orlando Hernández, la onerosa cifra de veinte mil millones de lempiras.
¡Basta de exoneraciones fiscales!
En Honduras, los regímenes de exoneraciones han sido adulterados con abusos. Un claro ejemplo es el régimen de las Zonas Libres (ZOLI), las cuales han gozado 71 años de privilegios fiscales.
En octubre de 2021, el gobierno extendió exoneraciones a más de 94 empresas en Régimen Zona Libre Turística del departamento de Islas de la Bahía (Zolitur) durante 15 años adicionales, permitiéndoles no pagar impuestos durante 33 años seguidos. Estas exoneraciones iban a finalizar en 2025.
De igual forma, el Régimen de Importación Temporal (RIT) se ha venido beneficiando desde el año 1984 hasta 2037 (53 años). Se les han otorgado privilegios fiscales a las empresas acogidas.
Otro caso son las Alianzas Público-Privadas (APP), que trabajan con dinero que viene del sector privado y dinero que pone el sector público en mayor proporción. Las ganancias sólo son para el sector privado y gozan de exoneraciones durante toda la vida del contrato. Estos contratos contienen cláusulas de estabilidad, que le permiten extender la exoneración a empresas y empleados. Todo el riesgo de la inversión lo asume el pueblo de Honduras a través del Estado.
La energía renovable está exonerada desde 2007 hasta que finalice cada contrato, es decir, de por vida. Con la nueva Ley de Justicia Tributaria, se busca cancelar este tipo de contratos. De acuerdo con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), las empresas de generación energética en Honduras son élites empresariales que quieren seguir lucrando hasta lograr la privatización del sector, gozando de beneficios fiscales.
La evasión y sus conexiones
La fuga de capitales y la evasión fiscal internacional a través de paraísos fiscales es una práctica realizada por las grandes empresas y no por los más pobres. Su falta de control promueve la inequidad tributaria. Mientras que la evasión de impuestos en ISV es del 36.7% del potencial recaudatorio (dato del 2020), la evasión de impuestos por ISR es del 61.6% del potencial recaudatorio (dato del 2016). Lo que significa que, en proporción, los ricos evaden más impuestos que los pobres, han señalado las autoridades del SAR.
El Subdirector del SAR, Christian Duarte ha informado, que “la normativa vigente en el país fue construida para permitir la fuga de capitales y la evasión de impuestos: las empresas exoneradas están exentas de presentar declaraciones de precios de transferencia según el Decreto Legislativo No. 117-2021, persiste el secreto bancario, el país comparte información tributaria con apenas cinco jurisdicciones extranjeras y no cuenta con un marco normativo adecuado que permita la gestión e intercambio expedito de información con más jurisdicciones extranjeras. Desde el año 2019, la Administración Tributaria no realiza fiscalizaciones de precios de transferencia ni investigaciones tributarias internacionales sobre planificación fiscal y erosión de la base imponible”.
Honduras, al igual que muchos otros países, enfrenta desafíos significativos en la lucha contra la evasión fiscal. La evasión fiscal privada al Estado de recursos vitales para el desarrollo económico y social, y afecta negativamente la capacidad del gobierno para brindar servicios
públicos de calidad a sus ciudadanos. En respuesta a esta problemática, Honduras ha implementado la Ley de Justicia Tributaria, con el objetivo de fortalecer la administración tributaria y combatir la evasión fiscal de manera más efectiva. En este reportaje, exploraremos
los desafíos y avances que Honduras ha experimentado bajo esta ley.
La Ley de Justicia Tributaria, representa un importante marco normativo diseñado para mejorar la eficiencia y transparencia en la recaudación de impuestos en Honduras. Esta legislación ha introducido una serie de medidas destinadas a reducir la evasión fiscal y
promover la cultura de cumplimiento tributario en el país.
Uno de los desafíos clave que Honduras enfrenta en la lucha contra la evasión fiscal es la informalidad económica. Un alto porcentaje de actividades económicas en el país se llevan a cabo en el sector informal, lo que dificulta la fiscalización y recaudación de impuestos. La Ley
de Justicia Tributaria establecerá mecanismos para fomentar la formalización de empresas y trabajadores informales, brindándoles incentivos y simplificando los procesos administrativos.
Además, la ley fortalecerá las facultades de la Administración Tributaria de Honduras en términos de fiscalización y auditoría. Se han implementado medidas más estrictas para prevenir y detectar esquemas de evasión fiscal, como el uso de tecnología avanzada y el intercambio de información tributaria con otros países.
Otro avance importante bajo la Ley de Justicia Tributaria será el énfasis en la educación y concienciación sobre la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales. Se han llevado a cabo campañas de divulgación y capacitación para informar a los contribuyentes sobre sus deberes y derechos, promoviendo una cultura de cumplimiento voluntario y ético.
Sin embargo, a pesar de estos avances, quedarán desafíos significativos en la lucha contra la evasión fiscal en Honduras. La corrupción y la falta de recursos humanos y tecnológicos adecuados en la administración tributaria limitan los esfuerzos para combatir este problema de manera efectiva. Además, se requiere una mayor cooperación interinstitucional y un enfoque integral que aborde tanto la evasión fiscal como la elusión fiscal, esta última mediante la implementación de reformas fiscales más equitativas y progresivas.
La Ley de Justicia Tributaria en Honduras podría marcar un paso importante en la lucha contra la evasión fiscal. Si bien se han logrado avances significativos en términos de formalización, fiscalización y educación tributaria, aún se requieren esfuerzos adicionales para abordar los déficits restantes. La continua implementación de medidas efectivas, junto con la mejora de la capacidad institucional y el fortalecimiento de la transparencia, serán cruciales para lograr una mayor justicia tributaria y un desarrollo económico sostenible en Honduras.
Uno de los principales desafíos que persisten en Honduras es la corrupción en el sector público, lo que socava los esfuerzos para combatir la evasión fiscal de manera efectiva. La falta de transparencia y la impunidad permiten que funcionarios corruptos se aprovechen de su posición para evadir impuestos y desviar fondos públicos. Esto no solo perjudica la economía del país, sino que también erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones gubernamentales.
Corrupción tributaria en Honduras
La corrupción sigue siendo un problema arraigado en la administración tributaria de Honduras. La falta de sanciones ejemplares y de una verdadera voluntad para combatir la corrupción ha debilitado los esfuerzos para fortalecer la fiscalización y auditoría de los contribuyentes. Sin una acción logra decidida contra los funcionarios corruptos, la Ley de Justicia Tributaria se convierte en letra muerta y no cumple su propósito de combatir la evasión fiscal.
Otro desafío que enfrenta Honduras es la falta de recursos y capacidad en la administración tributaria. La falta de inversión en tecnología y capacitación adecuada para los funcionarios tributarios limita su capacidad para detectar y prevenir la evasión fiscal. Además, la falta de
cooperación interinstitucional y de intercambio de información dificulta aún más la identificación de prácticas ilícitas y el rastreo de fondos evadidos.
La falta de educación y concienciación sobre la importancia de cumplir con las obligaciones fiscales también contribuyen a la persistencia de la evasión fiscal en Honduras. A pesar de algunos esfuerzos aislados, las campañas de divulgación y capacitación son insuficientes y no lograron llegar a todos los sectores de la sociedad. Sin un enfoque integral que involucre a todos los actores relevantes y promueva una cultura de cumplimiento tributario, los avances serán limitados.
La iniciativa de la Ley de Justicia Tributaria en Honduras marca el inicio de la lucha contra la evasión fiscal como desafío importante. La corrupción arraigada en el sector público, la falta de recursos y capacidad en la administración tributaria, y la falta de educación y concienciación sobre el cumplimiento tributario son obstáculos que deben abordarse de manera urgente y decidida, según los entrevistados. Solo mediante una acción política efectiva, sanciones ejemplares y una inversión adecuada en tecnología y capacitación, Honduras podrá avanzar en la lucha contra la evasión fiscal y garantizar una distribución justa de los recursos públicos en
beneficio de todos los ciudadanos.
