Autor
Sammy Castro
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Periodista, Economista y Financista con amplia experiencia en Finanzas públicas y privadas. Se desempeñó por más de una década como periodista en varios medios de comunicación escritos hondureños en el área económico-financiera. Es Doctor en Ciencias Sociales y se desempeña actualmente como Profesor universitario para pregrado y postgrado.
Tegucigalpa. Cuando se habla de impuestos, tributación internacional, evasión fiscal, lavado de dinero, cuentas ocultas, inversiones “offshore” y cuentas “offshore” se relaciona con un paraíso fiscal, concepto que es muy polémico.
Se denomina paraíso fiscal al país o territorio en el que el nivel de impuestos que tiene que pagar un ciudadano o una empresa no residente es mucho menor que el que se considera como normal para una determinada actividad. En palabra sencillas un paraíso fiscal es un territorio o país donde existe una baja carga tributaria o a veces inexistente.
Un paraíso fiscal además ofrece un sistema legal flexible y que se esfuerza por proteger la privacidad de sus inversores con el fin de dificultar las eventuales investigaciones que se realicen en los países originarios de las inversiones allí asentadas.
Dicho de otra forma, los paraísos fiscales tienen sistemas regulatorios débiles a fin de facilitar el ocultamiento de riqueza por parte de los no residentes, como medida para incentivar la migración del capital a sus territorios.
A criterio del ministro director del Servicio de Administración de Rentas (SAR), Marlon Ochoa, Honduras podría convertirse en un paraíso fiscal formalmente declarado si el Gobierno actual no toma las medidas para revertirlo a través de la Ley de Justicia Tributaria.
Honduras territorio propicio para los paraísos fiscales
El funcionario expone que, actualmente funcionan 18 regímenes de exoneraciones fiscales, incluido el derogado régimen de Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE), que permiten a las empresas realizar prácticas de planificación y evasión fiscal.
En ese sentido, el gobierno ha señalado que los principales elementos de la Ley, en ese sentido son:
- Eliminación del secreto bancario para fines tributarios.
- La ratificación de la Convención de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAAC), para intercambiar información bancaria y tributaria con 146 países.
- La creación de la figura de beneficiario final para conocer las cadenas de propiedad y principales beneficiarios de las empresas.
- La eliminación de 10 regímenes de exoneraciones fiscales abusivos.
- La eliminación de otras figuras legales que permiten la opacidad y evasión fiscal internacional como las acciones al portador o el Decreto legislativo 117-2021.
- Asimismo, recordó que, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), alertó a Honduras, en una carta el diciembre del 2021, sobre las características perjudiciales de regímenes como ZEDE o Zona Libre (ZOLI).
Entre las características de los modelos antes mencionados están: una economía de enclave; no tienen ni comparten registros o información de sus obligados tributarios y no son transparentes y permiten la inscripción de empresas sin sustancia.
En Honduras, El Decreto Legislativo No. 117-2021, persiste el secreto bancario y el país comparte información tributaria con apenas cinco jurisdicciones extranjeras porque no cuenta con un marco normativo adecuado que permita la gestión e intercambio expedito de información con más jurisdicciones extranjeras.
Esta situación a juicio de las autoridades del SAR, “La normativa vigente en el país fue construida para permitir la fuga de capitales y la evasión de impuestos; las empresas exoneradas están exentas de presentar declaraciones de precios de transferencia” según lo señalado por Christian Duarte, subdirector del ente.
Ante esta problemática Duarte, lamentó que, desde el año 2019, la Administración Tributaria no realiza fiscalizaciones de precios de transferencia ni investigaciones tributarias internacionales sobre planificación fiscal y erosión de la base imponible.
Por tal razón, el Gobierno socializó la Ley de Justicia Tributaria que remitirá en los próximos días al Congreso Nacional, con la cual se evitará que el país sea declarado paraíso fiscal.
Esto se suma a un conjunto de actividades ya iniciadas por la actual administración del SAR para reducir la evasión fiscal de las grandes empresas como la firma de la Convención de Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (MAAC) el pasado 11 de julio en la ciudad de París por el ministro director y el Canciller de la República.
De igual forma, recapituló que, durante el 2022 se reclasificó al 78% de las grandes y medianas empresas que se hacían pasar por pequeñas; se realizó el primer diagnóstico interinstitucional sobre los regímenes de exoneraciones fiscales; y no se otorgó regularización tributaria.
Ley de Justicia Tributaria no afecten los DD. HH de la población
Consultado sobre estos aspectos, específicamente el secreto bancario, el economista Julio Raudales expresó que es una prerrogativa del gobierno invadir los espacios privados de las personas cuando se considera que es para fomentar el bien común.
“Evidentemente, lo que hay que valorar es, qué tanto va a afectar la llegada de nueva inversión en el país”, señaló.
En tanto, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) se ha manifestado ante el posible impacto que puede generar en los derechos humanos, de la población, la aprobación de las reformas a la Ley de Justicia Tributaria.
El ente estatal de derechos humanos asegura que se debe considerar que con las acciones contenidas en la propuesta de ley no se ejecuten violaciones a la Constitución de la República, los convenios y tratados ratificados por Honduras, en materia de derechos humanos.
El CONADEH considera oportuno presentar, ante las autoridades nacionales competentes, las observaciones, recomendaciones y sugerencias que resulten necesarias para el cumplimiento del ordenamiento jurídico, asegurando que la eventual reforma tributaria sea acorde con el contenido de los tratados, convenios y acuerdos internacionales, en materia de derechos humanos, ratificados por Honduras.
El propósito del CONADEH es que se forme una convicción jurídica justa y adecuada al contexto nacional, en el sentido de garantizar un equilibrio del derecho de las partes interesadas en la medida de las diferentes necesidades para que sus derechos sean satisfechos por parte del Estado, en el marco de sus obligaciones internacionales.
Con base en lo establecido en el artículo 57 del Código Tributario, la Defensoría Especial de Protección al Obligado Tributario, fue creada por el CONADEH, en el 2018, para velar por los derechos de los obligados tributarios, ante las autoridades tributarias y aduaneras.
El ente garante de los derechos humanos ha señalado que, de acuerdo con la información disponible, la adopción de las reformas a la Ley de Justicia Tributaria implicaría reconocer a nivel Constitucional que la recaudación de impuestos debe ser progresiva, es decir, que se debe cobrar más impuestos al que más gana y menos impuestos al que menos gana. Adicionalmente, se limita el tiempo de otorgamiento de exoneraciones a un máximo de 10 años
Además, se estarían derogando los beneficios contenidos en 10 regímenes de exoneraciones fiscales vigentes para poner fin a su desnaturalización y a los abusos constatados por las empresas beneficiarias.
También crear dos nuevos regímenes de exoneraciones fiscales orientados a desarrollar la industria nacional y a atraer la inversión extranjera, diseñados bajo los criterios de mejores prácticas internacionales.
Otro aspecto está encaminado a cambiar el principio de renta de territorial a mundial para evitar el desvío de utilidades y ganancias de grandes empresas a paraísos fiscales. Así mismo, eliminar el secreto bancario para fines tributarios introducido en el nuevo Código Tributario.
Hasta ahora, algunos sectores como la empresa privada se manifestaron en contra, por lo cual se ha generado un debate entre diversos actores sobre las posibles consecuencias que se puedan suscitar en cuanto a un impacto en la economía del país, en particular sobre los grupos en condición o situación de vulnerabilidad.
Por su parte, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), se ha pronunciado indicado, que las principales características de los paraísos fiscales son:
•Tributación nula o muy reducida.
•Normativa fiscal muy flexible.
•Existencia de un Sistema Normativo Dual. Es decir, coexiste diferente normativa para inversores extranjeros y residentes.
•No hay intercambio informativo y se contempla una normativa estricta sobre el secreto bancario.
•Opacidad: los propietarios de las sociedades no tienen que figurar en Registros Públicos y pueden estar representados por testaferros.
•El escenario habitual para la proliferación de las llamadas “sociedades offshore”.
En su análisis y propuesta de reformas a la propuesta de ley el Cohep ha señalado que: “La obtención de la información bancaria se prevé que sea general y no individualizada como lo plantean nuestras organizaciones e instituciones financieras. No se deja un período de tiempo aceptable para desarrollar e implementar los estándares para la gestión y seguridad de la información, por tanto, sugerimos que existan artículos transitorios. No existe responsabilidad administrativa, penal y civil sobre el incumplimiento en el resguardo y traslado de la información. Se excluye a la CNBS del proceso siendo el ente regulador del sistema financiero”.
Agrega que, “el acto de cancelar beneficios por parte del SAR es excesivo y discrecional; sugerimos que se debe quedar en suspenso mientras éste no se resuelva en última instancia y establecer os parámetros de cumplimiento del sacrificio fiscal”
De la misma forma se señala que no fue presentado por parte del Gobierno un análisis de impacto o costo-beneficio para justificar las derogaciones. No se incluyen medidas para identificar y mitigar el daño que representan. Al eliminarse los regímenes actuales y crear nuevos regímenes desconocidos, las empresas van a parar nuevas inversiones, por lo tanto, generación de empleo y el crecimiento.
