Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. En el juicio internacional por el transfemicidio de Leonela Zelaya, el Estado hondureño respondió con borradores de reformas legales para que el Registro Nacional de las Personas (RNP) garantice el cambio de nombre de personas trans.
Es la segunda, vez en menos de una década, que Honduras es sometido a juicio por transfemicidio. Al igual que en 2021, el transfemicidio es juzgado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
A cuatro años de la condena contra el Estado por el caso Vicky Hernández, durante la audiencia del transfemicidio del Caso Leonela Zelaya, los jueces preguntaron a Honduras sobre el avance en el reconocimiento de matrimonio homosexual, identidad de género y derecho de familia.
Además, el Estado respondió a la CorteIDH que tiene borradores de protocolos para investigar los crímenes de personas LGTBIQ+ y que avanzan en planes para capacitar a los cuerpos de seguridad del Estado.
Ante esas preguntas, el Estado respondió las consultas de los jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de forma titubeante y sin resultados concretos.
Todas esas, son medidas ordenadas al Estado en la condena de 2021, por el transfemicidio de Vicky Hernández, ocurrido en 2009.
Hernández fue asesinada la misma noche del Golpe de Estado y aunque este gobierno repite que busca justicia por los hechos ocurrido durante el Golpe, el reconocimiento para las personas trans sigue en borradores y papeles.
La Red Lésbica Cattrachas y la organización Robert F. Kennedy Human Rights llevaron el caso de la mujer trans Leonela Zelaya contra Honduras a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
El pasado 26 de julio de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos presentó el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
Según la organización Robert F. Kennedy Human Rights, “Leonela era una mujer trans, trabajadora sexual, portadora de VIH, que vivía en situación de pobreza. Como muchas otras mujeres en situaciones similares en dicho país, desde muy pequeña y hasta su asesinato fue víctima de numerosos actos de violencia y discriminación.
Meses antes de su muerte en el año 2004, Leonela había sido detenida de manera arbitraria e incluso torturada por parte de agentes estatales.
La directora de Cattrachas, Indira Mendoza, explicó que a Leonela la policía la seguía torturando y le lanzaban agua helada aun cuando eso agravaba su problema de pulmonía. Lo cual reafirma una vez más la necesidad de formación de las fuerzas de seguridad del Estado que basan sus actuaciones policiales en la burla, odio y prejuicio contra las personas LGTBIQ+.
En una publicación de Reportar sin Miedo se destaca cómo Indira cuenta que desde el asesinato de Leonela, la activista Thalía Rodríguez trabajó de manera incansable para pedir justicia por este crimen.
Thalía fue asesinada en 2022. Este caso también está en la impunidad.
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