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Los avances positivos son: Disminución de homicidios, disminución de la pobreza, de la tasa de mortalidad materna, reconocimiento del derecho a la tierra de poblaciones indígenas y afro hondureñas.
“La tasa de homicidios disminuyó 9%, pasando de 34.4 homicidios por cada cien mil habitantes en 2023 a 25.3 en 2024”
“De acuerdo al Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras, los hogares en situación de pobreza relativa se redujeron de 64.1% en el 2023 a 62.9% y la pobreza extrema se redujo de 41.5% en 2023 a 40.1%”.
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. La última vez que vieron a la defensora transgénero con vida fue a las 10:30 de la noche del 24 de noviembre de 2024. Esa noche cinco supuestos agentes de la Dirección Policial Antimaras contra el Crimen Organizado (Dipampco) se llevaron del bar Flamingo a Cristina Portillo. La detención ocurrió en la Rivera Hernández, al norte de Honduras.
Cuatro días más tarde realizaron cambios en el Directorio Estratégico de la Policía Nacional. El general Mario Molina fue removido de Dipampco sin explicar por qué motivos.
Mientras tanto, las denuncias contra Dipampco durante la gestión de Molina quedaban bajo investigación. A Castillo se la llevaron junto a “un joven llamado Joshua, en la colonia Brisas del Sauce, en el este de San Pedro Sula”, reportó la Agencia Presente.
Pero el Estado de Excepción no es responsabilidad de un solo oficial de policía sino un caldo de cultivo para altos oficiales con formación militar y represiva.
Desde el año 2022, Honduras está en la búsqueda de imitar los abusos del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, con un Estado de Excepción prolongado.
Como resultado, el gobierno de Honduras está violentando derechos humanos. Bukele ha destruido la institucionalidad, ha dicho que no le importa el marco normativo de derechos humanos.
En ese país, propiedad de Bukele, no hay veeduría internacional, mientras que en Honduras la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) lleva diez años.
En su Informe sobre la Situación de los Derechos Humanos en Honduras 2024, presentando el 8 de abril, OACNUDH advirtió sobre la seguridad del Estado que si bien hay reducción de homicidios en el país, preocupan las políticas y medidas de seguridad sin un enfoque de derechos humanos que privilegian respuestas de carácter represivo.
Lo anterior es un desafìo para un gobierno cuya presidenta Xiomara Castro anunció en su toma de posesión una policía comunitaria y desmontar los escuadrones de ejecución.
Pero la OACNUDH advierte en su reporte que las ejecuciones sumarias continúan. También la desaparición forzada.
No es algo nuevo, Honduras es un país con tradiciòn de desapariciones forzadas en impunidad desde los ochenta y de ejecuciones sumarias, con escuadrones de limpieza, desde los 90.
En su observación número 14, OACNUDH advirtió que “Preocupa la falta de debida diligencia en la investigación y persecución penal en casos que involucran a miembros de las fuerzas de seguridad y de defensa, especialmente cuando las víctimas pertenecen a Pueblos Indígenas. En tres casos de presuntas ejecuciones extrajudiciales por el Ejército en la Mosquitia (Warunta en 2018, Ibans en 2021 y Brus Laguna en 2024), ACNUDH documentó deficiencias procesales que podrían afectar el resultado final de la investigación y la rendición de cuentas, como fallas en la cadena de custodia, falta de diligencias de investigación in situ, falta de participación de las víctimas, falta de diligencias que permitan esclarecer la posible participación de las fuerzas armadas, retrasos injustificados en las diligencias forenses y en la presentación de requerimientos fiscales”.
Desapariciones forzadas
“Según el Ministerio Público, se están investigando al menos tres desapariciones forzadas y 86 denuncias por tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes por fuerzas de seguridad y militares en 2024”.
“Por su parte, ACNUDH recibió alegaciones de dos desapariciones forzadas, siete ejecuciones extrajudiciales, tres casos de detenciones arbitrarias con supuesta implantación de pruebas y un caso de abuso de autoridad durante allanamiento de morada, todos en el contexto del Estado de excepción”.
“ACNUDH recibió alegaciones que señalaban que las personas detenidas en estos casos habrían sido presionadas por las autoridades, incluso mediante tortura, para confesar la comisión de delitos que supuestamente no cometieron. Si bien algunos fueron sobreseídos por falta de pruebas, la Oficina observó en estos casos irregularidades en la investigación, como posibles acusaciones falsas y la falta de control judicial de las pruebas presentadas por la Dirección Policial Anti-Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado”.
“Según información recibida, en al menos dos casos habría un uso innecesario de la fuerza por policías y militares en allanamientos y detención en viviendas en horas de la madrugada, afectando principalmente a personas de sexo masculino y jóvenes de sectores marginalizados”.
Otra de esas medidas, de seguridad y derechos humanos, cuestionada es el Acuerdo No. CNDS-003/2024 del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, que ordena construir dos centros penitenciaros de reclusión de emergencia en zonas remotas.
“La ubicación de estos centros dificultaría la comunicación entre la población penitenciara y familiares y defensores legales, el acceso suficiente y oportuno a atención médica en emergencias, acceso a diversos programas de formación profesional y asistencia a audiencias, entre otros”.
“Por otra parte, preocupa que el Acuerdo exhorte al Congreso Nacional a reformar el marco normativo para calificar como terroristas a personas vinculadas al crimen organizado que cometan ciertos delitos e incorporar la medida de juzgamiento colectivo en la legislación interna”.
“El estado de excepción, adoptado en diciembre de 2022 para combatir la extorsión y delitos conexos, ha sido prorrogado en dieciséis ocasiones y su vigencia ampliada a 226 municipios. En 2024, a pesar de ser una obligación legal, el Congreso Nacional solo ratificó los decretos del estado de excepción en tres de ocho ocasiones”.
“A pesar de ser el principal motivo alegado del estado de excepción, entre octubre 2023 y junio 2024, fuentes oficiales reportan únicamente 0.8% de detenciones por el delito de extorsión y el Ministerio Público presentó 92 requerimientos fiscales por extorsión”.
“En 2024, la Oficina ha documentado la falta de investigaciones diligentes y búsquedas efectivas en casos de desaparición forzada ocurridos desde el comienzo del estado de excepción, como en el caso de la defensora transgénero Cristina Portillo en noviembre de 2023”.
Los principales obstáculos son la ausencia de un protocolo de búsqueda, la falta de un tipo penal autónomo de desaparición forzada, la falta de participación y protección de víctimas y testigos, y la carencia de recursos y equipos especializados de la Fiscalía de Derechos Humanos.
Mas hallazgos
- En agosto, el Gobierno denunció el tratado de extradición de 1909 con Estados Unidos. Esta decisión podría afectar significativamente la lucha contra el crimen organizado transnacional, en particular narcotráfico.
- Preocupa la persistencia del histórico conflicto agrario en el Bajo Aguán. Aún sigue pendiente el establecimiento de la Comisión derivada de los acuerdos suscritos en 2022 con la Plataforma Agraria y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán.
- En diciembre de 2024, el Estado de Honduras entregó títulos definitivos de propiedad a 27 comunidades misquitas y garífunas en el municipio de Juan Francisco Bulnes, departamento de Gracias a Dios. Estos títulos cubren una extensión de más de nueve mil hectáreas y beneficia a aproximadamente 23,000 habitantes de en la Zona Cultural de la Reserva del Hombre y la Biósfera del Río Plátano8. Sin embargo, persisten las barreras históricas y estructurales que enfrentan los Pueblos Indígenas y afrohondureños, resultando en desigualdad, discriminación, exclusión y afectaciones a sus derechos.
- En 2024, el Poder Judicial emitió algunas sentencias en las que dirimió disputas en relación con Pueblos Indígenas y personas defensoras de derechos humanos a la luz de estándares internacionales de derechos humanos, sentado un precedente en el país9. Sin embargo, la independencia judicial continúa siendo afectada por la falta de una ley de carrera judicial que asegure la separación de las funciones administrativas de las jurisdiccionales.
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