Hay demasiados políticos de los tres partidos más grandes de Honduras, embarrados en la corrupción del Caso Guapinol, en Tocoa, Colón, y en las denuncias de narcopolítica que hizo el ambientalista asesinado como para que garanticen «justicia para Juan».
Esta semana organizaciones de derechos humanos de todo el país, la prensa alternativa —sobre todo— y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se han juntado en Tocoa para pedir justicia para Juan y castigo contra los asesinos intelectuales, mientras la clase política calla.
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. ¿A quién afectó Juan López con sus denuncias antes de su asesinato, ocurrido en el Bajo Aguán?
A un gran grupo criminal, subdividido en grupos antagónicos, pero unidos por la cocaína, implicados en supuesta corrupción y narcopolítica.
Tras el asesinato, el principal señalado fue el alcalde de Tocoa, Colón, Adán Fúnez. Luego de eso, desapareció de la vida pública. El “narco alcalde” se llevó consigo enterrada toda la información de supuesta narcopolítica que tiene de Carlos Zelaya, el cuñado de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
Las denuncias de Juan López eran peligrosas porque confrontaban a una red de poder criminal político-empresarial, enquistada en el gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), del Partido Nacional y Partido Liberal.
“Es imposible hacer una crítica a las operaciones del gran capital en nuestros territorios sin señalar la responsabilidad partidaria y de gobierno de Libertad y Refundación en estas situaciones porque el representante de Libre, como figura construida desde el Partido Liberal, —que es Adán Funes —, ahora (como miembro) en Libertad y Refundación han dado todo el respaldo a los grupos empresariales en contra de las comunidades que han hecho resistencia y el partido no se ha pronunciado como tal”, dijo a RI Juan López en agosto de 2023.
El asesinato del ambientalista, a manos de sicarios al servicio de políticos, ocurrió unos días después de pedir la renuncia del supuesto “narcoalcalde” de Tocoa, Colón, Adán Funez.
Cuando Juan López exigió una vez más su renuncia, acababa de salir a luz, la imagen de Fúnez participando en un “narcovídeo” con el cuñado de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro, el entonces secretario del Poder Legislativo, diputado de Libre, Carlos Zelaya.
El narcovídeo era de 2013 y se les veía pactando financiamiento de los traficantes de drogas, condenados en Nueva York, “Los Cachiros”, para las elecciones de su partido.
A Juan, lo entrevistamos un año antes de su asesinato sobre corrupción en el caso Guapinol, sobre los escuadrones de la muerte de los narco militares y sobre la narcopolítica.
Al momento de la entrevista habló del que aun era vice ministro de Defensa del actual gobierno, el coronel Elías Melgar Urbina. Juan no tenía miedo para hablar, decía las cosas por su nombre. Era coherente. Dedicaba su vida a la iglesia y a la defensa de los bienes naturales. Su voz era pacífica un año antes de su muerte cuando habló con Reporteros de Investigación.
Zelaya y Adán Fúnez fueron los políticos de más alto nivel señalados por Juan López en la víspera de su asesinato.
Pero, el ambientalista tenía ya 12 años de lucha denunciando una red de políticos, por la corrupción en la concesión de la zona protegida Montaña Botaderos Carlos Escaleras.
Además de eso, en sus declaraciones con Reporteros de Investigación, Juan López, dejó entrever que la montaña no solo era usada para la minería que contaminó el río. López denunció que las zonas protegidas por los militares, al servicio de la clase empresarial, estaban siendo usadas para cultivo de hoja de coca.
Vamos a hacer un recorrido para revelar el nombre de las y los protagonistas que confrontó el ambientalista. La información fue recopilada investigando en archivos de la Coalición contra la Impunidad, ACI PARTICIPA, Bufete Justicia para los Pueblos, entrevistas en el Bajo Aguán y revisión de documentos judiciales.
De la información se desprende claramente que esta red criminal político-empresarial utiliza a su conveniencia sicarios, militares, policías, jueces y fiscales.
Los protagonistas
Empresarios
Este bosque protegido ahora está en manos de la empresa Pinares de Lenir Pérez y Ana Facussé (es hija del terrateniente fallecido Miguel Facussé). Las empresas han sido resguardadas por una élite militar-policiaca con escuadrones de sicarios. El asesinato de Juan López evidencia muy bien este hecho.
Lea también: Los sicarios y narcomilitares en el asesinato de Juan López
El 22 abril 2013, el abogado Ubaldo Alfredo Chávez Ulloa solicitó la concesión para exploración y después para la explotación de óxido de hierro, de parte de empresa EMCO MINING COMPANY S.A. de C.V. La empresa ahora se llama Inversiones Los Pinares.
La Coalición contra la Impunidad reveló que la solicitud de concesión se ubicaba en la zona núcleo del área protegida del parque nacional Montaña de Botaderos.
Congreso Nacional
En menos de cuatro meses desde que el yerno de Miguel Facussé, financista de la campaña del presidente Juan Orlando Hernández, solicitara la concesión, el diputado juanorlandista Ricardo Díaz Aceituno movió teclas en el Congreso Nacional para ayudarlo.
El diputado nacionalista Díaz Aceituno promovió el proyecto de ley que redujo la zona núcleo de la zona protegida.
El 12 de diciembre de 2013, el diputado también nacionalista Mario Guillermo Aguilar Izaguirre promovió la dispensa de debates.
Como resultado, el Congreso Nacional con la dispensa de dos debates legislativos, aprobó el decreto 252-2013. El decreto fue publicado en La Gaceta número 33,315 del 28 de diciembre de 2013. En el decreto publicado aparece la firma del entonces Ministro de MIAmbiente, Marco Jonathan Laínez.
Además, aparecen en el decreto, la diputada Gladis Aurora López Calderon como secretaria, Mauricio Oliva, presidente por ley, y Rigoberto Chang Castillo, los tres del Partido Nacional.
Este decreto redujo la zona núcleo de 24,223.7 hectáreas a 24,006.36, con la reducción quedó la superficie libre de regulaciones para la concesión minera.
En el Acta Legislativa aparecen como responsables de la Comisión de Dictamen para reducir la zona núcleo los diputados: Dennis Roberto Velásquez Yanes, Welsy Milena Vásquez López, nacionalistas; Marco Antonio Andino Flores, Samuel Martínez Durón, liberales; Salvador Valeriano Pineda y Óscar Orlando Burgos, nacionalistas.
Antes de la reforma, el diputado liberal Midence Oquelí Martínez Turcios, que entrenó sicarios de la Mara Salvatrucha en Colón, hizo lobby para las primeras concesiones en la Montaña Botaderos. Era primo de Los Cachiros. Habían sido Los Cachiros los primeros en solicitar la explotación de esta zona protegida.
Alcalde y regidores
El 20 de enero de 2014, el alcalde de Tocoa por el Partido Nacional, Héctor Rolando Hernández, llamó a una sesión extraordinaria. Ese día, la corporación otorgó el Permiso de Operación a la minera.
En la sesión de corporación participaron Héctor Rolando Hernández, Efraín de Jesús Maradiaga, Rossel Ramón Matute Almendarez, Orlando Bustillo Martínez, Rogger Alexy Martínez Rodríguez y Boris Simeon Reyes Martínez.
El permiso de operación se extendió sin que la empresa tuviera la licencia ambiental, pues en diversos archivos judiciales, revisados consta que este permiso no fue otorgado hasta el 29 de diciembre de 2014.
Después de Hernández, Adán Fúnez Martínez se convirtió en alcalde. Pese a ser del partido Libre, lejos de retroceder, llegó a falsificar un acta de cabildo abierto para favorecer a la empresa.
En 2018, los ambientalistas, incluido Juan López, fueron criminalizados al protestar contra la minera.
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El Bufete Justicia para los Pueblos ha promovido acciones legales contra los fiscales de Tocoa, Suyapa Aguilera, Héctor Daniel Velásquez Martínez, Franklin Josué Rodríguez, Wilberto Israel Sánchez y Sayda Yakeline Vallecillo García por los supuestos delitos de acusación falsa, prevaricato administrativo y omisión de los deberes de los funcionarios.
Además, están denunciados los agentes de la policía nacional Óscar Álvarez y Wilmer Márquez por supuesto abuso de autoridad.
También, los jueces Carlos Irías de León y Lizeth Vallecillo por presuntos delitos de abuso de autoridad y prevaricato judicial.
Las denuncias no prosperan en el sistema de justicia.
Muere una esperanza
En 2022, Xiomara Castro arribó a la presidencia de Honduras. Había esperanza de que se abordará el conflicto del Bajo Aguán y el conflicto de Guapinol, en Tocoa, Colón.
Al principio fue nombrada una comisión tripartita, pero los ambientalistas y campesinos denunciaron que uno de los integrantes de la comisión era el coronel Elías Antonio Melgar Urbina.
Melgar Urbina era el entonces Viceministro de Defensa, un coronel denunciado por sus vínculos con empresas de seguridad que sembraban el terror en el Bajo Aguán.
Hay testimonios y documentos que evidencian que cometieron asesinatos y promovieron el sicariato contra campesinos.
Melgar Urbina además aparece mencionado en el juicio del narcotraficante Geovany Fuentes en la Corte del Distrito Sur de Nueva York.
Juan López y muchos de los campesinos son del partido Libre, pero para Libre hacer justicia en el Aguán, es difícil aunque Juan López era candidato a alcalde por este partido.
Conexiones políticas
Es difícil porque, por ejemplo, el “esposo de la presidenta del Poder Judicial” y notario, José Luis Melara Murillo, prestó sus servicios a la minera.
Melara Murillo es pariente del esposo de Zoe Zelaya Castro, hija de la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
Lourdes Pamela Blanco, la cónyuge de Tomás Vaquero, el ministro de Gobernación, ha vendido servicios legales a la empresa Sion propiedad de la esposa del ex vice ministro de Defensa del Gobierno de Castro, Elías Melgar, Waldina Pineda Dubón.
Además, Pamela Blanco ha vendido servicios legales a las empresas de Lenir Pérez.
A estos intereses se enfrentaba Juan. Ahora los campesinos colocan en sus leyendas que justicia para Juan es Justicia en el Aguán.
La justicia está tan lejos que de manera pública, se dice que la minera cerró, pero en los días que enterraron a Juan, las y los ambientalistas denunciaron que seguía operando de manera clandestina y con impunidad.
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