Artículo de opinión de María Virginia Méndez
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. La reciente aprobación por parte del Congreso Nacional de la lectura de la Biblia en las escuelas públicas no es un hecho menor ni un error administrativo: es una decisión profundamente política que vulnera de manera abierta el Estado laico y la Constitución de la República. El artículo 77 garantiza el libre ejercicio de todas las religiones y cultos sin preeminencia alguna, mientras que el artículo 151 establece que la educación nacional será laica y se fundamentará en los principios esenciales de la democracia¹. Imponer la lectura bíblica en centros educativos públicos constituye, por tanto, una violación flagrante del orden constitucional y un retroceso histórico en materia de derechos.
Esta medida no surge en el vacío. Tiene raíces profundas en una derecha fascista, retrógrada y neoliberal que, durante más de dos ciclos de vida republicana, sostuvo un modelo de despojo, entreguismo y saqueo sistemático del país. Es la misma derecha que hoy intenta lavar su rostro, ocultando su responsabilidad histórica en la construcción de una Honduras atravesada por la desigualdad estructural, la pobreza, la precarización del empleo, el colapso del sistema de salud y el deterioro del sistema educativo. El fundamentalismo religioso aparece, en este contexto, como un recurso político para encubrir fracasos, desviar el debate público y reinstalar un orden moral conservador funcional al control social.
El cinismo de la clase política se expresa con crudeza cuando se contrasta esta agenda moralizante con la realidad material de la población adolescente. Honduras es un país joven: el 21.2 % de su población está conformada por adolescentes². Este grupo debería ocupar un lugar central en la política pública; sin embargo, enfrenta exclusión educativa, precariedad laboral, inseguridad y graves barreras de acceso a servicios de salud, especialmente en salud sexual y reproductiva.
Los datos son contundentes. Honduras registra una tasa de fecundidad adolescente de 97 nacimientos por cada 1,000 mujeres entre 15 y 19 años, una de las más altas del mundo³. Esta cifra no es producto de decisiones individuales aisladas, sino de la ausencia de políticas públicas integrales, la censura de la educación sexual y la persistencia de violencias estructurales. A pesar de la evidencia colocada por organizaciones feministas, la clase política ha reducido el debate a una falsa dicotomía entre religiosidad y “libertinaje”, instrumentalizando la fe para negar derechos humanos a millones de adolescentes.
El impacto de esta omisión no es solo social, sino también económico. El costo del embarazo adolescente asciende al 1.18 % del Producto Interno Bruto, reflejando pérdidas en productividad, ingresos laborales y recaudación fiscal⁴. Se trata de recursos que el país deja de invertir en desarrollo, pero también de proyectos de vida truncados y autonomías negadas.
El moralismo, por su parte, se encarna en una élite política que invoca a Dios mientras encubre corrupción, protege redes de impunidad y entrega la soberanía nacional al capital transnacional. Son los mismos sectores que han guardado silencio frente a los asesinatos de defensoras y defensores del territorio, pero que hoy se arrogan autoridad moral para decidir sobre el cuerpo de niñas y adolescentes. En alianza con jerarquías religiosas, han naturalizado la censura de los derechos sexuales y reproductivos, bloqueando la educación sexual integral, laica y científica⁵.
Resulta particularmente indignante que esta imposición religiosa se produzca en el marco de un sistema educativo profundamente deteriorado: escuelas sin infraestructura digna, centros unidocentes, carencia de materiales educativos y una merienda escolar sostenida, en gran medida, por el trabajo no remunerado de las mujeres. Esta precarización forma parte de un modelo que traslada la responsabilidad del cuidado a los hogares, profundizando la desigualdad de género y la pobreza.
La situación de las niñas es aún más grave. Miles son sometidas a embarazos forzados producto de violaciones, incesto y entornos domésticos violentos, en un país donde el acceso a la justicia es limitado y la impunidad estructural. La prohibición de la Píldora Anticonceptiva de Emergencia tras el golpe de Estado de 2009 evidenció cómo los poderes fácticos —políticos, económicos, mediáticos y religiosos— continúan condicionando la democracia hondureña⁶.
El embarazo adolescente debe leerse, entonces, como una expresión de las desigualdades estructurales de género sostenidas por un sistema patriarcal que restringe derechos, expulsa a las adolescentes del sistema educativo, precariza su inserción laboral y reproduce ciclos intergeneracionales de pobreza. Opera como un mecanismo de control social que limita la ciudadanía plena de las mujeres desde edades tempranas.
Lo que presenciamos no son hechos aislados, sino una ofensiva ideológica contra el Estado laico, los derechos humanos y las luchas feministas acumuladas durante décadas. Son golpes duros contra la democracia y contra el derecho de niñas y adolescentes a decidir sobre sus cuerpos y sus proyectos de vida. Este momento histórico exige articulación, movilización y construcción de estrategias colectivas que interpelen el cinismo, el moralismo y el lavado de cara de una derecha que pretende gobernar desde el fundamentalismo.
La resistencia feminista, el debate crítico y la acción política organizada no son opcionales: son urgentes. Porque lo que está en juego no es solo la educación pública, sino el presente y el futuro de generaciones enteras.
Notas al pie
- Constitución de la República de Honduras, artículos 77 y 151.
- Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA). Consecuencias socioeconómicas del embarazo adolescente en Honduras, 2025.
MILENA ESTUDIO 2025 (1)
- UNFPA, ENDESA/MICS 2019. Tasa específica de fecundidad adolescente en Honduras.
MILENA ESTUDIO 2025 (1)
- UNFPA. Estimación del impacto económico del embarazo adolescente: 1.18 % del PIB.
MILENA ESTUDIO 2025 (1)
- Marco internacional de derechos sexuales y reproductivos: Conferencia de El Cairo (1994) y Beijing (1995).
- Contexto político posterior al golpe de Estado de Honduras, 2009, y prohibición de la PAE.
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