Es una situación de alerta: La ZEDE puede expropiar tierra en nombre del Estado de Honduras y desde 2013 están cambiando de manera silenciosa el modelo de propiedad y el modelo político en Honduras y en el mundo.
Un bufete chileno y un bufete estadounidense defienden al Estado junto a la PGR en una demanda promovida ante el CIADI.
Dos oenegés solicitaron este 24 de septiembre, su participación como Amicus Curiae.
Redacción: Wendy Funes
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. El presidente de este país de América Central, al mismo tiempo que traficaba cocaína a Estados Unidos, violentó cuanta ley necesitó violentar para instalar un Estado dentro de otro Estado.
Con un ciclo sostenido de irregularidades documentadas, inició la práctica de una transformación radical del sistema político, del modelo del Estado y de la concepción de la propiedad de los hondureños.
Pues en el modelo económico de las ZEDES, un grupo de personas cambian de quién es la propiedad, pueden expropiar y crear leyes para ampliar su territorio sin que el Estado intervenga.
Este modelo económico y tecnológico puede cambiar no solo el Estado de Honduras sino de toda la humanidad.
Eso explica por qué las ZEDES fueron el pase para que un capo de la talla de Juan Orlando Hernández (alias JOH), pudiera salir de la cárcel. Salir de una cárcel de Estados Unidos donde purgaba una condena de 45 años por tráfico de más de 400 toneladas de cocaína. Recibió una clemencia, un indulto del libertario Donald Trump acólito de este nuevo modelo político y económico.
Vea: Indultado para salvar Próspera
Estas conclusiones periodísticas se desprenden de la lectura de bibliografía y de los alegatos para defender al Estado de Honduras, hechos por la Procuraduría General de la República (PGR). Es un documento de 294 páginas y 720 numerales, en poder de RI.
En sus alegaciones, la PGR señala que una de las principales críticas al modelo de charter cities (Ciudades Modelos) es que compromete la soberanía estatal y la democracia representativa.
“Lo cierto es que, como Honduras ya ha expresado, la autonomía de las ZEDE se ha traducido en que ZEDE Próspera actúe como un Estado dentro de otro Estado”, alega la PGR.
No son lo mismo que las ZEE
Al pueblo hondureño se le ha hecho creer que las ZEDES son lo mismo que las Zonas Económicas Especiales (ZEE) que existen en China y en África.
Pero eso no es así. “La PGR señaló en sus alegatos que la diferencia entre una ZEE y una charter city han sido identificadas por Mark Lutter, fundador del Charter Cities Institute, en los siguientes términos: Las ZEE contemplan reformas limitadas de gobernanza, centradas en incentivos fiscales e infraestructura, mientras que las ciudades modelo suponen reformas profundas que abarcan el registro de empresas, la resolución de disputas, la legislación laboral y los impuestos”.
“Las ZEE ocupan una zona geográfica reducida —a menudo un parque industrial—, en tanto las ciudades modelo abarcan un territorio extenso que permite su crecimiento”.
“Como explica Rahul Sagar, profesor asociado de Ciencias Políticas de la Universidad de Nueva York en Abu Dabi, estas parten de la premisa de que las personas pueden aceptar restricciones a sus libertades políticas y civiles a cambio de mayores niveles de seguridad, orden o desarrollo económico”.
Las ciudades modelos no solo cambian la propiedad, el Estado como se conoce, sino la vida porque acá se ha empezado a experimentar con humanos y hay centros de inteligencia artificial consumiendo recursos naturales vitales.
La “ciudad modelo” supone la transferencia de soberanía del Estado hondureño a las Demandantes, con lo cual cambia la estructura del Estado tal como se conoce desde la civilización griega.
Vea: Zede experimenta con humanos sin permiso de ARSA
Corrupción y sicarios
“…ZEDE Próspera presentó irregularidades desde su constitución en Roatán y afectó gravemente la zona: (c.i) se instaló en un área ecológicamente sensible y legalmente protegida; (c.ii) causó daños medioambientales; y (c.iii) vulneró el derecho a la consulta previa de la comunidad de Crawfish Rock”, alegó la PGR.
El numeral 175 de sus alegatos, la PGR cita que “lo cierto es que las Demandantes jamás cumplieron con los requisitos necesarios para crear ZEDE Próspera de conformidad con la legislación hondureña. La creación de ZEDE Próspera debió haberse aprobado por dos terceras partes del Congreso Nacional. Es un hecho incontrovertido que las Demandantes jamás obtuvieron tal aprobación”.
Frente a estos alegatos, Próspera sostiene que el Congreso ya había autorizado mediante la Ley Orgánica el mecanismo por el cual tierras privadas podían incorporarse al régimen y que el CAMP tenía competencia para su creación.
En 2023, la líder comunitaria Vanessa Cárdenas fue atacada y gravemente herida por sicarios durante una reunión convocada para denunciar violaciones de derechos humanos, alegó la PGR.
En su escrito describen lo que consideran como una serie de fracasos comerciales de Próspera. Hacen un recuento de dos demandas existentes contra la ZEDE que opera en Roatán sin incluir la demanda que Circle ha entablado contra esta ZEDE.
Lea: Próspera demandada por fraude
“Por medio del presente arbitraje, las Demandantes intentan atribuir a Honduras sus fracasos comerciales con una pretensión indemnizatoria a todas luces absurda y extorsiva”, sostiene la PGR.
La demanda inicial fue por hasta USD 10.775 millones —cifra equivalente a aproximadamente el 60% del presupuesto nacional de Honduras para 2026 y a cerca de un tercio de su Producto Interno Bruto—. La cifra podría quebrar el Estado hondureño. Los demandantes han reducido su pretensión en más de un 85%.
Estafa y daño reputacional
El 23 de mayo de 2025, Erik Eduardo Pitsikalis Poujol, de Apolo Group —empresario inmobiliario hondureño, fundador y director general de AGH— presentó una denuncia penal contra los ejecutivos Erick Brimen y Gabriel Delgado por los delitos de estafa agravada y uso ilegítimo de distintivos o marcas registradas.
El relato de la PGR señala que Dionysius LLC se constituyó con un capital inicial de USD 1 millón: Pitsikalis aportó como participación accionaria equivalente al 24% de la sociedad, mientras que St. John’s Bay Development Company LLC (SJBDC) aportó el terreno, valorado en USD 318.000,00.
Sin embargo, documentos internos y avalúos posteriores revelaron que el valor real del terreno aportado por SJBDC era diez veces menor al declarado, lo que evidenciaría una sobrevaloración artificial de su capital realizada con un claro propósito de obtener una participación accionaria desproporcionada frente a Apolo Group.
“La maniobra se profundizó cuando, con el proyecto en un avance superior al 85%, Brimen decidió unilateralmente diluir la participación de Apolo Group en Dionysius LLC, en una asamblea de julio de 2024 celebrada sin su presencia ni consentimiento, cancelando los derechos patrimoniales que originalmente le correspondían”, dice la PGR respecto a la denuncia de estafa.
Desde Honduras para África
“Desde 2022, el Sr. Brimen habría planeado extender Próspera a países de África. En vez de haber logrado establecerse allí, su iniciativa derivó en disputas legales con su socia en dicho proyecto”. Por diferencias, su socia en África inició una denuncia contra el Sr. Brimen, por daño reputacional.
“En 2023, el Sr. Brimen, junto con NeWay Capital LLC, se habría asociado con la Sra. Magatte Wade, a los fines de constituir Próspera África LLC, una sociedad de Wyoming con sede en Roatán.
La Sra. Wade es una emprendedora senegalesa que, a través de sus contactos en dicho continente, habría promovido vínculos entre Próspera África y gobiernos africanos para impulsar el establecimiento allí de una iteración de lo realizado por la Demandantes en Honduras”.
CIADI
La PGR alega que el CIADI carece de jurisdicción para conocer del presente caso y, de cualquier modo, las pretensiones de las Demandantes resultan inadmisibles porque no han realizado una inversión protegida bajo la legislación hondureña, por lo que sus actividades a través de ZEDE Próspera no gozan de protección bajo el DR-CAFTA. Segundo, las pretensiones fundadas en cláusulas importadas de otros tratados exceden la jurisdicción.
A lo largo del escrito, la PGR señala que la ZEDE se instaló en Honduras aun sabiendo que eran inconstitucionales y que había oposición ciudadana.
¿Cómo se llegó hasta acá?
Todo empezó en 2009 en el gobierno de Porfirio Lobo Sosa. Los funcionarios que intentaron hacer cumplir la Constitución de la República y que advirtieron los peligros del modelo fueron destituidos y los que se alinearon, fueron premiados.
El hilo de corrupción no quedó entre 2009 y 2025 cuando JOH recibió un indulto para venir a garantizar las operaciones de ZEDE Próspera —como aducen los senadores demócratas —; en 2026, el modus operandi sigue siendo el mismo: Ejecutar acciones de inversión sin importar cómo avanza el tema legal en el Estado de Honduras.
«Las irregularidades en el CAMP«
El 21 de septiembre de 2026, la PGR anunció denuncias penales contra quienes aceptaron nombramientos en el Comité para Adopción de Mejores Prácticas (CAMP).
Hicieron los nombramientos pese a que la PGR menos de dos meses antes había contestado la demanda en la Comisión de Arbitraje y expuso una serie de irregularidades para la operación de las ZEDES, además advirtió el radical cambio de modelo de propiedad y político que suponen.
Para la PGR, las ZEDES no se ubican en el mismo espectro que el Dubai International Financial Centre (“DIFC”), el Abu Dhabi Global Market (“ADGM”) y el Astana International Financial Centre (“AIFC”) y comparativos latinoamericanos como la Zona Libre de Colón y Panamá-Pacífico.
“En las ZEDE la presunta gobernanza y supervisión se radica en el CAMP y [en] el secretario técnico, organismos sin control democrático y sin mecanismo alguno de rendición de cuentas ante el Estado”.
Sobre el CAMP de Próspera, la PGR señaló “la ausencia absoluta de mecanismos de control y supervisión sobre las actividades del CAMP, y la opacidad total con la que se ha conducido, impiden a Honduras contar con documentos que permitan determinar si los miembros originalmente designados llegaron siquiera a reunirse o ejecutar alguna de sus funciones”.
Los alegatos de la PGR reconstruyen toda la historia de cómo primero, se inició con las RED y habían sido declaradas inconstitucionales desde 2012; luego, lejos de enmendar todo lo que traía la ley de las RED, más bien aprobaron una norma mucho más desventajosa para el Estado.
“Aquí yace una diferencia fundamental con el régimen de las RED, que contemplaba ciertos mecanismos de control como la intervención de las autoridades hondureñas en los casos previstos por la Constitución, una Comisión de Transparencia de carácter transitorio y una Comisión de Auditoría independiente que rendía cuentas al Congreso Nacional”.
“El Marco Legal de las ZEDE eliminó todos esos contrapesos. En su lugar, estableció un CAMP de duración indefinida y excluyó toda facultad de intervención estatal, sin prever mecanismos de fiscalización o destitución”.
Respuesta del Estado de Honduras
“En la realidad, las Demandantes siempre supieron que invertían en un régimen cuestionado, cuyos pilares —la transferencia a manos privadas de las potestades primigenias del Estado y la práctica supresión de todo control democrático— ya habían sido declarados inconstitucionales por la institucionalidad hondureña años antes, y cuya derogación se había propuesto nuevamente incluso antes de que realizaran sus inversiones”.
Así dice uno de las primeras páginas del Memorial de Contestación sobre el Fondo y Memorial sobre Objeciones Jurisdiccionales, presentada el 12 de julio de 2026 por la Procuraduría General de la República (PGR) en el Caso CIADI No. ARB/23/2.
Cuando dicen los demandantes, se refieren a Honduras Próspera Inc. (“HPI”), St. John’s Bay Development Company LLC (“SJBDC”) y Próspera Arbitration Center LLC (“PAC”). Se presentó también un Informe Pericial de Valuación de los Daños reclamados por las Demandantes del Dr. Daniel Flores, Director General de Quadrant Economics LLC (“Quadrant”).
Como defensores del Estado de Honduras, actúan la PGR junto al bufete de Chile Jana & Gil Dispute Resolution y el bufete de Estados Unidos Foley Hoag LLP.
Cambios en la propiedad
“La prerrogativa más controvertida conferida a las ZEDE fue la facultad de expropiar tierras en nombre del Estado de Honduras adquiriendo bienes mediante expropiación sin un contralor efectivo por parte del Estado”, sostiene la PGR.
Honduras sostiene que la controversia debe entenderse como una secuencia de hechos conectados: las ZEDE fueron la continuación de las RED declaradas inconstitucionales en 2012; su nuevo marco legal, aprobado tras la destitución ilegal de magistrados de la Corte Suprema, profundizó en lugar de corregir esos vicios; Próspera desarrolló su proyecto entre irregularidades jurídicas; y la fuerte oposición social desembocó en la derogación e inconstitucionalidad del régimen.
En 2012, Paul Romer —hasta entonces asesor en la implementación de las RED— hizo pública su renuncia al proyecto y manifestó su preocupación por el rumbo que estaba adoptando el gobierno de turno al insistir en la implementación de ciudades modelo al margen de un adecuado involucramiento y control por parte de las instituciones del Estado, alegó la PGR.
“A pesar de ello, las Demandantes han pretendido continuar operando como si fueran una ZEDE, invocando facultades y prerrogativas derivadas de un régimen jurídico que ya había sido derogado y declarado inconstitucional”.
Próspera, por su parte, alega que el Estado afectó sus inversiones y violentó el acuerdo de inversión.
En sus alegatos señalan que el gobierno de Xiomara Castro derogó las ZEDES y manejó la justicia con intereses partidistas, pero la PGR respondió que el recurso que sentenció la inconstitucionalidad de las ZEDES fue interpuesto por la UNAH —un ente autónomo del Estado—. La UNAH interpuso el recurso un año antes de que Castro llegara al poder.
Línea de tiempo
2011 — NACEN LAS RED
Personajes: El Congreso crea con el Decreto 123-2011, las Regiones Especiales de Desarrollo (RED) o “ciudades modelo”, mantiene controles del Congreso y otras salvaguardas institucionales.
17 DE OCTUBRE DE 2012 — LA CORTE FRENA LAS RED
La Corte Suprema declara inconstitucionales las RED, solo Óscar Chinchilla vota a favor.
12 DE DICIEMBRE DE 2012 — DESTITUYEN A CUATRO MAGISTRADOS
Juan Orlando Hernández, presidente del Congreso destituye a 4 magistrados que las declararon inconstitucionales.
23–30 DE ENERO DE 2013 — LAS RED REGRESAN CON OTRO NOMBRE: ZEDE Juan Orlando Hernández (CN) y Porfirio Lobo Sosa, presidente impulsan Decreto 236-2012 y crean Zonas de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE).
12 DE JUNIO / 6 DE SEPTIEMBRE DE 2013 — SE CONSOLIDA EL NUEVO MODELO
Personajes: Se aprueba y publica la Ley Orgánica de las ZEDE, Decreto 120-2013. Con menos controles que la RED.
29 DE DICIEMBRE DE 2017 — NACE PRÓSPERA
Erick Brimen, fundador y principal impulsor empresarial de Honduras Próspera, presenta su al CAMP, no el pleno del Congreso Nacional, CAMP crea “ZEDE Village of North Bay.
20 DE SEPTIEMBRE DE 2024 — LA CORTE VUELVE AL ORIGEN
La Corte Suprema declara inconstitucionales tanto la reforma que creó las ZEDE (Decreto 236-2012) como su Ley Orgánica (Decreto 120-2013)-.
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