Retroceso de DD. HH. en Honduras

Informe de Derechos Humanos en Honduras del Observarorio de CPIH-RIV

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. El gobierno ha mantenido una política de retroceso de derechos humanos. El desafío para el equipo es registrar violaciones relacionada con la privacidad y las grandes cantidades de datos procesados en centros de datos que consumen grandes cantidades de agua y energía y que caminan a concentrar el poder económico y el Estado en manos privadas por medio de la inteligencia artificial.

Observatorio de Derechos Humanos · Centro de Periodismo de Investigación en Honduras de Reporteros de Investigación (CPIH-RI) · Período: febrero a 28 de octubre de 2026

Sistematización y redacción: Melissa Hernández

Panorama general

Entre febrero y el 28 de octubre de 2026, el Observatorio reunió 599 hechos documentados en su matriz de monitoreo. Cuatro problemas concentran la mayor preocupación: el regreso de la represión policial a las protestas, la violencia contra estudiantes, el colapso del sistema de salud y los despidos masivos en el sector público.

Según el análisis de la propia matriz, se trata de una crisis con varias causas y no de hechos sueltos. El Estado no previene, no protege y no repara. En todos los meses aparecen la impunidad, la falta de respuesta a las demandas sociales y laborales, y la criminalización de la protesta. Los registros aumentan de marzo a julio, cuando llegan a su máximo con 124, y siguen altos en octubre con 79 en solo 28 días.

1. Represión policial

Desde marzo se documentaron 13 incidentes de respuesta policial a protestas, con gas lacrimógeno, balas de goma y bala viva. Entre ellos están los gases frente a la Cancillería (29 de marzo), la represión a estudiantes de la UNAH (20 de abril), la represión en Yoro (4 de julio), la detención ilegal de líderes garífunas (7 de julio) y los disparos con bala viva contra manifestantes en Cofradía (30 de septiembre). Este último es considerado el hecho más grave del segundo semestre.

La represión no se dirigió a un solo grupo. Afectó a universitarios que exigían presupuesto, vecinos que pedían agua potable, campesinos que defienden la tierra, garífunas que rechazan la Ley Agroindustrial y manifestantes de la costa norte. Muchas protestas eran por servicios básicos, trabajo o tierra, no por motivos partidarios. Por periodos, hubo 3 incidentes entre marzo y abril, 4 entre junio y julio y 6 entre agosto y octubre, así que la represión se sostuvo e intensificó.

Criminalización de la protesta

Al uso de la fuerza se suma un marco legal y un discurso más duros:

• Tomás Zambrano amenazó con endurecer el delito de usurpación (18 de abril).
• Se denunció que la Ley Agroindustrial criminaliza la defensa de la tierra (4 y 24 de junio).
• Se admitió un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma al delito de asociación terrorista (28 de julio).
• La Policía capturó a menores acusados de participar en protestas (29 de septiembre).
• Se retiraron pancartas de pacientes, familiares y empleados de un hospital (15 de octubre).

La matriz recoge también la preocupación de Amnistía Internacional por el uso de fuerzas militarizadas como la PMOP, y los informes de COFADEH sobre detenciones masivas y acusaciones desproporcionadas, mientras no avanzan los casos de muertes de manifestantes.

Hostigamiento a prensa y ciudadanía

Se registraron amenazas a un ciudadano por grabar la captura de manifestantes (30 de septiembre) y la agresión a un vendedor y a un periodista que documentaba el hecho (15 de octubre). El 16 de octubre hubo hostigamiento policial a un ciudadano y retención de indígenas del MADJ por militares.

Últimos días (17 al 28 de octubre)

Se denunció que la Ley Antiterrorista permite intervenir territorios sin garantías constitucionales y se abrió la oficina antiterrorista (20 de octubre). La Policía Municipal persiguió a vendedores del centro capitalino (23 de octubre). Hubo fuerza desproporcionada contra un ciudadano en Choluteca (26 de octubre) y nuevas denuncias contra el derecho a la protesta (28 de octubre).

2. Desalojos y conflicto por la tierra

Desalojos ejecutados: dos. Ocurrieron el 27 de junio (campesinos, con represión) y el 6 de agosto (un batallón policial en El Tulito, Choluteca, con destrucción de cultivos en plena crisis alimentaria).

Órdenes y amenazas:

• Órdenes de desalojo (8 de abril).
• Amenaza contra el campamento Berta Cáceres (25 y 26 de agosto).
• OFRANEH pidió frenar los desalojos y respetar las sentencias de la Corte IDH (25 de septiembre).
• Denuncia de que el Ministerio Público, la Policía y la CSJ priorizan desalojos sobre el combate a la criminalidad (27 de septiembre).
• Críticas de justicia selectiva por la cancelación de un desalojo a un grupo criminal (15 de octubre).

Ley Agroindustrial. Aprobada en junio, generó 28 registros: denuncias de que se aprobó sin los votos necesarios, de que criminaliza la defensa de la tierra y de que facilita el despojo a pueblos indígenas (miskitos y garífunas). La matriz no registra ningún desalojo ejecutado con esta ley como base legal expresa; los dos desalojos aparecen como operativos policiales contra campesinos.

Contexto. El 21 de mayo ocurrió la masacre de campesinos en Rigores, Trujillo, condenada por la CIDH. El 27 de junio se reportaron 77 conflictos por acceso a la tierra.

Pueblo garífuna

Es de los más presentes en la matriz. OFRANEH denunció despojos (marzo), Miriam Miranda alertó sobre un intento de despojo en Tornabe (julio) y se señaló que la ley contradice la sentencia de la Corte IDH. El campamento se mantuvo y se amplió el llamado a derogarla. La matriz concluye que desalojar a garífunas con una sentencia internacional a favor equivale a una violación por desobediencia.

Respuesta jurídica

Las organizaciones han usado todas las vías: hábeas corpus (18 de junio), amparos (30 de junio y 11 de julio) y recursos de inconstitucionalidad (20 de julio y 27 de agosto). La OACNUDH advirtió sobre los riesgos de la ley (5 de junio) y se impulsó un juicio político contra Zambrano (29 de julio y 5 de agosto).

Últimos días

Se exigió otra vez la derogación (17 de octubre). Se registró que la Procuraduría prepara una conciliación con Próspera (17 de octubre) y que el Estado incumple las medidas cautelares de la CIDH a favor del MADJ (18 de octubre). El campamento garífuna frente a la CSJ superó los 70 días sin respuesta, y la población miskita denunció minería ilegal (20 de octubre). Campesinos denunciaron cortes de luz nocturnos mientras empresarios, con resguardo policial, fumigan sus tierras y animales (25 de octubre). No hubo nuevos desalojos ejecutados.

3. Violencia contra estudiantes

El 20 de abril, estudiantes de la UNAH protestaron frente al Congreso Nacional para exigir el 6% constitucional del presupuesto universitario, tras un recorte que, según se denunció, dejaría a muchos sin transporte ni becas. La Policía volvió a usar la tanqueta y un estudiante fue herido con bala de goma. El 22 de abril se documentó que perdió parcialmente la visión.

Ese día se registró también que la Policía rompió el protocolo de uso de bala de goma. El Colegio de Trabajadores Sociales condenó la agresión, la ONU y el CONADEH expresaron preocupación y ACI Participa anunció acompañamiento legal. La ruptura del protocolo es el punto central para exigir responsabilidades.

Después de abril, el sector estudiantil siguió afectado:

• La UNAH reconoció los efectos negativos de la ley del empleo parcial (26 de abril).
• Estudiantes de una escuela nacional realizaron tomas por despidos (11 de julio).
• Se denunció que el gobierno pretende eliminar un transporte público que beneficia a miles de universitarios (28 de septiembre).
• Hubo capturas de menores acusados de participar en protestas (29 de septiembre).

4. Crisis del sistema de salud

La matriz tiene unos 60 registros sobre salud, con deterioro constante desde marzo.

• Salarios: huelga médica el 24 de marzo y suspensión de atención el 29. Más de 1,500 médicos sin sueldo en abril, falta de pago por más de seis meses (junio) y nuevas paralizaciones en septiembre y octubre. El 16 de octubre un asesor presidencial minimizó la situación.
• Insumos: hospitales desabastecidos, falta de antiofídico y pacientes psiquiátricos sin medicamentos durante todo el año. Persistió la falta de insumos básicos pese al decreto de emergencia, y se denunciaron riesgos para el laboratorio de medicamentos y el retiro de un proyecto científico por falta de apoyo.
• Servicios paralizados: centros de salud cerrados por despidos (8 de abril), hemodiálisis suspendida (3 de julio), ambulancia suspendida en Danlí (29 de marzo) y médicos con prohibición de operar (15 de octubre).
• Transparencia: el Colegio Médico y la población cuestionan el uso de los fondos de la emergencia sanitaria. Hubo además denuncias de intentos de privatización, un hospital detenido en Ocotepeque y el plan de comprar un hospital privado sin terminar los que ya están en construcción.

El conflicto entre gobierno y gremio incluyó asambleas informativas y una toma del bulevar de las Fuerzas Armadas en abril, una acusación de robo de medicamentos contra los médicos en junio (con exigencia de disculpa) y amenazas de quitar la personería jurídica al Colegio Médico. La matriz resume el balance así: salud sin insumos es una violación por omisión.

Otros hechos: una niña miskita con cáncer avanzado murió en condiciones indignas por pobreza (15 de octubre); se reportó una crisis de salud mental (27 de junio); y, según la matriz, el presidente Nasry Asfura reconoció el 25 de mayo que no puede sostener hospitales para los más pobres. El 19 de octubre, el presidente del Congreso dijo que los médicos no pueden cobrar sin trabajar, y el 20 el Colegio Médico advirtió una crisis por salarios impagos.

5. Despidos en el sector público

Hay más de 25 registros de despidos masivos o ilegales entre marzo y octubre:

El 11 de febrero se registró un manual de despido en la Procuraduría y la prohibición de contratar a personas con demandas laborales. Los despidos empezaron en migración y salud (marzo), siguieron con personas con discapacidad (abril), llegaron a las escuelas (julio) y a la cultura y proyección social (agosto). Provocaron cierre de servicios, tomas de escuelas y protestas. Gremios como la Federación de Colegios Profesionales, los colegios magisteriales y el Colegio de Enfermería respondieron con anuncios de paro y denuncias. El 30 de julio se contrastó que altos funcionarios se aprobaban aumentos mientras trabajadores de campo de la ENEE eran despedidos.

6. Otros ejes en seguimiento

• Mujeres: una mujer muere violentamente cada 31 horas (3 de julio). La matriz menciona 240 femicidios con 90% de impunidad. Se mantiene el caso de Angie Peña, y un forense confirmó que Keyla Martínez no se suicidó.
• Violencia en el campo: tras Rigores se registró la militarización del Bajo Agüan, el asesinato de un líder campesino, la detención de una lideresa comunitaria y solicitudes de congresistas estadounidenses y del relator de la ONU para investigar la masacre.
• Hambre, migración y pobreza: hambruna en el corredor seco, más de 260 mil solicitantes de asilo y 106 migrantes retornados de una caravana.
• Impunidad: se suspendió la orden de captura contra Juan Orlando Hernández y luego pasó a tener máxima protección policial. Además, fue ascendido uno de los investigados por el asesinato de Sheril Yubissa Hernández.
• Niñez y adolescencia (19 al 28 de octubre): plan de reducir la edad punible, aumento del abuso sexual infantil por falta de políticas, y negativa del Congreso a aprobar educación sexual.
• Agua, alimentación y garantías: rechazo a la privatización del agua en la capital, alza de la canasta básica, propuesta de replicar el modelo carcelario salvadoreño, recomendación de la CSJ de respetar la presunción de inocencia, opinión de la ONU sobre juicios políticos, cambios a leyes ya aprobadas y estigmatización de personas con tatuajes.

7. Registros por mes

Conclusiones

1. La represión volvió como respuesta a la protesta: 13 incidentes y 2 desalojos con fuerza policial.
2. La represión estudiantil dejó un caso grave, con pérdida parcial de visión.
3. La salud está en crisis: médicos sin pago, servicios suspendidos, falta de insumos y una emergencia sin rendición de cuentas.
4. Los despidos golpean servicios esenciales como salud, educación, migración, cultura y energía.
5. Los pueblos indígenas y garífunas enfrentan despojo, que según las organizaciones contradice sentencias de la Corte IDH.
6. La impunidad atraviesa todos los ejes.

El Observatorio seguirá documentando

• Desalojos y su base legal.
• Pagos a médicos y compra de insumos.
• Cifras de personas despedidas por institución.
• Seguimiento judicial del caso del estudiante de la UNAH.

Notas metodológicas

• Los conteos surgen de clasificar los registros de la matriz, son hechos documentados y no cifras oficiales. Los estándares para la clasificación fueron analizados desde el Pacto de San José, Declaración Universal de Derechos Humanos y sentencias de la CorteIDH por violaciones a derechos humanos en Honduras:

1 Velásquez Rodríguez vs. Honduras 29 de julio de 1988
2 Godínez Cruz vs. Honduras 20 de enero de 1989
3 Juan Humberto Sánchez vs. Honduras 7 de junio de 2003
4 López Álvarez vs. Honduras 1 de febrero de 2006
5 Servellón García y otros vs. Honduras 21 de septiembre de 2006
6 Kawas Fernández vs. Honduras 3 de abril de 2009
7 Pacheco Teruel y otros vs. Honduras 27 de abril de 2012
8 Luna López vs. Honduras 10 de octubre de 2013
9 López Lone y otros vs. Honduras 5 de octubre de 2015
10 Comunidad Garífuna de Punta Piedra y sus miembros vs. Honduras 8 de octubre de 2015
11 Comunidad Garífuna Triunfo de la Cruz y sus miembros vs. Honduras 8 de octubre de 2015
12 Pacheco León y otros vs. Honduras 15 de noviembre de 2017
13 Escaleras Mejía y otros vs. Honduras 26 de septiembre de 2018
14 Vicky Hernández y otras vs. Honduras 26 de marzo de 2021
15 Buzos Miskitos (Lemoth Morris y otros) vs. Honduras 31 de agosto de 2021
16 Deras García y otros vs. Honduras 25 de agosto de 2022
17 Comunidad Garífuna de San Juan y sus miembros vs. Honduras 29 de agosto de 2023
18 Gutiérrez Navas y otros vs. Honduras 29 de noviembre de 2023
19 Leonela Zelaya y otra vs. Honduras 2 de octubre de 2025
20 Comunidad Garífuna de Cayos Cochinos y sus miembros vs. Honduras 20 de noviembre de 2025

Fuente: https://biblioteca.corteidh.or.cr/blobs/cidh/199/2021/48/seriec_esp.pdf