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Ombudsman recomienda no afectar seguridad jurídica de medios de comunicación

Tegucigalpa, Honduras. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Roberto Herrera Cáceres, dijo hoy que el Proyecto de Ley Nacional de Cibertseguridad y Medidas de Protección ante los Actos de Odio y Discriminación en Internet y Redes Sociales” debe contar con normas claras, precisas y necesarias que permitan salvaguardar la dignidad humana sin afectar la seguridad jurídica de los medios de comunicación.

Indicó que si bien es legítimo prohibir las formas de expresión de odio que constituyan incitación a la violencia o discriminación, ello no debe traducirse ni en censura previa ni en restricciones indirectas a la libertad de expresión.

Exhortó al pueblo hondureño a velar por el respeto pleno al ejercicio del derecho humano a la libertad de expresión, incluyendo el acceso y uso de internet, y protegerlo cuando esté amenazado, conscientes de que las expresiones de odio que inciten a la violencia y discriminación no están protegidas por este derecho.

Explicó que la libertad de expresión no es un derecho absoluto, tiene límites fijados expresamente por la Ley para que prevalezca siempre la igual dignidad de todas las personas, atendiendo la necesidad de asegurar el respeto a los derechos humanos o a la reputación de los demás, la seguridad nacional, el orden público, la salud o moral públicas.

Agregó que el Estado hondureño tiene, según los tratados internacionales de derechos humanos, la obligación internacional de prohibir legítimamente, por medios legales, toda apología del odio que constituya incitación a la discriminación o violencia  contra cualquier persona o grupo de personas y por cualquier motivo.

El ombudsman hondureño recomendó una discusión abierta y participativa del “Proyecto de Ley Nacional de Cibertseguridad y Medidas de Protección ante los Actos de Odio y Discriminación en Internet y Redes Sociales” y destacar la supremacía de la protección y respeto de la dignidad humana de todos los habitantes.

El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece que “Toda apología del odio nacional, racial o religioso que constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará prohibida por la ley”.

En suma, dijo que la Ley debe encuadrarse en los parámetros internacionales del respeto a los derechos humanos.

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