Tercera Parte

A partir del 16 de febrero

Hay más hombres denunciados por año desde 1980. Encabezan la lista, las denuncias en Cortés, Comayagua, Francisco Morazán.

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Ha habido avances normativos al menos en materia legal, pero al penetrar en los detalles de la estructura que combate el hecho más denunciado en Honduras se encuentran las fisuras de un Estado que banaliza la violencia de género: no hay análisis científico del tipo de lesiones, no hay  investigación científica de este delito para comprenderlo y prevenirlo, no hay claridad respecto al estándar con que se están levantando las cifras de violencia doméstica.

El Poder Judicial, el Ministerio Público, la Policía Nacional y el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) registran de manera indistinta la violencia doméstica. El desglose estadístico no toma en cuenta la identidad de género.

Además, el Estado carece de Políticas Públicas para comprender el comportamiento criminal y de políticas especializadas en atención de las víctimas (victimológicas) para prevenir que haya más victimizaciones; el Estado tampoco tiene estudios de personalidad de agresores y víctimas.

Impunidad a manos de policías y militares

En las bases de datos analizadas por el equipo de Datacrítica y Reporteros de Investigación aparecen transportistas, abogados y policías con las ocupaciones más frecuentes que tienen las personas denunciadas por ejercer violencia doméstica.Esta cifra es confirmada por los registros que lleva el Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla. Ellas han encontrado que la mayoría de denunciados son transportistas, mecánicos, médicos, abogados, policías y militares.

La Ley de Violencia Doméstica es utilizada por hombres

En una pieza judicial del Especial de Violencia Doméstica de Francisco Morazán de la capital hondureña consta cómo una mujer, que en realidad es víctima, termina siendo sentenciada por violencia doméstica. El caso es conocido por la organización de derechos de la mujer Visitación Padilla.

Con base en la Ley Especial de Violencia Doméstica, el hombre denunció a su pareja por violencia doméstica y ella fue sentenciada por ejercer violencia sicológica. Él la denunció por temor a que embargara su sueldo, contó ante la jueza. Es licenciado en informática. Sus dos hijos y la pareja fueron evaluados, consta en el expediente judicial revisado para esta investigación.

El hombre mostró pesimismo, debilidad, depresión y fatiga; en el dictamen sicológico la mujer es calificada como arrogante, con obstinación y grosera.

Durante el juicio, la mujer contó que su esposo se embriagó y abusó sexualmente de ella, en una ocasión él le dio un puñetazo en la cara, empezaron a discutir por dificultades materiales. Ella tomó un cuchillo para defenderse. Ambos resultaron heridos. En otras ocasiones él le dijo que estaba gorda, negra. Al final, el juez determinó con base en la pericia sicológica que la agresora fue ella.

En otro de los procesos, la representante de la mujer ha denunciado que cada acción judicial que realiza ha sido declarada sin lugar. De manera coincidente una sicóloga de violencia doméstica es tía del agresor, su papá es asesor de la Defensa Pública, su hermana y tía son juezas y el denunciado trabaja en el Poder Judicial, el expediente se tuvo a la vista, pero la fuente pidió omitir detalles. 

Este caso recuerda otro litigio que se desarrolla al sur de Honduras, en Choluteca. Acá la Red Regional de Mujeres del Sur, liderada por Blanca Guevara, da seguimiento a la acusación por el atentado que Ramón Eduardo Martínez Rodríguez, un familiar de policías, hizo en contra de su ex pareja y de su suegra. La Red de Mujeres dice que su familia es de policías y eso le había garantizado impunidad a pesar de las veces que ejerció violencia de género.

“No digas a otros palabras que son buenas, pero que (en realidad) son malas”, sentencia la defensora de derechos de la mujer, Dalila Flores, para retratar cómo con palabras aparentemente buenas, las mujeres son convencidas para desistir de denunciar. 

“Una mujer llegó muy golpeada para denunciar. La policía no quiso asistir porque el agresor tiene amigos; cuando ella estaba interponiendo la denuncia, la llamó y la convenció de que no lo hiciera, con palabras bonitas. Las mujeres terminan perdonando a sus esposos cuando son policías, hay mucha presión de los mismos policías que reciben las denuncias”.

“Si es un caso contra la Policía, me voy al Ministerio Público porque la policía no me va a escuchar; si hay orden de captura, nunca lo encuentran si es policía; la Policía amenaza a sus mujeres, las amenazan con modificar la escena. Ellos dicen que es un tema privado”.

La Policía Militar no atiende estos casos de violencia doméstica. La Secretaría de Defensa respondió ante una solicitud de información que esta falta —que ha encabezado las cifras de denuncias en el país— no está entre sus atribuciones. Hay denuncias por violencia doméstica contra la Policía Militar, comentó Flores.

Esta investigación también intentó conocer algunas características de agresores que pueden dar alertas sobre la denominada ruta crítica hacia la violencia doméstica. Con ese fin, se revisaron expedientes judiciales. 

Violencia doméstica: una falta cuya única víctima a resarcir es el Estado

El Congreso Nacional de Honduras ha decidido que la violencia doméstica es delito solo si hay una reincidencia después de la sentencia, el tipo penal pasa de violencia doméstica a maltrato familiar. Pero en la práctica, el Estado procede de oficio cuando los agresores desobedecen a través de la Procuraduría General de la República (PGR).

La PGR persigue la desobediencia contra la Administración Pública. Se castiga que el agresor incumplió y “el Estado es indemnizado, pero no la mujer”, dice la abogada del Movimiento de Mujeres por la Paz Visitación Padilla, Dalila Flores. 

Es necesaria una política de víctimas 

El olvido inexplicable de la víctima del delito ha sido muy notorio y perjudicial en el desarrollo de las ciencias penales”

Tomado de libro Criminología, p.74, 2020, del académico mexicano José Luis Rodríguez Manzanera

La victimóloga mexicana, María de la Luz Lima Malvido, considera que para entender de mejor manera las cifras oficiales, es preciso verificar bajo qué criterios se están tomando las cifras. En México decidieron empezar a cambiar la forma de registrar los delitos porque “imagínate que cada país registraba los delitos con diferentes parámetros uno definía un delito de una forma, otro de otra y entonces se hizo una norma internacional para el registro de delitos”.

La coordinadora del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Migdonia Ayestas, explicó que trabajan con una estandarización a nivel latinoamericano para el registro de todo lo que tiene que ver con muerte por lesiones externas, por ejemplo, utilizan un estándar llamado CIE 10, un estándar para enlistar causas de muerte y el Protocolo de Bogotá, relacionado con la calidad de datos de homicidios, explicó.

Pero el Observatorio de Violencia de la UNAH no sistematiza la estadística de violencia doméstica, eso lo hace la policía, el Poder Judicial y el 911. Al solicitar estadísticas precisas sobre este tema, cada institución ofreció bases de datos con diferentes registros.

Lima Malvido —consultada para esta investigación periodística— consideró que Honduras debe implementar prácticas estandarizadas que conduzcan a políticas públicas eficaces para prevención de nuevas victimizaciones.

“Mejores prácticas son aquellas que logran llegar al resultado deseado: prevenir victimizaciones, atender a las víctimas de delitos o de abuso de poder conforme lo determinan los estándares internacionales”, señala la victimóloga mexicana María de la Luz Lima Malvido en su libro Políticas Públicas en la Atención a Víctimas, publicado en 2017.

Ley de Víctimas 

Además, la victimóloga Lima Malvido consideró que  Honduras debería tener una Ley de Víctimas para el reconocimiento de sus derechos e impulsar una rama de las ciencias jurídicas, especializada en el tema, conocida como Derecho Victimal. 

En México ella fue una de las impulsoras de esta ley en 1993 y cuentan con una norma técnica de abuso sexual que obliga a los médicos a dar parte a la autoridad aun sin que la víctima quiera. 

Además de estudiar las alertas de género que se hayan registrado para saber en qué lugares hay más violencia contra la mujer, Lima Malvido apunta que también es necesario estudiar las órdenes de protección. 

“Las órdenes de protección que tenemos en México en esta Ley de Acceso son muy buenas, porque los jueces están obligados a recibirlas sin denuncia. Tú no necesitas denunciar para poder tener una orden de protección. Y como servidor público tienes una responsabilidad si tú no la diste porque si te pidió ayuda y la matan tú eres corresponsable en el homicidio por omisión”.

Esta corresponsabilidad en Honduras es clara. Dalila Flores lleva 15 años en los juzgados acompañando a sobrevivientes de violencia doméstica y 20 como defensora de derechos de la mujer. Ha conocido al menos unas 600 historias. “Esta justicia de violencia doméstica desde la pandemia está peor. Por esa razón hay tantos femicidios”, sentencia.

     Soluciones propuestas por Lima Malvido:

  • Una política victimológica 
  • Una política pública para atender este hecho que encabeza las denuncias en Honduras.
  • Capacitación a la policía y a demás operadores judiciales.
  • Control de cumplimiento de medidas.
  • Coordinación entre Consejería de Familia del Hospital y los juzgados para que las personas cumplan con asistir a la atención psicológica.
  • Capacitar médicos con visión de género
  • Las empresas debieran atender y prevenir la violencia contra las mujeres

De marzo de 2021 a febrero de 2022, el equipo de Reporteros de investigación trabajó en esta investigación periodística, con Periodismo de Datos. Este es un trabajo producido con el apoyo técnico de Datacrítica, de México, y del Consorcio CAPIR.

Vea la cuarta parte mañana 17 de febrero: IHSS atiende la violencia doméstica como un problema de salud mental