- La gestión de la rectora fue de opacidad. Solo entregaba información a la prensa alternativa una vez que era obligada por el IAIP. Destituyó a su Oficial de Transparencia.
- “Ella está acostumbrada a gozar de impunidad mediática, aparece con una autoridad moral que solo existe en el imaginario de los periodistas que le dan protección ”.
- La democracia necesita críticos, auditoría de las acciones del gobierno para evitar abusos, pero esas voces críticas se auto descalifican si durante sus puestos en el poder cometieron arbitrariedades y represión.
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. “Yo realmente me cansé de estar yendo porque muchas denuncias (sobre esta supuesta malversación) las terminaron cerrando”, dice la defensora de derechos humanos y abogada penalista, especializada en libertad de expresión, Kenia Oliva.
“Todas esas denuncias que se presentaron contra Julieta Castellanos, la Fiscalía la remitió a la Fiscalía contra la Corrupción y Transparencia y esa Fiscalía nunca las investigó”, reveló la defensora de derechos humanos.
La política y ex rectora de la UNAH que utilizó la criminalización y ley penal contra sus críticos cuando ostentó poder y que endureció después de su reelección durante el gobierno del Partido Nacional, emitió en las últimas horas una carta en la que reflexiona sobre la democracia, las cuotas de poder y llama a la “construcción colectiva, deliberativa y respetuosa”. En vista de la carta pública que emitió en las últimas horas, RI buscó parte de sus antecedentes cuando fue rectora de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH).
Vea: Ex rectora despilfarró fondos de la UNAH en campaña de odio contra estudiantes
Desvío de fondos para criminalización de estudiantes
Oliva explicó que en su momento, como parte del equipo del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) entablaron una denuncia contra la servidora pública por presunta malversación de caudales públicos.
“Nosotros presentamos una ampliación en realidad una denuncia que se había interpuesto el año pasado (2018) por parte de una de las estudiantes. La denuncia en aquel momento estaba únicamente por apología del odio. Hemos dado información adicional y ampliación de la denuncia a la Fiscalía de Derechos Humanos en virtud que encontramos información que la señora rectora hizo contratos con varias empresas de televisión y radio para pagar una campaña de estigmatización a los estudiantes. De hecho el nombre de la campaña se llama Revoltosos. Esta campaña la firmó la rectora. Pagó más de un millón de lempiras por esta campaña y lo que encontramos es que el dinero que tiene la Universidad destinado para la única línea que tiene publicidad es una publicidad para promover la educación y los programas y proyectos a beneficio de la comunidad estudiantil de la Universidad, es decir, no para hacer campañas”.
“Este tipo de campañas en contra de los estudiantes hay un tipo penal especial que dice que el funcionario público que con abuso de autoridad destinen los fondos para una cosa distinta a la que estaban asignados incurre en el delito especial de malversación de fondos, así que nosotros consideramos que sí existe”, explicó Oliva.
La denuncia solicitaba al Ministerio Público investigar si con ese más de un millón que la Universidad había gastado en esa campaña se dejó de hacer alguna publicidad en beneficio de la comunidad estudiantil.
“Fue interpuesta el 5 de junio o 4 de junio. Como decía, es una denuncia que ya estaba desde el año pasado y como ya cumplía un año, sin que se hubiera hecho nada nuevo por parte del Ministerio Público, decidimos impulsarla y decidimos presentarle nueva información al Ministerio Público y esta información se obtiene a través del Derecho de Acceso a la Información Pública”.
La solicitud fue hecha por un periodista y fue denegada por la Universidad y finalmente, se interpuso un recurso que el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) obligó a la institución a dar acceso a la información pública, así se descubrió el supuesto desvío de fondos.
Durante la gestión de la política y aún servidora pública, mujeres y jóvenes fueron exhibidos con aros de presión en pies y manos llevados ante la justicia penal por protestar, cuatro defensores de derechos humanos reconocidos nacional e internacionalmente fueron asfixiados (ahogados) con bombardeos de gas lacrimógeno, lanzado por un comando policial. Las personas defensoras estaban dentro de un bus en la UNAH. Uno de los defensores perdió parte de su visión, otra permanece en el exilio.
Además durante la gestión de Castellanos, hubo opacidad y recurrentes denegatorias de información pública, la Oficial de Información Pública de aquel tiempo, Gloria Segura, fue removida de su cargo al gestionar solicitudes de acceso a información.
El defensor de derechos humanos y periodista, Andrés Molina, explicó “me hicieron una denegatoria y hasta que el IAIP resolvió me la entregaron, hasta que el IAIP intervino. Era sobre los fondos de la construcción del edificio administrativo y se solicitó todo lo que tiene que ver con su hoja de vida”.
La rectora de manera constante mantuvo una posición en la que se negó a brindar información sino fuera por el IAIP.
Se negó a dar declaraciones a periodistas independientes.
“En una conferencia se fue a tocarme el hombro y me dijo que íbamos a ser amigos, yo le iba consultar sobre su actuación, sobre la represión. Están acostumbrados a que todo mundo tiene precio y a gozar de impunidad. En la prensa no se le consulta sobre la desaparición forzada del sindicalista Donatilo Jiménez (Durante su gestión), sobre el asesinato de Motiño (también sindicalista). Sobre la violencia contra sindicalistas y estudiantes”.
“Ella está acostumbrada a gozar de impunidad mediática, aparece con una autoridad moral que solo existe en el imaginario de los periodistas que le dan protección y goza de protección de los entes estatales que nombró Juan Orlando Hernández. Deberíamos saber cómo avanzan esas investigaciones”, dijo Molina.
La servidora pública mostró intolerancia aunque desde principios de siglo es empleada estatal y recibe fondos públicos.
