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Coalición contra la Impunidad: negociaciones irregulares entre grupos de poder y el Partido Nacional para reelegir a fiscal general

La Fiscalía ha criminalizado la protesta mientras encubre violaciones al derecho a la vida, según la Coalición contra la Impunidad.

Tegucigalpa, Honduras. «Denunciamos que los mismos actores vinculados a los grupos de poder y al Partido Nacional que se han beneficiado con la impunidad garantizada por el Ministerio Público, son quienes ahora proponen la reelección de Óscar Chinchilla, quien no sólo no tiene méritos sobresalientes sino que posee reconocidas afinidades con la cúpula política corrupta que a la fecha se ha impuesto mediante el fraude electoral», cita un comunicado de la Coalición contra la Impunidad.

«Es inaceptable que pese a las consecuencias fatales desprendidas de la consumación del plan reeleccionista de Juan Orlando Hernández, pretendan el mismo guion para el proceso de selección del Fiscal General, lo cual, no sólo mantiene sobre la palestra el descontento social generalizado, sino que conserva intacta la concentración de poder para afianzar los planes del modelo neoliberal extractivista de la oligarquía y las transnacionales».

«Es conocido que en la lucha contra los carteles del narcotráfico el Ministerio Público ha actuado bajo directrices de Estados Unidos y en los casos de impacto por actos de corrupción solamente están siendo juzgados actores de tercera clase, pero sin tocar a quienes dirigen las estructuras criminales que siguen saqueando las arcas del Estado, y, en consecuencia, sin lograr éxitos reales ni sobresalientes en el combate a la corrupción.
El desfalco al Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), así como los asesinatos de Berta Cáceres y Margarita Murillo, evidencian la falta de voluntad institucional de enjuiciar a las redes de corrupción vinculadas a los grupos de poder y de forma particular al Partido Nacional, desde donde se ha ejercido la verdadera autoría intelectual en los mayores escándalos de corrupción de la última década, y que debido a ello, se mantienen bajo un pacto de impunidad que no ignoran las actuales autoridades del Ministerio Público», devela el comunicado.

«Es notorio cómo en esta coyuntura post electoral el Ministerio Público actúa con celeridad para acusar a 89 personas vinculadas a las movilizaciones populares y actúa con irresponsabilidad y deficiencia para investigar y perseguir a los autores de más 38 compatriotas que fueron asesinados por las fuerzas militares y policiales».

«La propia Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos denuncia en su reciente informe que, en relación con las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el contexto electoral, el Ministerio Público no prestó su colaboración ni respondió a las solicitudes de reuniones a nivel superior».

Puede descargar comunicado: Comunicado Fiscal General 12-03-18

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