La ciudadanía demanda candidatos honestos. La noche del viernes se impuso la política y el cuadro del Partido Liberal y cuadros del Partido Libre tachados por violaciones a derechos humanos y cuestionamientos de corrupción pública, salieron a la vanguardia. No importaron las tachas sino las cuotas de poder.

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Daniel Sibrián era un joven de aspecto amable y retraído cuando estaba en la Corte Suprema de Justicia durante la gestión de Vilma Morales.

Como secretario de la Sala Constitucional, se comportaba un tanto accesible con litigantes y periodistas. Tenía un perfil más bien bajo. Fue cuando el supuesto traficante de drogas y de armas, Juan Orlando Hernández, arribó al poder que luego de negociaciones de sus correligionarios y del Partido Nacional, se convirtió en Fiscal General Adjunto de la República de Honduras.

En solo los primeros días, los fiscales bajo su mando vertical conversaban sobre las nuevas disposiciones que ellos sentían les colocaban mayor presión y problemas emocionales que ya sufrían por la sobrecarga de trabajo.

El Fiscal General Óscar Chinchilla —cuyo nombre aparece en la sentencia del narcotraficante Geovanny Fuentes— emitió el acuerdo FGR-016-2018 que delegó potestades de administración de personal.

Con la decisión, convirtió a Sibrián en el poder tras el trono pues le delegó la parte administrativa, la administración de la prueba científica que produce la Dirección de Medicina Forense y el acceso a información pública.

Evidencia de la opacidad

Vea: Ocultamiento de información sobre procesos disciplinarios a fiscales

Vea: Colección de denegatorias del Ministerio Público 

El Ministerio Público de Sibrián y de Chinchilla mantuvieron en la impunidad a Juan Orlando Hernández, las denuncias de criminalización de campesinos y estudiantes universitarios jamás prosperaron, los crímenes contra la prensa permanecen en total impunidad si se toma en cuenta que no hay ni un asesino intelectual preso. La desaparición de cuatro garífunas del Triunfo de la Cruz y el desplazamiento forzado de los indígenas sigue en la impunidad.

La opacidad en el manejo de información pública ha sido una constante. Los asesinos intelectuales de la ambientalista indígena Berta Cáceres siguen en la impunidad.

Utilizaron el caso de Berta Cáceres

Una carta enviada por la madre y el hermano de Berta Cáceres recomendó a Sibrián como un candidato a magistrado que ha colaborado con la familia de la ambientalista asesinada por empresarios que contrataron a militares como sicarios.

Pero la coordinadora del Copinh, Bertha Zúniga, cuestionó: «estoy segura que mi madre estaría en primera línea luchando contra el continuismo de la #impunidad y de la persecución a quienes defienden la vida. Lamento que su nombre y lucha pretenda ser utilizado para avalar a delincuentes. #JusticiaParaBerta #FaltanLosAtala».

Sibrián recibió ocho tachas, una por las recurrentes denegatorias de información pública al equipo de Reporteros de Investigación y a la periodista Wendy Funes.

También la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva, acudió ante la Junta Nominadora. Una de las tachas de Villanueva cita «en mi condición personal, como mujer profesionista que he sido víctima del acoso, discriminación, degradación, intimidación, exceso y desviación de poder desplegados en mi contra por las autoridades del Ministerio Público, incluyendo el Fiscal General Adjunto, quienes han violentado sistemáticamente mis garantías y derechos fundamentales, laborales, sociales y económicos, por denunciar públicamente las irregularidades y ocultamientos de las autoridades del Ministerio Público».

Pese a las tachas, Sibrián una parte de la estructura de impunidad sigue avante para integrar el engranaje de la nueva Corte Suprema de Justicia. RI tiene en su poder copia de todos los cuestionamientos contra el funcionario.

 

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