Con el cambio en el control del Poder Judicial, el crimen organizado y la narco política han entrado a una nueva fase de guerra para control territorial. Los políticos y sus brazos armados han generado mayor violencia en el país.

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación.  Por estas calles de la provincia con las “playas más bellas del mundo”, la camioneta de lujo con placas diplomáticas, cargada con heroína, atravesaba de Peñas Blancas, Costa Rica a Nicaragua. Era una noche de 2003. El diputado del Parlamento Centroamericano (Parlacen), César Augusto Díaz, fue detenido. Unos meses después fue condenado en Chinandega, Nicaragua y años más tarde cuando hubo cumplido su condena, se convertiría en candidato a alcalde del Partido Libertad y Refundación (Libre).

Eran las primeras pruebas visibles de la penetración del narcotráfico en la política hondureña.

Por estas mismas calles, 12 años más tarde sin camionetas de lujo, sin cargo y como un errante que migraba en sentido contrario al de la ruta migratoria para salvaguardar su vida, el general Ramón Sabillón iba en bus interurbano de Nicaragua a Peñas Blancas, Costa Rica. Más de alguna vez lloró por la impotencia de que el crimen haya ganado la batalla en Honduras. Sentía un nudo de emociones.

En ese momento, huía de la sentencia de muerte por su lucha contra el narcotráfico, “controlado por el presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández”. Desde Costa Rica emigró sin un plan fijo sin que nadie lo esperara. Viajó hacia Estados Unidos.

Habrían de pasar siete años para que volviera al país, esta vez como ministro de Seguridad del nuevo gobierno de la primera mujer presidenta, Xiomara Castro, cuya principal apuesta en materia de seguridad fue que por primera vez en la historia de Honduras la policía dirigiera la política de seguridad. Desde los noventa la Seguridad era liderada por militares o por civiles con asesores militares.

A partir del Golpe de Estado contra su esposo, Manuel Zelaya Rosales, en 2009, la seguridad pública fue remilitarizada, hubo cruentas violaciones a derechos humanos y tráfico de drogas desde los cuerpos que debían dar seguridad al pueblo hondureño, al tiempo que proliferaron cultivos de hoja de cocaína y narco laboratorios.

Con un nuevo aire y con la voluntad política de la presidencia, en 2022, Sabillón lideró desde la Secretaría de Seguridad, el proceso de captura y extradición de Hernández Alvarado, el presidente que lo desterró.

Desde que la presidenta de Honduras decidió que todas las instituciones del Estado en materia de seguridad pasaban al ámbito policial y salían del ámbito militar, empezaron a incrementar de manera súbita los delitos. Las Fuerzas Armadas comandadas por coroneles y generales mencionados en Nueva York por sus vínculos con el narcotráfico han venido exigiendo controlar la seguridad del Estado.

A esto hay que sumar que la Política Criminal del Estado que debiera impulsar no solo el Poder Ejecutivo sino el Congreso Nacional, el Poder Judicial y el Ministerio Público, está bajo control de personas señaladas por corrupción o vínculos con narcotraficantes cuyos nombres aparecen en los procesos de Nueva York.

Todo esto ocurre mientras en el país hay un debate para reformar el proceso de extradición.

Al clan militar se suma…

Con el cambio en el control del Poder Judicial, el crimen organizado y la narco política han entrado a una nueva fase de guerra para control territorial. Los políticos y sus brazos armados han generado mayor violencia en el país.

Los militares con el control del crimen organizado exigen controlar la seguridad; la clase política que ve en la actual estructura de Seguridad Pública una amenaza, también hace intentos de sabotaje para impedir que el gobierno de la presidenta, Xiomara Castro impulse una Política Criminal integral desde todas las instituciones involucradas en el proceso y para retroceder en los avances que ha habido.

Vea también: El general y los tres coroneles que colocaron las Fuerzas Armadas de Honduras al servicio del narco: Fiscalía de NY

La artimaña de los futuros extraditables

Frente este panorama, la presidenta ha dado un plazo de 72 horas a las autoridades de Seguridad, de tal forma que pareciera que la Política Criminal es un asunto solo de la Policía, y, al mismo tiempo, que los extraditables ya sean diputados, militares o fiscales podrían salirse con la suya y eliminar del camino las prácticas que hasta ahora se han venido haciendo bien, pero que a la luz de la opinión pública susceptible de manipulación, han ido mal.

Las capturas que Sabillón ejecutó fueron más allá de Hernández Alvarado y colocaron en jaque incluso a políticos con poder en la actual administración, pues, encarceló a Midence Oquelí Martínez Turcios. Ex diputado del Partido Liberal que dará información en Nueva York y que propiciaría la extradición de nuevas figuras políticas de Honduras.

Además, entre las capturas está la de Herlinda Bobadilla, otra extraditable con información vital que puede afectar la actual estructura de mando del crimen organizado que sustituye el vacío que dejó el clan Hernández Alvarado.

El mismo Sabillón tiene información clave que está siendo utilizada en los procesos de extradición en Estados Unidos y que comprometerían no solo a Juan Orlando Hernández sino a diputados y estructuras de crimen organizado que ahora se han potenciado, como los clanes de Olancho, por ejemplo.