Riccy Mabel: El crimen y la impunidad militar que originaron eliminación del servicio militar obligatorio

La impunidad militar marca la historia de Honduras. Nadie se atreve a procurar castigo por sus asesinatos, desaparición forzada y tráfico de cocaína.

Análisis

Tegucigalpa, Honduras (14/julio/2026). Mientras se mantiene el interés geopolítico de Donald Trump por controlar y apropiarse de los recursos de América Latina, uno de sus subalternos diplomáticos y gobernante de Honduras, Nasry Asfura, dice que hay que volver al servicio militar obligatorio.

Asfura complaciente —cual cortesano del palacio de Trump— olvida la atrocidad por la que se eliminó en Honduras, un sistema que generó tanta impunidad: la violación de una adolescente, una colegiala. Violacion seguida de asesinato, acto cometido por una tropa de militares nacionales y según versión del penalista Francisco Lagos Hollman —nunca demostrada siempre ocultada— hubo protección de un extranjero que estuvo en la escena.

Trama de encubrimiento y corruptela

No solo uno de los principales testigos murió en un conveniente accidente y con eso desapareció la evidencia, sino que la consecuencia del crimen fue una urdidumbre de encubrimiento y corrupción para empantanar el caso en los juzgados.

El crimen demostró el poder de la impunidad penal persistente hoy en día, nadie toca a los militares aunque existen en sus museos de asesinato, ejecuciones sumarias, sabotaje, crímenes estatales por goteo, desaparición forzada y tráfico de drogas.

Pero, los militares no alcanzaron para seguir teniendo impunidad moral, impunidad mediática e impunidad institucional. La violación y asesinato de Riccy Martínez fue la gota que derramó el vaso…

Cada 13 y 14 de julio, desde hace 35 años, Honduras recuerda el asesinato de la normalista del Pedro Nufio.

Historiador interpreta el crimen militar

Uno de los artículos o reseñas de interpretación histórica de este hecho —que circulan por redes— lo ha difundido de manera pública en su red social X el historiador José Carlos Cardona de la manera siguiente:

«RICCY MABEL MARTÍNEZ: EL CRIMEN QUE ACABÓ CON LA DÉCADA PERDIDA (1/2)
Una tarde como hoy, hace 35 años, una estudiante de 17 años fue al Batallón de Comunicaciones de las Fuerzas Armadas de Honduras, en las afueras de Tegucigalpa.
Su novio había sido reclutado y, tal como él diría después, ambos habían acordado un dramático discurso para gestionar su liberación, basado sobre todo en la declaración, por parte de ella, de que eran pareja y tenían hogar formado, que ella estudiaba la secundaria gracias a la ayuda de él.
La muchacha se llama Riccy Mabel, es oriunda de La Ceiba, cursaba magisterio en la Escuela Normal Mixta Pedro Nufio, la mejor del país.
Honduras se encontraba en una transición silenciosa. El presidente Rafael Leonardo Callejas, un flamante tecnócrata de 48 años, llevaba varios meses enfrascado en una campaña internacional para «traer la paz y la inversión” al país. Se logró la repatriación de decenas de exiliados, las organizaciones de derechos humanos avanzaban en su proceso de consolidación de casos y denuncias de desaparecidos, los fondos extranjeros empezaron a llegar para sumarse a la gran campaña de «reconciliación nacional».
Centroamérica está a punto de lograr la paz definitiva tras la culminación de una parte de los acuerdos de Esquipulas II, que le dieron el Nobel a Oscar Arias 5 años atrás.
En Honduras no obstante, hay una tensa calma. El asesinato de Gustavo Adolfo Álvarez Martínez, en 1989, abrió una herida profunda en el orgullo de las Fuerzas Armadas, que se consideraban imbatibles y moralmente legítimas. El pueblo les repudia y el trabajo de las organizaciones de derechos humanos les incomoda. La orden del gobierno de George Bush es esclarecer la oscuridad y las horribles violaciones y muertes de miles de personas durante la recién llamada «década perdida». Jorge Omar Casco, rector de la UNAH, se ha mostrado reacio a abrir expedientes de denuncia e investigación por la desaparición de varios estudiantes universitarios pero se distancia prudencialmente del Ejército, luego de una relación institucional cercana como nefasta en tiempos de su antecesor, Oswaldo Ramos Soto.
La estudiante normalista de la que hablamos, ajena a toda esta situación, sólo piensa en ir a liberar a su novio al Batallón ese sábado por la tarde.
Tiene la contestura física de las costeñas mestizas, las piernas torneadas y la figura esbelta, con el pelo rizado a media coleta. Sus compañeros la consideran alegre y sencilla. Sus profesores dan fe de su carácter respetuoso y prudente.
Ella no lo sabe, pero ese será su último día en el mundo. Riccy Mabel Martínez, una hondureña llena de vida y juventud, fue brutalmente torturada, violada y asesinada por un grupo de elite de ese batallón donde se encontraba su novio.
Los detalles posteriores revelarán un asesinato tan espantoso que estuvo a punto de acabar con el proyecto de estabilización y limpieza de cara que los Estados Unidos intentaban consolidar en la pequeña democracia tutelada de Honduras.
Esteban García, un vendedor de helados, fue el último civil en ver a Riccy, cuando la subieron sin uso de fuerza (se cree que ella conocía bien a los instigadores del secuestro) a un Hyundai pony amarillo, «idéntico al de un militar». Los detalles del juicio a sus violadores revelarán después que se había planeado violarla pero no matarla, que opuso una resistencia de amazona y que la tortura fue parte de una perversa y enferma, pero innecesaria forma de apagar su espíritu, su inocencia y su vida.
Le cercenaron el seno derecho, le mutilaron los labios mayores, le quebraron todos los dientes frontales, le cortaron la lengua, el ojo derecho fue casi sacado de su órbita y tenía hematomas de golpes en casi todo el cuerpo. Para entorpecer las investigaciones, sus asesinos hicieron cortes en el abdomen y sacaron pedazos de órganos internos. En la ropa interior de su cadáver encontraron semen y vello púbico de 4 hombres, prueba irrefutable de su violación.

Dos días después del acto, los militares asesinos hacen llamadas anónimas a la Policía y al director de la Normal Pedro Nufio, para despistar sobre la desaparición. Pasan los días y el estupor crece en las radios locales. A las 7:30 de la mañana del 15 de julio, el país se conmocionó hasta los tuétanos ante la brutalidad de lo inasible. El cadáver de Riccy es hallado en una poza de la quebrada El Sapo, frente a El Berrinche, una zona donde los militares asesinos acostumbraban a tirar cuerpos de sus víctimas.
En las semanas siguientes, el gobierno de Callejas se enfrenta a su primera prueba de fuego. Decenas de colegios de secundaria se declaran en paro, se inician huelgas en todo el país y en La Ceiba el caos de la indignación amenaza con incendiar la ciudad.
Los medios de comunicación impresos ejercen por primera vez el amarillismo gráfico. Los horrendos detalles de la violación y las fotos del cadáver cambiarían para siempre la forma de comunicación y medios en el país.
También, el caso se convertirá en la escuela de periodismo y crónica negra de toda una generación. La democracia tutelada por fin permite el ejercicio de la prensa contra el ejército luego de 30 años de dictaduras militares. El divorcio entre las Fuerzas Armadas y el Estado de Honduras se vuelve inevitable a partir de este hecho.
Ante la indignación, las autoridades capturan a los autores materiales, un coronel y un sargento de las Fuerzas Armadas de Honduras. Los otros participantes del delito nunca serán identificados con certeza.
El escándalo internacional amenaza al presidente Callejas, quien pide personalmente ayuda al FBI. Se inicia una investigación con pruebas de ADN, otro suceso inédito en el país. Las decenas de testigos, casi todos militares, llegan a los juzgados, que se muestran incapaces de manejar el proceso, así como también evidencian la necesidad de tener un ministerio público, algo que se convertirá en prioridad para el gobierno un año después.
Los juicios a los culpables se prolongan 24 meses, la sociedad va superando el asesinato pero algunas cosas nunca volvieron a ser iguales.
Los diversos sectores de la izquierda hondureña exigen la creación de partidos y organizaciones políticas y sociales que permitan trabajar para evitar sucesos como el que acaba de pasar y se lleva el caso a diversos tribunales internacionales.
Las preguntas centrales sobre el origen y causas del suceso nunca fueron contestadas, la justicia nunca logró hacerse por completo, una generación entera sintió en carne propia, en su conciencia, el dolor por la muerte inocente y brutal de una compañera, amiga, novia, hija, hermana, una hondureña más.
La institución castrense, relegada a un segundo plano con la instauración de un modelo «democrático» con el cambio de década, queda evidenciada como una entidad podrida y corrupta, violenta y machista, misógina y patriarcal, retrógrada.
Callejas maniobra la creación de un ministerio público, se abre una agencia de investigación y la Comisión de la Verdad, instalada para doblar la página oscura de la década anterior, usa la muerte de Riccy como una bandera de lucha para la consolidación de un cambio.
En la atmósfera gris y conservadora de Tegucigalpa, la sensación es de injusticia y dolor.
El cantautor Geño Estrada compone la canción «Mabelita», que se convierte en una dolorosa letanía de impotencia sobre el femicidio de la que se convirtió en la víctima visible final de una era y la primera de otra, la de la necropolítica, del Estado asesino neoliberal.
3 décadas después, el asesinato de Riccy Mabel es una amarga moraleja de lo que sucede cuando se pierde la democracia y la barbarie se apodera de un país.
— José Carlos Cardona —»