Entre avances, acosos y discursos violentos: la prensa en Honduras
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. La violencia y la impunidad son una de las más graves afectaciones del derecho a la libertad de expresión, señaló la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) mediante un informe preliminar de su visita in loco del 24 al 28 de abril.
En cuanto al acceso a la información pública, la CIDH reconoció “el importante avance que implicó la derogación de la Ley para la clasificación de documentos públicos relacionados con la seguridad y defensa nacional (“Ley de Secretos Oficiales”)”.
“El Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) informó que en el último año existió un alto grado de cumplimiento en la divulgación de información pública por parte de las instituciones de Gobierno. No obstante, la Comisión y la Relatoría tuvieron conocimiento de que muchas de las solicitudes de la ciudadanía son respondidas fuera de plazo, o que la información aportada no es completa y no cumple con los requisitos de calidad que exigen los estándares”.
El informe preliminar agregó que “desde el último informe de país de 2018, la Relatoría Especial documentó al menos 13 crímenes contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación, sobre los cuales no han existido avances significativos en las investigaciones judiciales”.
“Asimismo, durante la visita se reportaron amenazas, agresiones físicas, atentados armados y hostigamientos, sobre todo contra quienes cubren asuntos como corrupción, crimen organizado, seguridad ciudadana, migración, conflictos agrarios y mineros. Esta situación afecta de forma diferenciada a comunicadores comunitarios, especialmente a mujeres comunicadoras comunitarias e indígenas, y a quienes trabajan en zonas con fuerte presencia del crimen organizado, y donde existen conflictos de tierras y extractivismo minero, como el Bajo Aguán”, cita el reporte preliminar.
Comparecencias ante la CIDH
El Comité por la Libre Expresión al comparecer ante la CIDH destacó algunos avances en materia de libertad de expresión. Describió, como uno de los hechos positivos, la disminución de la confrontación violenta de policía nacional y del ejército, con la prensa.
En 14 meses, dijo C- Libre, emitieron 200 alertas por agresiones a la libertad de expresión, cuestionó la permanencia de un Código Penal que mantiene con amenaza de cárcel a periodistas que ofendan honor de cualquier persona, hay 18 artículos que criminalizan la protesta social y recrudecimiento de discursos de odio de parte del Estado.
“En últimos años, 250 personas han sido asesinadas por dar voz a las situaciones que están ocurriendo en sus comunidades, persecución contra periodismo de investigación y que hace críticas. Hay municipios silenciados por el control de narcotráfico, norte de Olancho, Copán, Gracias a Dios, El Paraíso, Atlántida e Islas de la Bahía, detenciones arbitrarias, vigilancia, cierre de espacios por parte de municipios eso ocurrió en 4 municipalidades, atentados y criminalización”, según C-Libre.
Entre las denuncias que recibió la CIDH también se mencionó que seis funcionarios absorben el poco presupuesto del Mecanismo de Protección porque son protegidos por este órgano, creado para personas defensoras, periodistas y operadores de justicia.
La hermana del periodista querellado Carlos Ávila, Maritza Ávila, contó que fue criminalizado por publicar en el ejercicio del periodismo una noticia de acoso y desde 2007 inició el proceso penal que mantiene en vilo su vida. En la actualidad, Carlos Ávila está en la clandestinidad y no puede hacer periodismo.
Jaime Díaz relató que su medio de comunicación fue cerrado en Danlí, El Paraíso, con una ordenanza municipal. Abusando de autoridad y usurpando funciones de Conatel, emitieron una ordenanza para solicitar a sistemas de cable la suspensión por falta de pago de impuestos. El alcalde se mofa en estas reuniones, dijo.
De su lado, el periódico Criterio.hn enumeró que carece de acceso a información pública, restricciones de acceso a fuentes de información porque no permiten el ingreso de sus periodistas a Casa Presidencial desde el 28 de enero de 2022.
Sufren ataques y campañas de discriminación en los últimos meses y es permanente desde 2015. Perdieron su página de Facebook, soportan campañas, seguimientos. Este año además sobrellevaron un hackeo en Twitter.
Han tenido agresiones de la Secretaría de Derechos Humanos, Inhgeomin y llamadas de presión de parte de funcionarios.
La presidenta de la Asociación de Comunicadores Sociales de Honduras (ACOSH), Alba López, contó que el 3 de diciembre de 2022 sufrió accidente, un aparente atentado, sin investigación. Estuvo en coma.
Cuando la agredieron, trabajaba en la defensa del servicio de agua público, contra la privatización en el Distrito Central y denunciaba que candidatos a magistrados de la Corte Suprema de Justicia tenían vínculos con narcotraficantes, pese a ello querían reelegirse.
El defensor lenca Víctor Vásquez denunció que la figura penal de desplazamiento forzado es utilizada para perseguir al pueblo indígena que protesta contra proyectos extractivistas. Ante eso, no hay respuesta del Mecanismo de protección.
Avances y ataques
De su lado, RI destacó que junto a la ACOSH entablan mesas de diálogo entre periodistas y policías para una cobertura segura de la función policial de naturaleza civil; hubo discusiones y un dictamen para despenalizar delitos contra el honor que aún no es presentado al pleno del Congreso Nacional.
RI denunció que hay periodistas que prácticamente son rehenes del “narcotráfico” en algunas zonas del país, un supuesto “narcotraficantes” está utilizando una querella para amedrentar a fuentes periodísticas de Reporteros de Investigación.
El periódico denunció con nombre y apellido a funcionarios del actual gobierno que levantan campañas contra periodistas en Twitter. Al mismo tiempo, se describió el problema de la desinformación y los ataques sufridos por RI al plagiar la marca y difundir información falsa. A todo eso, se suma el discurso público violento contra periodistas.
