Este es un trabajo de seguimiento periodístico hecho en consorcio entre los periódicos Reportar Sin Miedo y Reporteros de Investigación.
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. La decadencia, sobrepoblación y la cultura de crueldad enraizada en las cárceles de Honduras, se ha profundizando en el régimen militar. La bestialidad de las camarillas criollas que controlan las Fuerzas Armadas de este país de América Central, fue denunciada una vez más por familiares de internos de la cárcel de Marcala, La Paz, un centro situado en zona indígena Lenca, a unos 154 kilómetro de la capital hondureña.
En la oscuridad del secreto y a puerta cerrada, los militares lesionaron el tímpano de una persona a base de torturas y a otra le quebraron los huesos, le restringieron las visitas por tres meses para ocultar lo que pasa ahí adentro con la complicidad del engranaje estatal, de acuerdo con los testimonios brindados este miércoles por fuente confiable.
Los militares decomisaron un celular y empezaron a interrogar a diez personas, como no obtuvieron respuesta continuaron con un grupo más amplio de privados de libertad.
La respuesta militar es que quienes hablan del tema de derechos humanos en Honduras, son defensores de delincuentes. Otro elemento del lenguaje que denota la cultura de violencia que atraviesa a esta institución es un audio del Comisionado Presidente de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional, el coronel Ramiro Fernando Muñoz. El audio evidencia la costumbre de maltrato verbal contra un subalterno y lo amenazan con encostalarlo. La práctica del encostalamiento es conocida en Honduras porque aparecen dentro de un costal o bolsa plástica, cuerpos inertes de personas que han sido asesinadas con características de ejecución sumaria. (Vea Espionaje moderno)
Coincidentemente, unas 24 horas después de que saliera este audio, el vice ministro de Defensa, Elías Melgar Urbina, compareció por vía telefónica, en televisión, en el programa nacional Frente a Frente, para decir que Honduras no es violento y que no hay escuadrones de la muerte «para poder ejecutar personas hondureñas».
Melgar Urbina renunció cuando Ramón Sabillón fue destuido. Dos fuentes de alto nivel dijeron que renunció porque había un plan para que fuera el nuevo ministro de Seguridad, pero la ilusión se disipó cuando nombraron al doctor, Gustavo Sánchez, en ese puesto. Melgar dijo ayer a Frente a Frente que había renunciado porque se sentía cansado y que por su experiencia en Seguridad, la presidenta le pidió seguir en el puesto.
Un peligro para la sociedad
De su lado, diez organizaciones de derechos humanos emitieron un comunicado para pedir a la presidenta, Xiomara Castro, «su sabia consideración (ante) la necesidad del retiro del Coronel Ramiro Fernando Muñoz del cargo de Comisionado Presidente de la Comisión Interventora Del Sistema Penitenciario Nacional por los desaciertos que ha cometido mientras ha fungido en ese importante cargo para impulsar en las cárceles de nuestro país una convivencia ordenada, pero con apego al respeto a los Derechos Humanos de las Personas privadas de libertad».
«Muchos familiares han compartido con nuestras organizaciones la angustia que les ha causado la brutalidad de los agentes de la policía militar del orden público que dirige actualmente el Coronel Muñoz. Es evidente que el Coronel Muñoz no reúne las aptitudes de un funcionario publico respetuoso de los deberes que como tal debe ostentar, contrario a ello debilita profundamente la imagen del gobierno que usted preside, pues al parecer echó en saco roto sus indicaciones en relación al respeto que deben guardar las fuerzas del orden con las personas y en este caso particular con las privadas de libertad que se han visto vulneradas en su derecho a la dignidad, integridad, a la salud, a la seguridad, a la alimentación y comunicación con sus seres queridos».
«Nuestro propósito al peticionar la separación del Coronel Muñoz obedece estrictamente a la intención de evitar que la condición de alto riesgo de violencia inherente a su personalidad lo lleve a causar daños letales a personas privadas de libertad», dice el comunicado.
Los militares tienen control mediático. En el ambiente hay desinformación y campañas de desprestigio para quien se atrava a alzar la voz crítica. Los militares lideraron el golpe de Estado contra José Manuel Zelaya en 2009, traficaron con drogas con las mafias más peligrosas del mundo desde 2010, según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. En la actualidad, después de la extradición a Estados Unidos del diputado, Midence Oquelí, los militares operan en las cárceles y las rutas del tráfico de drogas, por disposición del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad.
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