Le armaron caso de homicidio por denunciar trama de extorsión de funcionarios, dice imputado

• El director de la OABI dijo que esta es una falsa denuncia y que el imputado aprovecha el escándalo que causó la detención del juez Marcos Vallecillo, investigado por supuesta extorsión.
• Mientras, el defensor del denunciante es el abogado Carlos Chajtur. El defensor respondió que desconoce cualquier situación relacionada con la denuncia de extorsión que hizo su cliente.

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. El hilo en este caso empieza con presuntos detectives de la desaparecida Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) pidiendo dinero, al señor Remberto Hernández Portillo. “Pisto” a cambio de no aplicar la ley, según la denuncia, interpuesta por la supuesta víctima.

En su relato, Hernández Portillo menciona a policías de la DNIC, a una jueza y a un ex procurador privado que en la actualidad es director de la OABI. Esta denuncia fue recibida desde el 21 de agosto de 2024 en la Sala de Redacción de RI por parte de la persona que pidió un espacio para dar a conocer su versión sobre el homicidio del que lo inculpan.

Desde que RI recibió la denuncia, el equipo ha ido poco a poco consultando y dando tiempo para que las personas mencionadas den una respuesta. Por el derecho a expresarse que tiene el ofendido, hoy RI da a conocer parte de sus argumentos.

La jueza

La jueza resolvió que no puede salir del país. El denunciante justificó que por eso aún no denunció la presunta corrupción ante el Ministerio Público porque está en arresto domiciliario, acusado de homicidio. La medida cautelar —dice— se la impusieron para que no tuviera tiempo de hacerlo público.

En esta trama —hilvanada por el imputado— la jueza es Paula Rosario Chávez López a quien —el denunciante— señala de “manipular la justicia”, condenándolo por un delito que, según él, no cometió. La acusación en su contra fue promovida por el Ministerio Público. El portavoz del Poder Judicial, Melvin Duarte, fue consultado sobre el tema para conocer la versión de la jueza, pero respondió solo una vez y no volvió a facilitar información.

La presunta víctima de extorsión dice que el supuesto abogado que lo representaba era Marcos Zelaya. «Él me dijo que de ninguna manera iba a quedar libre porque yo había tenido problemas con la DPI y ellos tienen conectes con fiscales y con jueces y que la única manera que me iba a poder salvar era que él tenía comunicación con la jueza y que le había dicho que yo le diera 500.000 lempiras (20,000 dólares) para no acusarme o dar por terminado el caso».

El acusado habló incluso de una propiedad que habría dado a cambio de que el sistema de justicia no procediera en su contra. “No creo en la Justicia de Honduras. Es una corrupción horrible”.

El equipo de reporteros se comunicó con el abogado Zelaya. Él negó conocer a don Remberto Hernández. A su juicio, el imputado aprovechó el momento en que estaba en la picota mediática el juez enjuiciado por extorsión, Marcos Vallecillo. El profesional del Derecho no quiso dar más explicaciones.

Agentes de la desaparecida DNIC

Según Hernández Portillo, los extorsionadores de la institución armada lo habrían amenazado con ponerle un muerto por haberlos denunciado por presunto hostigamiento. Como consecuencia, lo acusaron por un delito que supuestamente no cometió. Amenazaron testigos para que lo acusaran. “Borraron audios, no me aceptaron mis testigos”, sostuvo el denunciante.

Su denuncia, dijo Hernández Portillo, llevó a la captura del policía Roque Martínez y los agentes de la ahora llamada DPI le dijeron que “era institución familiar y el que le hace daño a uno, se lo hace a todos”. No obstante, en monitoreo de prensa hecho por RI, aparece un policía con el mismo nombre, pero detenido desde 2014 en el norte de Honduras por supuestos delitos de crimen organizado.

El portavoz de la DPI, el comisario Juan Sabillón, explicó que si hay denuncias contra agentes se hace una investigación interna. Al proporcionarle el nombre del detenido Roque Martínez, Sabillón respondió que haría consultas en la institución para proporcionar una versión institucional.

Las autoridades policiales han sostenido en comparecencias públicas que la política actual es investigar internamente cualquier denuncia en búsqueda de justicia.

Presunta denuncia en papel facilitada por Hernández Portillo. Sin embargo, la imagen es cuestionable porque contiene logotipos policiales, diferentes a los utilizados en aquel momento.

Según el procesado, él estaba presente cuando se cometió un delito de asesinato en contra de un muchacho. Como ya lo habían amenazado de armarle un delito por no pagar extorsión, se presentó voluntariamente a declarar, arguyó. Sobre este hecho, el Ministerio Público (MP) informó:

«¿Cómo se va terminar la delincuencia si los delincuentes son socios…y policías, con algunos fiscales? Tengo 71 años. Me falta poco de vida, no puedo mentir ya, ¿para qué?”, se preguntó.