Su situación es el resultado de procedimientos de depuración que han violentado el debido proceso. En 2016, antes del Informe Medio Termino EPU 2017, Naciones Unidades dijo en sus observaciones «si bien toma nota de la información facilitada por el Estado parte sobre el proceso de depuración de la Policía Nacional, el Comité lamenta que no se hayan indicado las razones que han llevado a la destitución del 42% de los 459 oficiales de policía evaluados hasta la fecha. Expresa también su preocupación ante la falta de información relativa a las acciones penales emprendidas contra miembros de la Policía Nacional separados del servicio por actos contrarios a la Convención (arts. 2, 12, 13 y 16)».

Una denuncia motivó su depuración
Oliva se hizo visible para la opinión pública luego de denunciar en 2004 desde la Dirección de Asuntos Internos, junto a la comisionada María Luisa Borjas, cómo desde la policía nacional operaban escuadrones de limpieza social, encargados de asesinar delincuentes. Asuntos Internos investigaba denuncias contra la Policía Nacional. El oficial directamente denunciado por hacer limpieza social fue Juan Carlos Bonilla Valladares.

La ex directora de Asuntos Internos, María Luisa Borjas, reveló que Bonilla pertenecía a un grupo conocido como Los Magníficos supuestamente implicados en el asesinato de secuestradores.

Las armas decomisadas eran sacadas de la policía porque aún en la actualidad no hay control de estas armas, declaró Oliva.

Contó que en la década de los 2000 había una política criminal dentro de la institución “que pensaron que asesinando a una persona que tal vez, eh era delincuente o se rumoraba que era delincuente que iban a parar la escalada criminal”.

Oliva investigó dónde estaban las armas, cómo las sacaban y el caso resultó en un requerimiento fiscal en contra de la entonces directora policial Coralia Rivera, la comisionada Mirna Suazo y el titular de Seguridad, Óscar Álvarez, por supuesta manipulación de las armas utilizadas en los supuestos asesinatos. Todos recibieron cartas de libertad. Oliva insistió en que eso ocurrió por el inadecuado control de armas que aún persiste. “En ese momento me doy cuenta que han remitido las armas con que andaban asesinando, al Cuartel General, a la Bodega, de dónde habían salido; entonces, informo. Va la comisionada Borjas, ella informa al fiscal que era un abogado Chinchilla (Mario Chinchilla, ex fiscal especial contra el Crimen Organizado) y este no hace ninguna acción, posteriormente yo tengo la Bodega de Armas y le digo a la Comisionada que ha entrado un armero del ejército y que está destruyendo, o sea, eh, está cambiando la identificación a las armas que no me acuerdo el nombre, pero fue procesado, recuerdo”, relató Oliva.

“Cuando el Tigre Bonilla toma el mando de la Policía entonces me manda a disponibilidad en 2013 y así tenía a un montón de oficiales porque estaba la famosa depuración”.

Bonilla lo mandó a Talanga, pero en esa unidad había un subcomisionado y oliva ya era comisionado de policía. Como no podía estar bajo el mando de un inferior, se fue a su casa, según contó. “Estar en disponibilidad significaba que no tenía oficina, no tenía escritorio ni cargo” y lo destituyeron por abandono de su trabajo.