Así opera la industria de sicarios que liquida ambientalistas

Tercera entrega

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• En esta confabulación operan diputados, alcaldes, maras, pandillas, élites empresariales y cuerpos armados del Estado.
• En Honduras, las personas que denuncian abusos de políticos y que desnudan a militares son asesinadas por sicarios.
• 111 activistas ambientales fueron asesinados entre 2002 y 2014, dice el estudio Honduras: Áreas Protegidas y Fuentes de Agua en Peligro.

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. En la humedad caliente que roza la piel, entre las palmeras de palma africana que se ven a medida pasan los kilómetros, se esconde una confabulación de al menos dos alcaldes de la costa atlántica, diputados del Congreso Nacional, militares, maras y pandillas.

Los líderes políticos mantienen una “cultura de camaradería” con militares que operan en el área de influencia del Parque Nacional Pico Bonito. Cuentan con hombres de seguridad que trabajan para ellos, hay depósitos cerca de las instalaciones municipales y no se sabe qué almacenan.

Todavía en el ambiente hay influencia de la época en que estos líderes locales habrían trabajado con figuras vinculadas al crimen organizado como “El Negro Lobo”, “Winter Blanco”. Acá son comunes los comentarios de cómo los alcaldes estuvieron ligados a la banda de los Olanchanos y a la Mara Salvatrucha (MS-13).

Han pasado tres décadas de impunidad desde que Atlántida se convirtiera en el primer departamento con el asesinato de una ambientalista. Fue Jeanette Kawas quien perdió su vida, peleando por los bosques.

El caso Kawas tiene el modo de operar con que matan ambientalistas en Honduras. Es siempre la misma ruta. Hay elites empresariales molestas por el activismo de ambientalistas, tienen como aliados a diputados, alcaldes, periodistas corruptos y contratan militares, sicarios de bandas, maras y pandillas para liquidar las voces críticas.

Aparecen siempre nexos con el tráfico de drogas. El mismo método se va a repetir en los siguientes 30 años y a medida pase el tiempo los asesinatos estarán vinculados también a las denuncias de cultivos de hojas de coca en zonas protegidas.

A lo largo de este recorrido que Reporteros de Investigación hizo por Honduras y que ahora haremos junto a ustedes en el segundo capítulo de narcomilitares contaremos cómo se vincula el asesinato de ambientalistas, el narcotráfico en zonas protegidas y el sicariato contratado por élites económicas y políticas de Honduras.

Hubo protección presidencial de sicarios

Los tentáculos del sicariato se extendieron hasta la Guardia de Honor Presidencial (GHP).

Cuando aún no era capturado el ex diputado del Partido Liberal y militar retirado, Midence Oquelì Martìnez Turcios; en 2022 una fuente de alto nivel dijo que pese a que traficaron drogas y mataron junto a maras y pandillas del país, las Fuerzas Armadas dicen que no dejaran que ningún militar sea extraditado a Estados Unidos.

Pero Midence Oquelí es una pieza del engranaje criminal con una carrera delictiva que explica muy bien cómo funciona el narco militarismo y la política. Fue capturado a finales de ese año y extraditado el 30 de marzo de 2023.

Su extradición provocó resquemores en la clase política y en militares corruptos, asesores del gobierno. La molestia llegó a tal extremo que produjo la destitución del ex ministro de Seguridad, Ramón Sabillón.

El teniente en condición de retiro y ex congresista hondureño era pieza de Los Cachiros. Saltó de las barracas militares al Congreso Nacional, financiado por el tráfico de drogas y de armas.

Con su formación militar, Midence Oquelí entrenó sicarios de la Mara Salvatrucha en los bosques de Colón. Lo hizo para perseguir a sus adversarios y cometer otros asesinatos por encargo, incluido el de un periodista, según la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

La historia de Midence Oquelí resume cómo la industria del sicariato, o de asesinatos por encargo, al servicio de terratenientes con poder está compuesta por miembros la Mara Salvatrucha (MS-13), pandilla 18, bandas, militares, policías y mercenarios de seguridad privada.

Los terratenientes pueden contratar maras, pandillas o fuerzas armadas bajo control estatal porque ofrecen el mismo portafolio de servicios.

El sicariato es un mercado controlado por el narco militarismo y la narcopolítica. La impunidad es importante para aceitar esta industria del asesinato.  Ni las extradiciones a Estados Unidos garantizan que esto vaya a cambiar en los próximos años.

Desde los asesinatos de los primeros ambientalistas en los noventa, la justicia es un espejismo. Al pueblo solo le queda contar sus ambientalistas muertos a manos de sicarios.

Así desde el crimen contra Carlos Escaleras hace 27 años hasta el asesinato de Juan López, ocurrido hace cuatro meses, la trama es siempre la misma: Un ambientalista enfrenta a un terrateniente poderoso, protegido con conexiones políticas. El terrateniente y los políticos contratan sus brazos armados, ya sea en el narcomilitarismo o en las maras y pandillas. Matan al ambientalista y la infraestructura judicial se encarga de administrar la impunidad.

El agravante actual es que zonas protegidas, defendidas por ambientalistas, en los últimos ocho años, son además terrenos de cultivo de hoja de coca.

La escalada militarista fue recrudecida por Juan Orlando Hernández. Él impulsó el militarismo porque se graduó en el Liceo Militar del Norte, contaron al equipo de Reporteros de Investigación en 2022. Ahí fue compañero de Tulio Romero Palacios y de Oseguera Rodas. El apunte quedó en la libreta para buscar evidencias.

La evidencia de ello llegó en 2024, cuando en marzo, testificaron a su favor, en Nueva York. En los interrogatorios, la Fiscalía evidenció cómo los favoreció con nombramientos violentando la línea de mando que generó un conflicto interno en las Fuerzas Armadas.

En aquel momento, la Secretaría de Seguridad estaba bajo control militar, los policías actuaban bajo órdenes castrenses y en cada área había oficiales del ejército tomando decisiones junto al ex ministro de seguridad, Julián Pacheco Tinoco.

MS y GHP

Oseguera Rodas dijo en 2024 que era asesor del jefe el Estado Mayor Presidencial del gobierno Xiomara Castro cuando declaró en Nueva York.

Romero Palacios declaró en el tribunal neoyorkino que conoció a Juan Orlando en 1983 cuando tenían 13 años. El interrogatorio que se describe a continuación demuestra cómo el líder de la MS-13 Yulan Archaga Carìas, alias Porky, que comandó asesinatos por encargo junto a fuerzas militares y policiales, aparece con los mismos apellidos de un oficial de la Guardia de Honor Presidencial.

—¿Reconoce a esa persona en la foto?

—Edwin Archaga Carías

—¿También aparece en la foto Juan Orlando, Carìas era parte de la Guardia de Honor Presidencial?

—Sí

—¿Esta persona trabajaba, es oficial con grado de mayor de las Fuerzas Armadas, era oficial de la Guardia de Honor Presidencial, no es cierto?

—El general giró su cabeza hacia arriba y respondió— Sí.

—¿Trabajaba para usted?

—Sí

—¿Es primo de otra persona con el apellido Archaga Carìas?

—La otra persona utilizó apellidos de él a través del Registro Nacional de las Personas para decir que era familiar del mayor Archaga Carías.

En el mismo interrogatorio le mostraron fotos de intercambio de armas que Romero Palacios hizo con el entonces congresista Juan Antonio Hernández, ahora convicto por tráfico de drogas.

La confabulación con las maras y pandillas no solo ha ocurrido a nivel central, gobiernos locales del sur, occidente, costa atlántica y costa norte ha ido generando alianzas para poder desarrollar su campaña política en territorios controlados por la 13 o la 18. Aunque el barrio 18 es más huraño para entablar este tipo de convenios, tiene colusión con militares. La MS ha desarrollado la llamada Inteligencia Política para infiltrar las campañas electorales.

Vea mañana: Ambientalistas asesinados en operaciones de sicarios militares