Con una amenaza de violencia extrema que puede influir en las elecciones primarias del próximo domingo, este martes 4 de marzo, Chafalo es llevado hacia Estados Unidos.
Hay expectativa en el Poder Judicial y en el Poder Ejecutivo y se prepara un fuerte contingente por la alerta de un presunto rescate violento de Rafael Sosa Méndez, alias Chafalo. El rescate incluso se podría hacer por vía aerea, según los especialistas del ramo.
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Un hombre al que se le encomendaron asesinatos, con apoyo militar, desde Casa Presidencial en el gobierno de Juan Orlando Hernández y cuya familia se volvió víctima de desaparición forzada, en el Crique de las Marías, en el norte de Honduras, es extraditado este martes a Estados Unidos.
Los estadounidenses se han estado moviendo entre funcionarios de justicia del más alto nivel porque tienen información de que la poderosa estructura vigente en el norte del país, liderada por Rafael Sosa Méndez, alias Chafalo, provocaría violencia antes de su extradición.
Chafalo es llevado este martes 4 de marzo a Estados Unidos, a petición de la Corte del Distrito Sur de La Florida.
En las últimas dos semanas, una campaña mediática sostenida contra operadores de justicia como jueces, fiscales y policías ha venido preparando el terreno para crear sensación de impunidad e inseguridad subjetiva. Un escenario que se sumaría a la violencia desatada en la capital con muertes múltiples solo 24 horas antes de la extradición de Sosa Méndez y a seis días de las elecciones primarias.
El abogado Carlos Chajtur, apoderado de Sosa Méndez, apeló este lunes a la apertura que tiene en los medios para colocar 24 horas antes de la extradición de su cliente, en la agenda mediática, denuncias de supuesta corrupción con la intención de restarle credibilidad al ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez.
Chajtur aseguró que un supuesto abogado implicado en el crimen contra un empresario del norte, asesinado en colusión con policías, es sobrino de Sánchez. Una denuncia parecida había hecho la vice ministra de Seguridad, Julissa Villanueva.
La semana anterior el ministro aseguró que los policías fueron capturados sin ningún tipo de encubrimiento. Sánchez negó tener algún parentesco con el presunto abogado que se hacía pasar por su familiar, la policía ofreció una recompensa por su captura y el Colegio de Abogados de Honduras aclaró que no se trata de ningún abogado.
Cabildeos
Además, de la influencia en medios de comunicación, la defensa de Chafalo mueve hilos en el sistema de justicia. En 2024, por ejemplo, la Sala de lo Constitucional le otorgó a la defensa de Sosa Méndez un amparo para que pudiera tener dentro de la prisión una computadora. Luego de pláticas de alto nivel, la ejecución del amparo quedó en suspenso. El 4 de diciembre de 2024 diario Tiempo informó que al extraditable le decomisaron un celular y una computadora.
Cada vez que hubo crisis en el caso de Sosa Méndez, su defensa salió a los medios de comunicación para poner en entredicho a las autoridades de justicia ya que Chafalo tiene información porque penetró y trabajó con entes de seguridad del país.
Para entender la violencia que la banda de Chafalo ha venido provocando no solo hay que ir a los desaparecidos de julio de 2024 en El Crique, Las Marías, en Tela, Atlántida, hay que viajar más atrás: al 4 de marzo de 2017 en Jutiapa, Atlántida.
Asesinato por encargo del presidente
Ese año, el presidente Juan Orlando Hernández Alvarado hacía campaña para reelegirse, solo faltaban ocho meses para su continuismo ilegal, el fraude electoral y para el asesinato, por venganza de narcotraficantes, contra su hermana Hilda Hernández.
Para ese año, Hernández Alvarado había traicionado y entregado a casi a todos sus rivales, antes aliados en el tráfico de drogas, y ordenó el crimen contra Byron Ruiz, según las escuchas del juicio de Yulan Adonay Archaga Carías, alias Porky, jefe de la MS-13. Byron Ruiz era otro de los perseguidos para evitar que diera información en Nueva York porque antes había trabajado con políticos del país, sugirió el jefe de la MS en la escucha telefónica.
Los encargados de ejecutar el crimen en contubernio con las autoridades militares eran la banda de Los Rafa, liderada por Chafalo y también integrada por Chepito Handal.
El coronel Elías Melgar Urbina era parte de Fusina con Juan Orlando y de 2022 a finales de 2023 sería por dos años viceministro de Seguridad en el gobierno de Xiomara Castro pese a todos los secretos que sabía de la administración anterior. Melgar Urbina, militar mencionado en los juicios de Nueva York, aparece en una escucha en Nueva York hablando con los Sosa Méndez sobre la operación de «allá arriba contra Byron Ruiz».
A pesar de la llamada del coronel para que los soldados dejaran ir a los Sosa Méndez por la operación paramilitar que ejecutaban con la venia oficial, la policía preventiva los detuvo.
Como resultado, la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) de La Ceiba, detuvo a tres personas con armas de guerra y comerciales. Entre los detenidos estaba José Rafael Sosa Méndez, José Roberto Valdez y José Lino Colón Frederick.
La Fiscalía dijo en su relación de hechos que “estas personas se vieron involucradas en hechos ocurridos el día cuatro de marzo de 2017, cuando la Policía Nacional Preventiva los detuvo en un operativo efectuado en el sector del municipio de Jutiapa. Los ahora sentenciados se conducían en un vehículo en las cercanías del río Papaloteca, Jutiapa, y se les encontró en poder de armas de fuego de uso prohibido y de uso comercial”.
La vendetta: Una jueza con los Rafas y militares con los Berna
Mientras Sosa Méndez estaba en la cárcel esperando que el viernes 20 de septiembre de 2019, individualizaran la sentencia en su contra, cinco meses antes: el 20 de abril de 2019, en un centro turístico de la ciudad de La Ceiba, la hija de una jueza de apellido Sosa Méndez, sobrina de José Rafael Sosa Méndez, recibió un ataque sexual de parte de la banda de los Berna.
La escalada de violencia continuó cuando el 10 de mayo de 2024, Sosa Méndez habría ordenado el asesinato por encargo de Cristian Miguel Estrada Martínez, ligado a la banda de los Berna. El asesinato era una cuestión de venganza por la agresión contra su sobrina.
En revancha, fue asesinado José Ricardo Sosa Méndez y sus guardaespaldas y 14 personas ligadas a los Sosa Méndez sufrieron una desaparición forzada en El Crique Las Marías.
En ese entonces, el abogado Carlos Chajtur denunció que había colusión de autoridades militares y de un expolicía de apellido Vega en este hecho. Chajtur dijo que los secuestrados en realidad eran compradores de una finca para producción y que una banda integrada por policías militares y militares secuestraron a los agricultores.
Entre la banda de los Berna había un policía militar en condición de retiro que aparece de primero, a la izquierda, en la siguiente imagen.
El 12 de febrero de 2025 fue asesinado Byron Ruiz en Guatemala, versiones de prensa ligaron a Ruiz con la desaparición en El Crique Las Marías.
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