‘Queremos vivir en paz’: el desgaste de una familia frente a 17 años de impunidad del caso Isy Obed Murillo

¿Qué pásó con el expediente de Isy Obed Murillo? Con esa pregunta desde inicio de año comenzamos un recorrido para buscar los documentos judiciales del crimen contra Isy Obed Murillo, descubrimos que su expediente es un misterio.

“Queremos vivir en paz”, dijo la familia de Isy Obed Murillo, al equipo de Reporteros de Investigación, tras años de hablar, denunciar y esperar justicia, en esta ocasión, el cansancio pesa más que las palabras, mientras una posible amnistía para los autores intelectuales reaviva el miedo y la sensación de impunidad. El joven fue asesinado asesinado hace 17 años, un 5 de julio de 2009, durante el golpe de Estado, un día después de que el cardenal Óscar Andrés Rodríguez advirtiera que venía un «baño de sangre».

Redacción: Kevin Contreras | Edición: Wendy Funes

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Luego de que el Gobierno de Nasry Asfura asumiera el poder tras la sombra de las denuncias de un fraude electoral, uno de los proyectos de ley más sonados en el Congreso Nacional que dirige el conservador Tomás Zambrano, fue aprobar una amnistía política, que podría abarcar a Romeo Vasquez Velasquez, uno de los presuntos autores intelectuales del asesinato de Isy Obed Murillo.

Cabe destacar qué, Romeo Vásquez Velásquez, en aquel entonces jefe del Estado Mayor Conjunto, fue el principal responsable de la operación militar que ejecutó el golpe de Estado y dirigía las Fuerzas Armadas en el momento en que ocurrió la represión de protestas como la que terminó con la muerte de Isy Obed Murillo.

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La propuesta de ley fue presentada en el Congreso Nacional por el diputado nacionalista, Kilvett Bertrand y la diputada Liberal, Luz Ernestina Mejía, quienes argumentaron que tanto el ex general Vasquez Velasquez, así como los exgenerales Carlos Puerto y Venancio Cervantes, fueron víctimas de persecución política en el gobierno de Xiomara Castro.

Según el proyecto de ley presentado, se busca eliminar toda responsabilidad penal, que conlleven las investigaciones con los hechos ocurridos en 2009, no solo con los militares antes mencionados, sino contra cualquier otro militar que haya sido relacionado con la muerte del joven asesinado. 

Durante su participación, el diputado nacionalista, enfatizó que lo que la justicia hondureña estaba realizando contra los exjerarcas militares “no era justicia, sino que era persecución”. 

RI contactó al diputado Beltrand para conocer el estado de dicha amnistía, así como conocer más a profundidad su versión, pero no se obtuvo respuesta por parte del parlamentario. 

Un nuevo pacto de impunidad 

Para el Sociólogo, Franklin Benítez, realizar una amnistía política a los autores intelectuales en el caso Isy Obed demuestra “un pacto de impunidad tanto del sector ultraconservador de las Fuerzas Armadas, así como del Partido Nacional y el Partido Liberal”. 

Benítez enfatizó que, esta situación además, refleja un retroceso en derechos humanos y una marcada debilidad institucional: ya que, no es posible que una persona ya juzgada y condenada, y que cuente con medidas vigentes, sea beneficiada con este tipo de prebendas.

“Esto influye con un sentido además de indignación por parte del sector más conservador de Honduras, con un sentido de angustia, de todo lo que pueda sucedernos a futuro por protestar y defender nuestros derechos humanos como el derecho del acceso a la justicia, el derecho a nuestra participación política y que se respete nuestra opinión política” señaló el Sociólogo.

Cabe destacar, que el gobierno de Asfura no ha cumplido los 100 días de gobierno y ya se han reportado varias represiones contra diferentes sectores de la población, entre ellos, el más reciente contra los estudiantes de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, en el cual un joven estudiante fue disparado con una bala de goma hasta perder su ojo. 

Este caso, generó indignación en la sociedad hondureña, ya que se trata de un delito de lesa humanidad, en el cual, según autoridades, se encuentra en investigación, hecho no tan alejado de lo ocurrido con Isy Obed Murillo en 2009. 

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Una justicia cómplice y silenciosa 

El equipo de Reporteros de Investigación, con base en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, solicitó al Ministerio Público, los avances en materia de justicia sobre el caso Isy obed Murillo, referente a los requerimientos, juicios y demás. Todas las solicitudes fueron denegadas por el sistema de justicia que debiera garantizar acceso a la justicia y a la verdad.

Por lo que, debido a la obstrucción del Ministerio Público a brindar dicha información al equipo de RI, se solicitó un recurso de revisión al Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP) por considerar una falta grave al ocultar información no confidencial como establece la ley. 

Ante ello, el IAIP remitió el caso al MP, señalando que, al no tratarse de información confidencial, debía proporcionarse al equipo de Reporteros de Investigación. Sin embargo, el MP declaró sin lugar dicha resolución, argumentando que la información solicitada “no constituía un procedimiento de transparencia”.

Cabe destacar que quien fungía en ese entonces como responsable de brindar dicha información, y quien se negó a entregarla, fue Marcio Cabañas, quien funge como nuevo fiscal general de la República tras la destitución de Johel Zelaya.

Un retroceso democrático

Por otro lado, la abogada y ex viceministra de gobernación, Carmen Haydeé, mencionó a RI que, “la falta de voluntad política dentro de un sistema de justicia que históricamente ha estado cooptado por intereses de una élite económica y militar. Determinar la responsabilidad penal de Romeo Vásquez Velásquez, —quien durante el golpe de Estado era la máxima autoridad militar— implicaría reconocer las verdaderas motivaciones detrás del rompimiento del orden constitucional y del proyecto de poder que lo sostuvo”. 

Para Haydeé, este caso simboliza la represión contra la protesta social y evidencia la colusión de distintas estructuras de poder para perseguir a quienes se opusieron al golpe. También marca el inicio de un período de profunda polarización y de retrocesos democráticos en Honduras.

“El mensaje es de impunidad. Un perdón sin justicia solo normaliza la violencia y debilita el Estado de derecho” puntualizó la abogada. 

Los obstáculos institucionales son obstáculos políticos

Para el dirigente del Partido Libertad y Refundación, Gilberto Ríos, los obstáculos institucionales son los obstáculos políticos, ya que se está hablando de una sociedad que tiene una impunidad de más de 45 o 50 años desde que comenzaron los desaparecidos y asesinatos políticos de la oposición popular de sectores sociales del país.

Para Ríos, “no hay ninguna duda de los autores intelectuales, ni de la cadena de mando en la responsabilidad del asesinato de Isy Obed Murillo, todo eso está debidamente consignado. No es un problema técnico, no es un problema de investigación, es un problema político”.

De aprobarse dicha amnistía, se volvería a las amnistías de los golpes de Estado de América Latina, eso ya tiene más bien una tradición, donde los militares son amnistiados, los familiares pues no se les reconoce. Enfatizó el dirigente político. 

Reporteros de Investigación ha seguido el caso de Isy Obed Murillo, en el reportaje “Un día antes del baño de sangre”, conversó con la familia de la víctima, quienes relataron que, “El sueño que yo he tenido es mirar la justicia no solo para Isi Obed sino para todos los mártires caídos que los que hicieron los asesinatos, los que siguen haciendo asesinatos que lo pague”. 

En esta ocasión, RI intentó conocer la versión de la familia tras la presentación de la amnistía política que frenaría la justicia para Murillo, pero la respuesta de la familia fue “Queremos vivir en paz”.

A 17 años sin justicia para Isy Obed Murillo, Honduras enfrenta el riesgo de retroceder en materia de justicia frente a uno de los episodios más fatídicos de su historia: el golpe de Estado. La sociedad hondureña permanece expectante ante la decisión del Congreso Nacional sobre una amnistía que podría favorecer a ex jerarcas militares.