«Me van a matar»: La relación oculta entre la muerte de Manuel Coto, COSAVI y Nayib Bukele

Esta es una investigación difundida en alianza entre Prensa Comunitaria, Guatemala, y Reporteros de Investigación, Honduras.

Por Héctor Silva Ávalos y Wendy Funes*

Prensa Comunitaria | Reporteros de Investigación. Al cadáver del ciudadano salvadoreño Manuel Coto le habían quitado las uñas de las manos. Tenía varios huesos quebrados y una costura gruesa que le atravesaba la frente de una oreja a la otra. Su familia recibió el cuerpo cerca del mediodía el martes 10 de septiembre de 2024 en la Tercera Brigada de Infantería de San Miguel, en el oriente de El Salvador. Dos noches antes, cuando un retén policial lo detuvo en Honduras, cerca de la frontera salvadoreña, y se enteró de que lo iban a deportar a su país natal, Coto hizo una advertencia a sus captores: “Me van a matar como sea, me voy a morir en manos de Bukele”.

Manuel Alberto Coto Barrientos había sido, antes de morir, gerente general de la Cooperativa Santa Victoria (COSAVI), una institución de ahorros y créditos protagonista de uno de los mayores escándalos financieros de los últimos años en El Salvador, una trama en la que, además, está envuelto Nuevas Ideas, el partido del presidente Nayib Bukele.

El menor de cinco hermanos, Coto nació en Ciudad Delgado, un suburbio popular de San Salvador, y muy joven empezó a trabajar como dependiente en un banco. Conocido como un hombre que ahorraba buena parte de su salario, Coto se hizo popular por prestar dinero a sus colegas y cobrarlo al final de mes con pequeños intereses. En 2012 se junto con dos amigos para fundar COSAVI, que una década después era una de las cooperativas más fuertes del sistema.

En marzo de 2024, la Fiscalía General de la República de El Salvador (FGR) y la superintendencia del sistema financiero (SSF) intervinieron COSAVI y arrestaron a 15 de una treintena de personas a las que relacionaron con un esquema masivo de fraude y lavado de dinero. Uno de los implicados era Coto, a quien en principio las autoridades salvadoreñas no lograron arrestar. La cooperativa, sin embargo, siguió recibiendo fondos de sus socios, poco más de 10,000 personas según cifras oficiales, hasta el 9 de mayo, cuando el gobierno estableció una especie de corralito que congeló los cerca de 250 millones de dólares anotados por la cooperativa en forma de bienes activos y pasivos. Centenares de personas perdieron su dinero.

Coto se convirtió en el rostro principal de todo el desfalco, pero él tenía muchas cosas que decir respecto a la cooperativa y a su relación con Nuevas Ideas y algunos funcionarios del Ejecutivo salvadoreño. Y las dijo en privado: en conversaciones digitales recuperadas por Prensa Comunitaria, ocurridas entre abril y julio de 2024, cuando él era prófugo, Coto alega que fue traicionado por Javier Argueta, quien fue asesor jurídico de la presidencia entre 2019 y 2022. Coto, según muestran estas comunicaciones, programó al menos una reunión con Argueta en Casa Presidencial. Este medio intentó contactar al exfuncionario pero no hubo respuesta.

Esas comunicaciones demuestran también que el fiscal general de El Salvador, Rodolfo Delgado, el presidente Nayib Bukele y la secretaría de prensa de la presidencia mintieron el 27 de julio de 2024 cuando divulgaron que Coto había sido detenido en Panamá. Coto nunca fue arrestado ahí. De hecho, ese día, tras enterarse de que los funcionarios salvadoreños lo daban por preso, el exgerente de COSAVI chateaba con allegados sobre las implicaciones del gobierno en toda la trama.

“Es una noticia equivocada… Es bien raro que el presidente ha reposteado”, escribió aquel 27 de julio. El teléfono desde el que se hicieron esas conversaciones, en el que Coto se identifica como Rabi Ali, pertenecía al exgerente de COSAVI según confirmó una persona que sostuvo comunicaciones con él por ese medio y recibió llamadas y mensajes de él desde ahí. Prensa Comunitaria y Reporteros de Investigación leyeron y escucharon varias de esas comunicaciones además de confirmar con un experto en ciberseguridad la autenticidad de estos.

Nayib Bukele, en efecto, reposteó en su cuenta X una noticia que el fiscal general había dado, en la misma red, a las 3:46 p.m.: “El principal asociado en el desfalco contra los asociados (sic) de la Cooperativa Santa Victoria de R.L., COSAVI, ha sido detenido por las autoridades en Panamá”, escribió Delgado. Menos de una hora después, a las 4:38 p.m., Bukele reprodujo el mensaje y añadió: “Para los opositores que decían que el gobierno lo había ayudado a escapar… Me imagino que se retractarán ahora (seguido de un emoticón de rostro con guiño de ojo). Excelente trabajo Sr. Fiscal ¡Justicia! (seguido de emoticones de banderas de El Salvador y Panamá y un puño). Y alas 4:51 p.m., fue la secretaría de prensa de la presidencia la que se hizo eco de la falsa captura.

No está claro si el gobierno ayudó a escapar a Coto -como sí lo hizo, por ejemplo, con el líder de la MS13 Élmer Canales Rivera, alias Crook, como parte de un pacto de gobernabilidad con la pandilla-, pero sí es cierto que, cuando Delgado y Bukele posteaban, el exgerente de COSAVI intercambiaba mensajes en los que hablaba de sus propios tratos y acercamientos con el gobierno salvadoreño.

Durante el resto de esa tarde del 27 de julio de 2024, cuando según el presidente Bukele y su fiscal general Delgado, Manuel Coto estaba preso en Panamá, el exjefe de COSAVI intercambió decenas de mensajes sobre un posible acuerdo con las autoridades salvadoreñas para “arreglar” la situación de cooperativa, pero también sobre su determinación de hablar en público para “salvar su imagen”.

En una de esas conversaciones digitales, sostenida poco después de las 7:00 p.m., Coto dice a uno de sus interlocutores que “ya se está tocando al presidente y el fiscal está de acuerdo ambos (sic)… El presidente no se opone y está abierto a dialogar y solucionar”. Y un minuto después, dice que él: “dará entrevistas de levantar la imagen de COSAVI y la mía. Ya basta.”

Para comprobar la autenticidad de esos mensajes, Prensa Comunitaria y Reporteros de Investigación consultaron con al menos dos personas que tuvieron acceso a las comunicaciones y comprobaron los registros de propiedad de los números telefónicos desde los que se hicieron los intercambios. Se intentó contactar a los funcionarios implicados en estos mensajes pero nunca respondieron.

La fiscalía salvadoreña ha manejado todo el caso con hermetismo absoluto y un tribunal ordenó la reserva total del expediente judicial abierto. De lo poco que han dicho los fiscales es que los imputados, Coto entre ellos, desviaron unos 35 millones de dólares a cuentas personales. Algunos ahorrantes, organizados en diversos grupos desde que inició el corralito, han dicho en redes sociales y en grupos privados de mensajería digital que entre los principales receptores de dinero estaban el partido Nuevas Ideas y su presidente, Xavier Zablah, primo de Nayib Bukele.

Documentos en poder de Prensa Comunitaria y Reporteros de Investigación prueban, por ejemplo, que Zablah discutió un préstamo de cinco millones dólares con la directiva de COSAVI en 2020, justo antes de las elecciones legislativas de 2021, en las que Bukele y Nuevas Ideas lograron mayoría absoluta en el Congreso nacional. Esto se une a reportes públicos de que la cooperativa hizo al menos una donación de 60,000 mil dólares a Nuevas Ideas en 2020 y que varias alcaldías administradas por el oficialismo también recibieron préstamos de COSAVI.

Cuando finalmente lo arrestaron en Honduras, en septiembre de 2024, Manuel Coto confirmó la relación financiera entre COSAVI, Nuevas Ideas y el presidente Bukele. La causa de la persecución en su contra, dijo Coto a los policías hondureños, es que él había financiado la carrera política de Bukele. Después de eso, el presidente de El Salvador lo buscaba para capturarlo porque a toda la gente que esté en contra de él, la mete a la cárcel, declaró Coto Barrientos de acuerdo con un informe elaborado por la inteligencia hondureña al que este medio ha tenido acceso. Se constató la autenticidad de ese informe con un alto oficial de la Policía Nacional de Honduras y con un miembro del gabinete de la presidenta Xiomara Castro.

La tragedia de Manuel Coto y la muerte del policía más famoso de la era Bukele

A Coto lo detuvieron policías hondureños estacionados en un puesto conocido como Pavana, en el sur de Honduras, a unos 60 kilómetros de la frontera con El Salvador. Los vehículos que pasan por Pavana deben bajar la velocidad y los extranjeros suelen ser sometidos a registros biométricos. Los agentes de fronteras y los detectives especializados en operaciones tácticas, con uniforme negro, suelen ser intimidantes, algunos van acompañados de perros.

Esa noche, la del 7 de septiembre de 2024, ante el despliegue policial, Coto se puso nervioso. Venía desde Nicaragua. Había recorrido 21 kilómetros desde Choluteca, la ciudad más grande del sur de Honduras, a Pavana; le faltaban casi nueve horas para llegar a la frontera con Guatemala. Su plan, se deduce por lo que dijo a los policías que lo detuvieron, nunca fue ir a El Salvador. Ahí lo podían matar. Durante las casi veinticuatro horas que estuvo en manos de las autoridades hondureñas, Coto no paró de decir cuatro palabras: “Me van a matar”, según el testimonio de un funcionario que estuvo en Pavana aquel día, y quien habló para este reportaje desde el anonimato por no estar autorizado a hacerlo de otra forma.

Los policías hondureños de fronteras y el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET), especializado en operativos críticos, se acercaron al taxi en que viajaba Coto. Los agentes, entonces, no sabían quiénes eran los tres hombres que iban en aquel carro; pidieron documentos al conductor y a los dos pasajeros que estaban en el asiento de atrás.

Uno de ellos se identificó como dueño del taxi. El segundo dio sus papeles; era nicaragüense. El tercero respondió que no llevaba documentos encima y dijo que era de Ecuador; estaba nervioso, lo que llevó a los agentes del GOET a profundizar el interrogatorio. El nicaragüense aceptó que llevaba al otro hombre hasta México haciéndolo pasar como ecuatoriano. El caso fue reportado a la Fiscalía de turno. 

A las 9:20 de la noche, los policías dieron el primer reporte de novedades. Informaron que habían detenido al nicaragüense Juan Antonio Tórrez Varela, a quien identificaron como un agricultor soltero de solo 29 años, residente en el barrio Francisco Reyes, en la localidad de Somotillo, un municipio de Nicaragua fronterizo con Honduras. Lo acusaron de tráfico ilícito de personas en perjuicio del supuesto ecuatoriano que era, en realidad, salvadoreño.

Coto, de 45 años, llevaba encima 470 dólares, 19,700 córdobas nicaragüenses (unos 540 dólares) y un celular marca Pova color azul.

A las 2:45 de la tarde del 8 de septiembre, la fiscal hondureña Claudia Laínez determinó llevarlos al juzgado. Ahí, Coto dio versiones incoherentes de su identidad e insistió en que él era ecuatoriano. Finalmente, las autoridades hondureñas precisaron que ese detenido era Manuel Coto Barrientos, de origen salvadoreño, sobre quien entonces pesaba una alerta roja de Interpol, y que habían verificado una orden de captura del 16 de mayo de 2024, remitida en el oficio número 1023 del tribunal sexto contra el crimen organizado de San Salvador. Es decir, cuando los hondureños consultaron, en septiembre de 2024, la orden de captura contra Coto seguía vigente, lo cual refuerza que él nunca estuvo preso en Panamá como habían dicho el presidente Bukele y el fiscal general Delgado.

Coto pasó cerca de 24 horas bajo custodia de la policía hondureña, con aros de presión en las muñecas. Repitió cada vez que le preguntaron que en El Salvador moriría a manos de los agentes de Nayib Bukele. Según los informes policiales levantados entonces, a parte de los cuales Prensa Comunitaria tuvo acceso, Manuel Coto dijo frases como esta: “A mí me busca Bukele porque a toda la gente que está contra él la meten a la cárcel”, “Me persiguen porque financié la carrera política de él”.

El exgerente general de COSAVI fue entregado a la policía de El Salvador a las 7:30 de la noche del 8 de septiembre en la frontera El Amatillo. Empezó, entonces, el último capítulo de la tragedia de Manuel Coto.

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El comisionado Mauricio Arriaza Chicas, Orden Numerario Institucional (ONI) 001 y director de la Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador, estaba con su familia en la playa El Tamarindo, en el oriente salvadoreño. Uno de los raros días de descanso para el policía más importante del país. La llamada le cayó al final de la tarde de aquel 8 de septiembre: El presidente quiere que vaya usted a recogerlo, le dijo su interlocutor, un empleado de la secretaría de comunicaciones de la presidencia cercano a Nayib Bukele según contaron a este medio dos oficiales de la PNC que trabajaron con Arriaza.

Desde Casa Presidencial solicitaron, también, la presencia del tercero al mando en la PNC, el comisionado Douglas Omar García Funes, conocido con el sobrenombre Carabinero, y de Rómulo Pompilio Torres, subdirector de investigaciones. Un oficial que estaba en el cuartel central de la Policía en San Salvador el día del accidente explicó que hubo una sensación de extrañeza entre varios policías cuando se enteraron de que la cúpula de la institución había sido convocada en pleno para ir a traer a Manuel Coto a El Amatillo; era, sí, un caso grande, pero no uno que requiriera a tres de los policías más importantes del país.

Arriaza Chicas era uno de los fundadores de la PNC. Graduado primero de su clase en 1993, con un pasado en los cuerpos de seguridad pública vinculados al ejército, fue uno de los oficiales que entraron a la policial civil que se fundó en El Salvador como producto de los Acuerdos de Paz de 1992. Muy pronto, sin embargo, se vio envuelto en polémicas relacionadas con supuesta implantación de evidencia en una investigación y por una relación tirante con Mauricio Sandoval, un exjefe de inteligencia reconvertido en director de la PNC. Fue dado de baja y reinstalado en 2003 luego de un fallo judicial que le favoreció.

Arriaza llegó a dirigir las fuerzas especiales de la policía a mediados de la década pasada. También ahí estuvo envuelto en controversia como jefe de las unidades a las que pertenecían policías acusados en la desaparición y asesinato de la agente Carla Ayala en 2017.

En 2019, Arriaza ascendió al mando máximo de la PNC, nombrado director por el recién inaugurado presidente Nayib Bukele. Desde el principio, el comisionado mostró una lealtad sin fisuras por su jefe.

Cuando, el 9 de febrero de 2020, Bukele entró al Congreso con hombres uniformados, policías y soldados, a pedir por la fuerza que los diputados le aprobaran un préstamo para seguridad, Arriaza Chicas dirigió el operativo. Luego, cuando los legisladores de oposición le hicieron un juicio político por eso, el policía no se movió un ápice en la defensa a su jefe durante los interrogatorios. El abogado que defendió a Arriaza en aquel proceso fue Rodolfo Delgado, a quien luego Bukele escogería como fiscal general. Los tres hombres terminarían implicados en la trama COSAVI; a Arriaza Chicas le costaría la vida.

Dice un oficial de la PNC cercano a Arriaza, quien accedió a hablar desde el anonimato por seguridad, que para mediados de 2024, el director policial estaba ya cansado del puesto y había empezado a pensar en retirarse. A punto de cumplir los 60 años, y a un paso de la jubilación, Arriaza Chicas quería irse a los Estados Unidos, donde vive buena parte de su familia.

Cuando aquel 8 de septiembre le hablaron de Casa Presidencial, el ánimo del comisionado Arriaza para cumplir con la misión encomendada, la de recoger al sospechoso del fraude en COSAVI, subirlo en un helicóptero y llevarlo hasta San Salvador no era el mejor, dice el oficial consultado.

Los hondureños entregaron a Coto en El Amatillo a las 7:46 de la noche. Llovía. Arriaza, al frente de una docena de oficiales y funcionarios salvadoreños, mantuvo su mano derecha en posición de saludo frente a su gorra mientras agradecía a sus colegas hondureños, alineados de espaldas a los agentes que sujetaban al exgerente de COSAVI:

“Gracias a las autoridades de la república de Honduras por colaborarnos en esta operación internacional. Un agradecimiento especial de parte del señor presidente Nayib Bukele de la república de El Salvador… Que el pueblo salvadoreño, los ofendidos en este caso de COSAVI y la defraudación a la economía pública, el lavado de dinero y las agrupaciones ilícitas no quede impune y que se haga justicia con todas las víctimas. Muchas gracias”, dijo Arriaza.

Tanto Arriaza como el presentador del canal estatal, que transmitía en vivo las imágenes de la entrega, decían que la captura ocurrió gracias a un extenso operativo internacional. No fue así según los reportes policiales de Honduras a los que se ha tenido acceso: cuando los agentes destacados en Pavana detuvieron el taxi en que viajaba Coto ni siquiera sabían que se trataba del exgerente de COSAVI.

Muchos meses más tarde, uno de los hondureños que presenció aquello dijo que le pareció extraordinaria la presencia de toda la jefatura policial salvadoreña en la entrega del reo. Era “inexplicable”, para este oficial, que un funcionario de alto rango llegara hasta la frontera para un trámite así.

Cuando lo entregaron en El Amatillo, Coto respondía a todo que sí. Lo hizo cuando le leyeron sus derechos y cuando, en medio del discurso de Arriaza, el comisionado García Funes y otros policías lo obligaron a arrodillarse. “Claro, claro”, decía. Mientras estaba hincado, dos paramédicos le chequearon los signos vitales con estetoscopios y un agente le leía sus derechos. Cinco minutos más tarde, Coto estaba dentro de una radiopatrulla.

Eran las 7:52 de la noche cuando la cámara de la televisión estatal salvadoreña, presente en la entrega, registró la última imagen conocida de Manuel Coto Barrientos. Mojado, en medio de dos policías, con las manos esposadas detrás de la espalda, el exgerente de COSAVI inclina su cabeza para secarse la frente con el pantalón.

De acuerdo con policías salvadoreños que estuvieron en El Amatillo aquel día, Arriaza no tenía planificado viajar en el helicóptero que transportaría a Coto. Fue, asegura uno de los agentes que no se identifica por seguridad, el mismo presidente Nayib Bukele quien telefoneó a Arriaza para pedirle que él acompañara al exgerente general de COSAVI en la aeronave.

Una media hora más tarde, Coto, Arriaza, García Funes y otras seis personas que viajaban en el helicóptero UH1H que los trasladaba estaban muertos. La aeronave se estrelló sobre la ciudad de Pasaquina, unos 10 kilómetros al oeste de El Amatillo.

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Al cadáver de Coto lo llevaron al cuartel de la Tercer Brigada de Infantería en San Miguel, la ciudad más grande en el oriente salvadoreño, la madrugada del 9 de septiembre. Familiares del exejecutivo llegaron hasta ahí esa misma mañana. El cuerpo lo entregaron horas después, el martes 10 ya entrada la mañana.

Solo uno de los parientes entró a identificar el cadáver. Estaba sobre una mesa ordinaria. Cuando la familia recibió el cuerpo les dijeron que no habían hecho autopsia, preguntaron por qué pero no les dijeron más. Se lo llevaron a San Salvador.

El entierro fue el 11 de septiembre. Desde que Coto murió en el accidente de helicóptero, las redes sociales salvadoreñas se llenaron con posts de teóricos de la conspiración que negaban la muerte del exejecutivo. Pero él estaba ahí, en el ataúd, según confirmaron tres personas que asistieron a los actos fúnebres. Durante el entierro, de hecho, abrieron el féretro: “Tenía una mano encima de la otra. Se le miraban las manos. Los dedos con sangre y solo carne…”, contó alguien que lo vio.

Era el final del camino para un hombre que se asoció con el poder político que gobierna El Salvador, facilitó dinero a funcionarios del gobierno y, en chats privados, se lamentó cuando, según él, le descargaron todo el escándalo de COSAVI.

Meses antes de que su cuerpo yaciera en una mesa común en el cuartel, el mismo día en que funcionarios salvadoreños hablaban de una captura falsa, Manuel Coto aún tenía esperanzas de un acuerdo con las autoridades. Al menos así lo dijo a dos personas con las que intercambió mensajes en julio de 2024, en los días de la falsa detención en Panamá.

Una de las tesis de las que Coto habla con uno de sus interlocutores es que la noticia de la falsa captura es una “cortina de humo” por el “tema de la Asamblea… De corrupción en la Asamblea (Legislativa)”, se lee en mensajes electrónicos que el exejecutivo intercambió en la plataforma Signal con un exsubalterno. Coto se refiere a filtraciones y noticias sobre la contratación de familiares, fotógrafos y modelos hechas por diputados de Nuevas Ideas, escándalo que golpeó la imagen del partido oficialista e incluso generó divisiones internas.

Pero la narrativa que Coto más reiteró en sus intercambios digitales fue que él era el chivo expiatorio de una historia que incluía a gente de Nuevas Ideas y al presidente mismo. En sus mensajes llegó a insinuar que uno de sus abogados estaba procurando una reunión con un enviado de Bukele para aclarar las cosas.

Prensa Comunitaria y Reporteros de Investigación también comprobaron la autenticidad de estos mensajes con uno de los interlocutores y con la persona a la que el exdirector ejecutivo de COSAVI entregó en resguardo copias de algunos mensajes y quien ahora está fuera de El Salvador. Una de las conversaciones es del 27 de julio de 2024, día en que el fiscal general Rodolfo Delgado publicó un post sobre la falsa captura del exgerente general de COSAVI.

Después de asegurar que lo de su arresto era falso, Coto se extiende en la posibilidad de reunirse con un enviado del presidente Nayib Bukele para aclarar las cosas.

“Dios está obrando. En teoría me reuniré con uno de sus hermanos… Y Godoy”, dice Coto. “Godoy” es Carlos Godoy, un abogado que trabajaba para el exgerente cuando el escándalo COSAVI estalló en marzo de 2024 y quien antes había sido uno de los defensores de Nayib Bukele en el caso conocido como “Trollcenter”, en el que se acusó al político, entonces alcalde de San Salvador, de estar ligado a una red de piratas informáticos que reprodujeron ilegalmente los logos comerciales del periódico La Prensa Gráfica.

“El presidente se acordó de mí y de Godoy y ha delegado a una persona de su confianza para solucionar esto”, escribe Coto.

No hay evidencias de que Manuel Coto se haya reunido con Nayib Bukele, pero sí de que el exgerente de COSAVI pactó al menos un encuentro con Javier Argueta, el hombre que fue el asesor jurídico del presidente en los primeros años del mandato y cerebro de algunas de las acciones políticas más controversiales del gobierno.

 *Especial para Reporteros de Investigación y Prensa Comunitaria

Vea la segunda parte este 15 de mayo: La reunión en Casa Presidencial y un préstamo millonario de COSAVI para Nuevas Ideas: conozca historias de la tragedia de las víctimas de estafa y lavado de dinero