Asesinatos sistemáticos con tolerancia estatal, en el Bajo Aguán

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Durante este gobierno suman 14 asesinatos en el Bajo Aguán y el desplazamiento forzado de las empresas campesinas.

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. En el Bajo Aguán brotan frutas grandes y hermosas. La tierra parece un edén y la defensa de derechos humanos se hace en medio de un infierno de allanamientos, ataques nocturnos, fusiles, encapuchados, reténes, amenazas y sicarios que van en moto. Es un pedazo del mundo militarizado de muerte.

Un análisis de los 14 crímenes contra personas defensoras, ocurridos entre 2022 y 2024, permitió concluir que al parecer existe una sistemática estrategia de desarticulación territorial de las estructuras campesinas organizadas.

Esto tiene como propósito asesinar la lucha social de defensa del territorio.

Asesinos entrenados

Los crímenes evidencian planificación continua con suficiente entrenamiento táctico, los asesinos conocían estrategias mentales de intimidación para implementar guerra sicológica como el exterminio de dos familiares en un solo hecho.

Estos asesinos usaron el mismo modo de operar en diferentes asesinatos. Esto sugiere la complicidad o tolerancia estatal, pues los casos están en impunidad y hay una falta de respuesta que es estructural.

Los asesinatos mostraron planificación, coordinación, acceso a logística, conocimiento previo de los movimientos o residencia de las víctimas, hubo perfilamiento y operaciones de inteligencia.

Las víctimas fueron los líderes para dar un castigo ejemplarizante y silenciar a las demás personas, además, una estrategia de intimidación fue matarlos junto a sus familiares.

La mayoría de asesinatos y muertes violentas ocuirrieron entre enero y mayo de 2023, en ese periodo el vice ministro de Defensa de Honduras era el coronel, Elías Melgar Urbina. Un hombre que saltó de liderar batallones y empresas de seguridad privada en el Bajo Aguán a uno de los cargos militares más importantes a partir de 2022. Era viceministro pese a estar mencionado en los juicios de Nueva York.

Los lugares más críticos para la vida fueron Guapinol, Gregorio Chávez, Los Laureles, Triunfo de la Cruz, Tela y zonas de cooperativas agrarias. Tres de las víctimas  activaban por la defensa del río Guapinol.

Militarismo y sicariato

El sicariato en el Bajo Aguán es ejecutado por empresas de seguridad privadas al servicio de terratenientes, en colusión con bandas criminales y fuerzas militares del Estado de Honduras.

Acá las personas defensoras sobreviven en un entorno de amenazas, hostigamiento, agresiones físicas, atentados.

Todo esto aumenta después de episodios álgidos de coberturas de conflicto agrario. Los datos fueron analizados con base en el informe Honduras en la Memoria Nº 2: Balance anual de Derechos Humanos, difundido a mediados de año por la Plataforma Agraria.

El informe detalló la presencia de “moto/sicarios” y hombres armados, encapuchados, los ataques ocurrieron sobre todo en hechos nocturnos o de baja visibilidad.

Las personas del Bajo Aguán sufrieron allanamientos, retenciones injustas en puestos de control, retén, desplazamientos forzados. Experimentaron amenazas y seguimiento con hostigamiento y agresiones en su contra.

Las víctimas de manera predominante fueron hombres, comunicadores sociales, defensoras/es de DD.HH. y personas con liderazgos comunitarios.

Los atacantes usaron tácticas de movilidad rápida, atacaron a las y los campesinos desde vehículos en marcha, sin identificación, con retenes y emboscadas.

Esta es una tierra que está en conflicto armado. Aunque acá las armas están prohibidas de manera permanente, abundan las R-15, AK-47 y otros arsenales irregulares.

La violencia y colusión llegaba al extremo de que operadores de justicia prestaban sus uniformes a particulares para operar en labores de seguridad con tal de proteger a las empresas y transnacionales, de acuerdo con las denuncias y testimonios documentados en la zona.

El conflicto enfrenta al movimiento campesino que lucha por la reforma agraria y el acceso a la tierra, con empresarios que desplazaron a las comunidades de sus territorios con diferentes tácticas.

En el actual gobierno, las víctimas ya suman 14 desde 2022 y más de 200 desde la década pasada.

Justicia selectiva

Desde el miércoles 8 de octubre, la Plataforma Agraria se apostó frente a la Corte Suprema de Justicia para exigir la fecha en que serán desalojados los criminales del Grupo Criminal Los Cachos.

Este grupo del crimen organizado está siendo supuestamente utilizado por la Corporación Dinant de acuerdo con la denuncia del movimiento campesino.

Los Cachos mantienen el control armado de las tierras de la cooperativa Camarones en Quebrada de Arena, Tocoa, Colón, desde diciembre, 2024.

La justicia es rápida cuando los empresarios denuncian y lenta cuando lo hace el movimiento campesino. Las autoridades operan desde el prejuicio contra la población organizada.

Capturan a defensores con cartas de libertad

Un claro ejemplo de ello es la pesistencia en capturar a defensores que tienen sus cartas de libertad de los procesos en los que fueron criminalizados. El 17 de enero de 2024, la policía nacional detuvo a 16 campesinos de la Cooperativa 27 de Enero.

Los detuvo un comando con tres patrullas, 30 elementos de seguridad, conformado por policías y militares del 15 Batallón de Infantería de Trujillo y allá les pedían mil lempiras a cada uno para liberarlos, denunció la Plataforma. La Plataforma Agraria califica el hecho como una violación a los derechos humanos por persecusión política.

El 24 de enero de 2024, Cosme Ávila, defensor territorial de la comunidad garífuna de Guadalupe, Trujillo, Colón fue detenido a pesar de contar con carta de libertad definitiva. Es una práctica habitual la revictimización de los defensores criminaleizadios por defender sus territorios, denunció la Plataforma en su informe presentado el 13 de junio pasado con el título Honduras en la Memoria Nº 2: Balance anual de Derechos Humanos”.

Dos días más tarde, hicieron lo mismo con el defensor que lidera la lucha en Guapinol, Leonel George, la policía de transito adujo que tenía cinco órdenes de captura. El defensor tiene un sobreseimiento definitivo y medidas de protección porque era amenazado junto al ambientalista Juan López, asesinado. El hostigamiento continuó contra George en los siguientes meses.

En este informe la plataforma hizo un recuento de las personas heridas, hostigadas, víctimas de rapto, abuso de autoridad y de asesinato.