Tercera entrega
Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Los asesinatos contra los ambientalistas Berta Cáceres, en 2016, al occidente de Honduras, y de Juan López, en 2024, al nororiente del territorio, demuestran la corrupción e impunidad en los cuerpos militares y de seguridad del Estado. Esto se desprende de las entrevistas con diversos sectores sociales sobre las evidencias de una intención de mantener e incluso recrudecer la militarización de la seguridad pública.
Un aspecto positivo es que el presidente Tito Asfura nombró en la cúpula de la Secretaría de Seguridad a policías, pero esta selección es cuestionada por la influencia que tienen los tres oficiales retirados porque eran cuadros leales al general de las Fuerzas Armadas, Julián Pacheco Tinoco, mencionado por narcotraficantes en Nueva York.
Esto opinan distinto análistas.-
Entrevista: Luis Velásquez – Sociólogo
«El proceso de militarización de la seguridad pública no es un fenómeno solamente de Honduras a partir del Golpe de Estado hace 17, casi 17 años, sino que es una tendencia en general a nivel continental y me atrevería a decir a nivel incluso global. Incluso gobiernos de corte de izquierda como el de Claudia Sheinbaum, presidenta de México, y el de Manuel López Obrador, ex presidente de México apelaron a mantener estructuras militarizadas en acciones de seguridad pública con la ciudadanía. Cuerpos armados entrenados desde una visión y una óptica militar siendo responsables del cuidado de la seguridad personal y de los bienes de las y los ciudadanos.
Así que no es una cuestión solamente de que sea un proyecto parte de los gobiernos de derecha o de los partidos políticos de derecha, sino que es una tendencia generalizada.
Esto nada más refleja en cierto sentido el poder que aún mantienen las estructuras ligadas a los cuerpos militares, a la alta oficialidad que se forma en las distintas academias y que en muchos casos siguen teniendo fuertes vínculos con el Pentágono, como el centro principal de financiamiento y de entrenamiento de los cuerpos élite y dirigentes de las estructuras castrenses en nuestros países y también en otras partes del mundo.
Cuando ocurren fenómenos como en algunos países de África que está resurgiendo un sentido de reconstruir o levantar nacionalismos de corte propiamente africanos y que tienen como principal motivación el superar el colonialismo económico que ejercen grandes transnacionales que explotan la mano de obra y los bienes naturales en territorio africano.
También estas iniciativas tienen fuertes cortes militaristas, es decir, los líderes que se hierguen generalmente vienen de las filas castrenses. No es algo extraño, por ejemplo, que, repito, los proyectos de izquierda también participen de esa dinámica. Solo recordemos que Hugo Chávez fue militar, que Mujica fue guerrillero, que Fidel Castro fue guerrillero, que otros líderes también han venido de las filas ya sea de los ejércitos formales o de milicias populares que se alzan en resistencia para combatir la opresión militar de gobiernos serviles a intereses extranjeros.
Entonces no es algo nuevo, no es necesariamente algo que sea novedoso o que rompa con patrones históricos, sino que simplemente otra faceta más de la manera como se ejerce el poder, el poder público, el poder estatal en nuestras sociedades.
Nelson Castañeda – Director de Seguridad y Justicia de la ASJ
«Respecto al tema de la militarización, en definitiva, es una estrategia que se ha venido impulsando casi más de 20 años en Honduras, pero pues el tema de incluir o militarizar la seguridad poblacional ha generado diferentes opiniones, muchas de ellas negativas por la esencia misma de las Fuerzas Armadas en Honduras y su alcance de acuerdo a lo que establece la Constitución de la República.
Entendamos que continuar involucrando a las Fuerzas Armadas en nuestra defensa de la seguridad poblacional genera diferentes factores negativos, como por ejemplo la violación a derechos humanos. Recordemos que los miembros de las Fuerzas Armadas están entrenados exclusivamente para defensa externa y combate contra estructuras que van ya más allá de los que operan a lo interno del país basado en la delincuencia común, la extorsión, el narcomenudeo, entre otros.
Ellos están preparados y están entrenados para uso excesivo de la fuerza. No están formados ni preparados para un control o una impartición de seguridad en el ámbito comunitario y eso es lo que impulsa o lo que genera esos altos registros de incidencias y de quejas en materia de violación de derechos humanos. Asimismo esto de seguir impulsando las Fuerzas Armadas, de seguir militarizando la seguridad poblacional del país, debilita en gran medida también la policía civil, la policía comunitaria, la policía nacional, porque en ese sentido estamos dándole más de 12 mil millones, esto pasa en el gobierno anterior de la Presidenta Castro, se le llegó a dar más de 12 mil millones de lempiras anuales a las Fuerzas Armadas de Honduras, incluso más que a la policía nacional.
Entonces vemos esa distribución del presupuesto donde incurre un debilitamiento a todo el sistema de seguridad y justicia que al final es el encargado de investigar, de sancionar, de condenar este tipo de delincuencia en el país. Vemos un Ministerio Público con muy poco presupuesto, un Poder Judicial con pocos jueces, con poca logística, entonces vemos que todo se concentra en eso, en darle fuerza a las Fuerzas Armadas y olvidamos que quienes hacen o que cumplen con todo el ciclo de justicia en el país son estas instituciones como la Policía Nacional, el Ministerio Público y el Poder Judicial.
También lo vimos en el gobierno anterior cuando se le da mucha participación y mucha fuerza política a las Fuerzas Armadas, vemos nosotros que se terminan involucrando en el conflicto político y empiezan ya a ejecutar acciones o a generar expresiones vinculadas a política y eso no se puede permitir, recordemos que la Constitución establece que nosotros tenemos unas Fuerzas Armadas a políticas independientes y que su función se centra en mantener la soberanía y la paz en el país y en ese sentido vimos ese comportamiento errado que se dio en el gobierno anterior con las máximas autoridades de las Fuerzas Armadas y entonces es ahí donde surge en conclusión este análisis y lo que sí se espera es que si se va a continuar con el tema de militarización el gobierno tenga claro que la mano dura no es la solución para resolver la situación de violencia y criminalidad en el país, hay otros factores que se deben de corregir, que se deben de trabajar, que se deben de prevenir, trabajar en educación, salud, trabajo, inversión y con ello ir sacando a nuestra juventud de estas redes criminales que los utilizan para seguir creciendo y seguir manteniendo el control territorial en el país».
Entrevista Christopher Castillo – Coordinador general de la Alternativa de Reivindicación Comunitaria y Ambientalista de Honduras (ARCAH)
«Bueno yo creo que hay dos elementos preocupantes que han sido una constante también en la sociedad hondureña. El primero es el reforzamiento de la idea de que en las fuerzas armadas, no me refiero solamente a la estructura estatal de la Secretaría de Defensa, sino a los cuerpos armados, a la gente que anda con objetos capaces de matar. Creer que ahí está la garantía de paz y de justicia social y de orden público es una cosa que venimos arrastrando desde la colonia que legitima de hecho la violencia policial, militar y su papel tan nefasto que ha tenido en la historia del país, de la región.
Eso genera impunidad social porque significa que se pierde la posibilidad de tener una sociedad crítica frente a esas prácticas y se convierte en una sociedad que pide las armas, no en su conjunto porque hay pueblos, comunidades, experiencias muchas donde las armas ya han quedado evidenciadas como la raíz de un problema.
Y el segundo elemento, es la gran capacidad del gobierno para instalar su poder en las calles, entonces ningún sistema armado funciona en oficina, sin contar los cuerpos de inteligencia lógicamente. Funciona en las calles, entonces la militarización es eso, es el poder directo de un presidente, en este caso aún funciona un Consejo Nacional de Defensa y Seguridad que otorga grandes potestades al poder ejecutivo, entonces si a eso le sumamos los intereses que hay de este gobierno por imponer proyectos, por privatizar, por perseguir, por estigmatizar, por imponer discursos de una derecha recalcitrante que es antiderechos y a eso le sumamos todo lo anterior que es la impunidad social, es muy difícil en sociedades como esta hablar de derechos, hablar de lucha social, hablar de movimientos, hablar de rebeldías, hablar de otras posibilidades porque se refuerza una sociedad conservadora, entonces las armas representan eso, aparte de que es un elemento meramente patriarcal, la mayoría son hombres armados cuyo lema es además religioso, bueno hay un montón de elementos ahí que analizamos y en lo práctico la represión sobre todo en el marco de una lucha de clases y porque lo menciono, porque las colonias de los ricos aunque estén militarizadas jamás registran incidentes con militares y no es porque sean mejores personas, no es porque respeten el orden público, al contrario es donde está la casta de criminales, de narcotraficantes, de la trata de personas, de los capitales, de los bancos, bueno un sinfín de crímenes que cometen pero lo hacen en el congreso, lo hacen desde una computadora, desde sus cuentas bancarias, ordenando, donde ocurren los incidentes en las comunidades, en los barrios, en las poblaciones racializadas, empobrecidas, periféricas, marginalizadas, ahí es donde los militares ejercen su acto de violencia, entonces creo que el gobierno va a apuntar a que las sociedades más perjudicadas sean las que terminen legitimando la militarización, es lo más típico, la fórmula más típica, por eso es que hay que despertar como pueblo el llamado que hacemos.
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