Redacción: Wendy Funes

Tegucigalpa, Honduras | Reporteros de Investigación. Investigar el indulto a Juan Orlando Hernández y si los fondos de cooperación en seguridad fueron utilizados para trabajar con crimen organizado, son una presión política basada en dos resoluciones del Senado y una Resolución de la Cámara de Representantes. A ello se suman, cuatro pronunciamientos de legisladores democrátas.

Estas declaraciones y resoluciones, emitidas entre diciembre de 2025 y julio de 2026, están las páginas oficiales del Congreso de Estados Unidos.

Las tres resoluciones legislativas: S.Res. 530, S.Res. 616 —del Senado— y H.Res. 929 —de la cámara baja— condenan el indulto y describen no solo las actividades criminales del expresidente de Honduras, la protección a sus socios y la extradición de sus rivales sino también su ilegal reelección.

Además de las resoluciones, hubo pronunciamientos políticos de los congresistas Dick Durbin, Jeanne Shaheen, Norma Torres, más de 40 congresistas del Caucus Progresista y un comunicado conjunto de Tim Kaine y Catherine Cortez Masto.

La H. RES. 929 fue remitida a «la Comisión de Asuntos Exteriores y, adicionalmente, a la Comisión Judicial, por un período que posteriormente determinará el Presidente de la Cámara, en cada caso para que se examinen las disposiciones que correspondan a la jurisdicción de la comisión pertinente», dice la página oficial.

En el caso de la Resolución 530, fue remitida al Comité Judicial del Senado para su análisis. Esta resolución fue presentada por 12 senadores demócratas y cita en una de sus partes que, «Juan Orlando Hernández atacó el estado de derecho en Honduras y reemplazó a jueces hasta que una Corte Suprema hondureña cuidadosamente seleccionada le permitió postularse para la reelección».

Esta Resolución fue presentada el 4 de diciembre de 2025 para discutir sobre el indulto que el presidente Donald Trump otorgó al expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández (JOH).

Un mes antes, el 17 de junio de 2026, 50 senadores repúblicanos votaron contra 44 democrátas para evitar que el Comité de Relaciones Exteriores solicitara información sobre las prácticas de derechos humanos durante el gobierno del expresidente hondureño Juan Orlando Hernández. La Resolución S.Res. 616, había sido presentada por legisladores demócratas ante el Senado.

El 3 1 de julio de 2026, líderes del denominado Caucus Progresista emitieron una declaración en inglés y español en la que aseguraron: “Nos comprometemos a utilizar todo nuestro poder de supervisión en el Congreso para investigar el indulto de Trump a Hernández y las circunstancias que lo rodean, incluidos sus esfuerzos por socavar la democracia y militarizar todo el hemisferio. Asimismo, nos comprometemos a poner fin a la complicidad histórica de Estados Unidos con la represión estatal en Honduras y el retroceso democrático en toda la región”

El 29 de noviembre de 2025, también la congresista Norma Torres envió una carta al presidente Trump: Hernández para advertirle que no debía ser indultado.

Las tres resoluciones

Resolución S.Res. 616 — Solicitud de información sobre JOH y derechos humanos

https://www.congress.gov/bill/119th-congress/senate-resolution/616/text

Fecha: 26 de febrero de 2026.
SECCIÓN 1. Solicitud de información sobre las prácticas de derechos humanos de Honduras .
(a) Declaración solicitada. —El Senado solicita que el Secretario de Estado, a más tardar 30 días después de la fecha de adopción de esta resolución, presente al Comité de Relaciones Exteriores del Senado y al Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes, de conformidad con la sección 502B(c) de la Ley de Asistencia Exterior de 1961 ( 22 USC 2304(c) ), una declaración sobre las prácticas de derechos humanos de Honduras que se ha preparado en colaboración con el Subsecretario de Estado para la Democracia, los Derechos Humanos y el Trabajo y la Oficina del Asesor Jurídico del Departamento de Estado.
b) Elementos. —La declaración presentada de conformidad con el apartado (a) deberá incluir:
(1) toda la información creíble disponible sobre presuntas violaciones de derechos humanos reconocidos internacionalmente por el Gobierno de la República de Honduras bajo el mandato del expresidente Juan Orlando Hernández, incluyendo:
(A) conexiones entre altos funcionarios gubernamentales y organizaciones de narcotráfico, incluido el Cártel de Sinaloa;
(B) corrupción de funcionarios gubernamentales relacionada con el narcotráfico, incluido el lavado de dinero y el soborno;
(C) tortura, violación, detención ilegal, manipulación de testigos y asesinato en relación con cárteles de la droga y narcotráfico; y
(D) esfuerzos para socavar las reformas policiales y las investigaciones sobre delitos de drogas;
(2) una descripción de las medidas que ha tomado el Gobierno de los Estados Unidos—
(A) promover el respeto y la observancia de los derechos humanos como parte de las actividades del Gobierno de Honduras;
(B) llevar ante la justicia a funcionarios del gobierno hondureño por su participación en el narcotráfico y delitos conexos;
(C) desalentar cualquier práctica que sea contraria a los derechos humanos reconocidos internacionalmente; y
(D) llamar la atención pública o privadamente sobre, y desvincular a los Estados Unidos y cualquier asistencia de seguridad proporcionada a la República de Honduras de, cualquier práctica descrita en los subpárrafos (B) y (C); y
(3) otra información, incluyendo:
(A) una evaluación del Secretario de Estado sobre la probabilidad de que la asistencia de seguridad de los Estados Unidos (según se define en la sección 502B(d) de la Ley de Asistencia Exterior de 1961 ( 22 USC 2304(d) )) proporcionada a la República de Honduras se haya utilizado en apoyo de actividades relacionadas con la facilitación del tráfico de drogas y los delitos conexos;
(B) una evaluación del Secretario de Estado sobre la situación del expresidente Juan Orlando Hernández tras su condena y cualquier vínculo que mantenga con los cárteles de la droga; y
(C) una descripción de las medidas que el Gobierno de los Estados Unidos está tomando para garantizar que el Gobierno de la República de Honduras aborde la corrupción y las violaciones de los derechos humanos vinculadas al narcotráfico.

S. RES. 530

diciembre 8 2025
https://www.congress.gov/crs_external_products/IN/PDF/IN12621/IN12621.3.pdf
Presidential Pardon of Former Honduran
President Convicted of Drug Trafficking

Traducción al español del texto de la resolución del Senado de Estados Unidos

Resolución sobre Juan Orlando Hernández y el indulto otorgado por el presidente Donald Trump

Considerando que, según documentos judiciales, desde al menos 2004 y hasta 2022 inclusive, Juan Orlando Hernández, expresidente del Congreso Nacional de Honduras y expresidente de Honduras durante dos mandatos, estuvo en el centro de una de las conspiraciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo;
Considerando que, durante su carrera política, el presidente Hernández abusó de sus cargos y de su autoridad en Honduras para facilitar la importación de más de 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos, cantidad suficiente para aproximadamente 4,500 millones de dosis individuales;
Considerando que los cómplices del presidente Hernández estaban armados con ametralladoras y otras armas, incluidos fusiles AK-47, AR-15 y lanzagranadas, que utilizaban para proteger sus cargamentos de cocaína mientras transitaban por Honduras rumbo a Estados Unidos, proteger el dinero obtenido de la venta de cocaína y defender sus territorios de narcotráfico frente a grupos rivales;
Considerando que el presidente Hernández y sus cómplices abusaron de las instituciones hondureñas, incluidas la Policía Nacional de Honduras y las Fuerzas Armadas, para proteger y ampliar su conspiración, utilizando agentes de la Policía Nacional fuertemente armados para resguardar los cargamentos de cocaína mientras transitaban por Honduras;
Considerando que el presidente Hernández recibió millones de dólares provenientes del narcotráfico de algunas de las organizaciones criminales más grandes y violentas de Honduras, México y otros lugares, y utilizó esos sobornos para impulsar su ascenso en la política hondureña, incluido un soborno de 1,000,000 de dólares de El Chapo, uno de los narcotraficantes más notorios del mundo;
Considerando que, a medida que el presidente Hernández ascendía al poder en Honduras, brindaba mayor apoyo y protección a sus cómplices, permitiéndoles transportar toneladas de cocaína, cometer actos de violencia y asesinatos, y convertir a Honduras en uno de los países más peligrosos del mundo;
Considerando que, durante su mandato, el presidente Hernández protegió y enriqueció a los narcotraficantes de su círculo cercano y a quienes le proporcionaban sobornos provenientes del narcotráfico, los cuales le permitieron alcanzar y mantenerse en el poder;
Considerando que el presidente Hernández apoyó selectivamente y se atribuyó el mérito de las extradiciones a Estados Unidos de determinados narcotraficantes que amenazaban su control del poder, mientras que, al mismo tiempo, prometía a los narcotraficantes que lo sobornaban y seguían sus instrucciones que permanecerían seguros en Honduras;
Considerando que la amenaza de ser extraditados a Estados Unidos hacía que los narcotraficantes estuvieran dispuestos a sobornar a cualquiera que pudiera protegerlos y que, según los fiscales federales, llegaron a saber que podían confiar en el presidente Hernández;
Considerando que el presidente Hernández ordenó a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas de Honduras proteger a los narcotraficantes que le pagaban sobornos y prometió protegerlos de la extradición a Estados Unidos, llegando presuntamente a decirle a un traficante de cocaína: «Para cuando los gringos se den cuenta, ya habremos eliminado la extradición».
Considerando que el presidente Hernández presuntamente se jactó diciendo:
«Vamos a meterles la droga por las narices a los gringos, y ni siquiera se van a dar cuenta».
Considerando que varios de los cómplices del presidente Hernández fueron declarados culpables y condenados a prisión en Estados Unidos, entre ellos:

Juan Antonio Hernández Alvarado, también conocido como «Tony Hernández», hermano del expresidente, quien fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua.

Geovanny Fuentes Ramírez, un violento narcotraficante que se reunió en múltiples ocasiones con el presidente Hernández para discutir su asociación en el narcotráfico y que fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua.

• Juan Carlos Bonilla Valladares, también conocido como «El Tigre», exdirector de la Policía Nacional de Honduras, quien se declaró culpable de participar en la conspiración para importar cocaína y fue condenado a 19 años de prisión.

Considerando que el presidente Hernández fue declarado culpable de narcotráfico y conspiración relacionada con armas después de un juicio ante un jurado que duró casi tres semanas, y fue condenado a 45 años de prisión y al pago de una multa de 8,000,000 de dólares;

Considerando que el presidente Hernández afirmó ser víctima de «persecución política», pero no se ha presentado ninguna prueba creíble que respalde dicha afirmación;

Considerando que la condena y la sentencia del presidente Hernández fueron confirmadas en apelación;

Considerando que el indulto otorgado por el presidente Donald J. Trump a Juan Orlando Hernández constituye una afrenta a los funcionarios federales encargados de hacer cumplir la ley y a los funcionarios judiciales que lo investigaron y procesaron, así como a los miembros del jurado que cumplieron con su deber cívico al declararlo culpable, debilita el Estado de derecho y perjudica gravemente la credibilidad de Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico en este hemisferio y más allá;

Por lo tanto, se resuelve:

Que el Senado de Estados Unidos:
(1) Elogia a los investigadores federales, fiscales y demás funcionarios judiciales y encargados de hacer cumplir la ley de Estados Unidos por sus extraordinarios esfuerzos en la investigación, captura y procesamiento del presidente Juan Orlando Hernández;

(2) Elogia a los miembros del jurado de Nueva York por evaluar fiel y valientemente las pruebas y declarar al presidente Hernández culpable más allá de toda duda razonable; y

(3) Condena el indulto otorgado a Juan Orlando Hernández, declarado culpable de narcotráfico de cocaína.
Resolución S.Res. 530 — Congreso de Estados Unidos

H. RES. 929

Reafirmando el compromiso de Estados Unidos de cooperar y colaborar con el Gobierno de Honduras en la lucha contra el narcotráfico y condenando el indulto a Juan Orlando Hernández.
EN LA CÁMARA DE REPRESENTANTES
4 de diciembre de 2025
El Sr. Meeks (en nombre propio y de los señores Castro de Texas, Jacobs , Stanton , Titus , Kamlager-Dove , Jackson de Illinois y Wasserman Schultz ) presentó la siguiente resolución, la cual fue remitida al Comité de Asuntos Exteriores y, adicionalmente, al Comité Judicial, por un período que posteriormente determinará el Presidente de la Cámara, para que en cada caso se consideren las disposiciones que correspondan a la jurisdicción del comité respectivo.
RESOLUCIÓN
Reafirmando el compromiso de Estados Unidos de cooperar y colaborar con el Gobierno de Honduras en la lucha contra el narcotráfico y condenando el indulto a Juan Orlando Hernández.
Considerando que Honduras ha sido durante mucho tiempo un socio cercano e importante de los Estados Unidos en Centroamérica;
Considerando que Juan Orlando Hernández fue elegido Presidente de Honduras en 2013 y comenzó a ejercer su primer mandato como Presidente en 2014;
Mientras que Honduras tiene un límite claro de un solo mandato para todos los presidentes, Juan Orlando Hernández atacó el estado de derecho en Honduras y reemplazó a jueces hasta que una Corte Suprema hondureña cuidadosamente seleccionada le permitió postularse para la reelección;
Considerando que el hermano de Juan Orlando Hernández fue condenado por cargos de narcotráfico en los Estados Unidos durante el segundo mandato presidencial de Hernández;
Considerando que los fiscales de los Estados Unidos, en una acusación formal que se hizo pública el 21 de abril de 2022, establecieron que desde 2004 hasta 2022, Juan Orlando Hernández participó en una conspiración corrupta y violenta de narcotráfico para importar cientos de miles de kilogramos de cocaína a los Estados Unidos, utilizando su cargo público para facilitar la operación;
Considerando que Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras, fue arrestado, extraditado a los Estados Unidos y procesado en el Distrito Sur de Nueva York por graves cargos de narcotráfico y delitos relacionados con armas de fuego;
Considerando que las pruebas presentadas en el juicio demostraron que Hernández aceptó millones de dólares en sobornos de importantes redes de tráfico de cocaína, y ordenó a las fuerzas policiales y militares hondureñas que protegieran los cargamentos destinados a los Estados Unidos, y las pruebas en el juicio indicaron que Hernández declaró a otros narcotraficantes que “juntos iban a meter las drogas por la nariz de los gringos”;
Considerando que, el 26 de junio de 2024, un juez de un tribunal de distrito de los Estados Unidos sentenció a Hernández a 45 años de prisión, reconociendo que el plan constituía una de las conspiraciones de narcotráfico más grandes y violentas del mundo, y que su abuso de poder causó daño tanto a las comunidades hondureñas como a las estadounidenses;
Considerando que la administración Trump ha llevado al ejército de Estados Unidos al borde de la guerra con Venezuela para detener al “narcoterrorista” Nicolás Maduro;
Considerando que el Secretario de Estado Marco Rubio ha descrito a los cárteles internacionales de la droga como “narcoterroristas” y ha advertido que las organizaciones criminales transnacionales socavan la gobernanza, la soberanía y la estabilidad en toda América Latina;
Considerando que el Secretario de Estado Marco Rubio ha utilizado la acusación contra Nicolás Maduro en el Distrito Sur de Nueva York por cargos de narcotráfico como justificación para abogar por una acción militar temeraria en Venezuela sin la aprobación del Congreso;
Considerando que el indulto de Juan Orlando Hernández socava las afirmaciones del gobierno de que ve el narcotráfico en el hemisferio occidental como una amenaza inminente para los Estados Unidos, pone en peligro la cooperación entre los Estados Unidos y las naciones asociadas en los esfuerzos anticorrupción, envalentona a los sindicatos criminales y da señales de que la influencia política puede anular el estado de derecho;
Considerando que a las víctimas del narcotráfico tanto en Estados Unidos como en Honduras, incluidas las familias afectadas por la adicción, la violencia, el desplazamiento y la intimidación, se les ha negado la plena justicia que les corresponde;
Considerando que el indulto a Juan Orlando Hernández perjudica la credibilidad de Estados Unidos como líder en la lucha contra la corrupción, la cooperación en la lucha contra el narcotráfico y la rendición de cuentas democrática en el extranjero;
Considerando que Honduras celebró elecciones el 30 de noviembre de 2025 y el ganador aún no se ha determinado; y
Considerando que la administración Trump continúa atacando ilegalmente a presuntos narcoterroristas en ataques con embarcaciones que han resultado en 83 muertes hasta la fecha de presentación de esta resolución: Ahora, por lo tanto, sea
Se resuelve que la Cámara de Representantes—
(1) subraya la importancia de un recuento justo de votos y de unas elecciones libres y justas en Honduras;
(2) subraya la importancia de que Estados Unidos continúe su asociación con Honduras para promover la seguridad, combatir el narcotráfico ilegal, abordar la migración y promover el desarrollo económico, independientemente del ganador final de las elecciones del 30 de noviembre de 2025;
(3) insta al Departamento de Estado a fortalecer los esfuerzos para combatir la corrupción y el narcotráfico en Honduras y en toda Centroamérica mediante las sanciones Magnitsky y la cooperación coordinada de las fuerzas del orden;
(4) condena la decisión del Presidente de los Estados Unidos de conceder el indulto al expresidente hondureño Juan Orlando Hernández;
(5) expresa su solidaridad con las víctimas del narcotráfico, la corrupción y la violencia tanto en Estados Unidos como en Honduras, y reconoce la valentía de quienes han arriesgado su seguridad para denunciar las irregularidades cometidas por poderosos actores políticos y criminales; y
(6) rechaza el uso no autorizado por el Congreso de la fuerza militar para matar individuos sin la posibilidad de interdicción, juicio y condena, mientras que indulta a individuos de alto nivel que han sido condenados después de un juicio justo en los tribunales de los Estados Unidos.
https://www.congress.gov/bill/119th-congress/house-resolution/929/text?s=1&r=599

El exmandatario de Honduras ha repetido que es inocente y que el proceso en su contra es una campaña de la izquierda radical.

Vea Pardon Inc

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